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EL ACCESO A LA JUSTICIA: ¿LA RENOVADA UTOPÍA DEL SIGLO 21?. UNA MIRADA SOBRE LAS BARRERAS QUE IMPIDEN A LOS SECTORES MAS CARENCIADOS DE LA SOCIEDAD, EL PLENO ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA. ..................................................... 2
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 2
2. SITUACIÓN ACTUAL .............................................................................................................................. 3
3. CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO. ............................................................................................................ 7
4. BARRERAS AL ACCESO A LA JUSTICIA ................................................................................................ 25
5. PROPUESTAS ....................................................................................................................................... 26
5. 1. Programa Integral de Difusión ................................................................................................. 27
5. 2. Red de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita ..................................................................... 28
5. 3. Implementación de Centros Móviles de Mediación, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Orientación Jurídica Gratuita ...................................................................................... 28
5. 4. Capacitación de líderes comunales y responsables de centros comunitarios en identificación de problemas jurídicos ...................................................................................................................... 28
5. 5. Monitoreo y encuesta de satisfacción de Usuarios de Centros de Asistencia Jurídica ............ 29
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El acceso a la Justicia: ¿una renovada utopía del siglo 21?. Una mirada sobre las
barreras que impiden a los sectores mas carenciados de la sociedad, el pleno acceso
al sistema de justicia.
1. Introducción
Mucho se ha escrito acerca de los problemas que padece nuestro sistema de justicia. Procesos largos y
respuestas tardías, pareciera ser el eje central del problema, pero a medida que nos adentramos en las
disfuncionalidades del sistema vemos que sólo parte de la sociedad que accede al mismo resulta afectada.
Otra gran parte de la comunidad –los sectores mas carenciados- simplemente no llega al sistema de
justicia, y no tienen otra opción que convivir con sus conflictos y ni siquiera saben que puede existir una
solución para ellos.
Esta claro que no conocen sus derechos y menos como hacerlos valer.
Los obstáculos que se presentan para esta franja de la comunidad son de diversa naturaleza: el sistema los
repele si se trata de cuestiones de vecindad; menor cuantía y/oi problemas de índole familiar, los
abogados no toman estos casos, y las distintas alternativas dispuestas para resolver esta clase de conflictos
no han logrado impregnarse como una vía legítima para cumplir su cometido en estos vastos sectores, al
menos masivamente.
Los que tienen la “suerte” de ser convocados por el sistema, no lo son para resolver sus conflictos sino
para deponer como testigos o imputados. Ellos son fácilmente identificables en los pasillos tribunalicios:
peregrinan por los edificios judiciales con la cédula a cuestas y temerosos deambulan, preguntando donde
acudir a quien porte cara amigable.
Esta situación ha provocado que la población padezca una sensación de inaccesibilidad, como así también
un progresivo desmoronamiento de la confianza en el sistema que lleva a quien haya transitado este
camino a no querer hacerlo nuevamente.
Pero la problemática que entendemos más importante y profunda,-como se dijera al inicio- y que habrá de
ser el eje de esta breve apostilla, es aquella que padecen quiénes ni siquiera pueden acceder a este
intrincado camino del sistema judicial para resolver sus conflictos o reclamos. Esta situación, que para
algunos es una gran dificultad y para otros directamente una imposibilidad, se acentúa aún más en
aquellas personas o sectores que pertenecen a la amplia franja de la población que ha quedado fuera del
sistema por diversas razones, principalmente económicas, pero también por factores culturales y sociales
a los que fueron empujados por diversos motivos.
Si a esa situación le agregamos el profundo descreimiento que la gente tiene de las instituciones en
general, y de la justicia en particular, tenemos como consecuencia que la exclusión de gran parte del
cuerpo social se extiende también hasta el sistema de justicia, lo que genera no sólo la cristalización de
los conflictos, sino que provoca una situación de desamparo y desprotección.
Paralelamente aparece una creciente necesidad de buscar nuevas formas de resolver los conflictos por
fuera de las instituciones y por mano propia.
Pero para poder empezar a hablar de un efectivo acceso al sistema de justicia debemos preguntarnos si en
una sociedad como la nuestra, con las condiciones socioeconómicas imperantes y con una perspectiva en
las que las desigualdades parecen no disminuir, se puede:
a) garantizar el ejercicio de los derechos prescriptos por la ley;
b) dar a los ciudadanos los medios que le permitan actuar y defenderse; y
c) si el Estado brinda los medios necesarios para asegurar una resolución de los conflictos de manera
eficiente.
Por otra parte, también debemos tener presente que el acceso a la justicia es reconocido hoy como un
derecho de tercera generación. Podemos decir, como lo ha sostenido Souza Santos: es ”...un derecho
bisagra, un derecho cuya negación acarrearía la de todos los demás”. Este acceso al sistema de justicia
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también se encuentra directamente relacionado con el concepto de “Pobreza Legal” entendido como “la incapacidad de muchas personas para hacer cabal uso de la Ley y sus instituciones”.1
En ese contexto, resulta imperioso revertir la dicotomía existente entre el “Acceso a la Justicia” como derecho humano explícitamente reconocido por el ordenamiento jurídico vigente y la efectiva y plena aplicación del mismo. Para ello, primero es necesario conocer los factores que distancian norma –como derecho- y realidad, especialmente en los sectores más vulnerables..
2. Situación actual2
La acepción más simple de Democracia connota obligatoriamente la idea de participación ciudadana, palabra que no obstante en el ámbito político-social, a lo largo de décadas se ha visto tergiversada. Como rasgo significativo del concepto, puede destacarse precisamente la actividad de los individuos destinada a influir en la producción y distribución de los bienes públicos.
Se puede afirmar que el Estado no ha creado las condiciones para que el ciudadano se sienta parte del sistema de Justicia, lo cual queda demostrado por el alto índice de falta de acceso a las instituciones del sistema y a ausencia de mecanismos de participación y control ciudadano en relación al sistema como tal.
Puede considerarse que históricamente se ha dado sistemáticamente en América Latina una forma de participación en el sistema de justicia, de la comunidad indirecta o embrionaria, caracterizada por su naturaleza cultural y consistente en el grado de identificación que sienten los ciudadanos por la justicia y su sistema de reglas de juego.
Esta particular forma de participación, se ha evidenciado a través de la necesidad de los ciudadanos de medir o cuantificar de que modo el sistema de justicia ha servido como mecanismo de inclusión o integración de lo social, observándose por el contrario, que históricamente ha sido un mecanismo de exclusión e incomprensión de la sociedad a la cual rige, originando un alto grado de desconfianza en sus instituciones.
No puede obviarse que en la actualidad, entrados al Siglo XXI, es significativo el rol que cumple sistema de justicia en la vida del ciudadano, desde el punto de vista de la posibilidad de acceso de la comunidad, especialmente de aquellos sectores socialmente carenciados.
Sin perjuicio de ello, a través de la labor desarrollada por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y de Reforma del sistema de Justicia se ha ido moldeando el comportamiento y la cultura institucional del ciudadano frente al sistema de Administración de Justicia, a través de su inclusión en los espacios de participación ciudadana.
Lograr la transición, tras su agotamiento, de la democracia representativa a la democracia participativa, fue una de las actividades que han merecido la especial dedicación sin muchos resultados favorables de las agendas políticas de los gobiernos de la región, en las últimas décadas del siglo XX; y es el renovado desafío de los Estados latinoamericanos en los albores del nuevo siglo.
Las vías que han sido utilizadas para tales fines, ha sido una marcada tendencia a abrir espacios para la participación ciudadana a través de los denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que se erigieron en opciones al sistema de justicia formal, y en muchos supuestos permiten brindar solución a situaciones que no tenían acceso al sistema judicial.
Estos mecanismos tienen la virtualidad de facilitar el acercamiento y la promoción de lo que podría denominarse la cultura de Justicia en la comunidad, ampliando a su vez las opciones de los ciudadanos
1 Capelleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la Justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivo los derechos, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 11.
2 Conf., en algunos pasajes se sigue a la letra el trabajo inédito titulado: “Relevamiento y análisis del Efectivo Ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de Justicia” –Universidad de la Matanza/Unidos por la Justicia-
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para acceder de una forma rápida y eficiente al sistema a través de mecanismos efectivos de resolución de conflictos.
No puede hablarse seriamente de participación ciudadana y en especial de acceso a la justicia por parte de todos los sectores de la comunidad, sin crear las condiciones o mecanismos necesarios que la garanticen, y que faciliten específicamente el acceso a la información, la incidencia en la toma de decisiones, y la posibilidad de control y seguimiento político.
Puede afirmarse que facilitar los canales de participación ciudadana a través de mecanismos participativos, accesibles, confiables y transparentes, y garantizar a toda la comunidad el acceso al sistema de justicia, trasciende las voluntades política partidarias y hasta las de las organizaciones intermedias no gubernamentales, para comprometer el esfuerzo mancomunado de todos en producir cambios culturales que aseguren el desarrollo participativo de todos los integrantes de la sociedad y la conciencia de entender a al Justicia como un asunto público, que nos atañe a todos.
Para ello será sin dudas necesario construir un espacio social que incluya a sectores que hoy se encuentra marginados, no sólo económica y socialmente, sino también desde una perspectiva cultural, que los extrapola a las periferias del orden social. Este espacio inclusivo deberá garantizar la coexistencia de lo público y lo privado, y asegurar a todos el ejercicio de los derechos individuales, que contemplen las necesidades individuales y colectivas de todos los sectores de la comunidad.
Así el desafío del Siglo XXI el desafio será en erigir al sistema de Justicia en un canal idóneo que permita la integración social, que sólo será posible a través de lograr canales de acceso que echen por tierra las barreras que han obstaculizado en el siglo anterior que la palabra democracia haya entrañando un concepto desconocido para muchos sectores del espectro social.
En un trabajo realizado sobre el rol de las organizaciones sociales en el proceso de reforma del sector Justicia en Venezuela, sus autores sostuvieron que “América se presentaba a los ojos de los conquistadores, como una sociedad en estado natural en comparación a la civilización atormentada de Europa. Tres siglos después del descubrimiento, América seguía siendo la posibilidad, inventada por Europa, de fundar una nueva civilización.
De este modo , si América ha sido el laboratorio histórico para realizar la utopía humana, ¿cuál es en realidad la experiencia que hemos vivido en el nuevo mundo?. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de entender y conquistar la posibilidad de ser ciudadanos en una sociedad justa?” 3
Será entonces que garantizar el acceso a al justicia para todos en el sentido que se expusiere precedentemente será el nuevo desafío de las políticas gubernamentales en este nuevo siglo, o será una más de las utopías irrealizadas en la historia de la humanidad.
Pues bien, hecho este introito, el acceso a la justicia, entendido como el derecho de toda persona a solicitar y recibir una respuesta de los órganos estatales o alternativa para la solución de sus conflictos jurídicos4, encuentra pleno reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y como derecho humano esencial vinculado al sistema de justicia. La Constitución Nacional lo ha plasmado a través de la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 que en sus artículos 8 y 25 6 los contempla específicamente.
3 “El papel de las organizaciones sociales en el proceso de reforma del sector justicia en Venezuela”, Adriana Lander Osío y Julio Andrés Borges; JUSTICIA Y SOCIEDAD, Hacia un Mejor Servicio Público de Justicia”, Nro. 1, 1998.
4 Cabe aclarar que si bien el concepto aquí esbozado está circunscripto al ámbito de los problemas jurídicos en virtud del alcance de esta investigación, ello no implica que el Estado no deba dar respuesta a todos los conflictos sociales que se generen, como ser el derecho de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación sana y demás derechos fundamentales y esenciales para un pleno desarrollo del ser humano.
5 San José de Costa Rica, Costa Rica, 1969.
6 “ARTICULO 8.- GARANTIAS JUDICIALES. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.”; y “Artículo 25. Protección Judicial1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
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Pero no es este el único instrumento internacional que lo prevé. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos7, dispone en su artículo 10 que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” También traen previsiones similares el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Por su parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también en su artículo 12, inciso 6, dispone que: “…el acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede estar limitado por razones económicas. En atención a estos principios la ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos…”.
El mismo compromiso asume la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 15 cuando establece que: “…la Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los tramites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial.”
Los diversos estudios que, tanto a nivel institucional como en la sociedad civil, se han efectuado en relación a la problemática del acceso a la justicia, convergen en indicar la disfuncionalidad del sistema para dar una respuesta rápida y eficaz a la comunidad en general.9
Desde distintos ámbitos se han ensayado proyectos que tienden a simplificar el acceso al sistema por parte de la comunidad en general pero estos esfuerzos aún no se han cristalizado en resultados contundentes10 que permitan vislumbrar la erradicación del problema.
No obstante, lo cierto es que poco se ha indagado acerca de las necesidades concretas de la gente, sobre todo en los vastos sectores carenciados, que muchas veces necesitan del sistema, pero no saben cómo ni a dónde dirigirse.
Ello, principalmente es producto de la falta de recursos de gran parte de la población que se ve impedida de trasladarse hacia los sitios que concentran la actividad jurisdiccional; y de la ignorancia respecto de los derechos que detentan y la autoridad competente para solucionar un problema o conflicto.
Esto entraña dos problemas: el primero, que ya fue enunciado, se relaciona con la divergencia existente entre la realidad y lo dispuesto por las normas, cuya vigencia y aplicación se pretende más allá de lo formal o enunciativo; y el segundo, tiene relación directa con el derecho de igualdad, ya que cuando el efectivo acceso a la justicia varía según la persona, se vulnera aquel derecho.
Este último derecho, es consagrado tanto en los tratados internacionales citados como en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional.11
ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
7 Naciones Unidas, 1948. El artículo 8 de la misma también establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
8 Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950
9 Ver “Información & Justicia, Datos sobre la Justicia Argentina” Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci (Directora de Proyecto); Martín Gershanik; Natalia Gambaro; Florencia Garavano, Cecilia Amil Martin, María Fernanda Lesch, Gustavo González Ferrari, Adrián Marchisio y otros, Unidos por la Justicia, Buenos Aires, 2003
10 Ver entre otros: “Manuales de Educación Legal Popular”, iniciativa conjunta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicados en La Nación durante el año 2001; Proyecto CEMOJ – Centro Móvil de Orientación Jurídica (http://www.cpacf.org.ar/naranja/n_PrCombi.htm), iniciativa conjunta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos implementado en el año 2002. “Guía de Centros de Asistencia Jurídica Gratuita,” Unidos por la Justicia, Buenos Aires, 2004
11 “Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”
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Si se pretende mejorar el sistema de justicia en el sentido de que “llegue a todos”, resulta necesario escuchar a la gente, preguntar cuáles son sus problemas más frecuentes, y cómo procuran su solución. De contarse con esta información, seguramente las acciones de mejora al sistema de justicia serán más certeras, optimizándose el aprovechamiento de los recursos disponibles y logrando en un mediano plazo soluciones concretas. En este trabajo hemos tenido especialmente en cuenta una serie de encuestas que se realizaron en el marco de un análisis de las necesidades juridicas insatisfechas y los derechos humanos vinculadas al Sistema de Justicia12
En los últimos años, la demanda de asistencia y patrocinio jurídico gratuito ha aumentado considerablemente como una consecuencia más del progresivo crecimiento de la pobreza y el desempleo. Los principales protagonistas del incremento de esta demanda son los llamados “nuevos pobres”, que se han sumado, en forma constante y creciente, a los sectores vulnerables que tradicionalmente acudieron a los servicios de asistencia y patrocinio jurídico gratuito.
Mucho de estos Centros en realidad proporcionan un primer diagnóstico de la situación que se plantea y pretenden orientar al consultante acerca de donde acudir y que perspectivas existe para solucionar el problema. Los casos de patrocinio son generalmente asumidos por temas de índole penal a pesar que se verifica una creciente demanda en temas de familia, vecindad y violencia familiar13.
Lo cierto es entonces que de alguna manera tal vez amateur la gente es escuchada por distintos centros ya sean públicos o privados, pero se advierte una falta de coordinación entre estos Centros que ademas lejos están de concerse entre si de modo de trabajar articuladamente.
En algun momento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del programa Integral de Reforma Judicial intentó convocar a todos estos Centros para lograr hacer un Censo y incentivar el trabajo compartido, la comunicación horizontal y la especialidad. Lamentablemente dicha iniciativa no fue fortalecida por otras gestiones de gobierno.
De esta falta de articulación deriva una serie de obstáculos que son los que deben sortear la comunidad carente de recursos. Entre ellos podemos mencionar el alto nivel de derivación de un centro a otro. Muchas personas deben recorrer más de un consultorio hasta lograr que su caso sea atendido, otras desisten en el camino –no cuentan con dinero para el transporte-problemas de organización y falta de personal que provocan largas esperas, la ausencia de políticas de difusión sobre el derecho a ser atendido y patrocinado,
escasa visibilidad y ubicación centralizada de los servicios.
En segundo lugar, los criterios que se utilizan para aceptar o rechazar las consultas en muchos casos no se encuentran formalizados. Por ello, la aceptación del caso queda sujeta a la decisión arbitraria de quienes están a cargo de las mesas de entrada.
Por último, un problema no menor es la falta de jerarquización14 de estos servicios dentro del aparato estatal. El lugar estructural evidentemente marginal que ocupan resulta en la ausencia de criterios objetivos, la inexistencia de especializaciones que permitan contener las nuevas demandas, deficiencias de infraestructura, falta de formas de control del público sobre la marcha de los casos y las acciones emprendidas. A pesar de la buena voluntad y la disposición de los empleados y funcionarios que atienden en los consultorios, estos problemas no pueden ser suplidos por servicios basados en el voluntarismo y el asistencialismo.
12 Conforme el trabajo inédito realizado por la Universidad de la Matanza y Unidos por la justicia Asociación Civil.
13 Conforme datos obtenidos del Centro de Asistencia Jurídica a la Comunidad en Pacheco –Unidos por la Justicia, Asociación de Abogados Voluntarios del Obispado de San Isidro-.
14 Conforme trabajo de Fores referente a la Defensa Pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires (en www.foresjusticia.org.ar )
7
3. Contexto socio económico.
En las últimas décadas gran parte de la población argentina ha sufrido un notable deterioro de sus condiciones de
vida.
El creciente empobrecimiento de nuestra comunidad se vislumbra a modo de ejemplo con la deteriorada situación
socio-económica del Gran Buenos Aires.
En el Gran Buenos Aires, la proporción de habitantes que tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza
sufrió un notable aumento. Mientras que en 1974 sólo el 3,2 % se encontraba en esta situación, la proporción
ascendió a casi el 30 % en el 2000. En la actualidad, 754.000 familias integradas por 3.547.000 personas del Gran
Buenos Aires viven en situación de pobreza.
La situación de empobrecimiento y desigualdad que vive la población argentina también abarca las deficiencias en
el medio urbano y se manifiesta en las carencias de infraestructura
Gráfico 1 - Evolución de la desocupación y la pobreza desde 1998 en adelante. Provincia de Buenos Aires15
fecha de relevamiento
%
Personas bajo la línea de pobreza Tasa de desocupación
15 Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua (www.indec.gov.ar)
8
Gráfico 2 - Incidencia de la pobreza e indigencia en el total urbano. Primer semestre 2004. Provincia de Buenos Aires16
Tabla 3 - Ayuda buscada por el sector que tuvo problemas jurídicos17
¿Solicitó ayuda de algún organismo o institución para solucionar este problema?
17 En base a encuesta formulada en el marco de la investigación: “Relevamiento y análisis del efectivo ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de Justicia”.
Incidencia de la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por región estadística - Primer semestre 2004010203040506070Totalubano EPHCuyoGranBuenosAiresNoresteNoroestePampeanaPatagoniaRegiones%Hogares bajo la línea de indigenciaPersonas bajo la línea de indigenciaHogares bajo la línea de pobrezaPersonas bajo la línea de pobreza
9
A esta altura aparecen con mayor claridad los primeros obstaculizadores que operan en este sector de la sociedad.
El factor cultural aparece como clave. Del relevamiento efectuado en el marco de la investigación referenciada, de
aquellos que han podido reconocer algún conflicto de orden jurídico, sólo el 57% buscó ayuda para resolverlo,
mientras que el 43% aceptó a priori la existencia del problema y su propia incapacidad para modificarlo. Parecería
que no cuentan con herramientas o con la confianza suficiente como para intentar una solución. Se manifiestan
como un grupo desposeídos de derechos.
A las 482 personas que indicaron haber solicitado ayuda para solucionar su problema se les preguntó a quién
recurrió. La siguiente tabla detalla aquellas personas y/o instituciones a las que recurrieron en búsqueda de ayuda.
Tabla 5 – Descripción de los recursos con los que cuenta la población
¿A quién/es recurrió/consultó? Total
Ns/Nc 1
Iglesias/Parroquias 8
Amigos 9
Vecinos 9
Gremios 13
Familiares 25
CGP/Intendencia 47
Policía 50
Otras Instituciones 82
Servicio Jurídico Gratuito 101
Profesionales 134
Total 482
10
Gráfico 6 - Descripción de los recursos con los que cuenta la población
0%
2%
2%
2%
3%
5%
10%
10%
17%
21%
28%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ns/Nc
Iglesias/Parroquias
Amigos
Vecinos
Gremios
Familiares
CGP/Intendencia
Policía
Otras Instituciones
Serv.Juríd. Gratuito
Profesionales
Del 57% de las personas que buscaron solucionar sus conflictos jurídicos, el 49% recurrió a especialistas
(profesionales, servicio jurídico gratuito, y otras instituciones) que realmente estuvieran en condiciones de
ayudarlos. El siguiente porcentaje significativo es el que aglutina a quienes han recurrido a instituciones (policía,
CGP/intendencia, y gremios) creadas a tal fin, y sólo el 14% ha buscado ayuda no especializada para resolver sus
conflictos.
De los datos obtenidos podría inferirse que quienes deciden buscar ayuda, encuentran recursos que podrían llegar a
permitirles alcanzar la solución que necesitan. Sin embargo, no siempre que se inicia la búsqueda de ayuda se
encuentra la respuesta satisfactoria. Por eso se planteó la necesidad de conocer el nivel de conformidad de quienes
han solicitado ayuda.
Tabla 7 - Conformidad con la respuesta obtenida
¿Quedó conforme con la respuesta que le dieron donde consultó? Total
Muy conforme 21
Conforme 189
Poco conforme 108
Nada conforme 161
Ns/Nc 3
Total 482
11
Gráfico 3 - Conformidad con la respuesta obtenida
5%
39%
22%
33%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Muy conforme
Conforme
Poco conforme
Nada conforme
Ns/Nc
Como se puede apreciar, de los 482 consultados, el 55% está nada o poco conforme con la respuesta recibida.
Estos 297 encuestados que manifestaron estar nada o poco conformes, también expresaron el por qué de dicha
opinión. La siguiente tabla y gráfico describen las respuestas.
Tabla 8 – Motivo de la disconformidad con la respuesta obtenida
¿Por qué no está conforme con la respuesta que le
dieron donde consultó?
Total
Porque no encontré la especialidad 9
Porque no me indicaron lo que tenía que hacer 26
Ns/Nc 31
Porque me trataron mal 31
Otros motivos 46
Fui mal asesorado 51
Porque no pude hacer nada 103
Total 297
12
Gráfico 9 – Motivos de la disconformidad con la respuesta obtenida
Porque no
encontré la
especialidad; 3%
Porque no pude
hacer nada; 35%
Fui mal asesorado;
17%
Otros motivos;
15%
Porque me trataron
mal; 10%
Ns/Nc; 10%
Porque no me
indicaron lo que
tenía que hacer;
9%
De los 1605 encuestados, 858 reconocieron tener algún problema jurídico. De ellos sólo 485 solicitaron ayuda, de
los cuales 297 están poco o nada conforme con la respuesta recibida, lo cual supone que no han podido resolver su
problema. Si admitimos esto, también habría que aceptar que de aquellas 858 personas que tuvieron problemas
jurídicos, sólo el 22% ha logrado una solución, es decir, 188 personas.
Total
de
casos:
1605
747 Dijeron no
tener problemas
jurídicos
858 Tuvieron
problemas jurídicos
373 no solicitaron
ayuda
485 solicitaron
ayuda
297 No están conformes. Intentaron y
fracasaron
188 Quedaron conformes y posiblemente
hayan solucionado su problema jurídico
13
Desde otra perspectiva, y a los efectos de establecer con más profundidad cuáles son las barreras que obstaculizan
el acceso a la justicia, se preguntó a las 373 personas por qué no solicitaron ayuda, ya que no habían hecho nada
por solucionar su problema jurídico, y probablemente, aún los esté afectando.
La siguiente tabla resume los motivos por los cuales se ha dejado de pedir ayuda.
Tabla 10 - Barreras del sector que no solicitó ayuda para acceder a ella
¿Cuál es el motivo por el que no solicitó ninguna
ayuda?
Total
No sé a quién acudir 91
Por razones económicas 56
No tengo confianza 47
Puedo resolverlo sin ayuda 44
Otro motivo 41
Temor a las represalias del denunciado 31
No puedo pagar a un abogado 16
Desconfianza en la policía 14
Ns/Nc 11
Desconfianza en la justicia 12
Desconfianza en los abogados 5
No tengo documentos 4
Total 373
Gráfico 11 -Barreras del sector que no solicitó ayuda para acceder a ella
24%
15%
13%
12%
11%
8%
4%
4%
3%
3%
1%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
No sé a quién acudir
Por razones económicas
No tengo conf ianza
Puedo resolverlo sin ayuda
Otro motivo
Temor a las represalias del denunciado
No puedo pagar a un abogado
Desconf ianza en la policía
Ns/Nc
Desconf ianza en la justicia
Desconf ianza en los abogados
No tengo documentos
Es llamativo el hecho de que casi 1 de cada 4 personas que dijeron haber tenido problemas, pero que no acudió a
ningún lado (373 casos), manifestó no haberlo hecho por no saber dónde o a quién acudir. Asimismo, el 15%
señala que no tiene recursos económicos para hacerlo.
Más allá de las respuestas anteriores, a todos (1605 casos) se les preguntó si conoce dónde acudir en el caso de
tener algún problema jurídico.
14
Tabla 11 - Conocimiento de recursos jurídicos para la solución de los problemas
¿Conoce Ud. dónde puede dirigirse para que lo asesoren y/o atiendan para este
tipo de conflictos?
Total
Ns/Nc 64
Serv. Jurídico gratuito 95
Los abogados 80
El CGP/Intendencia 650
No conozco 601
Otros 114
Organismos de Derechos Humanos 1
Total 1605
Gráfico 12 - Conocimiento de recursos jurídicos para la solución de los problemas
4%
6%
5%
40%
37%
7%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Ns/Nc
Serv. Jurídico gratuito
Los abogados
El CGP/Intendencia
No conozco
Otros
Organismos de Derechos
Humanos
Aproximadamente 4 de cada 10 personas han manifestado no saber dónde dirigirse en el caso de tener algún
conflicto de carácter jurídico
No obstante el conocimiento que pudieran manifestar, se volvió a interrogar a todos los encuestados respecto de
cuál sería el lugar donde recurrirían ante este tipo de problemas.
Tabla 12 - lugar al que recurriría en busca de ayuda
Ante un problema de los que mencionamos, ¿cuál es
el primer lugar donde a usted cree que puede acudir
para su solución?
Total
Recurriría a algún Centro de día 23
Recurriría a la iglesia/parroquia 52
Otro 67
Ns/Nc 99
15
Recurriría a algún CGP/Intendencia 119
Recurriría a algún amigo, vecino o familiar 202
Recurriría a la justicia 215
Recurriría a la policía 320
Recurriría a algún abogado 508
Total 1605
Gráfico 13 - Lugar al que recurriría en busca de ayuda
32%
1%
3%
4%
6%
7%
13%
20%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Recurriría a algún Centro de día
Recurriría a la iglesia/parroquia
Otro
Ns/Nc
Recurriría a algún CGP/Intendencia
Recurriría a algún amigo, vecino o familiar
Recurriría a la justicia
Recurriría a la policía
Recurriría a algún abogado
Según el gráfico 32, independientemente del conocimiento que se tenga de los recursos con que cuenta el distrito,
el 72% de la población manifiesta saber hacia dónde dirigirse para solicitar ayuda. Este porcentaje incluye a
quienes recurrirían a algún abogado, a la policía, y al CGP/intendencia.
Tabla 14 – Facilidad para acceder a organismos o instituciones
En su opinión ¿le parece fácil llegar/acceder a los organismos
e instituciones públicas o privadas para arreglar este tipo de
problemas?
Total
Otro 11
Ns/Nc 22
No hay posibilidad para los pobres 157
Si uno averigua puede acceder 172
Es fácil acceder 175
No sé, nunca acudí a ellos 319
Es difícil acceder 749
Total 1605
Gráfico 14 - Facilidad para acceder a organismos o instituciones
16
1%
1%
10%
11%
11%
20%
47%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Otro
Ns/Nc
No hay posibilidad
para los pobres
Si uno averigua
puede acceder
Es fácil acceder
No sé, nunca acudí
a ellos
Es difícil acceder
El 57% de los encuestados percibe que es complicado o imposible acceder a algún organismo o institución ante
problemas jurídicos. De ellos, el 47% lo ve difícil y el 10% siente que para los pobres no hay posibilidad.
17
Tabla 15 – Capacidad para solicitar ayuda externa
¿Siente que para Ud. es problemático/difícil contar
con ayuda externa para enfrentar este tipo de
problemas?
Total
No 334
Sí 947
Ns/Nc 324
Total 1605
Gráfico 16 - Capacidad para solicitar ayuda externa
No
21%
Ns/Nc
20%
Sí
59%
En apariencia, las preguntas a las que hacen referencia las tablas 86 y 87 parecen similares, pero tienen el
propósito de controlar la coherencia de las respuestas recibidas. En tal sentido, el porcentaje de encuestados que
dice “percibir” dificultad para acceder a instituciones que le puedan proporcionar ayuda (57%) es muy similar al
porcentaje de personas que manifiestan “sentir” que es problemático contar con ella (59%).
Tabla 17 - Capacidad de reconocer problemas jurídicos
Reconocimiento de problemas jurídicos Total
No 570
Sí 1035
Total 1605
Hacia el final de la entrevista se encomendó a cada encuestador (que por su formación profesional se ha
considerado capacitado), que realizara una apreciación global y sintética valorando la capacidad de cada
encuestado para identificar problemas jurídicos.
De la misma surge que aproximadamente 4 de cada 10 personas no estarían en condiciones de identificar sus
problemas jurídicos.
18
Gráfico 18 - Capacidad de reconocer problemas jurídicos
No; 36%
Sí; 64%
Tabla 19 - Problema jurídico más importante según género
¿Cuál es el problema más importante que
Ud. tiene o ha tenido?
Género
Total
Femenino Masculino
Ns/Nc 2 1 3
Otros 9 5 14
Económico 25 5 30
Inmigración 26 4 30
Vivienda 57 13 70
Salud 42 30 72
Laboral 45 46 91
Vecinal 74 47 121
Penal 81 58 139
Familiar 244 44 288
Ninguno 545 202 747
Total 1150 455 1605
El 21% de las mujeres señaló problemas de índole familiar como aquellos más importantes. Para los hombres, los
conflictos penales fueron los más mencionados (13%), aunque en una proporción apenas superior a las cuestiones
vecinales (10%), familiares (10%) y laborales (10%).
19
Gráfico 20 - Problema jurídico más importante según género expresado en porcentaje
0% 1% 2% 2%
5% 4% 4%
6% 7%
21%
47%
10%
13%
10% 10%
7%
44%
3%
1% 1% 1%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Ns/Nc
Otros
Económico
Inmigración
Vivienda
Salud
Laboral
Vecinal
Penal
Familiar
Ninguno
Femenino Masculino
Tabla 21 - Problema jurídico más importante según el nivel de instrucción alcanzado
¿Cuál es el problema
más importante que Ud.
tiene o ha tenido?
Nivel de instrucción alcanzado
No Total
posee
Primario
incompleto a
Secundario
incompleto
Secundario
completo a
terciario
incompleto
Terciario
completo o
más
Han tenido algún
problema jurídico
15 625 163 55 858
No han tenido
problemas jurídicos
18 566 131 32 747
Total 33 1191 294 87 1605
20
Gráfico 22 - Problema jurídico más importante según el nivel de instrucción alcanzado
2% 2%
73%
76%
19% 18%
6% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Han tenido algún problema jurídico No han tenido problemas jurídicos
No posee
Primario incompleto a Secundario incompleto
Secundario completo a terciario incompleto
Terciario completo o más
De los que han tenido problemas jurídicos el 73% tiene primario incompleto a secundario incompleto. De los que
no señalan haber tenido algún conflicto el porcentaje es similar (76%) en ese mismo grupo. En las demás
categorías, las tendencias igualmente son similares entre los grupos comparados, de lo que se puede inferir que el
grado de escolaridad no afecta la percepción de problemas jurídicos.
Tabla 23 Conocimiento sobre recursos jurídicos según hayan solicitado ayuda (858 casos)
Conocimiento acerca de dónde puede
dirigirse a los fines de asesoramiento
y/o atención
Solicitó ayuda de algún organismo o
institución
Total
Ns/Nc Sí No
No conozco 0 37 204 241
Sí, el CGP/Intendencia 0 156 114 270
Sí, los abogados 0 78 1 79
Servicio jurídico gratuito 0 94 1 95
Organismos de derechos humanos 0 1 0 1
Ns/Nc 3 3 53 59
Otros 0 113 0 113
Total 3 482 373 858
Gráfico 24 - Conocimiento sobre recursos jurídicos según hayan solicitado ayuda (858 casos)
21
8%
32%
16%
20%
0% 1%
23%
55%
14%
0% 0% 0% 0%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
No conozco
Sí, el
CGP/Intendencia
Sí, los abogados
Servicio jurídico
gratuito
Organismos de
derechos
humanos
Ns/Nc
Otros
Solicitó ayuda No solicitó ayuda
El 55% de los que no solicitaron ayuda dice no conocer dónde puede dirigirse a solicitarla, mientras que aquellos
que sí requirieron ayuda, sólo un 8% dice no conocer dónde dirigirse
El 31% de aquellos que no solicitaron ayuda señala conocer los CGP o Intendencias, al igual que aquellos que si
solicitaron ayuda (32%) y el 14% restante no contestó esta pregunta
22
Tabla 25 - Conformidad con la respuesta obtenida según el nivel de instrucción alcanzado
¿Quedó
conforme con la
respuesta que le
dieron donde
consultó?
Nivel de instrucción alcanzado
Total
No posee
Primario inc. a
Secun. Inc.
Secundario com. a
terciario inc.
Terciario
completo o
más
Conforme 4 135 36 14 189
Nada conforme 2 114 30 15 161
Poco conforme 3 80 21 4 108
Muy conforme 0 11 6 4 21
Ns/Nc 1 2 0 0 3
Total 10 342 93 37 482
Gráfico 26 - Conformidad con la respuesta obtenida según el nivel de instrucción alcanzado expresado en
porcentaje
40%
20%
30%
0%
10%
39%
33%
23%
3%
1%
39%
32%
23%
6%
0%
38%
41%
11%
11%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Conforme
Nada conforme
Poco conforme
Muy conforme
Ns/Nc
No posee Primario inc. a Secun. Inc.
Secundario com. a terciario inc. Terciario completo o más
Aunque 1 de cada 2 personas está disconforme con la respuesta recibida donde se solicitó ayuda para solucionar
algún problema jurídico, el grado de escolaridad no influye significativamente en la opinión sobre dicha
conformidad.
Tabla 27 - Conformidad con la respuesta obtenida según la situación laboral
¿Quedó conforme con la Situación laboral Total
23
respuesta que le dieron donde
consultó?
No
trabaja o
recibe
plan
social
Trabaja
Nada conforme 115 46 161
Poco conforme 78 30 108
Conforme 121 68 189
Muy conforme 11 10 21
Ns/nc 2 1 3
Total 327 155 482
De las 482 personas que han solicitado ayuda, el 59% de los que no trabajan están poco o nada conforme con la
misma, mientras que entre los que sí trabajan, un 49 % dice estar poco (19%) o nada (30%) conforme. La situación
laboral no aparece como una variable significativa que pueda afectar la opinión sobre la respuesta recibida.
Gráfico 28- Conformidad con la respuesta obtenida según la situación laboral expresado en porcentaje
35%
24%
37%
3%
1%
30%
19%
44%
6%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1. Nada conforme 2. Poco conforme 3. Conforme 4. Muy conforme 99. Ns/nc
No trabaja o recibe plan social Trabaja
24
Tabla 29 Disconformidad con la respuesta obtenida según la situación laboral
¿Por qué no está conforme con la respuesta que
le dieron donde consultó?
Situación laboral
Total
No
trabaja o
recibe
plan
social
Trabaja
Porque no me indicaron lo que tenía que hacer 21 5 26
Porque me indicaron/asesoraron mal 33 18 51
Porque no pude hacer nada 73 30 103
Porque me trataron mal 24 7 31
Porque no encontré la especialidad 8 1 9
Otros 32 14 46
Ns/nc 3 0 3
Total 194 75 269
Gráfico 30 - Disconformidad con la respuesta obtenida según la situación laboral expresado en porcentaje
11%
17%
38%
12%
4%
16%
2%
7%
24%
40%
9%
1%
19%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Porque no me
indicaron lo que tenía
que hacer
Porque me
indicaron/asesoraron
mal
Porque no pude
hacer nada
Porque me trataron
mal
Porque no encontré la
especialidad
Otros
Ns/nc
No trabaja o recibe plan social Trabaja
Si la disconformidad se entiende como la no resolución a los problemas, más allá de dónde hubiesen consultado,
tanto un 40% de los que trabajan como un 38% de los que no lo hacen, no solucionaron su conflicto.
Para profundizar acerca de las posibles barreras que pudieran estar incidiendo, a las personas que dijeron haber
tenido algún conflicto jurídico pero no solicitaron ayuda, se les preguntó el motivo por el cual no lo hicieron. La
siguiente tabla sintetiza los mismos, según la situación laboral del encuestado.
Tabla 31 – Motivos por los cuales no se solicita ayuda, según el nivel de instrucción
¿Cuál es el motivo por el que no
solicitó ninguna ayuda?
Nivel de instrucción alcanzado
Tota
l
No
Posee
Prim. inc. a
Secun. Inc.
Sec. com.
a ter. inc.
Terc.
comp. o
más
Por temor a la policía 0 0 0 0 0
No tengo documentos 0 1 1 0 1
No tengo confianza en los abogados 0 1 1 0 1
Ns/Nc 17 3 3 0 3
25
No le tengo confianza a la justicia (Poder Judicial)
0
3
4
6
3
No le tengo confianza a la policía
0
4
6
0
4
Porque no puedo pagar a un abogado
17
4
3
11
4
Por temor a represalias por parte del denunciado
0
9
3
17
8
Otro motivo
0
12
9
6
11
Porque lo puedo resolver por mis propios medios
0
9
19
28
12
No tengo confianza a que me resuelvan el problema
17
13
11
17
13
Por razones económicas (inconvenientes para llegar, viáticos)
0
16
13
6
15
No sé a quién acudir
50
24
27
11
24
Total
100
100
100
100
100
Base (total de casos)
6
279
70
18
373
De las 373 personas que indicaron no haber solicitado ayuda, aquellos que no poseen educación formal tienen menos conocimiento sobre dónde acudir para solicitarla.
Pretensión
Carácter del demandante
Total
Persona física
Persona Jurídica
No monetaria
35
1
36
Monetaria indeterminada
209
10
219
Hasta 5.000
4
1
5
De 5.001 a 10.000
3
1
4
De 10.001 a 50.000
8
0
8
De 50.001 a 100.000
6
1
7
De 100.001 a 500.000
16
0
16
Más de 500.000
3
1
4
Total
284
15
299
4. Barreras al Acceso a la Justicia
Actualmente, como se ha visto someramente la problemática del acceso a la justicia evidencia una pronunciada distancia entre ciertas garantías del orden democrático y su efectiva materialización. El panorama social, cultural, económico y educacional imperante en nuestro país indica la existencia de grandes contingentes de individuos que se encuentran marginados del acceso a la jurisdicción, sin contar con los recursos que les garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
La participación ciudadana ha crecido notoriamente a partir de la última crisis económica para dar una respuesta a tanto desamparo y de algun modo a menguado tanta demanda de la comunidad que nos sabe donde recurrir. Asi se advierte la aparición de nuevas ong, servicios de asistencia juridica asentadas en las parroquias etc.
Pero la autoridad pública, el gobierno aún debe coordinar todo este esfuerzo que se erige a su costado toda vez que propiciar, garantizar un debido acceso al sistema de justicia implica una de sus principales prerrrogativas.
El acceso a la justicia, reconoce numerosas perspectivas, las más populares están vinculadas a las problemáticas propias de los sectores carenciados: escaso nivel de escolaridad; alto grado de desocupación; entre otros. Por su
26
parte, el sistema de justicia genera sus propios obstáculos, los que están vinculados con los costos, la representación jurídica gratuita adecuada a las necesidades de dicha población, la centralización de determinados servicios y los extensos tiempos de los procesos legales.
En parte, los resultados del estudio referenciado desplazan aquellas posturas que indican que las personas de bajos recursos no accede a la justicia debido a los factores sociodemográficos (escolaridad, situación laboral, etc.). Esto lo confirma, por ejemplo, el hecho de que el 72% de la muestra analizada manifiesta saber dónde dirigirse para solicitar ayuda. Porcentaje que incluye a quienes recurrirían a algún abogado, a la policía, y al CGP/intendencia independientemente de su género, edad, nivel de instrucción, nacionalidad o situación laboral.
Si se admite que las personas saben donde dirigirse ante un eventual conflicto jurídico, pero en un gran porcentaje no lo hace, se deben buscar otros factores posibles que provoquen dicha conducta. Por ejemplo, casi 1 de cada 2 personas de las que dijeron haber tenido problemas jurídicos (858 casos), no acudió a lugar alguno para requerir ayuda (373 casos). Indicaron motivos tales como: no saber dónde o a quién acudir (23%); no tener recursos económicos (15%), entre otros.
Consideremos los siguientes datos:
De los 1605 encuestados, el 53% (858 casos) reconoció tener algún problema jurídico;
De los 858, el 57% (482 casos) señaló haber solicitado ayuda y el 43% (373 casos) no lo hizo
De los 482, el 55% (266 casos) está poco, o nada conforme con la respuesta recibida.
A partir de estos guarismos vale inferir que sólo un 22% de los casos han tenido alguna resolución, lo que, sumado a lo anterior, profundiza la necesidad de contar con instituciones eficientes pero también, y es de suma importancia, que las mismas aparezcan visibles para este sector de la población.
Por lo expuesto la principal barrera que este trabajo pone en evidencia es la falta de información sobre los caminos a recorrer para acceder a la ayuda jurídica necesaria, sumado a la cuestión económica para su concreción. Si esta población tuviera la información adecuada y en los lugares que frecuenta, sería lógico pensar que el acceso a la justicia abarcaría un porcentaje mucho más amplio que el 22%, en la población estudiada.
El desafío entonces será la necesidad de revertir la situación existente de lo que podría denominarse Acceso inverso al sistema de Justicia, por el cual los sectores carenciados sólo tienen acceso a la misma como demandados o como autores de delitos, y se encuentran casi vedados de acceder como actores en los procesos judiciales.
Garantizar el genuino acceso al sistema de justicia, sólo será posible si los sectores más desfavorecidos de nuestra población pueden acceder al efectivo conocimiento de sus derechos.
Por ello el conocimiento de los derechos y la posibilidad cierta de su efectivo ejercicio de una forma rápida y efectiva garantizarán mayor seguridad jurídica, mayor participación e inclusión social, permitiendo acortar la brecha existente con los sectores económicamente menos favorecidos, y a la vez generará una ciudadanía más activa en el reconocimiento y defensa de los mismos que otorgue mayor legitimidad al sistema social y político.
5. Propuestas
La experiencia internacional da cuenta de numerosas y diversas iniciativas que se han realizado para favorecer el conocimiento del derecho por todos los ciudadanos. A modo de ejemplo, la ciudad de Hamburgo en Alemania difundió una cartilla denominada Guía Jurídica de Hamburgo, que contiene, en un leguaje directo y claro, datos sobre la organización judicial, asesoramiento jurídico, costos y otros aspectos de la Justicia. Canadá por su parte, llevo a cabo una campaña denominada Minuto Jurídico, en la que especialistas elaboraron cien mensajes y textos de un minuto dirigidos al ciudadano medio, que se difundieron durante un año y que también se presentaron en la televisión de Québec durante treinta y seis semanas por conocidos artistas18.
En el ámbito local se destacan los Manuales de Educación Legal Popular que fueron elaborados conjuntamente a través de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estos manuales fueron luego distribuidos en sucesivas entregas como un suplemento del diario La Nación.
18 Citado por Berizonce, Roberto, “Algunos de los obstáculos al acceso de justicia”. Administración de justicia en Iberoamérica, UNAM, 1993, p.55
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Desde Unidos por la Justicia, se han realizado esfuerzos para brindar información útil a la sociedad, ejemplo de ello es la recientemente publicada Guía de Centros de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta guía fue diseñada en un formato de dimensiones reducidas, que resulta cómodo y accesible; su contenido está organizado por el tipo de asistencia brindada por los centros, (ya sea asesoramiento o patrocinio) y por la temática en que se especializan (asistencia a la víctima, violencia doméstica, derechos humanos, niños y defensa del consumidor). El objetivo de estas iniciativas es siempre mejorar las condiciones de acceso a la justicia de toda la ciudadanía dados los preocupantes niveles de desinformación.
En nuestro país, se han realizado múltiples intentos desde organismos públicos por atender esta problemática. No obstante podemos afirmar, aunque generalizando, que no ha existido una política clara o una estrategia de parte del Estado que evite que los esfuerzos dispersos se consoliden y funcionen de manera coordinada. Si así fuera, se podría conformar una red de que a través de diversos mecanismos asista e informe a los habitantes (en especial a aquellos de bajos recursos) en como resolver sus cuestiones jurídicas en forma satisfactoria y a realizar el efectivo ejercicio de sus derechos humanos.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Programa Integral de Reforma Judicial19, que comenzó en el año 2000, asumió el desafío de coordinar los distintos esfuerzos en materia de mejoramiento de la justicia. Uno de sus principales ejes de trabajo de este Programa es el Acceso a la Justicia que se manifestó en una serie de iniciativas concretas en la materia, tales como los mencionados Manuales de Educación Legal y Popular, un Centro Móvil de Orientación Jurídica Gratuita, también junto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Registro de Centros de Asistencia Jurídica Gratuita de la Capital Federal. Mas luego, a partir del año 2002 con el nacimiento del llamado Diálogo Argentino hubo un renovado interés por atender la problemática del acceso a la justicia, sin embargo, tal como se mencionara arriba, esto no se ha traducido hasta ahora en apoyos claros del sector político.
Por último, se habrá de describir una serie de propuestas y posibles planes de acción a realizar o desarrollar en base a futuras investigaciones o políticas de gobierno
5. 1. Programa Integral de Difusión
Se ha podido advertir que una de las barreras más importante para acceder al sistema de justicia o más precisamente a la resolución de un conflicto de carácter judicial es la falta de información. Esta barrera de índole cultural impide el acceso al sistema de justicia y el efectivo ejercicio de los derechos de los habitantes.
Para poder superar este problema resulta a todas luces necesario elaborar un Programa Integral de Difusión, que permita brindar a todos los habitantes información sobre sus derechos y asesoramiento sobre su efectivo ejercicio, y que desde otra perspectiva favorezca el acercamiento de la gente al sistema de justicia sin temor, generando confianza en el mismo, ya que se parte de la premisa que no se puede creer o confiar en lo que primero no se conoce.
Así pues, asegurar a la población un adecuado nivel de conocimiento del sistema normativo, de los derechos humanos y de los sistemas de ayuda legal gratuita es un objetivo primordial que debe ser encarado a través de un programa de Integral de difusión.
Actividades previas preparatorias
Realizar un diagnóstico de los medios y recursos utilizados por el Estado para informar a la ciudadanía de sus derechos.
Relevar la actividad desarrollada por los diversos organismos públicos y civiles en la difusión de los derechos de los ciudadanos en las áreas de su competencia.
Desarrollar y publicar una guía, que contenga información jurídica en diversas áreas temáticas.
Elaborar y difundir Cartillas Informativas sobre los servicios de ayuda legal gratuita.
Coordinar una campaña que involucre un medio de difusión masivo TV, radio y un medio más selectivo como internet.
Establecer las bases metodológicas para una estrategia de difusión, que asegure la efectividad de este Programa Integral.
19 www.reformajudicial.jus.gov.ar
28
5. 2. Red de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita
También surge muy claramente que aún aquellos que llegaron a concretar algún tipo de asesoramiento no quedaron conformes, en ese punto la mayoría relevada manifestó que no pudo resolver su conflicto. Esto nos lleva a pensar que deberíamos replantear una política pública sobre la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Es por todos conocido que los servicios jurídicos de pobres tienden a ser de mala calidad, la oferta de los servicios no es lo suficientemente amplia, ya que los abogados o los defensores públicos se ven superados por el número de expedientes que deben llevar, razón por la cual la igualdad en el acceso a la representación jurídica termina siendo solo una aspiración.
Por ello es que contar con una Red de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita es clave, coordinando esfuerzos públicos y privados, y desde ambos extremos, ya sea a través de la articulación con otras redes sociales como con la puesta en funcionamiento de centros de asistencia jurídica gratuita (o Casas de Justicia20). Esto implica asimismo involucrar a los Colegios de Abogados y a los estudios de abogados a través de su trabajo pro-bono21.
Actividades previas preparatorias
Relevar los centros que brindan asistencia jurídica gratuita en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires
Elaborar un registro de centros que brindan asistencia jurídica gratuita e instituciones que brindan asesoramiento legal
Capacitación de profesionales en equipos multidisciplinarios para la atención de casos
5. 3. Implementación de Centros Móviles de Mediación, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Orientación Jurídica Gratuita
La imposibilidad de acceder genuinamente al sistema judicial por gran parte de la población, como ha quedado de manifiesto a lo largo de este informe, muchas veces es aquella que padece los conflictos y necesidades jurídicas insatisfechas, amerita evaluar y concretar otro abordaje a la problemática.
Vale decir, por un lado contamos con los proyectos que de algún modo informan sobre los derechos, garantías y las posibilidades jurídicas o alternativas para hacerlos valer, pero las barreras físicas, culturales y socioeconómica no son fáciles de despejar para un gran porcentaje de la población, con lo cual es imprescindible “llevar el sistema” hacia los destinatarios que mas lo necesiten.
En este caso se ha tomado como modelo el CEMOJ Centro Móvil de Asistencia Jurídica Gratuita que funciona en la órbita de la ciudad impulsado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las Casas de Justicia Móviles que han funcionado en la Bolivia con las comunidades indígenas y las recientemente puestas en marcha por la Subsecretaria de Justicia de la Intervención Federal de Santiago del Estero.
Esta posibilidad de llegar a las comunidades con un servicio de resolución alternativa de conflictos, mediación o en su caso la posibilidad de constituir juzgados de menor cuantía, contribuye a recomponer la relación entre los potenciales justiciables, la sociedad en su conjunto, y el sistema de justicia.
A grandes rasgos, este proyecto implica contar con un móvil tipo combi que con un recorrido predeterminado y publicitado por las radios locales, incluso en avisos parroquiales, lleve consigo material didáctico (manuales de educación legal popular) y un grupo de profesionales interdisciplinarios (abogados, mediadores, psicólogos, trabajadores sociales) que puedan recibir y resolver los conflictos o al menos encontrar un camino para coadyuvar a ello. A este primer diseño preliminar también es posible como se ha puesto en practica en Santiago del Estero y en Provincias donde las cabeceras judiciales están alejadas de las poblaciones, llevar alguna autoridad jurisdiccional (jueces de paz) para resolver jurisdiccionalmente y en el lugar determinados conflictos.
5. 4. Capacitación de líderes comunales y responsables de centros comunitarios en identificación de problemas jurídicos
Las dificultades de acceso a la justicia muchas veces desembocan en que quienes buscan o solicitan orientación jurídica se dirijan, frente a un problema en particular, a aquellos lugares donde reciben ayuda de otro tipo (vgr. Comedores, CGP, Centros comunitarios, etc.). La consecuencia lógica es que estas situaciones no son
20 Ver Banco Mundial - Préstamo BIRF N° 4423-AR
21 Ver Red de Abogados Solidarios http://www.abogadosvoluntarios.net/
29
correctamente atendidas y en muchas ocasiones no encuentran soluciones concretas. Quienes atienden estos lugares no se encuentran debidamente capacitados o no son idóneos por obvias razones. No obstante por el rol que desempeñan y por las tareas que realizan se encuentran en contacto cercano con los posibles destinatarios de ayuda jurídica.
Es posible entonces reforzar esta relación de confianza ya existente a través de una capacitación que les brinde las herramientas necesarias para poder detectar problemas jurídicos/legales y ayudar en el proceso de asistencia y solución del problema. El paso del tiempo en situaciones que requieren la intervención de un profesional del derecho puede ser perjudicial, por ello, la identificación temprana de un problema jurídico es también un factor de gravitación en las posibilidades futuras de una solución satisfactoria.
La capacitación a brindar podrá ser realizada por Organizaciones No Gubernamentales o bien a través de los Colegios de Abogados y ser complementada con los materiales resultantes del Plan Integral de Difusión, como ser, los manuales de educación legal, guías prácticas de centros de asistencia jurídica, etc.
Actividades previas preparatorias
Relevamiento e Identificación de líderes comunales
Convocatoria a Colegios de Abogados y ONG’s
Diseño de Plan de Capacitación
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Plan de Capacitación
Soporte continuo y provisión de materiales
5. 5. Monitoreo y encuesta de satisfacción de Usuarios de Centros de Asistencia Jurídica
El seguimiento y evaluación de la asistencia jurídica que se brinda a los habitantes es un factor clave para poder brindar un servicio útil y beneficioso.
La resolución de conflictos o la orientación jurídica es una tarea compleja cuyos resultados pueden resultar frustrantes o insatisfactorios para los usuarios o destinatarios, razón por la cual es imperativo poner en práctica mecanismos de mejora continua.
La evaluación de la gestión de estos centros ya sea a través de monitoreos realizados por profesionales o mediante encuestas de satisfacción es una herramienta indispensable para poder detectar falencias en los servicios brindados o para rescatar aquellas buenas prácticas que puedan ser replicadas en otras circunstancias.
La opinión de los usuarios es un indicador siempre revelador del funcionamiento de estas instituciones pues permite acceder a testimonios de los usuarios y beneficiarios directos posibilitando realizar seguimientos de cómo fueron atendidos y qué solución se le dio al problema que motivó la consulta. Esta información es muy valiosa para quienes coordinan estos centros a la hora de implementar políticas de mejora de la gestión.
Cualquier servicio que se brinda a la comunidad debe estar siempre buscando nuevas y mejores formas de realizar dicho servicio en aras de satisfacer las siempre crecientes demandas de los usuarios. Las encuestas de satisfacción y los monitoreos son las herramientas por excelencia para cumplir ese objetivo y su utilización no debe ser pasada por alto. La información que se obtiene mediante estos instrumentos es una ayuda fundamental para mejorar la gestión de los centros de asistencia/orientación jurídica gratuita, y en base a ella se construye una base de conocimiento que beneficiará a futuras iniciativas en la materia.
Actividades previas preparatorias
Selección de la muestra
Diseño de encuestas
Capacitación de equipo de encuestadores
Realización de encuestas
Diseño de Base de datos
Procesamiento de datos
Creación de Base de Conocimiento
Comentarios