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POLITICAS COORDINADAS PARA ASEGURAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE TODOS LOS HABITANTES DE LA NACION

Categoría: Acceso a la Justicia
Autor : Varios

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TRABAJO FINAL FUNDACION CAROLINA

ALUMNOS: Santiago Otamendi, Miguel Kessler, Santiago Garcia Berro y Hugo Diaz.

POLITICAS COORDINADAS PARA ASEGURAR EL MANDATO

CONSTITUCIONAL DE TODOS LOS HABITANTES DE LA NACION.

1. Antecedentes

En la actualidad muchos países de América Latina, y la Argentina en particular deben afrontar la problemática vinculada al acceso a la justicia principalmente de sectores poblacionales carenciados privados del ejercicio de derechos y garantías elementales.

Si bien en la región la alternancia de gobiernos democráticos -salvo excepciones- lleva casi dos décadas y a pesar de la conquista de las libertades civiles que trajo ello aparejado lo cierto es que aún no se han puesto en marcha acciones integrales en el orden político que contruibuyan a posibilitar un pleno acceso al Sistema de Justicia.

En la decada pasada muchos fueron los esfuerzos en materia de reforma judicial en América Latina1 y de algun modo han coadyuvado a construir un

perfil de ciudadano mas participativo en las cuestiones civicas2. Pero estas reformas se han concentrado en dotar a los paises de sistemas -con distitna

suerte- de sistemas mas transparentes en la elección de jueces, mecanismos mas eficaces para el enjuiciamiento de magistrados y algunos ajustes de leyes

penales sobre todo en cuestiones atinentes a la minoridad. Tambien se ha avanzado desprolijamente en la informatización de los Juzgados; en fin como

puede advertirse la inversión se orientó a cuestiones medulares quedando 

1 Ver www.cejamerica.org

2 Ver Jornadas de Dialogo Argentino, Mesa de Justicia www.reformajudicial.jus.gov.ar

2

otras tan importantes como el de asegurar el acceso a la justicia a todos los

habitantes y especialmente a los carenciados.

Esta claro -se volverá sobre este punto mas adelante- que subsisten los

obstáculos estructurales para acceder en condiciones razonables al sistema de

justicia.

Como se advierte, nos referimos al Sistema de Justicia para diferenciarnos de

la maquinaria del ámbito publico de la adminsitración de justicia, es decir a los

tribunales para enfocar la problemática desde la oferta de otros recursos

extrajudiciales para entender al tema del acceso a la justicia como un objetivo y

un medio al mismo tiempo. En este último aspecto aparecerá como un requisito

previo3, cono un instrumento para la transformación de las relaciones de poder

que de algun modo no logran dar respuesta a la exclusión, la pobreza y la

subordinación de grupos (presos, discpacitados, menores, ancianos, población

de bajos recursos etc).

En esa linea la estrategia que plantea este proyecto implicará el diseño de una

agenda anotada gobernada o gerenciada por actores ineludibles del quehacer

judicial y sobre la base de tres pilares:

• coordinación de la cobertura estatal

• incorporación al sistema de justicia de los mecanismos alternativos de

resolución de conflictos

• focalización de las políticas publicas en los grupos mas vulnerables y

desprotegidos de la sociedad

El proyecto que aquí se esboza resumidamente reconoce diversos

antecedetens en la region y recientemente en el país aquellos que fueran

esbozados por el Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2001 y que

fueran discontinuados por los sucesivos cambios de autoridades políticas y por

razones presupuestarias. En la actualidad son numerosos los esfuerzos que

tanto desde el ámbito privado (con la aparición de las ONG especializadas en

3 Conf. Trabajo inédito y premiado con mención especial por Argenjus, actualmente en prensa titulado

“El acceso a la Justicia, la renovada utopia del Siglo XXI...” Santiago Otamendi, Unidos por la Justicia

año 2205

3

el tema) como también el público en general en distintas instancias y ámbitos

ofrecen numerosos servicios a la comunidad para facilitar el acceso al Sistema

de Justicia. Pero estos esfuerzos al encontrarse dispersos y huérfanos de

coordinación han coadyuvado a patentizar la gravedad y vigencia de la

problemática.

La clasificación y el registro de estos centros facilitará la fluida comunicación

horizontal entre ellos, para constituirse en herramientas indispensables para

que la comunidad pueda acceder en forma rápida a toda información

relacionada con accesos fluidos a instancias judiciales y/o a otras alternativas

que extrajudiciales.

2. Estado actual del problema

Una de las problemáticas frente a la cual en la actualidad se enfrentan los

distintos operadores del sistema de justicia (gobernantes, juristas, sociólogos

del derecho, técnicos y políticos) relacionado con el acceso a la justicia, es el

vinculado a la administración estatal y su accesibilidad por parte de los

sectores mas carenciados de la sociedad. En la práctica se registra una

marcada distancia entre determinados derechos y garantías del orden

democrático y su efectiva realización práctica, que patentiza un panorama

social y cultural en el cual ciertos sectores de la comunidad por diversos

mecanismos exclusivos se encuentran materialmente privados del ejercicio de

tales derechos y garantías, que no se encuentran en condiciones de

reclamarlos, que no pueden acceder a la jurisdicción ni tampoco tienen

conocimiento de la manera de requerir el auxilio de las autoridades.

A la exclusión económica de un gran segmento de la población que es común a

la gran mayoría de países de América Latina, se agrega la exclusión cultural

(como pauta de vida), que es aún más gravosa que la primera, determinando

que un segmento marginado de la población se encuentre sometido a un

4

proceso de marginalidad y aculturación que las ha expulsado hacia la periferia

de la estructura social. Esta circunstancia se ve corroborada a través de

estadísticas4 que develan la existencia de grandes grupos sociales que han

sido progresivamente privados de alimentación básica, escolaridad elemental,

trabajo e interacción con otros sectores socialmente integrados.

Así el sistema de justicia va generando obstáculos insalvables para un sector

de la población, especialmente el de más bajos recursos, vinculados con los

costos económicos de su ejercicio, la inaccesibilidad a una representación

jurídica gratuita adecuada, la centralización territorial de determinados servicios

y los extensos tiempos de duración de los procesos legales5.

En cuanto a la evolución del concepto de acceso a la Justicia, vale mencionar

que las diferentes etapas6 de producción de instrumentos de derechos

humanos desmbocaron en la comprensión del individuo de la posibilidad de

vivir dignamente a través de un efectivo disfrute de los derechos que le

permiten desarrollar sus capacidades y las condiciones socio económicas en

que su vida se desarrolla. Las limitaciones del acceso a bienes y servicios

indispensables, las discriminaciones provenientes de barreras estructurales7 y

la falta de procesos de integración y adecuación de políticas a las realidad de la

problemática sobre todo con los sectores carenciados, se traducen en

quebrantos de los derechos humanos que impiden el desarrollo de las

sociedades.

No existe ninguna controversia en torno a la obligatoriedad de que le Estado

provea políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la Justicia, el hecho

radica en que ante la necesidad de dar respuesta a la comunidad de algun

modo ha prevalecido la corriente institucionalista -si asi lo podemos denominarconsistente

en centrar esfuerzos en fortalecer -descoordinadamente- la

4 Anexo II del presente trabajo, conf. indicadores formulados en el marco de la investigación:

“Relevamiento y análisis del efectivo ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de

Justicia”. Unidos por La Justicia/Universidad de La Matanza año 2005

5 Ver “Relevamiento y análisis del efectivo ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de Justicia –

Informe Final- Febero 2005. Unidos por la Justicia. www.unidosjusticia.org.ar

6 Ver “Evolución del derecho de acceso a la Justicia, los derechos humanos y movimientos de reforma de

los sistemas de Justicia” Material de Trabajo PNUD Ediciones Inst Talcahuano 2005.

7 Ver indicadores Nº 1, 2 y 5 del Anexo II del presente trabajo.

5

maquinaria del ámbito público tanto en el Sector Justicia como en otros

estamentos del estado que proveen servicios que se orientan a facilitar el

acceso a la Justicia.

La evolución del acceso a la justicia fue referida por la doctrina especializada

mediante un modelo de tres olas8 que deben ser analizadas en el contexto de

la evolución de la comprensión de los derechos humanos y los diferentes

movimientos de reforma de los sistemas de justicia.

La primer ola tiende a procurar el establecimiento de mecanismos gratuitos de

asistencia y representación ante los tribunales para las personas por bajo de un

determinado nivel de recursos. Este movimiento se entiende en el contexto

mas amplio del movimiento de reforma del sistema de justicia en el que se

pedia que ste actuara como garante de la igualdad ante la ley, viendo en la

realización de este derecho un instrumento afianzador de la estabilidad

democratica que a su vez se configuraria como presupuesto para un adecuado

funcionamiento de las economias de mercados.

La segunda ola de acceso a la justicia está enmarcada por las reformas del

sistema de justicia en las que sebuscaba la optimización del funconamiento de

las cortes y los tribunales. La preocupación por lam ejora del sistema dimana

de la precepción emergente de que el correcto funcionamiento de la maquinaria

de justicia actuaba, en is misma, a modo de acelerador del dearrrollo

economico y no solo indirictamente por ser garantia de un sistema democratico

estabilizador del entorno de mercado.

Los criticos a esta segunda ola recondujeron la búsqueda de la eficacia del

sitema hacia las demandas sociales de protección de los intereses colectivos (a

las que los sistemas de representación individual no podían dar respuesta) y

sentaron las bases de la tercera ola de acceso a la justicia mediante la creación

de mecanismos procesales tales como las acciones de clase o la litigación de

interes publico.

8 Conf.en algunos conceptos a la letra: “Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia”

6

El trabajo que nos ocupa pretende mediante la coordinación de las políticas

públicas integrar estas tres olas de acceso a la Justicia y dotarlas de logicidad

a través de un certero diagnostico que no solo se refiera a los sistemas

Judiciales sino tambien -como se ha dicho- a los extrajudiciales.

En esa línea los diagnosticos de situación que se ha realizado hasta ahora

devienen parciales toda vez que no se ha tenido en cuenta el rol de la sociedad

civil y sus agrupaciones intermedias de modo de tener una visión mas real y

por ende la consecuente posibilidad de dotar a esta oferta de eficacia.

A esta altura merece destacarse que a partir de relevamientos realizados en el

ámbito de la Provincia de Buenos Aires9 -que representa el 40% de la

población del pais) y del análisis de los resultados obtenidos se ha podido

advertir que una de las barreras más importante para acceder al sistema de

justicia o más precisamente a la resolución de un conflicto de carácter judicial

es la falta de canales adecuados e idóneos de información que se encuentren

al alcance de la población10 (ver Anexo II, graficos Nº 5, 6, 9 y 14)

Uno de los obstáculos más significativos para acceder al sistema de justicia es

la falta de canales idóneos de información tanto de los derechos como también

de los centros que prestan servicio de asisencia gratuita, que facilite a la

comunidad el asesoramiento y conocimiento adecuado del efectivo ejercicio de

los mismos.

En este sentido se advierte entonces, que no existe en la actualidad un

Programa Integral de Difusión y una politica coordinada referente a la

aplicación de ese programa que permita brindar a todos los ciudadanos -en

especial a los sectores más carenciados- la información sobre sus derechos y

asesoramiento sobre el efectivo ejercicio de los mismos; que a su vez contenga

9 Conf. indicadores formulados en el marco de la investigación: “Relevamiento y análisis del efectivo

ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de Justicia”. Unidos por La

Justicia/Universidad de La Matanza año 2005

10 Anexo II gráficos Nº 5, 6, 9 y 14)

7

un cuerpo sistemático que organice la información relativa a los Centros, tanto

públicos como privados, que prestan asistencia jurídica gratuita, y que desde

otra perspectiva, favorezca el acercamiento de la gente al sistema de justicia.

La realización de un relevamiento de centros que brinden asistencia jurídica en

el pais y una base de datos que permita la operatividad de un registro de estos

centros aspiran a constituirse en herramientas de utilidad y de fácil consulta

para que todas las personas puedan acceder en forma rápida y completa a la

información; pretendiéndose de ese modo promover y facilitar el acceso a la

Justicia de toda la comunidad.

Por otra parte, también se tiende a lograr la coordinación y cooperación de

esas instituciones jurídico-asistenciales que existen a nivel nacional, para

optimizar el servicio, efientivizar el uso de los recursos afectados y

transparentar modelos que permitan el fácil ejercicio de tal derecho por parte

de los ciudadanos.

3. Descripcion del proyecto

El proyecto implica la necesidad de concientizar a los gobernantes y a la

comunidad acerca de la importancia de coordinar esfuerzos en aras de

asegurar el pleno acceso al sistema de justicia.

En el proceso de concientización habrá plantearse la emergencia de políticas

publicas de acceso a la justicia, determinar las herramientas y mecanismos de

diagnostico de manera de identificar las necesidades juridicas presentes en la

comunidad tanto cualitativa como cuantitativamente y la oferta de servicios que

faciliten el acceso.

En primer término habra que determinar el gerenciamiento de esta iniciativa

para que en forma ordenada se llevan a cabo las actividades preliminares y

consecuentemente la ejecución de las políticas.

8

Al respecto se ha evaluado que una comisión ejecutiva o directorio formado por

el Minsiterio de Justicia, la D.G.N. y Argenjus11 pueden gerenciar este proyecto.

En primer termino se estima la realización de un relevamiento de centros que

brinden asistencia jurídica y una base de datos que permita la operatividad de

un registro de estos centros aspiran a constituirse en herramientas de utilidad y

de fácil consulta para que todas las personas puedan acceder en forma rápida

y completa a la información; pretendiéndose de ese modo promover y facilitar

el acceso a la Justicia de toda la comunidad.

Para tales fines habrá de tenerse especialmente en cuenta que estos servicios

cuenten con los siguientes Principios Orientadores y Pautas Estrategicas:

• Universalidad: Entendido como gratuidad, para que la comunidad de

bajos recursos pueda acceder. De este modo no implica la creación de

servicios publicos para todos los ciudadanos, sino que todos tengan

acceso a servicios. El hecho que los ciudadanos con recursos se

costeen los servicios, no atenta contra este principio.

• Cobetura integral: La disparidad de las necesidades en el ambito

juridico solo es comparable a la disparidad de las consecuencias que su

insatisfacción trae aparejada para cada individuo en su contexto socio

economico.(actualmente la necesidad de prestación de servicios

gratuitos universales en el ambito penal esta clara que que resulta el

sistema punitivo del estado y donde con mayor evidencia se muestra la

ingerencia en la esfera de derechos y libertades) La lesión de los

derechos indiciduales y colectivos pertenecientes a la órbita de las

jurisdicciones civiles y administrativa tambien tienen repercusión social.

como se advierte del anexo II del presente trabajo, las necesidades que

afectan en mayor medida a la población estan las relacionadas con la

vivienda, los conflictos vecinales, problemas registrales, temas de familia

y temas laborales, por tal motivo nadie puede ignorar la importancia que

estas materias tienen al momento de garantizar una vida digna y

11 Ver Anexo I del presente trabajo donde se esboza un modelo de convenio entre las partes aludidas

9

tampoco nadie puede ignorar que muchas de estas cuestiones no tienen

acogida en el sistema judicial.

• Sostenibilidad y subsidiaridad: En consonancia con lo que se viene

exponiendo esta claro que habrá de encontrarse un equilibrio entre la

universalidad de la cobertura y el costo que esto supone para el estado.

Si bien el Estado es el responsable último de garantizar la existencia de

adecuados mecanismos para la gestion de los conflictos y para dar

respuesta al resto de las necesidades de los ciudadanos, no es

necesario -y tampoco conveniente- que ejecute por si mismo cada una

de estas prestaciones. Al Estado le quedaran reservadas las

competencias indelegables (como proveer y asegurar la Defensa en

Juicio Penal cuando no se tenga dinero para afrontarla) pero esto no

obsta a la incorporación o validación institucional de la actuación de

diferentes actores sociales que actuan como ejecutores de aquellas

prestaciones que sea posible y necesario desjudicializar. Es justamente

en ese esquema donde el proyecto que propugnamos tiende a

reunir las herramientas necesarias para posibilitar el diseño de una

estrategia de integración y armonización de las instancias de la

sociedad civil, de los sistemas de resolución alternativa de

conflictos y el propio sistema judicial.

• Calidad: Queda claro que lo que pretende el proyecto no radica

simplemente en poner en practica mecanismos formales incapaces de

proveer un adecuado nivel de protección sino proporcionar las

herramientas para la efectiva realización del derecho y resolución

oportuna de un eventual conflicto. Habrá que establecer un sistema de

monitoreo de la actividad de los distintos servicios y centros para

garantizar una prestación que responda a estandares de calidad

equiparable a los servicios privados. Como dificultad que habrá de

sortearse puede mencionarse que habitualmente los servicios son

atendidos por jovenes profesionales que obtienen una remuneración

menor al profesional liberal y la motivación e inversión de tiempo tiende

a decrecer, por ello es importante en el esquema propuesto darle un rol

protágonico a Argenjus en cuanto representa a la sociedad civil y la

10

posibilidad de llegar a las estructuras comunitarias para que el

tratamiento del conflicto se vea beneficiado con la participación de

actores con conocimiento de las realidades específicas y contextos

socioeconomicos en los que ocurre la problematica12

• Adaptabilidad: las necesidades de la población forman un sistema

dinámico que evoluciona y muta a la misma velocidad y en la misma

medida que la composición social, la densidad de la población, la

estabilidad de los mercados, la inclinación política de los dirigentes y un

sinnúmero de factores mas lo que significa que un derecho no tiene

contenido objetivo inmutable. Por ello los servicios deben ser capaces

de adaptar la oferta a la demanda con la mayor celeridad posible. En

esa línea el Comité Ejecutivo formado en el marco del convenio (ver

anexo I) habrá de deteminar un sistema de identificación de las

necesidads que esté en funcionamiento permanentemente y vaya

alimentando el sistema de manera continua para lograr un diagnóstico

de necesidades en tiempo real y que los reajustes de los

servicios/centros sean lo menos traumáticos posibles.

4. Objetivos

• Procurar que la coordinación de politicas publicas y esfuerzos de la

sociedad civil en materia de facilitación al derecho de acceso a la

Justicia impliquen la posiblidad de construir una justicia social -en los

términos del marco normativo internacional sobre derechos humanosnecesario

para garantizar una posibilidad de vida digna y sostenida en el

tiempo a los miembros de una sociedad.

• Promover el pleno ejercicio de los derechos individuales, grupales y

colectivos de toda la comunidad.

12 Conf conferencia del profesor Marty Price en el Marco del Programa Justicia en Cambio referente a las

bondades de la Justicia Restaurativa según modelos de resolución de conflictos donde interviene la propia

comunidad que conoce los condicionanates culturales que permite que la cuestión se dirima no solo

rapidamente sino con tambien que el resultado en ocasiones acompañado por el perdon del victimario

coincida con la percepción que los implicados tienen de lo justo.

11

• Proporcionar el mayor grado de tutela posible al menor costo.

• Informar a la ciudadania sobre sus derechos y como hacerlos valer

• Diversificar las formas de resolución de conflictos

• Proveer a la comunidad de un registro de todas aquellas organizaciones

a las cuales puede recurrir, para procurar la resolución de un conflicto de

índole legal, ya sea en la instancia judicial o a través de métodos

alternativos de resolución de conflictos.

Objetivos Específicos:

• Identificar las organizaciones, las instituciones públicas y privadas, etc.

existentes que brindan este tipo de servicios.

• Reunir, clasificar y ordenar la información referida a centros,

instituciones y otros espacios que prestan los servicios mencionados en

el punto anterior.

• Crear un registro de servicios gratuitos de asesoramiento y/o patrocinio

jurídico, así como de aquellas organizaciones que brindan servicios de

mediación y resolución alternativa de conflictos al que se pueda acceder

a través de Internet, telefónicamente, etc..

• Difundir la información y acceso a la información contenida en el

Registro.

Como se viene planteando para garantizar la concurrencia de estos objetivos

será imprescindible avanzar en la concreción del convenio de cooperación

entre el Minsiterio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoria General de

la Nación y Argenjus, que con el esquema planteado en el Anexo I se logre

coordinar la gestión del proyecto.

12

5. PRODUCTOS

• Convenio de Cooperación (Miniterio Jusiticia, DGN, Argenjus)

• Determinación del Comité Ejecutivo y su Equipo de Trabajo

• Determinación del Plan de Trabajo

• Determinación y realización de diagnóstico de acuerdo a las siguientes

pautas::

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