Además de liderar el proyecto, la ADC abordó la investigación correspondiente a
las buenas prácticas en los sistemas judiciales de América Latina. Nuestro interés
en este tema data de varios años. Desde 2001, la ADC ha trabajado activamente
en la promoción de reformas destinadas a incrementar tanto la transparencia
como la participación de la sociedad civil en el funcionamiento del Poder Judicial.
Para realizar las investigaciones relacionadas con organismos de control y el
poder legislativo, la ADC invitó a dos organizaciones expertas y líderes a nivel
regional en la materia, como son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) —de Argentina— y la Fundación Pro Acceso —de Chile—, respectivamente.
El resultado de este proyecto se refleja en esta serie de tres documentos que
procuran servir de referencia, entre otros, para ONG de la región, funcionarios
de gobiernos, académicos, y expertos en políticas públicas. Su confección
estuvo a cargo de Álvaro Herrero y Gaspar López (ADC); Ezequiel Nino (ACIJ); y
Tomás Vial Solar (Fundación Pro Acceso).
Queremos agradecer, por último, a los revisores internos y externos del Instituto
del Banco Mundial que con sus valiosos comentarios y críticas a los tres
documentos, permitieron enriquecer y mejorar sus contenidos. Los errores y
omisiones, sin embargo, son responsabilidad exclusiva de los autores.
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Índice
Presentación 5
1. Resumen ejecutivo 9
2. Introducción 11
3. Desafíos en la relación entre el Poder Judicial y la sociedad 16
4. Elementos para un marco conceptual: acceso a la
información pública y transparencia 18
4.1. Transparencia e independencia judicial 18
4.2. Acceso a la información pública en el Poder Judicial 21
5. Prácticas sobre acceso a la información y transparencia
en el funcionamiento interno y en aspectos administrativos
del Poder Judicial 24
5.1. Información sobre el manejo de fondos públicos (presupuestos,
gastos y contrataciones) 24
5.2. Información sobre designación de jueces y funcionarios 27
5.3. Información sobre declaraciones patrimoniales 32
5.4. Información sobre reuniones de funcionarios de alto nivel 35
5.5. Acceso a estadísticas 36
6. Prácticas sobre acceso a la información y transparencia
vinculadas a funciones jurisdiccionales del Poder Judicial 38
6.1. Publicidad de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia 38
6.2. Acceso a los expedientes judiciales en casos de corrupción de
funcionarios públicos 41
6.3. Información sobre el funcionamiento de las Cortes Supremas 44
6.4. Transparencia en las sesiones de los tribunales y mecanismos
para estimular la participación de la sociedad civil 45
6.4.1. Apertura y difusión de las sesiones de los tribunales 46
6.4.2. Publicidad de audiencias orales en juicios de relevancia pública 47
6.4.3. Audiencias públicas 49
6.4.4. Amicus curiae 51
6.4.5. Iniciativas de la sociedad civil para el monitoreo del Poder Judicial 53
7. Conclusiones 57
7.1. El estado de las reformas 58
7.2. Oportunidades 59
8. Cuadro/resumen 62
Bibliografía 64
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1. Resumen ejecutivo
El presente documento incluye una compilación de prácticas que tienden a
fomentar el acceso a la información y la transparencia en los diferentes ámbitos
del trabajo de la justicia, particularmente del Poder Judicial, promoviendo un
funcionamiento más democrático y abierto a la ciudadanía. Para ello, abordamos
su análisis tomando en cuenta dos dimensiones: el acceso a la información,
y la transparencia en torno al funcionamiento administrativo del Poder
Judicial y sus funciones jurisdiccionales.
En los apartados 3 y 4, realizamos una introducción al contexto en que operan
los poderes judiciales de América Latina, identificando los desafíos más relevantes
que enfrentan. Entre otros, se mencionan la falta de confianza en las
instituciones judiciales y su distanciamiento con la sociedad, mientras que se
destaca el potencial de las reformas de acceso a la información y transparencia
como instrumentos para revertir dicha situación. Asimismo, se pone énfasis en
la contribución de estas reformas para fomentar, por un lado, la independencia,
y por otro la rendición de cuentas del Poder Judicial, y así facilitar su rol
dentro de un contexto más amplio de gobernabilidad.
En el apartado 5, se analiza el acceso a diversas categorías de información relacionadas
con el funcionamiento administrativo del Poder Judicial. Se destacan,
entre otras, el acceso a la información y la transparencia de la información
presupuestaria, de compras y de salarios. También se analiza la importancia
de la difusión de las declaraciones patrimoniales de los jueces y la publicación
de estadísticas judiciales. Finalmente, se aborda una cuestión que ha cobrado
relevancia en los últimos años: transparencia y participación ciudadana en los
procesos de designación de magistrados.
En el apartado 6, se abordan categorías de información relacionadas con el
funcionamiento jurisdiccional del Poder Judicial. Se examinan cuestiones tales
como la publicación de sentencias judiciales, el acceso a expedientes en casos
de corrupción y procedimientos disciplinarios a funcionarios judiciales, y se describen
iniciativas novedosas para fomentar la participación de la sociedad civil.
Las categorías analizadas en estos dos últimos apartados son ejemplificadas
con diferentes experiencias destacadas por su adecuación a estándares de publicidad
y participación, llevadas a cabo en distintos países de la región.
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Es importante aclarar que el presente documento no procura proveer una lista
exhaustiva de experiencias ni de las formas en que son puestas en práctica.
Sin embargo, las mismas constituyen ejemplos potencialmente replicables, que
pueden ser adoptados por los estados de América Latina para volver más transparente
y abierto el funcionamiento de sus sistemas de justicia.
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2. Introducción
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. En tal carácter, tiene
funciones que van más allá del tradicional rol de “tercero imparcial” en la resolución
de conflictos. Su intervención en el sistema político es profunda, influyendo
–en algunos casos de manera muy sofisticada– en el vínculo entre el Estado
y la ciudadanía, y en las relaciones entre los distintos actores sociales. En la
actualidad, investigaciones provenientes de la ciencia política y el derecho han
documentado una amplia participación de los poderes judiciales en los procesos
de formulación de políticas públicas1, en el reconocimiento y protección de
derechos2, y en el control de los restantes poderes del Estado3.
En este contexto y dada la importancia del Poder Judicial en términos políticos
e institucionales, las reformas de transparencia y acceso a la información se
tornan relevantes por su eventual impacto en el funcionamiento administrativo
y jurisdiccional de los mismos órganos judiciales4. En otras palabras, la adopción
por parte de los poderes judiciales de reformas de transparencia podría afectar
positivamente su capacidad institucional, potenciando su legitimidad, su autoridad
frente a otros actores políticos y su relación con la ciudadanía.
Por ejemplo, en muchos países de la región la gente tiene la percepción de
que la justicia es muy lenta. Sin embargo, algunos estudios empíricos recientes
indican que en algunos casos los tiempos promedio reales para la tramitación
de casos no son tan largos como sugieren las encuestas de percepción a la
población5.
La divulgación de estadísticas judiciales permitiría a la ciudadanía conocer el
verdadero desempeño de los tribunales y al mismo tiempo generaría oportunidades
para que académicos y ONG analicen los desafíos en materia de funcionamiento
y formulen propuestas de reforma.
1 Shapiro, Martin, “Courts. A comparative and political analysis”, University of Chicago Press, Chicago, 1981; Dahl, Robert, “Decision-
making in a democracy: The Supreme Court as a national policy-maker”, 6 J.PUB. L. 279, 1957; Jackson, Donald y Tate,
Neal C., “Comparative judicial review and public policy”, Greenwood Press, Westport CT, 1992; Feeley, Malcom, “Judicial policy
making in the modern State: How the courts reformed America’s prisons”, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Tate,
C. y Torbjorn, Vallinder, “The global expansion of Judicial Power”, New York University Press, Nueva York, 1997.
2 Epp, Charles, “The rights revolution: Lawyers, activists, and Supreme Courts in comparative”, University of Chicago Press, Chicago,
1998; Sieder, Rachel et al., “The judicialization of politics in Latin America”, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2005.
3 Schedler, Andreas, “The self-restraining State”, Lynne Rienner, Boston, 1999; Maravall, José María y Przeworski, Adam, “Democracy
and the Rule of Law”, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
4 A lo largo del texto muchas veces haremos uso de un concepto amplio de “reformas de transparencia”, incluyendo herramientas
tales como el acceso a la información y la publicidad de los actos de los actores estatales.
5 Hammergren, 2005.
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En este último caso, se crea un círculo virtuoso a través de la retroalimentación
entre el acceso a la información judicial, el seguimiento y análisis por
parte de la sociedad civil, y la rendición de cuentas por parte de las instituciones
judiciales.
A su vez, las reformas de acceso a la información y transparencia son también
relevantes, ya que pueden contribuir a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial
y por ende incidir sobre la construcción de una gobernabilidad incluyente.
Por ejemplo, el rol del Poder Judicial en la lucha contra el flagelo de la corrupción
lo posiciona como un actor clave que puede ayudar a mejorar el uso de los
recursos públicos, la calidad de las políticas públicas, e incidir en la percepción
que los ciudadanos tienen de sus instituciones de gobierno6. Por otra parte, en
los países en vías de desarrollo, los jueces intervienen cada vez con mayor frecuencia
para reparar o mitigar las falencias del Estado, mejorando el acceso de
grupos vulnerables a derechos relacionados con la salud, educación, servicios
públicos y vivienda7. Un Poder Judicial más transparente, con mayor legitimidad,
se encontrará en una mejor posición para intervenir en dichos ámbitos.
Es necesario considerar también que el Poder Judicial es una pieza clave en la
consolidación del Estado de Derecho. Su importancia se refleja en el rol destacado
que le reconocen diversos índices y metodologías tendientes a evaluar la
calidad de las instituciones públicas y la gobernabilidad. Por ejemplo, el Poder
Judicial es reconocido como un pilar en el sistema de integridad nacional de
Transparencia Internacional. Asimismo, diversos diagnósticos han identificado
al sistema de justicia como un actor relevante en cuestiones de gobernabilidad.
Los World Governance Indicators incluyen al Poder Judicial en las mediciones
que se realizan en la categoría de “Estado de Derecho”8. Algo similar ocurre
con las evaluaciones de calidad de la democracia que realizan a nivel mundial
organizaciones tales como la Fundación Bertelsmann (Bertelsmann Transformation
Index9).
Más aun, el informe de Global Integrity10 examina específicamente el nivel de
6 Pero además, estas políticas funcionan como mecanismos para permitir el control interno de la corrupción, dentro del mismo
Poder Judicial. Resulta difícil pensar que se pueda controlar y combatir la corrupción con un aparato punitivo estatal que adolece
del mismo problema que se pretende solucionar.
7 Mendez, Juan y Pinheiro, Paulo “The (Un)Rule of Law and the underprivileged in Latin America”, University of Notre Dame
Press, Notre Dame, 1999; CELS, “La lucha por el derecho, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007; Bergallo, Paola, “Justicia y experimentalismo:
la función remedial del Poder Judicial en el litigio de derecho público en Argentina”, SELA, Editorial del Puerto, Buenos
Aires, 2005. Disponible en <http://islandia.law.yale.edu/sela/sela2005.htm>.
8 El Rule of Law o Estado de Derecho se define como el grado en que los agentes tienen confianza en las reglas de una sociedad y
se comportan de acuerdo a ellas, incluyendo la calidad del cumplimiento de los contratos y derechos de propiedad, la policía y
las cortes, al igual que la incidencia del crimen y la violencia (traducción propia). Disponible en <www.govindicators.org>.
9 Ver <www.bertelsmann-transformation-index.de>.
10 Ver <http://report.globalintegrity.org>. En la sección de “Accountability of the Judicial System” se mencionan estas variables.
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acceso a la información y transparencia del Poder Judicial, utilizando variables
tales como la selección de jueces, justificación de decisiones, declaraciones
juradas y el acceso de los ciudadanos a dichas declaraciones. Esto ilustra la
atención cada vez más creciente del acceso a la información pública y la transparencia
del Poder Judicial en reformas de gobernabilidad.
La inclusión del Poder Judicial tanto en la construcción de los citados índices
sobre el Estado de Derecho, la calidad de la democracia y la transparencia de
las instituciones públicas, como en la elaboración de argumentaciones de tipo
teórico sobre su creciente incidencia en los sistemas democráticos, demuestra
su destacada relevancia para el análisis sobre gobernabilidad. A su vez, principios
tales como la transparencia de las instituciones judiciales, la participación
activa en sus procesos, y la responsabilidad y rendición de cuentas por parte del
Poder Judicial son indicadores clave para la evaluación de una gobernabilidad
democrática.
En la última década, distintas organizaciones de América Latina han impulsado
con éxito procesos de reforma orientados a promover la transparencia y el
acceso de la ciudadanía a la información pública. Sin embargo, los referidos
esfuerzos –cuyo impacto ha variado ostensiblemente según el caso– se concentraron
principalmente en la órbita del Poder Ejecutivo, marginando a otros actores
igualmente relevantes del sistema político. Sólo en los últimos años se ha
puesto de relieve la necesidad de extender los intentos de reforma a distintas
instancias, como el Poder Judicial y otros organismos de control.
Paralelamente, los poderes judiciales de la región han sido objeto de numerosos
programas de reforma. Desde comienzos de la década del noventa, los organismos
financieros internacionales, especialmente el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo pero también diversas agencias de cooperación internacional
como USAID, GTZ y el PNUD, otorgaron múltiples líneas de crédito
y donaciones para la modernización de los sistemas de justicia. Los objetivos de
las reformas fueron diversos, pero se concentraron principalmente en mejorar
la infraestructura edilicia, implementar sistemas de gestión y planeamiento,
incorporar tecnología en la gestión judicial, introducir sistemas de capacitación
judicial y fomentar el acceso a la justicia11.
11 Biebesheimer, Christina y Payne, Mark, “IDB experience in justice reform. Lessons learned and elements for policy formulation”,
Inter-American Development Bank, Washington DC, 2001. Ver también Angell, Alan y Faundez, Julio, “Reforma judicial
en América Latina. El rol del Banco Interamericano de Desarrollo”, Revista Sistemas Judiciales, Nº 8, CEJA-INECIP, Santiago
de Chile, 2005. Según estos autores, “desde 1993 y hasta fines de 1999, hubo 23 préstamos y 46 operaciones de asistencia técnica
diseñados para promover reformas legales en 18 de los 26 países miembros del BID con una inversión total de USD 435 millones”.
Ver también Dakolias, María, “The Judicial Sector in Latin America and the Caribbean: Elements of reform“, Technical
Note 319, The World Bank, Washington DC, 1996.
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Sin embargo, las reformas relacionadas con la transparencia y el acceso a la
información recibieron escasa atención. Vale decir que los países latinoamericanos
han avanzado en varios frentes, introduciendo distintos tipos de innovaciones
en sus sistemas de justicia, pero en contadas ocasiones las reformas
apuntaron a revertir la opacidad de las instituciones judiciales o a instaurar
mecanismos conducentes a un mejor acceso a la información judicial.
En dicho contexto, resultan destacables las iniciativas de un reducido grupo
de organizaciones que desde hace varios años han promovido una agenda de
transparencia para los poderes judiciales de América Latina.
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), por
ejemplo, ha realizado diversas investigaciones sobre transparencia, acceso a
información pública y participación de la sociedad civil en los sistemas de justicia
de la región12. Asimismo, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), un organismo internacional que funciona dentro de la estructura de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha impulsado numerosos
estudios enfocados en la accesibilidad de la información relacionada con los
sistemas de justicia de la región.
Desde 2004, el CEJA ha confeccionado anualmente un índice de accesibilidad a
la información judicial a través de Internet13, y ha llevado a cabo investigaciones
comparativas sobre el acceso a la información pública en países de la región14
(ver Recuadro 1). Finalmente, diversos organismos como el British Council y el
Foreign and Commonwealth Office (FCO) han financiado distintos proyectos relacionados
con la transparencia y el acceso a la información judicial en América
Latina. Todas estas iniciativas contribuyeron para la realización de diagnósticos,
la identificación de posibles líneas de trabajo la instalación del tema en la agenda
de reforma del Estado en la región15.
12 Entre las publicaciones mas relevantes de DPLF sobre el tema, podemos mencionar: “Iniciativas de la sociedad civil para la
transparencia en el Sector Judicial”, 2003; “El acceso a la información judicial en México”, 2005; “Comparando transparencia”,
2007; y “Disclosing justice”, 2007.
13 Ver por ejemplo CEJA, “Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet”, Tercera Versión, CEJA, Santiago de Chile,
2007.
14 Solano, Monserrat, “El acceso a la información judicial en Perú, Chile y Argentina”, CEJA, Santiago de Chile, 2004. Este trabajo
fue realizado de manera conjunta por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
15 Para mayor información, consultar: <www.dplf.org>, <www.cejamericas.org> y <www.britishcouncil.org>.
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Regional: Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet
Desde 2004, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) elabora
un informe anual sobre la accesibilidad de información judicial en Internet.
El objetivo de dicha iniciativa consiste en analizar los progresos, retrocesos
y actuales desafíos de los sistemas de justicia de los países de las Américas
por brindar información de diverso tipo a los ciudadanos y ciudadanas por
vía electrónica y, de esta forma, contribuir a transparentar la gestión de los
tribunales de justicia y ministerios públicos. Para la confección del índice, se
analizan 25 indicadores a los efectos de la evaluación de los poderes judiciales
y 19 para el caso de los ministerios públicos. Este proyecto del CEJA
ha permitido monitorear el estado de avance del acceso a la información
vía Internet por parte los poderes judiciales y ministerios públicos de los 34
países que conforman la Organización de los Estados Americanos (OEA), así
como comparar su evolución –y en algunos casos, involución– en relación
con años anteriores. Los indicadores recogidos incluyen aspectos tales como:
`` Existencia de un sitio web.
`` Publicación y actualización de sentencias y reglamentos.
`` Publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes.
`` Publicación de agenda de Tribunales.
`` Presupuesto, salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas
disciplinarios de funcionarios relevantes.
`` Publicación de concursos y licitaciones para contrataciones.
`` Régimen de acceso y centralización de información.
El informe de 2007 coloca al tope del ranking a Costa Rica, Brasil, Chile, Canadá
y Argentina, por ser los países con mayor cantidad de información en
Internet. En el extremo inferior se encuentran Belize, Guatemala, Surinam,
Guyana y Haití, países que en algunos casos no tienen información alguna
en Internet. Para mayores datos, consultar <www.cejamericas.org>.
Este tipo de iniciativas deben ser continuadas a efectos de instalar con mayor
fuerza la necesidad de promover reformas de acceso a la información y transparencia
en el Poder Judicial. Existen valiosas oportunidades para que este tema
adquiera preponderancia en la agenda de reforma y modernización del sector
público de los organismos internacionales y las agencias de cooperación.
La inversión realizada hasta la fecha por algunos donantes, sumada al esfuerzo
de diversas ONG de la región, han generado un escenario alentador; ya es
tiempo de dar un paso más y avanzar con políticas de reformas integrales en
materia de transparencia y acceso a la información judicial.
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3. Desafíos en la relación entre el Poder
Judicial y la sociedad
En Latinoamérica, existe un importante distanciamiento entre la sociedad y la
justicia, que se explica –entre otras causas– por la cultura del secretismo y la
opacidad que ha caracterizado a la función judicial; por la falta de conocimiento
de la población sobre el funcionamiento de la administración de justicia;
y por una marcada injerencia de los demás poderes políticos en la tarea de
los jueces. Esto ha generado en la ciudadanía de los países de la región una
creciente desconfianza sobre la labor del Poder Judicial. Según datos de Latinobarómetro
del año 2007, sólo el 31% de los encuestados en América Latina
considera que en sus países la justicia funciona “bien” o “muy bien”. A su vez,
únicamente el 30% asegura confiar “mucho” o “algo” en el Poder Judicial,
mientras que el 75% de la población cree que existe desigualdad en el acceso a
la justicia16. Esto se ve agravado por el hecho de que la mayoría de los países de
América Latina ostentan un mal desempeño en las encuestas de percepción de
corrupción que anualmente realiza Transparencia Internacional17. En otras palabras,
al mal desempeño del Poder Judicial se le suman los problemas generalizados
de corrupción en la administración pública, incrementando la desconfianza
de la ciudadanía respecto de la capacidad real del Estado de hacer cumplir la
ley y castigar ilícitos.
Por otro lado, la información que la ciudadanía recibe respecto al desempeño
del Poder Judicial padece de un doble déficit relacionado con la pobre calidad
y –en algunos casos– la alta complejidad de la misma. Esta situación, que
contribuye a consolidar la brecha existente entre las instituciones judiciales y
la sociedad, encuentra su origen en dos factores clave. Por una parte, existe
un severo déficit en los medios de comunicación respecto a su capacidad de
informar acerca de lo que sucede en ámbitos judiciales18. Periodistas y editores
carecen en muchos casos del entrenamiento adecuado para cubrir la actividad
de las cortes y –cuestión más compleja aún– para explicar de manera comprensible
y sencilla a la sociedad los temas legales que se ventilan ante ellas. Por
otra parte, los poderes judiciales realizan escasos esfuerzos para comunicar de
manera apropiada los casos que resuelven. Esto se origina en el legado cultural
16 Corporación Latinobarómetro, “Informe Latinobarómetro 2007. Banco de Datos en Línea”, 2007. Disponible en <www.latinobarometro.
org>.
17 Ver por ejemplo los últimos informes de Transparencia Internacional, entre ellos: Transparency International, “Informe Global
de la Corrupción 2007: Corrupción en sistemas judiciales”, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2007.
18 Transparency International, “Enhancing judicial transparency. Policy position”, Nº 1, Berlín, Alemania, 2007.
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de los sistemas de justicia latinoamericanos que históricamente han considerado
inapropiado dar explicaciones sobre sus fallos o bien mantener entrevistas
con periodistas. El viejo adagio judicial “el juez sólo habla a través de sus
sentencias” es un fiel reflejo de la situación imperante. Frente a ese diagnóstico,
organizaciones no gubernamentales de la región han desarrollado algunas
iniciativas incipientes para mitigar el problema.
En este contexto, la implementación de reformas de acceso a la información y
transparencia procura contribuir a revertir la falta generalizada de confianza en
las instituciones judiciales, promoviendo un mayor acercamiento entre la ciudadanía
y el sistema de justicia. La implementación, por ejemplo, de audiencias
públicas para las sesiones de las Cortes Supremas, o la adopción de políticas
de comunicación –ya sea por parte de los medios y la sociedad civil o del Poder
Judicial– para difundir y explicar las decisiones de los tribunales, son medidas
potencialmente promisorias para lograr acercamientos y generar confianza.
Asimismo, iniciativas orientadas a mejorar el acceso a la información judicial relacionada
tanto con los propios jueces (declaraciones patrimoniales) como con
el funcionamiento de las cortes (estadísticas judiciales, información presupuestaria,
compras y adquisiciones) procuran contribuir en la misma dirección.
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4. Elementos para un marco conceptual:
acceso a la información pública y transparencia
Antes de adentrarnos en el análisis de la relación entre transparencia e independencia
judicial, por un lado, y acceso a la información y Poder Judicial, por
otro, corresponde aclarar conceptualmente los términos “transparencia” y
“acceso a la información pública”.
La transparencia es un valor fundamental para las democracias modernas. El
concepto de transparencia funciona en realidad como un mecanismo que debe
ser el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar del
Estado, permitiendo el control y la participación de la ciudadanía en las cuestiones
públicas. En la práctica, esto debe abarcar los pedidos de acceso a la
información pública (en sentido estricto), la obligación del Estado de generar
información y ponerla al alcance de los ciudadanos en las modalidades que
permitan un amplio acceso (transparencia “proactiva”), y el empoderamiento
de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el Estado19.
En dicho contexto, si bien el acceso a la información pública, entendida como
el derecho de los ciudadanos de solicitar datos o información (y la correspondiente
obligación estatal de entregarlos), constituye un elemento esencial
de una política de transparencia, es sólo uno de los componentes de dicho
concepto. Otro concepto utilizado con frecuencia en este documento y que
también es un elemento de una política de transparencia es la “publicidad”. Ella
debe entenderse como las distintas manifestaciones de una política proactiva
por la cual se ofrece información relevante al público.
4.1. Transparencia e independencia judicial
Las reformas de transparencia de las instituciones judiciales pueden contribuir,
entre otras cuestiones, a generar condiciones para una mayor independencia
judicial. El funcionamiento abierto de los sistemas de justicia, por ejemplo,
genera un mayor flujo de información desde el Poder Judicial hacia la sociedad,
19 López Ayllón habla de “explicación y justificación de las acciones” como un componente de la transparencia, aludiendo a la obligación
estatal de otorgarle un sentido específico a la información, proporcionando una acabada justificación de las acciones,
y que posibilite un diálogo entre la sociedad y los poderes públicos (López Ayllón, Sergio, “Transparencia y acceso a la información
en los programas sociales. Una propuesta de política pública”, Proyecto de Protección de Programas Sociales, PNUD,
México DF, México, 2007).
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permitiendo que esta conozca su desempeño, se involucre en los procesos y
discusiones relacionados con casos de gran trascendencia institucional, y hasta
participe de maneras diversas (tales como audiencias públicas, procesos de consulta,
etc.). De esa forma, el corrimiento del velo de opacidad bajo el cual tradicionalmente
transcurre la actividad judicial, sumado a un mayor interés social
por el funcionamiento del sistema de justicia, genera un doble efecto positivo.
Por un lado, la mayor transparencia y el aumento del flujo de información eliminan
los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el
comportamiento judicial y de los grupos de interés. Por otro, generan un grupo
de ciudadanos interesados por el funcionamiento del Poder Judicial, quienes
respaldan la labor de aquel con su intervención (constituency). De esa forma,
los jueces encuentran en la sociedad una fuente de legitimidad que les confiere
una mayor autoridad para tomar decisiones que puedan tener un alto impacto
institucional, o ir en contra de las preferencias de grupos de interés poderosos.
Las cifras citadas anteriormente ponen de relieve los bajos niveles de confianza
en la justicia por parte de la población en América Latina. Históricamente, los
poderes judiciales latinoamericanos han sido objeto de influencias y presiones
indebidas provenientes del Poder Ejecutivo, partidos políticos y otros actores
poderosos. Al mismo tiempo, los recurrentes quiebres democráticos generaron
cambios constantes en la conformación de los tribunales, sea a través de
purgas, despidos masivos o juicios políticos, que erosionaron así la credibilidad y
legitimidad de las instituciones judiciales20.
La ola democrática de los años ochenta y noventa ha traído nuevos aires en la
región. Los poderes judiciales han iniciado lentamente algunas reformas tendientes
a mejorar su desempeño, al tiempo que desde el Estado y la sociedad
civil se han promovido cambios para optimizar su relación con las instituciones
del sistema político21. En este sentido, resulta fundamental que en un sistema
democrático los jueces mantengan su independencia de los demás poderes del
Estado, ejerciendo sus funciones sin ningún tipo de intromisión22. Las medidas
orientadas a asegurar dicha independencia deben alentarse desde las etapas
iniciales de la función judicial, comenzando por los procesos para la selección y
20 Ver por ejemplo Prillaman, 2000; Ungar, 2001; Helmke, 2004; y Hammergren, 2007.
21 Ver por ejemplo Hammergren, 2002; y Popkin, 2002.
22 Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985 (UNHCHR) prevén que “la independencia de la judicatura
será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país”. Diferentes instrumentos internacionales
abordan el tema de la independencia judicial. Entre ellos: la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966); la Convención Europea de Derechos Humanos (1951); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978);
la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1986); los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre Independencia
Judicial (1985); la Declaración de Principios de Beijing sobre la Independencia de la Judicatura (1995); los Principios de
Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002); la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996); y la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).
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designación de magistrados, en los que por lo general se producen con mayor
frecuencia las presiones e influencia de los grupos de interés, especialmente los
partidos políticos. Asimismo, resulta importante que las garantías de independencia
se mantengan durante el ejercicio de la función judicial, en particular
en aquellas ocasiones en las que suele evidenciarse una mayor injerencia de los
poderes políticos: definición de promociones y ascensos, pagos y compensaciones,
asignación de destinos, designación de autoridades de los tribunales23, etc.
Sin embargo, es importante aclarar que no debe entenderse a la independencia
judicial como un valor en sí mismo, que impida un adecuado control del
desempeño de los jueces24. Independencia no debe significar aislamiento ni la
inexistencia del deber de rendir cuentas de la labor que ellos realizan. Por el
contrario, la noción de independencia debe ser concebida como la precondición
para la imparcialidad en el comportamiento judicial y para garantizar un
mejor servicio al público. Los jueces no deben estar exentos de los controles
que afectan al resto de las instituciones estatales. Dicha independencia conlleva
una responsabilidad25, que exige la adopción de mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas para garantizar que la justicia responda por sus decisiones
y/o por el uso real e intencionado de los recursos que le fueron asignados26.
Así, la rendición de cuentas (accountability) tiene su punto de partida en la
responsabilidad del funcionario a través de la información y la justificación de
sus decisiones (answerability), pero además implica una sanción del comportamiento
impropio de los funcionarios públicos (enforcement)27.
Estos mecanismos no sólo sirven para evaluar a los jueces, controlar al Poder
Judicial, detectar errores y generar la rendición de cuentas, sino que también
fortalecen al Poder Judicial, le otorgan legitimidad y aseguran en gran medida
23 En algunos casos, el hecho de presidir un tribunal conlleva algunos privilegios o funciones adicionales especiales. Por ejemplo,
en la provincia de Buenos Aires (Argentina), los presidentes de las cámaras de apelación de la ciudad de La Plata (ciudad
capital de la provincia) integran de manera rotativa la Junta Electoral de la provincia, un órgano de gran valor estratégico para
los sectores políticos, ya que es el encargado de resolver disputas relacionadas con los procesos electorales locales. Asimismo, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de dicha provincia también integra la Junta Electoral y además preside el Consejo de
la Magistratura, órgano responsable de las designaciones de jueces, defensores, fiscales y otros funcionarios judiciales (Herrero,
2005; ADC, 2006).
24 Popkin, Margaret, “Fortalecer la independencia judicial”, Pásara, Luis (ed.), La experiencia latinoamericana en reforma de la
Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM/Instituto de Defensa Legal, Mexico DF/Lima, 2004.
25 Para más información sobre el balance entre independencia y responsabilidad, ver Vargas Viancos, 2002, y la edición de la revista
Sistemas Judiciales dedicada a independencia y responsabilidad judicial (Nº 4, 2002).
26 González de Asís, 2006, ilustra este punto con el caso brasileño, en el que gracias a la Constitución de 1988, la independencia y la
autonomía del Poder Judicial habían alcanzado niveles sin precedentes (con control total de cuestiones administrativas, disciplinarias,
presupuestales y de personal), lejos de toda interferencia política posible. En este caso, el problema no residía en la ausencia
de independencia, sino justamente lo contrario: la excesiva autonomía, sin mecanismos externos de control y rendición de
cuentas; y lo que era peor aún, esta independencia hacía particularmente difícil la implementación de de cambios internos. El
principal desafío consistía en encontrar un balance entre independencia y accountability que permita controlar la tarea de los
jueces, reduciendo las oportunidades de corrupción. Ver al respecto <http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/
AnticorruptionReform.pdf>.
27 Schedler, 2004.
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la confianza de la ciudadanía. Por ello, es importante entender la transparencia
judicial como una “apertura activa”, en donde no sólo se permite el acceso a
la información pública, sino que los jueces también deben divulgar y publicar la
información relacionada con el ejercicio de sus funciones28.
Además, las políticas de transparencia tienen un impacto positivo en el acceso
a la justicia de los ciudadanos. El ejercicio del acceso a la información pública,
por ejemplo, contribuye a que la administración de justicia se torne más
accesible para los ciudadanos. Esto no sólo mejora la eficacia de la intervención
judicial, sino que también robustece la legitimidad de los tribunales frente a la
ciudadanía.
4.2. Acceso a la información pública en el Poder
Judicial
El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en una herramienta
clave, aunque no la única, para incentivar la transparencia en la actividad
del Estado, fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción.
También resulta un instrumento valioso para permitir un mayor involucramiento
de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos. Este derecho nace del
sistema republicano de gobierno y su ejercicio constituye una herramienta
esencial en el fortalecimiento de las instituciones, toda vez que contar con
información adecuada y oportuna conforma un elemento clave para fiscalizar
a las autoridades en las que se ha depositado la confianza para gobernar en
nombre del pueblo29.
En una sociedad democrática, la administración de justicia no puede realizarse
de manera aislada de los contextos políticos y sociales en los que sus
operadores actúan, y sin mecanismos efectivos para la publicidad tanto de su
funcionamiento administrativo como de su labor jurisdiccional. En este sentido,
la mayoría de la información producida por el Poder Judicial –al igual que la generada
por los restantes poderes del Estado– puede ser requerida por cualquier
persona en el marco del derecho que cada uno tiene de acceder libremente a
la información pública, y de controlar el ejercicio de los poderes públicos en el
desempeño de sus funciones30.
28 Aguilar Rivera, 2006.
29 Entendemos por acceso a la información pública el derecho que toda persona tiene de buscar, solicitar y recibir la información
que poseen los organismos del Estado.
30 Las leyes de acceso a la información pública reconocen un amplio acceso a la información generada y recolectada por el Estado,
que únicamente puede ser denegada en forma excepcional, en específicas y fundadas situaciones previstas por el marco normativo.
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Frente a este panorama, los poderes judiciales deben adecuar su funcionamiento
procurando el derecho a la información pública y la transparencia, particularmente
dada la imagen negativa del Poder Judicial frente a la ciudadanía, lo
que se explica por una percepción generalizada que relaciona a la justicia con
la corrupción, el favoritismo político y la ineficiencia, y que aumenta en parte
debido a su opacidad.
De esta forma, la adopción de políticas que garanticen el acceso a la información
no sólo puede constituirse en una importante herramienta para mejorar el
control y combatir la corrupción dentro de la justicia, sino que también contribuye
a abrir el Poder Judicial a la ciudadanía, a fin de insertar los debates del
ámbito judicial en un contexto más amplio, proveyendo información para que
la sociedad pueda entender su funcionamiento, sus desafíos y limitaciones.
Además, la participación activa de la ciudadanía en aspectos sustanciales del
funcionamiento del sistema de justicia tiene el potencial de contribuir a mejorar
la eficiencia de las instituciones judiciales. Así, resulta fundamental el aporte
que una política de transparencia y acceso a la información pública pueden
realizar en los niveles de confianza y legitimidad de los magistrados y demás
operadores de los sistemas de justicia frente a la sociedad.
Para concluir, vale destacar que el acceso a la información pública, como cualquier
otro derecho, no es absoluto. Sus límites, por lo general, están enmarcados
en dos tipos de excepciones: el primer grupo responde a los casos en
que la divulgación de la información puede causar daño a un interés público
jurídicamente protegido, tal como la seguridad pública; el segundo tipo de excepción
se justifica por la necesidad de proteger la vida privada y el patrimonio
de las personas. Cada grupo de excepciones supone entonces una racionalidad
diferente, e implica una valoración distinta respecto de su aplicación a los casos
concretos31.
Pero más allá de las restricciones que puedan establecerse, es importante que
las mismas cumplan ciertos parámetros32. En tal sentido, en un estudio especial
sobre el acceso a la información33, la Relatoría para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que las restricciones
al mencionado derecho deben cumplir ciertos requisitos. En primer
lugar, deben estar establecidas por ley. En segundo lugar, deben ser motivadas,
31 Lopez Ayllón, Sergio y Posadas, Alejandro, “Las pruebas de daño e interés público en materia de acceso a la información. Una
perspectiva comparada”, Derecho comparado de la información, enero-junio de 2007, pp. 21-65.
32 Uno de los primeros documentos que ordenan el campo es el que enumera los Principios de Lima sobre el Acceso a la Información,
que en su artículo 8 establece las excepciones al acceso a la información.
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Estudio especial sobre el
derecho de acceso a la información”, 2007, p. 46. Disponible en <www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20
sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf>.
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temporales, razonables y proporcionales. Por último, el fin perseguido por las
restricciones debe ser legítimo34.
El acceso a la información pública también ha sido reconocido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que se convirtió así en el primer tribunal
internacional en hacerlo. En el caso Claude Reyes35, la Corte sostuvo que la restricción
al acceso a la información debe estar orientada a satisfacer un interés
público imperativo, y de existir varias opciones para alcanzar este objetivo, debe
adoptarse la que restrinja en menor medida el derecho protegido. Por ello, las
autoridades estatales deben regirse por el principio de máxima divulgación,
presumiendo que toda la información es accesible, únicamente limitado por un
sistema restringido de excepciones. En estos casos, la carga de la prueba de la
legitimidad de la restricción corresponde al Estado.
34 El Tribunal Constitucional de Colombia, en su sentencia C-491 de 2007, estableció que una restricción al acceso a la información
es legítima “sólo si: i) está autorizada por la ley o la Constitución; ii) es precisa y clara; iii) el servidor público motiva
por escrito su decisión; iv) la reserva es temporal; v) existen sistemas adecuados de custodia de la información; vi) existen controles
administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas; vii) la reserva se sujeta estrictamente a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad; y viii) existen recursos o acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en
reserva una determinada información”.
35 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs, Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C, Nº 151, párr. 90, 91 y 92.
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5. Prácticas sobre acceso a la información y
transparencia en el funcionamiento interno
y en aspectos administrativos del Poder Judicial
Esta sección examinará categorías de información y herramientas (tales como
leyes, declaraciones patrimoniales, sitios de Internet, portales de compras,
etc.) asociadas con el funcionamiento administrativo de los poderes judiciales,
tomando como base diversas experiencias de América Latina.
La información referente al funcionamiento administrativo es aquella relacionada
con la labor interna de los distintos organismos de los sistemas de justicia; la
que debe ser eminentemente pública, con limitadas excepciones generalmente
fundadas en la necesidad de garantizar la protección de datos sensibles, cuya
publicidad podría afectar el derecho a la intimidad del declarante.
Las prácticas y experiencias descriptas a continuación se enfocan en: información
sobre el manejo de fondos públicos administrados por el Poder Judicial;
información sobre designaciones de jueces y otros funcionarios; información
sobre declaraciones patrimoniales; información sobre reuniones de funcionarios
de alto nivel; y acceso a estadísticas.
5.1. Información sobre el manejo de fondos públicos
(presupuestos, gastos y contrataciones)
En América Latina, los poderes judiciales han sido tradicionalmente renuentes
–o, en el mejor de los casos, poco proactivos– hacia la difusión de la información
relativa a su gestión presupuestaria, a compras y adquisiciones, a sus recursos
humanos (por ejemplo, las nóminas de personal) y a las contrataciones que
realizan en ejercicio de sus prerrogativas administrativas. En algunos casos, esta
situación ha contribuido a generar una percepción en usuarios y ciudadanos de
falta de transparencia.
Al igual que en el resto de las agencias estatales, la falta de publicidad y
transparencia en los procesos de compras y contrataciones (procurement)
son factores que, entre algunos otros, permiten espacios de discrecionalidad
e irregularidades en el uso de los fondos públicos, propiciando oportunidades
para la corrupción. En otros casos, la falta de difusión de las contrataciones
de personal y de la nómina de personal existente ha permitido la contratación
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de parientes de jueces y funcionarios, generando una imagen de nepotismo y
excesiva discrecionalidad.
Las exigencias de transparencia y probidad que se aplican a la gestión administrativa
de cualquier otro órgano del Estado deben ser igualmente válidas para
la labor administrativa y de gerencia del Poder Judicial y, en este sentido, la
posibilidad de acceder a información pública sobre presupuestos, adquisiciones
y gastos permite controlar su eficiente gestión.
Si bien la información presupuestaria posee al menos cierto nivel de publicidad
–ya que el presupuesto se adopta mediante una ley que se publica al menos
en el diario o boletín oficial–, también es importante contar con información
sobre el gasto ejecutado –a través de compras y contrataciones–, la que, por
lo general, resulta escasamente disponible. De esta forma, es importante que
la transparencia se promueva en las cuatro fases del presupuesto (formulación,
aprobación, ejecución y evaluación)36.
En este sentido, la publicidad de los procesos de compras y contrataciones
posee una destacada relevancia a la hora de prevenir prácticas corruptas. Estas
últimas no se limitan a los hechos de soborno o a la interferencia indebida en el
contexto de un fallo judicial, ya que la manipulación de fondos de un tribunal,
el nepotismo en la contratación de personal y las irregularidades en la adquisición
de bienes y servicios, entre otros, también constituyen actos de corrupción.
Por ello, resulta fundamental que este tipo de información se actualice frecuentemente
y sea de fácil accesibilidad. En algunos países, por ejemplo, la misma
se publica en el sitio web del Poder Judicial, mientras que en otros se lo hace
en un sitio de Internet especialmente dedicado a las oportunidades de compras
y contrataciones con los diferentes poderes del Estado.
Más allá del mecanismo utilizado para hacer efectivo el derecho de acceso a
este tipo de información (tales como portales electrónicos o boletines informativos),
lo importante es que la información esté disponible para el público en
general, en un formato accesible y de baja complejidad.
36 “Rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia en los presupuestos públicos”, Colectivo por la transparencia,
Vol. 5, 2005.
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Chile: Ley de Compras Públicas
En el año 2004, entró en vigencia en Chile la Ley de Compras Públicas (Ley
19.886), que rige a los tres poderes del Estado, y que extiende su aplicación
a la ejecución de acciones de apoyo, ejecución de obras, concesiones
de obras públicas, contratación de estudios, asesoramientos y consultorías,
entre otras.
La ley, además, creó la Dirección de Compras y Contratación Pública, para
administrar el sistema electrónico de compras “ChileCompra”
(<www.chilecompra.cl>). Todas las reparticiones públicas (incluido el Poder
Judicial) tienen la obligación de publicar sus anuncios de intención de compras
y contratación de servicios de dicho portal. Asimismo, a partir de abril
de 2007, todas las licitaciones relativas al Poder Judicial son publicadas y
actualizadas en su sitio de Internet, <www.poderjudicial.cl>.
Por último, la ley regula las incompatibilidades de intereses en las compras
públicas, exigiendo a los funcionarios participantes del sistema de compras
la obligación de presentar una declaración de intereses y de patrimonio.
Guatemala: Información de los procesos de contrataciones
El organismo judicial de la República de Guatemala publica en su sitio de
Internet (<www.oj.gob.gt>) información acerca de los procesos de compras.
Se dispone allí de información actualizada referida a las compras directas,
subastas públicas, licitaciones, manifestaciones de interés y cotizaciones.
Asimismo, en el sitio <www.guatecompras.gt> están publicadas las estadísticas
con la cantidad de operaciones realizadas por el Poder Judicial en los
últimos cuatro años. En ellas se discriminan los concursos vigentes, los concursos
en evaluación, los adjudicados, los anulados y los desiertos. También
se publica información relativa a las inhabilitaciones y quejas de los usuarios
del sistema de contratación.
Por último, el sitio web permite la suscripción a un boletín sobre las contrataciones
públicas del Poder Judicial.
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México: Información presupuestaria
En aplicación del artículo 7 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental1, la Suprema Corte de Justicia
de México publica en la sección “Transparencia” de su sitio web2 toda la
información relativa a la ejecución mensual del presupuesto de los últimos
cinco años. Allí es posible encontrar información actualizada mensualmente,
referida al presupuesto asignado, las ampliaciones y reducciones del mismo,
el monto del presupuesto ejercido y el monto por ejercer; todo ello discriminado
en los diferentes rubros de la partida presupuestaria, abarcando las
secciones: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales;
bienes muebles e inmuebles; obras públicas; inversión financiera; ayudas;
pensiones y jubilaciones; y otras erogaciones.
5.2. Información sobre designación de jueces y
funcionarios
Desde antaño, los procesos de designación de jueces han sido identificados
como una instancia determinante en la relación entre la política y el Poder
Judicial. La creciente injerencia en dichos procesos de actores políticos, sumada
a la utilización de criterios netamente subjetivos para la selección de candidatos
a cubrir vacantes judiciales, ha alimentado la sensación en la ciudadanía de la
falta de independencia de los jueces, o, en el mejor de los casos, de que muchos
magistrados serían susceptibles a recibir presiones o pedidos indebidos por
parte de quienes los apoyaron en sus respectivos procesos de designación.
En ese contexto, los mecanismos de designación de magistrados son procesos
que guardan una íntima relación con el principio de independencia del Poder
Judicial. La utilización de mecanismos transparentes y abiertos contribuye a
mantener a los jueces aislados de influencias externas indebidas, provenientes
tanto del resto de los poderes del Estado como de diferentes grupos de
presión. Asimismo, la transparencia ayuda a la selección de candidatos que
satisfagan los requisitos de idoneidad, profesionalismo, experiencia técnica y
compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos políticos,
económicos, y sociales.
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Aun cuando no existen mecanismos uniformes para la selección de los jueces37,
la experiencia comparada demuestra que el incremento de la transparencia del
proceso, la posibilidad de permitir la participación de la ciudadanía, y la elaboración
previa de un perfil para el cargo son elementos clave para favorecer la
independencia judicial38.
Es importante que los nombramientos se realicen con base en el mérito,
mediante concurso de antecedentes y oposición, satisfaciendo exigencias de
idoneidad técnica y moral. Los criterios de selección deben ser claros y ampliamente
publicitados, a fin de que exista un entendimiento inequívoco de los
estándares de selección y del perfil de los jueces que se requiere. La asignación
de puntajes debe realizarse de acuerdo a pautas objetivas de evaluación. Además,
es importante que el proceso de designación posea una amplia difusión
en todas sus etapas, desde la convocatoria hasta la elección final del candidato,
para lo cual deben utilizarse las nuevas tecnologías que permitan un acceso inmediato
y libre a la información. Además, se debe dar amplia difusión (a través
de medios de comunicación, boletín oficial e Internet) del listado de interesados
y sus antecedentes.
Por último, es fundamental que estos procesos se abran para la participación
de grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones profesionales vinculadas
a las actividades judiciales, para que estas puedan opinar respecto a los
méritos de candidatos. El mayor involucramiento de la sociedad civil en las
instancias de designación de magistrados permite el escrutinio de la ciudadanía
y la opinión pública en general.
Se trata de pautas que, si bien no pueden garantizar plenamente la independencia
de los jueces ni eliminar las prácticas corruptas, reducen en parte la
politización de los nombramientos, así como la cooptación del Poder Judicial
por parte de los otros poderes estatales. Su aplicación genera una mayor transparencia
en los procesos de designaciones, invistiendo así a los nuevos magistrados
de una mayor legitimidad para el desempeño de sus funciones producto
de la participación, el consenso social y el control público de idoneidad39.
37 Los mecanismos de designación de magistrados difieren de país a país, e incluso dentro de un mismo país existen divergencias
según se trate de jueces de instancias inferiores o jueces de la Corte Suprema. En América Latina, los organismos o instancias que
proponen los candidatos para cubrir vacantes judiciales varían considerablemente. En algunos casos, dicha responsabilidad recae
en el Poder Ejecutivo (Argentina, Brasil, México, Panamá), mientras que en otros le corresponde a la Corte Suprema (Chile,
Ecuador), a Consejos de la Magistratura o similares (Bolivia, Colombia, Paraguay), y a comisiones especiales (Guatemala, Honduras).
Una vez realizadas las postulaciones, la potestad de seleccionar y nombrar magistrados recae en un organismo diferente.
Si bien generalmente le corresponde al Congreso hacerlo (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay), en algunos casos lo hace la Corte Suprema (Colombia) o el Consejo de la Magistratura
(Perú, República Dominicana) (PNUD, 2004, pp. 94-95).
38 Popkin, 2004.
39 Las buenas prácticas en materia de reformas de independencia judicial sugieren que ellas deben ser balanceadas con modifica|
29 |
La responsabilidad de implementar las reformas descriptas en este apartado
recae en distintos actores, según el diseño institucional en cuestión. En general,
las normas para la selección de jueces están previstas en las Constituciones,
que resultan difíciles de modificar, por las mayorías que exigen para ello. Sin
embargo, los órganos responsables de la nominación y designación de los jueces
pueden fácilmente autolimitar sus potestades para así generar instancias de
participación y mejorar la transparencia. El ejemplo que se presenta a continuación
respecto del caso argentino plantea algunas ideas interesantes y de baja
complejidad sobre el tema.
Argentina: Transparencia y participación en los mecanismos de designación
de jueces
En 2002, en medio de una profunda crisis de las instituciones políticas
argentinas, la Corte Suprema de Justicia se encontraba duramente cuestionada
–tanto por sectores políticos como por la ciudadanía– por su irregular
actuación en la década anterior, durante el gobierno del presidente Carlos
Menem. Bajo su mandato, la Corte había sido ampliada por el Congreso,
aumentando el número de jueces de cinco a nueve (vale recordar que el
artículo 99 de la Constitución Argentina le otorga al presidente de la Nación
la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia).
A poco de asumir en 2003, el presidente Néstor Kirchner solicitó al Congreso
el juicio político del presidente de la Corte y de varios de sus integrantes. Al
mismo tiempo, implementó por medio del Decreto 222/03 una serie de medidas
que limitaron sus facultades para la designación de nuevos jueces de la
Corte Suprema. Las reformas impulsadas por el presidente Kirchner pueden
dividirse en tres grupos.
En primer lugar, limitó su discrecionalidad en la selección de candidatos para
cubrir vacantes en la Corte; dispuso que se tuvieran en cuenta las diversidades
de género, especialidad y procedencia regional de los magistrados; y que
se requiriera la adecuación de los candidatos a pautas objetivas sobre idoneidad.
En segundo lugar, estableció una serie de requisitos relacionados con la
postulación, tales como: a) la imposición de plazos para la cobertura de las
vacantes en el tribunal; b) la obligación de publicitar los antecedentes de los
candidatos; y c) la facilitación de un mayor control ético de los postulantes
(exigencias de una declaración jurada de bienes, antecedentes profesionales,
comerciales y tributarios).
ciones que generen una mayor responsabilización (accountability) para los jueces. Un Poder Judicial con mucha independencia
pero sin la obligación de rendir cuentas a la sociedad puede alentar conductas corporativas, prácticas corruptas o incrementar
la opacidad de su funcionamiento (USAID, 2002).
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Por último, se introdujo una instancia de participación para que la ciudadanía
brindara sus opiniones y comentarios respecto de los candidatos propuestos.
Posteriormente, el Decreto 588/03 extendió la aplicación de las reglas descriptas
a las designaciones del Procurador General y el Defensor General de
la Nación, y para el nombramiento de los jueces federales inferiores.
En sintonía con las reformas implementadas por el Poder Ejecutivo, el Senado
Nacional reformó su reglamento para mejorar el proceso a través del
cual presta su acuerdo para la designación de los magistrados. Se estableció,
principalmente: a) que durante estos procesos se celebren audiencias y que
estas sean públicas; b) que el proceso permita y fomente la participación de
la sociedad civil; c) que una vez finalizadas las audiencias, la Comisión de
Acuerdos se expida mediante un dictamen fundado; y d) que las decisiones
individuales de los senadores sean de conocimiento público a través del voto
nominal.
La aplicación de estos cambios en las designaciones de los nuevos jueces generó
un importante impacto, que se evidenció en mayor medida en la Corte
Suprema nacional. Por un lado, permitieron mejorar la imagen de la Corte
hacia la sociedad, otorgándole una mayor legitimidad derivada del consenso
generalizado que tenían los candidatos designados. Por otro, los cambios
contribuyeron a consolidar la fortaleza institucional de la Corte, brindando
una mayor autoridad e independencia a sus miembros. Esto se vio reflejado
en sentencias muchas veces distanciadas de los intereses del Poder Ejecutivo,
rompiendo con el alineamiento que caracterizaba al órgano cuando estaba
integrado por jueces designados mediante los anteriores procedimientos.
Por último, vale destacar que algunas provincias argentinas se hicieron eco
de las reformas expuestas, y modificaron sus procesos de designación de los
magistrados de superiores tribunales replicando, algunas en mayor y otras
en menor medida, la evolución del sistema de justicia nacional.
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Colombia: Participación en la elección de magistrados de la
Corte Constitucional
La Corte Constitucional es el máximo órgano de justicia constitucional
de Colombia. Está integrada por nueve jueces que duran en sus
cargos ocho años sin la posibilidad de ser reelectos. A comienzos de
2009, seis de los jueces actuales deberán dejar el cargo por haberse
agotado sus mandatos. Los nuevos miembros serán elegidos por el
Senado de la República de sendas ternas que les presentan el Presidente
de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado.
Dada la trascendencia que la Corte Constitucional ha tenido en los
últimos años, un grupo de organizaciones privadas de Colombia creó
“Elección Visible”, una coalición del estilo de veeduría ciudadana para
hacer seguimiento y control social del proceso de selección de los
nuevos magistrados. Su principal objetivo es exigir a los nominadores
y al elector que los dieciocho candidatos que conforman las seis
ternas tengan las mejores cualidades, y probidad e independencia
para el ejercicio de la magistratura, que en su selección no jueguen
acuerdos políticos, que no haya candidatos de relleno, y que todos
sean los mejores para ocupar su cargo. Mediante un uso dinámico de
recursos en su sitio de Internet, la coalición provee a los ciudadanos
información sobre los procesos de selección de los jueces, la importancia
de la Corte Constitucional, y el perfil y antecedentes de los
nuevos candidatos, entre otras cuestiones.
“Elección Visible” intervendrá tanto en la etapa de identificación y
nominación de los candidatos por parte del Presidente de la República,
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como en la
fase de elección de los candidatos por parte del Senado. En el marco
del proyecto, se ha impulsado la suscripción de “pactos de ética” por
parte de los organismos nominadores, a efectos de asegurar la transparencia
del proceso de nominación de los candidatos y permitir la
participación de la sociedad. La Corte Suprema, por ejemplo, aceptó
adoptar las medidas de transparencia propuestas por la coalición.
Para mayor información, ver <www.eleccionvisible.com>.
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5.3. Información sobre declaraciones patrimoniales
En las últimas dos décadas, el creciente flagelo de los delitos contra la administración
pública por parte de funcionarios de los nuevos gobiernos democráticos
ha afectado a muchos países de América Latina. En algunos casos, los escándalos
fueron de tal magnitud que implicaron la destitución e incluso detención
de varios presidentes, tales como los casos de Collor de Mello (Brasil), Fujimori
(Perú) y Menem (Argentina). En dicho contexto, algunos estados, organismos
internacionales, ONG e instituciones financieras internacionales concibieron distintas
iniciativas para luchar contra la corrupción. Algunas de ellas consistían en
la elaboración de tratados que apuntaban a la adopción de estándares estrictos
en materia de transparencia y ética (como por ejemplo la Convención Interamericana
contra la Corrupción), la creación de agencias estatales especializadas
en temas de corrupción, o iniciativas de monitoreo ciudadano de las compras o
adquisiciones de la administración pública.
En los últimos años, una de las herramientas más utilizadas ha sido la imposición
a los funcionarios públicos de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales.
Ello emergió como una cuestión ética destacada en la lucha contra
la corrupción, que apuntaba a controlar la evolución de los patrimonios de los
funcionarios y evitar así delitos tan frecuentes como el enriquecimiento ilícito. Si
bien dichas declaraciones en principio fueron direccionadas hacia los integrantes
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, posteriormente se extendieron a los
miembros del Poder Judicial.
La implementación de herramientas preventivas, como las declaraciones patrimoniales,
complementadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, posibilita el control sobre el comportamiento de los integrantes de
todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. La función principal de
este tipo de herramientas es detectar y prevenir situaciones de enriquecimiento
ilícito, así como eventuales conflictos de intereses o incompatibilidades de quienes
ejercen una función pública.
En el ámbito internacional, existen dos instrumentos fundamentales que
establecen la necesidad de implementar estos mecanismos de prevención: la
ya citada Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien muchos países han implementado
dichos mecanismos, no existe en el derecho comparado un modelo
preciso de norma que establezca los puntos que deben incluir las declaraciones
patrimoniales. Sin embargo, es posible establecer que estos mecanismos deben
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guardar un balance entre la transparencia financiera y el derecho al acceso a la
información, por un lado, y la seguridad y la privacidad física y económica de
los jueces, por otro40.
No obstante, más allá de los diferentes criterios existentes, es aceptado que hay
ciertos contenidos que son esenciales en estas presentaciones. Entre ellos, los
ingresos obtenidos de la actividad profesional; inversiones de negocios; bienes
inmuebles del funcionario y de los miembros de su familia; bienes muebles;
información bancaria (nombre de los bancos y números de cuentas, deudas);
regalos o servicios percibidos gratuitamente que excedan cierto valor41. Asimismo,
resulta fundamental que la información contenida en las declaraciones
sea actualizada y de fácil acceso. Es importante establecer como mínimo la
obligación de realizar una declaración patrimonial al inicio del mandato y otra
al finalizarlo, actualizando la información anualmente. Dicha obligación debe
ser implementada por ley, aunque nada obsta a que los jueces y funcionarios
judiciales hagan públicas voluntariamente sus declaraciones patrimoniales.
Si bien la obligación de presentar declaraciones patrimoniales es comúnmente
establecida por ley, nada impide que los poderes judiciales dicten su propia
normativa en la materia. Haciendo uso de sus facultades administrativas, de
autogobierno o superintendencia, las Cortes Supremas y los Consejos de la Magistratura
–según el caso– pueden establecer obligaciones para los integrantes
del Poder Judicial relacionadas con la publicidad de sus patrimonios.
Argentina: Acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de jueces
a través de la Ley de Ética Pública
En la República Argentina, en el año 1999, se sancionó la Ley de Ética Pública
(Nº 25.188), que regula el ejercicio de la función pública. La posibilidad
de acceder a datos tales como bienes personales es factible en el sistema
argentino mediante el acceso a declaraciones juradas patrimoniales, y a
partir de ello también es posible conocer los ingresos de los funcionarios.
La Ley de Ética Pública es de aplicación a todos los funcionarios del Estado,
pero durante varios años la Corte Suprema consideró que no se aplicaba a
los integrantes del Poder Judicial. En el año 2000, la Corte dictó la Acordada
1/2000, que excluía la aplicación de la Ley de Ética Pública del ámbito del
Poder Judicial de la Nación.
40 Elena, S.; Buruiana, P. y Autheman, V. “Global best practices: Income and asset disclosure requirements for judges. Lessons
learned from Eastern Europe and Latin America”, IFES Rule of Law White Paper Series, 2004.
41 Es importante aclarar que si bien muchas veces existe la obligación de declarar esta información, una parte de la misma no es
de acceso público. Esta excepción se fundamenta en la necesidad de resguardar ciertos datos sensibles, cuya publicación podría
afectar el derecho a la intimidad del declarante, como ser la localización de los inmuebles, números de cuentas bancarias, etc..
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Recién en 2005 –por medio de la resolución 562/05– el Consejo de la Magistratura
decidió aplicar la ley a los miembros del Poder Judicial de la Nación.
Ese mismo año, la Corte Suprema emitió la Acordada 30/05, mediante la
cual se acogió a la resolución del Consejo de la Magistratura. Pese a todo,
el acceso a las declaraciones juradas de los jueces era una tarea extremadamente
difícil, ya que la normativa no se cumplía. Finalmente, en 2007, el
Consejo de la Magistratura reglamentó la Ley de Ética Pública (Resolución
734/07), estableciendo por regla la publicidad de las declaraciones patrimoniales
de los miembros del Poder Judicial.
La normativa vigente dispone que quienes tengan interés en conocer el patrimonio
de los jueces, deben realizar el pedido ante la presidencia del Consejo de la
Magistratura y, sin más trámites, podrán acceder a ellos. La nueva resolución quitó
las trabas existentes, que disponían que la solicitud debía ser considerada por el
titular de la declaración y luego se resolvía la admisión o el rechazo de los pedidos
de consulta en función de las objeciones que dicho titular pudiera oponer.
Ahora se establece que “toda persona […] podrá consultar y obtener copia
del Anexo Público de la Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Presidencia
de Consejo de la Magistratura de la Nación. Las consultas efectuadas
deberán ser respondidas en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles”. Y se agrega que “una vez que el solicitante haya realizado la consulta,
la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación hará saber
al magistrado o funcionario que se dio curso a una solicitud respecto de su
declaración jurada, junto con la identidad del peticionante”.
Además, el Consejo debe elaborar una vez al año el listado de funcionarios
y magistrados obligados a presentar la declaración patrimonial; tiene que
actualizar el listado de quienes hayan presentado su declaración y quienes no;
y debe, también, llevar un registro de las solicitudes de acceso a las declaraciones
recibidas. Por último, se previó un listado de información para las declaraciones
que quedará exento de la publicidad y formará parte de un anexo
reservado, por considerarse “datos sensibles”. Entre ellos, están los apellidos y
nombres del cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados, incluido
su vínculo y ocupación; los apellidos y nombres de los deudores o acreedores,
en la sección referida al detalle de créditos y deudas; el nombre del banco
o entidad financiera en que tuviese depósito de dinero; los números de las
cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y
sus extensiones; las declaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias por
ingresos extra salariales que perciban, o bienes personales no incorporados al
proceso económico; la ubicación detallada de los bienes inmuebles y los datos
de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables.
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5.4. Información sobre reuniones de funcionarios de
alto nivel
Por lo general, los estados de la región no han adoptado medidas a los fines
de garantizar el acceso a la información sobre las reuniones que mantienen
funcionarios de alto nivel. Si examinamos una importante cantidad de leyes
que regulan el acceso a la información, en términos de derecho comparado,
podemos observar que casi la totalidad garantiza el acceso a conocer los datos
y resultados de procesos, pero no mucho más que esto. Es decir, que generalmente
se permite el acceso a las decisiones o a los datos y/o estadísticas que
fundamentan las mismas, pero no es posible conocer el cómo y el por qué de
dichas decisiones: quiénes se reunieron, con qué fin y en qué circunstancias.
Permitir el acceso a la información de los temas tratados en tales reuniones es
un factor fundamental para otorgar transparencia a encuentros cuya relevancia
institucional amerita su conocimiento por parte de la sociedad.
En este sentido, es importante que se encuentre disponible información específica
relativa a la reunión: lugar, fecha y hora, motivo de la misma, participantes
y temas a tratar; así como resulta esencial acceder, posteriormente,
a información sobre los temas discutidos, posiciones defendidas, acuerdos y
conclusiones; información que puede ser de fácil difusión a través de Internet o
de boletines informativos. La obligación de dar a conocer estos aspectos puede
ser establecida mediante una ley del Congreso que aborde temas de transparencia
en todos los poderes del Estado, pero también mediante resoluciones
de las propias Cortes Supremas o Consejos de la Magistratura, a quienes se les
reconoce ampliamente la facultad de dictar este tipo de medidas.
Resulta destacable la inexistencia de regulación de estas prácticas (inclusive
hasta en la esfera del Poder Ejecutivo), y la consiguiente ausencia de información
al respecto. A pesar de ello, se pueden mencionar dos aproximaciones
sobre este tema, en los casos de Argentina y de Perú. En el primero, mediante
la Acordada 7/2004 de la Corte Suprema de Justicia argentina, se dispone
que las audiencias y las reuniones con jueces se realicen siempre en presencia
de las dos partes, de manera que transparenten las gestiones; y por medio
de la Acordada 36/2003 del mismo tribunal, se dispuso que cuando se traten
causas que versen sobre materia de trascendencia institucional, se deberá fijar
y hacer pública la fecha en que el asunto será considerado por el tribunal.
En el caso de Perú, ha habido avances en la publicidad de reuniones oficiales,
como consecuencia de la sanción de la Ley de Transparencia, tanto en la
administración pública como en el ambiente judicial, pero para lograr un real
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acceso a esta información es necesario realizar un contacto con los funcionarios
a cargo del tema42.
5.5. Acceso a estadísticas
Uno de los insumos más importantes para evaluar la labor de un tribunal es
la información estadística correspondiente a su funcionamiento. Dichos datos
permiten analizar su desempeño, identificar logros, detectar problemas y,
eventualmente, diseñar estrategias para solucionar estos últimos. Por ejemplo,
conocer la carga procesal de un tribunal, los tiempos promedio de tramitación
de los casos y la tasa de confirmación de sus sentencias permite evaluar
la congestión de los tribunales y la calidad de sus decisiones. De tal forma, se
torna indispensable contar con cierta información básica acerca del desempeño
judicial, como por ejemplo datos relativos a la cantidad de casos ingresados,
pendientes y terminados durante un período; los tiempos de duración de los
casos; y la cantidad de sentencias por tema.
En ese marco, los poderes judiciales tienen la obligación de generar información
estadística y de ponerla a disposición de la ciudadanía. Ello no sólo contribuye
a mejorar la transparencia de los sistemas de justicia, sino que además da lugar
a la interacción entre los tribunales y la sociedad civil, ya que existen numerosas
instituciones que pueden colaborar en el análisis del desempeño judicial, y
permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento y las limitaciones del trabajo
de los jueces. Asimismo, posibilita contar con información confiable para la
evaluación de dichos sistemas, ayudando a detectar los problemas existentes y
a desarrollar posibles soluciones.
Dichos datos estadísticos resultan también esenciales para el Poder Judicial a
efectos de realizar una adecuada planificación de su trabajo y la inversión de
sus recursos. Las estadísticas judiciales sirven –por ejemplo– para detectar la
distribución geográfica de la variación de la demanda de servicios judiciales, y
así tomar medidas de política pública judicial para hacer frente a los cambios.
Desafortunadamente, no todos los poderes judiciales generan dicha información.
En algunos casos en los que efectivamente se produce, no es utilizada
para los fines descriptos. A la vez, en muchos países se da la situación de que
los tribunales supremos recopilan información, aunque no esté completa o no
abarque a todos los tribunales del país. En países de estructura federal, muchas
supremas cortes provinciales no demuestran interés por este tipo de datos.
42 DPLF, “Comparando transparencia. Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial”, Due Process of Law Foundation,
Washington DC, Estados Unidos, 2007.
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Costa Rica: Informes estadísticos trimestrales. Anuario estadístico
Actualmente, el Poder Judicial de Costa Rica publica en su sitio de Internet
estadísticas referidas al trabajo de la justicia, que posteriormente son compiladas
en un Anuario Estadístico.
Dicha publicación posee la información cuantitativa del movimiento de
trabajo en todas las oficinas judiciales del país y del Ministerio Público, y está
organizada en tres áreas, en las que se analiza lo acontecido en la Instancia
Superior, en el área Penal, y en el área no Penal. Además, realiza un análisis
referido a Indicadores de Gestión Judicial para las diferentes materias, con
el propósito de valorar técnicamente la gestión llevada a cabo en el ámbito
judicial. Entre ellos, analiza:
`` - insumos, dotación y grado de utilización;
`` - litigiosidad y carga de trabajo;
`` - producción y productividad;
`` - duración y dilación;
`` - calidad del servicio.
Simultáneamente, el Poder Judicial emite documentos trimestrales con datos
relevantes para mantener actualizado el nivel de información sobre los movimientos
estadísticos presentes en los despachos judiciales, en espera de la
emisión del Anuario Judicial.
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6. Prácticas sobre acceso a la información
y transparencia vinculadas a funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial
En esta sección analizaremos prácticas referidas al acceso a la información y la
transparencia del Poder Judicial en cuanto a su funcionamiento jurisdiccional.
En tal sentido, se pone el foco de atención en la administración de justicia propiamente
dicha, dejando de lado aspectos relacionados con cuestiones administrativas
o burocráticas, abordando cuestiones como, por ejemplo, la publicidad
de las sentencias; el acceso a los expedientes judiciales en casos de corrupción
de funcionarios públicos; la información sobre el funcionamiento de las Cortes
Supremas; la transparencia en las sesiones de los tribunales; y los mecanismos
para la participación de la sociedad civil.
Dichas prácticas son ilustradas con experiencias en las que se evidencian diferentes
mecanismos para transparentar la actuación judicial y promover la participación
ciudadana. Estas experiencias se valen de mecanismos como canales
de televisión y emisoras radiales que transmiten las sesiones de los tribunales;
audiencias públicas; y mecanismos de participación de la sociedad civil como
observatorios judiciales o Amicus curiae, entre otros.
6.1. Publicidad de las sentencias de los Tribunales
Superiores de Justicia
Como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia trascienden los casos en cuestión y afectan de diversas maneras
aspectos fundamentales de la vida institucional de un país. Por una parte,
los tribunales superiores resuelven en forma cotidiana, por ejemplo, cuestiones
relacionadas con los derechos de los individuos o las obligaciones de Estado. En
tal sentido, sus decisiones tienen una influencia decisiva en regular la forma en
que se hace efectiva la protección de los derechos de los ciudadanos. Por otra
parte, las decisiones de dichos órganos son de vital importancia, en tanto constituyen
guías para el funcionamiento de los tribunales inferiores. De esa forma,
la jurisprudencia de las Cortes Supremas tiene un rol “ordenador” que le aporta
coherencia y predictibilidad al sistema de justicia.
En ese contexto, resulta un requisito indispensable que los superiores tribunales
publiquen sus decisiones, permitiendo así que sean fácilmente accesibles para
la ciudadanía en general, los profesionales del derecho y los tribunales inferio|
39 |
res. Resulta llamativo que aún existan estados donde las supremas cortes nacionales
o provinciales no publiquen sus fallos, y que estos sólo sean conocidos
por las partes del caso. Ello no sólo afecta el principio de publicidad que rige
el funcionamiento democrático de las instituciones, sino que también le resta
legitimidad y eficiencia al desempeño del tribunal, en tanto su labor no llega a
conocimiento de la sociedad y de instancias inferiores del sistema de justicia43.
La publicidad de las sentencias, además, ayuda al control ciudadano sobre la
actuación de los tribunales, principalmente por parte de los medios de comunicación,
las organizaciones de la sociedad civil, académicos y otras personas
interesadas en el trabajo de la justicia44.
México: Publicación de las sentencias en el sitio web
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) establece en su articulado la obligación de publicar las sentencias
del Poder Judicial. La jurisprudencia emitida por las salas y el pleno de
la Corte es publicado en el sitio de Internet3 y en el Semanario Judicial. Esta
información está actualizada y resulta de fácil acceso a través de su Coordinación
de Compilación y Sistematización de Tesis. Sumado a ello, la Suprema
Corte edita CDs y DVDs de distribución pública que contienen un compendio
de los criterios y resoluciones emitidos, organizados por época, además de la
reciente publicación en el sitio de Internet de casos relevantes4.
Por otro lado, tal y como se señaló previamente, un problema en la región es la
falta de una adecuada cobertura de los temas del Poder Judicial, particularmente
las sentencias, por parte de los medios de comunicación. Dada la importancia
de las sentencias del Poder Judicial, y a la luz de la generalizada falta de
confianza de la sociedad en el accionar de la justicia, resulta necesario que los
periodistas las aborden adecuadamente.
Sin embargo, como ya se mencionó, este problema tiene dos raíces bien diferenciadas
pero relacionadas entre sí. Por un lado, los poderes judiciales carecen
de políticas de comunicación y de funcionarios especializados en su relación
con la prensa. Por otro, los medios y la prensa en especial no han realizado
esfuerzos adecuados para cubrir temas que son técnicos. Con frecuencia, perio-
43 La publicación de las sentencias es una obligación que abarca a los jueces de todos los niveles, incluyendo primera y segunda
instancia, cortes superiores y cortes especializadas. Dado que la publicidad de las sentencias en América Latina es muy limitada,
por razones estratégicas este documento pone énfasis en los tribunales de mayor trascendencia (cortes superiores), con la expectativa
de que dicha práctica será posteriormente replicada por los jueces de instancias inferiores.
44 De acuerdo a las reglas del debido proceso y a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la publicidad
de las sentencias, incluso cuando no están firmes, no vulnera el principio de inocencia. En algunos casos puede generar
conflictos en materia del derecho a la intimidad, pero ello puede ser subsanado –en circunstancias excepcionales– limitando la
identificación de las partes del caso, por ejemplo mediante el reemplazo de los nombres por sus respectivas iniciales.
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distas y editores carecen de la capacitación necesaria para explicar de manera
comprensible y sencilla a la sociedad los temas legales que se tratan ante los tribunales.
Aun así, existen experiencias en la región (y fuera de ella) que sugieren
posibles líneas de acción para revertir dicha situación.
Experiencias desarrolladas por la sociedad civil
Argentina: “Fallos de la Corte al Alcance del Ciudadano”
Desde 2006, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) prepara anualmente
un suplemento sobre los fallos más destacados de la Corte Suprema, que
es publicado por más de veinte diarios de circulación nacional y regional,
con una tirada total promedio de 700 mil ejemplares. El objetivo principal
consiste en lograr que los lectores se familiaricen con el funcionamiento del
máximo tribunal y se interioricen acerca del impacto de sus decisiones sobre
los derechos de los ciudadanos. Esta iniciativa –auspiciada por la Asociación
de Entidades de Prensa de Argentina– contiene además un editorial sobre
el desempeño de la Corte Suprema en el último año, infografías sobre los
temas que decide, datos destacados sobre el tribunal, e ilustraciones sobre
cómo votan sus integrantes. Para mayor información, ver <www.adc.org.ar>.
Estados Unidos: Cobertura de casos judiciales
El destacado trabajo de la periodista Linda Greenhouse para el New York
Times es uno de los mejores ejemplos de una cobertura adecuada de la labor
de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente retirada, durante muchos
años Greenhouse elaboró extensas notas periodísticas detallando los aspectos
relevantes y controvertidos de los temas pendientes para ser decididos
por la Corte. Vale destacar que su labor era facilitada por el hecho de que el
máximo tribunal de los EE.UU. anuncia a comienzo del año judicial el listado
de casos que decidirá en ese período, lo que permite un estudio y tratamiento
anticipado de los temas. Sus notas cubrían no sólo las aristas políticas y
constitucionales de los casos, sino también las historias humanas detrás de
cada uno de ellos. Su labor era complementada por una excelente aplicación
de recursos gráficos que contribuían, no sólo a captar la atención del lector,
sino principalmente a explicar de manera sencilla temas tales como las posturas
de cada juez respecto a las discusiones jurídicas e ideológicas detrás de
los casos, o la evolución con el tiempo del pensamiento de la Corte.
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Regional: Justicia y medios de comunicación
La relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es un
fenómeno que en los últimos años ha recibido una creciente atención en
muchos países de América Latina. Las falencias por parte de magistrados
para comunicar sus decisiones, especialmente en casos complejos o de gran
trascendencia pública, se ve agravada por la falta de capacidad de gran parte
del periodismo para cubrir temas judiciales. Esta combinación de carencias
repercute sobre la legitimidad del Poder Judicial y sobre la percepción que la
ciudadanía tiene del sistema de justicia. En Perú, por ejemplo, la Asociación
de Jueces para la Justicia y Democracia y el Consejo de la Prensa Peruana
impulsaron un proyecto tendiente a establecer canales de comunicación
entre el sistema de justicia y el periodismo, que les permitan a los medios de
comunicación comprender cómo opera el Poder Judicial, pero también cómo
abrir espacios desde la judicatura para comprender mejor la labor periodística.
Para más información, ver <www.justiciaviva.org.pe>.
Por su parte, en Argentina se llevaron a cabo iniciativas similares que involucraron
a ONG vinculadas al sector de justicia y al periodismo, y a distintos
poderes judiciales. La Fundación Poder Ciudadano, FORES, CIPPEC y la ADC
han desarrollado individualmente distintas actividades orientadas a mejorar
la relación de los medios de comunicación con el Poder Judicial, tales como
la realización de investigaciones sobre el tema, la confección de manuales
sobre el Poder Judicial para periodistas, y la organización de jornadas de
discusión. Asimismo, en 2007, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
firmó un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de
mejorar el acceso de la ciudadanía a la información de carácter judicial, que
prevé el desarrollo de actividades conjuntas de capacitación, y seminarios de
análisis de la problemática periodística y comunicacional del quehacer de la
justicia. Para mayor información, ver <www.poderciudadano.org>, <www.
foresjusticia.org.ar>, <www.cippec.org>, <www.adc.org.ar> y <www.fopea.
org>.
6.2. Acceso a los expedientes judiciales en casos de
corrupción de funcionarios públicos
Uno de los principales obstáculos para combatir la corrupción en los países de
América Latina es el recurrente fracaso del Poder Judicial para llevar a buen
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término las investigaciones criminales y castigar a los culpables45. Esta situación,
que afecta de manera relativamente uniforme a la región, tiene diversas
causas: ineficiencia crónica de los sistemas de justicia, la interferencia política
en el Poder Judicial, la falta de capacitación para investigar delitos complejos,
la ausencia de liderazgo en los jueces, y la opacidad de los procesos judiciales.
Este último elemento, la falta de transparencia de la actividad judicial, puede
ser mitigado a través de medidas concretas que permitan el acceso al expediente
o investigación judicial.
En la actualidad, la regla es que los jueces no brindan acceso a ONG y periodistas
a las investigaciones por corrupción. Los fundamentos esgrimidos son
diversos y en la práctica obstaculizan seriamente el escrutinio ciudadano de los
casos más importantes de corrupción. Este impedimento debe sopesarse a la
luz de las importantes demoras que experimentan las actuaciones judiciales.
Dichas investigaciones suelen llevarse a cabo con escasa o nula participación de
actores no estatales. En otras palabras, los procesos son liderados por jueces,
fiscales y, en algunos casos, agencias especializadas en materia de corrupción.
Las regulaciones procesales en América Latina suelen prohibir la intervención de
periodistas, ONG y centros académicos, bajo la excusa de la falta de legitimación
(standing) para intervenir en las actuaciones judiciales, pese a la existencia
de un claro interés público relacionado no sólo con el derecho al acceso a la
información sino también con el derecho de los ciudadanos a exigir probidad a
sus funcionarios y representantes.
Esta situación revela la necesidad de poner en marcha mecanismos alternativos
de control impulsados, entre otros, por la sociedad civil. Dichas iniciativas deben
apuntar, por un lado, a obtener acceso a los expedientes judiciales donde se
investiguen delitos de corrupción; y por otro, una vez obtenido el acceso a
los casos, se debe asegurar una intervención continua en las actuaciones a
modo de contralor adicional respecto del progreso de las investigaciones. Vale
resaltar que el involucramiento por parte de ONG y periodistas en las investigaciones
judiciales no debe interferir con las mismas ni suplir el rol de los jueces
y fiscales durante el proceso. Por el contrario, el objetivo de sus intervenciones
es contribuir a generar mayor transparencia y —de manera indirecta— reducir la
discrecionalidad con que se gestionan las investigaciones por hechos ilícitos de
corrupción, ya que en muchos casos las mismas llegan a un estado de parálisis
producto de la inacción de los operadores del sistema de justicia.
45 Pérez Tort, María Julia, “Corrupción judicial en Argentina”, en Transparencia Internacional, Informe Global de la Corrupción
2007. Corrupción en sistemas judiciales, 2007. Ver también ACIJ, “La parálisis de la justicia frente a casos de corrupción”, ACIJ,
Buenos Aires, 2006.
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Argentina: Participación de ONG en casos de corrupción
En los últimos tres lustros la justicia argentina ha recibido cientos de denuncias
por actos de corrupción de funcionarios públicos de distintos gobiernos.
Sin embargo, han sido muy pocas las que terminaron con el dictado de
condenas para los involucrados. Ello ha contribuido a generar en la ciudadanía
una sensación de que existe una solapada impunidad que protege a
quienes se enriquecen en la función pública a costa de los contribuyentes.
En ese contexto, la ineficacia –y en algunos casos, connivencia– del Poder
Judicial para esclarecer dichos delitos ha llevado a la pérdida de confianza de
la ciudadanía en las instituciones judiciales.
Frente al panorama descripto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad
Económica (CIPCE) lanzaron una iniciativa tendiente a lograr el acceso a las
investigaciones judiciales por corrupción de funcionarios del gobierno nacional
en trámite ante la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –donde se concentra alrededor del 80% de las causas de este tipo–. En
primer lugar, realizaron un estudio sobre una muestra de cincuenta causas
de corrupción. Los resultados preliminares fueron alarmantes: el estudio
determinó que el tiempo promedio de duración de las investigaciones por
corrupción es de catorce años, contados desde la fecha en que se radica la
denuncia hasta su conclusión. Más preocupante aún, también se detectó
que sólo unas pocas causas llegaron a la fase final de juicio oral, lo que pone
de relieve la escasa efectividad del sistema de justicia para hacer frente a las
investigaciones de corrupción.
En segundo lugar, ACIJ y CIPCE intentaron obtener acceso a los expedientes
judiciales en los que se investigan delitos de corrupción, ya que uno de los
principales problemas consiste precisamente en que los tribunales deniegan
sistemáticamente el acceso al periodismo y a las ONG a dicha información.
El objetivo de acceder a los expedientes judiciales es doble. Por una parte,
se busca instalar una corriente jurisprudencial que reconozca el referido acceso
para ONG y periodistas. En caso de que dichas prácticas no puedan ser
revertidas mediante simples pedidos a las autoridades judiciales, el recurso
disponible es el litigio estratégico en materia de acceso a la información. Este
debe ser llevado a cabo por ONG y medios de comunicación.
| 44 |
Por otra parte, una vez obtenido el acceso a las causas, se pretende recopilar
y analizar toda la información relevante a efectos de identificar las falencias
estructurales del Poder Judicial y de los organismos de control para llevar
adelante las investigaciones por casos de corrupción. El simple dato de que
las investigaciones duren en promedio catorce años es indicador de que existen
demoras, problemas de capacitación, cuellos de botellas y/u otros problemas
estructurales que impiden que estas progresen satisfactoriamente.
Si bien el proyecto aún está en ejecución, ya ha obtenido algunos logros
promisorios. Recientemente, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal resolvió que debía aceptarse el pedido
de acceso a los expedientes realizado por ACIJ y CIPCE, en virtud de lo dispuesto
por la normativa internacional suscripta por la República Argentina.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone como
regla la publicidad de todo el proceso penal, y las Convenciones de Naciones
Unidas e Interamericana contra la Corrupción, por su parte, estipulan que
debe asegurarse a las organizaciones de la sociedad civil un rol activo en
la lucha contra la corrupción. Este precedente constituye un valioso primer
paso para lograr que ONG y periodistas obtengan un acceso efectivo a la
información en casos de investigaciones por corrupción. Para mayor información,
ver <www.acij.org.ar> y <www.ceppas.org/cipce>.
6.3. Información sobre el funcionamiento de las
Cortes Supremas
Por ser cabeza de los sistemas judiciales nacionales o provinciales, la labor de
las Cortes Supremas de Justicia gravita con mayor peso que la de los tribunales
inferiores. Sus precedentes, por ejemplo, tienen un efecto ordenador sobre la
jurisprudencia de los restantes tribunales y fijan estándares que deben ser respetados
por todas las instancias del sistema judicial. Por dicha razón, las Cortes
Supremas deben ser líderes en la promoción de la transparencia y la participación
ciudadana, fijando pautas para su propia práctica que sean de aplicación
extensiva al resto de los tribunales.
En este contexto, las Cortes Supremas deben dar a conocer información relacionada
con su actividad jurisdiccional. Por tratarse de tribunales colegiados,
por ejemplo, deben poner a disposición del público información relacionada
con la circulación de los expedientes. Vale mencionar que cuando un caso llega
a la Corte, y hasta dictar sentencia, el expediente va pasando por cada uno de
los despachos de los miembros del tribunal para que estos se informen de las
| 45 |
circunstancias del caso y preparen un borrador de su opinión. A través de su
sitio web, la Corte Suprema argentina informa en el despacho de qué juez se
encuentra el caso. De esa forma, se transparenta la circulación de los expedientes
y se evitan demoras injustificadas.
En Costa Rica, la Corte Suprema ha lanzado un programa de transparencia
que incluye la publicación en Internet de las actas de Corte Plena y del Consejo
Superior, al igual que información sobre los procedimientos disciplinarios contra
jueces y funcionarios46. Por su parte, la Suprema Corte de la provincia de Buenos
Aires publica a través de su sistema de consultas en Internet (JUBA) no sólo
las sentencias sino también las resoluciones administrativas y acordadas que se
dictan al cabo de los acuerdos plenarios del tribunal. De igual forma, el sistema
informático de manejo de casos de dicha Corte permite conocer el orden de
votación de los jueces en todos los expedientes y en qué despachos se encuentran
en trámite. Desafortunadamente, esta última información no está disponible
para el acceso público.
6.4. Transparencia en las sesiones de los tribunales
y mecanismos para estimular la participación de la
sociedad civil
Uno de los problemas históricos de los poderes judiciales latinoamericanos ha
sido el aislamiento respecto a las demás fuerzas de la sociedad. Como ya se señaló,
jueces y tribunales suelen operar a puertas cerradas, utilizando procedimientos
muy complejos en términos procesales, y con una comunicación limitada a la
ciudadanía sobre el desarrollo de las investigaciones en curso. Esta mecánica se
torna especialmente preocupante cuando los sistemas de justicia deben enfrentar
desafíos generados por los vaivenes de la dinámica política de la región.
En los últimos años, la justicia latinoamericana ha abordado casos de gran
trascendencia política, económica y social, como graves hechos de corrupción
por parte de funcionarios públicos, la contaminación ambiental, la situación de
las cárceles, violaciones a los derechos humanos, los límites al poder punitivo
del Estado, los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros. El alto
grado de complejidad de dichos casos no facilita el acercamiento entre el Poder
Judicial y la sociedad. En ese contexto, las discusiones preliminares a los fallos
y las distintas aristas relacionadas con los procesos de toma de decisiones –y
46 Gregorio, Carlos (2005) “Acceso a la información judicial; un equilibrio de derechos”, en Caballero Juárez, José Antonio; Gregorio,
Carlos; Popkin, Margaret y Villanueva, Ernesto (eds.), “El acceso a la información judicial en México: Una visión comparada”,
p. 275.
| 46 |
su posterior difusión podrían verse ampliamente favorecidas y enriquecidas
mediante una mayor apertura de las sesiones y participación de la sociedad.
A continuación se enumeran una serie de iniciativas destacadas que ayudan a
ilustrar dicho argumento.
6.4.1. Apertura y difusión de las sesiones de los tribunales
La difusión de los procesos y discusiones que se ventilan ante las cortes es un
factor decisivo en miras al doble desafío de difundir la labor de los tribunales
y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. El uso
de recursos que permitan la difusión del accionar de las cortes, tales como
la grabación de las actuaciones, redunda en beneficio de la transparencia y
legitimidad de los sistemas de justicia. Si bien en algunos casos algunas reglas y
disposiciones respecto a la publicidad de los procesos judiciales son creadas por
ley47, en general son los tribunales superiores los que establecen los estándares
de transparencia y accesibilidad que rigen el accionar de los distintos órganos
de los poderes judiciales.
México: Canal de televisión sobre temas judiciales
En julio de 2006, el Poder Judicial de la Federación Mexicana inauguró las
transmisiones del Canal Judicial, una señal de televisión transmitida por cable
a todo el país. Esta innovadora iniciativa surgió en respuesta a las peticiones
que hicieron diversos sectores de la sociedad en la Consulta Nacional sobre
una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Justicia del Estado Mexicano,
que se realizó durante 2004 y 2005. Los resultados que arrojó dicha
consulta demostraron que el Poder Judicial Federal necesitaba buscar una
mejor manera de transparentar sus decisiones.
La creación del canal fue vista por las autoridades judiciales como una medida
indispensable que busca reflejar, en términos llanos y sencillos, qué es,
qué hace, cómo y para qué hace las cosas el Poder Judicial a través de los
órganos que lo integran. Por tal motivo, se creó el Canal Judicial con el objetivo
de difundir de manera directa y sin intermediarios el quehacer de los
distintos órganos que conforman al Poder Judicial, como la Suprema Corte
de Justicia de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, y contribuir al fortalecimiento y renovación de la cultura
jurídica en el país.
47 México. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública/Ley de Acceso a la Información Pública.
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El Canal Judicial cuenta con una programación diversa, entre la que se destaca
la transmisión de la sesión en vivo del pleno de Ministros de la Suprema
Corte, algunas sesiones del Tribunal Electoral y audiencias relevantes que se
celebran en diversos tribunales inferiores. Asimismo, existen segmentos dedicados
a las facultades de Derecho, y a programas informativos con noticias
y reportajes vinculados al mundo judicial. Entre otras discusiones destacadas,
el Canal Judicial transmitió el debate sobre la constitucionalidad de las leyes
federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT).
Brasil: Señal de radio sobre temas judiciales
En 2004, el Tribunal Supremo Federal creó una señal de radio dedicada
exclusivamente a temas de justicia: Rádio Justiça. Su programación, que puede
ser sintonizada también vía satélite y por Internet, tiene como principal
objetivo el análisis en profundidad de los temas de actualidad relacionados
con la justicia, evitando así el tratamiento superficial que prima en muchos
medios de comunicación. La emisora cuenta con corresponsales en todos los
estados de Brasil y posee un equipo propio de investigadores y periodistas
que elaboran los contenidos.
Para mayor información, ver <www.radiojustica.gov.br/home>.
6.4.2. Publicidad de audiencias orales en juicios de relevancia
pública
Otra práctica destacada se refiere a la publicidad de las audiencias orales en
juicios de alta trascendencia pública.
En este sentido, la prensa cumple un rol fundamental, promoviendo la publicidad
de los procesos judiciales, pues los ciudadanos no suelen acercarse a los
tribunales para presenciar un juicio. De esta forma, el acceso de la prensa a
las salas de audiencias constituye una práctica relevante, a fin de garantizar
el principio de publicidad de estos procesos, que se justifica no sólo desde el
punto de vista de la ciudadanía en general (que puede aprender cómo actúa la
justicia en estos casos, observando al Poder Judicial en acción), sino también en
el interés del imputado (donde prima su interés por un juicio justo) y del mismo
Estado (que da a conocer cómo actúan los órganos estatales ante la presunción
de que alguien ha violado la ley penal).
| 48 |
No obstante, es importante destacar la tensión que en ocasiones puede existir
entre el principio de publicidad y la protección del derecho a la intimidad de las
personas que intervienen en el juicio. Así, podemos encontrarnos ante algunos
casos en los que la publicidad pueda ser razonablemente restringida, atendiendo
a la satisfacción de derechos esenciales. Ello puede ocurrir cuando se trata
de procesos en los que intervengan menores de edad, testigos o denunciantes
protegidos, o cuando el caso esté relacionado con delitos sexuales, entre
otros48. Sin embargo, distintos fallos judiciales muestran que no se admite la
protección del fuero íntimo de personajes notorios en casos donde el interés
general en juego se vincula con las funciones públicas ejercidas por el imputado.
Esta menor protección vuelve libre el registro o difusión de la imagen en
relación con la actividad que hace conocido al personaje notorio. El derecho a
la intimidad de quienes participan voluntariamente en actividades que confieren
notoriedad cede en casos de interés general, en virtud de la libre crítica a los
funcionarios por razón de sus actos de gobierno, que es un aspecto del derecho
a la libertad de expresión de la ciudadanía49.
Perú: Televisación del juicio a Fujimori
El juicio por reiteradas violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción
ocurridos durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori en Perú
fue televisado diariamente. Si bien las salas poseían una capacidad restringida
(menos de cincuenta asientos), la televisación de dichas audiencias garantizó
el cumplimiento de los principios de publicidad dispuestos en el Código
Procesal Penal peruano. Las audiencias por los casos de derechos humanos
(La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos del SIE) fueron transmitidas por completo
por los canales de señal abierta y cerrada. Asimismo, el Poder Judicial
habilitó una segunda habitación que contó con computadoras con conexión
a Internet, teléfono, fax y los medios técnicos suficientes que permitieran
a los canales de televisión y estaciones de radio tener imágenes y audio del
desarrollo de la audiencia, funcionando como una Sala de Prensa.
48 El Art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos limita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al respeto
de “los derechos o la reputación de los demás”. En este sentido, la difusión audiovisual del juicio penal debe tomar en consideración
el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen de quienes participan del proceso, cuestión especialmente sensible
en los casos de delitos sexuales, de minoridad, o cuando se requiera la protección de testigos o denunciantes.
49 En este último sentido, es de especial aplicación la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH en la materia, según la cual las expresiones
relativas a funcionarios públicos, a políticos y a particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público
deben gozar de una protección especial. Esto así porque estas personas decidieron voluntariamente someterse a un examen
más riguroso por parte de la ciudadanía, lo que conlleva el deber de rendir cuentas y recibir críticas (Corte IDH in re Canese, párrafo
103. Conf., asimismo, Herrera Ulloa, párrafos 127 y 128; Palamara Iribarne, párrafo 83).
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Costa Rica: Nuevo Código Procesal Penal
El nuevo Código costarricense representa un modelo de procedimiento
penal de características acusatorias. Las disposiciones aplicables establecen
una regulación, en principio, razonable del derecho de la prensa televisiva a
ingresar al juicio que, además, tiene en cuenta la protección de otros intereses
que pueden entrar en conflicto con la prensa televisiva. El artículo 330
establece el principio de publicidad del juicio como regla en términos tradicionales
y, también, admite la realización total o parcial del juicio a puertas
cerradas en los supuestos enunciados taxativamente: a) cuando se afecte
directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de
los intervinientes; b) cuando se afecte gravemente la seguridad del Estado
o los intereses de la justicia; c) cuando peligre un secreto oficial, particular,
comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; d) cuando esté
previsto en una norma específica; y e) cuando se reciba declaración a una
persona y el tribunal considerara inconveniente la publicidad, particularmente
si se trata de delitos sexuales o declaraciones de menores. Desaparecida
la causa, la normativa prevé expresamente que ingresará nuevamente el
público y quien presida la audiencia relatará de modo breve lo sucedido si
así lo dispone el tribunal.
Lo novedoso es el contenido del artículo siguiente, que regula la relación
entre el principio de publicidad y la presencia de los medios de comunicación
en la sala de audiencias: Art. 331-Participación de los medios de comunicación:
“Para informar al público lo que suceda en la sala de debates, las
empresas de radiodifusión, televisión o prensa podrán instalar en la sala de
debates aparatos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros.
El tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas
facultades. Podrá, sin embargo, por resolución fundada, prohibir esta instalación
cuando perjudique el desarrollo del debate o afecte alguno de los
intereses señalados en el artículo anterior”.
Si el imputado, la víctima o alguna persona que deba rendir declaración
solicitan expresamente que aquellas empresas no graben ni su voz ni su
imagen, el tribunal hará respetar sus derechos.
6.4.3. Audiencias públicas
Las audiencias públicas constituyen una herramienta o instancia privilegiada
para que las partes y los jueces interactúen con el fin de definir los contornos
e interrogantes del caso en cuestión, para delimitar con claridad el objeto del
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caso pendiente de resolución y discutir las aristas más relevantes, y para descubrir
nuevas perspectivas desde las que el caso puede ser analizado. Al mismo
tiempo, la importancia de las audiencias se extiende más allá de las partes del
caso, beneficiando a la comunidad en general. Ellas contribuyen a iluminar a la
sociedad sobre la aplicación en casos concretos de los generalmente indeterminados
principios constitucionales. De esta manera, la celebración de audiencias
puede ayudar a ofrecer a la comunidad una suerte de lección cívica sobre el
proceso continuo de interpretación de la Constitución en casos concretos y sobre
la importancia que ello tiene para la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto
puede ser un modo de acercar los superiores tribunales a la sociedad, haciendo
que esta conozca y comprenda su accionar.
Dada la gran cantidad de casos en trámite ante los superiores tribunales, no
se espera que se realicen audiencias para cada uno de ellos. Más bien, resulta
conveniente utilizarlas en un grupo reducido de casos seleccionados estratégicamente
en función de la importancia o trascendencia de la cuestión jurídica
sometida a debate. En muchos países son una práctica habitual (como por
ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e India).
La utilización de audiencias públicas en casos de gran relevancia institucional
México
Entre abril y julio de 2008, la Suprema Corte de Justicia de México llevó a
cabo una serie de seis audiencias públicas en el marco de un caso donde se
discutía la constitucionalidad del aborto. En un proceso que desató grandes
debates en la sociedad mexicana, la Corte analizó las reformas efectuadas
en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permiten el
libre acceso al aborto bajo simple solicitud de las mujeres de la Ciudad de
México durante los primeros tres meses del embarazo. Las audiencias se
realizaron para escuchar las posturas de los grupos a favor y en contra de
la ley. Tanto las audiencias como las sesiones del tribunal fueron grabadas y
se encuentran disponibles –no sólo en formato de video sino también como
transcripciones y reseñas– en un sitio de Internet especialmente creado por
la Suprema Corte para permitir un adecuado seguimiento del caso por parte
de la ciudadanía. Mediante dicho mecanismo, el tribunal informó adecuadamente
a la sociedad acerca del desarrollo del proceso a seguir para resolver
la constitucionalidad de un tema sensible.
(ver <http://informa.scjn.gob.mx>)
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Argentina
A partir de la denuncia de un grupo de vecinos afectados por la grave contaminación
de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia
de Argentina decidió intervenir en el conflicto que afecta la vida y salud de
más de cuatro millones de habitantes. Dadas la dimensión y complejidad del
caso –son tres los gobiernos involucrados en su solución y abarca la población
de los dos distritos más poblados del país–, el tribunal recurrió a las
audiencias públicas para requerir información a los distintos actores, escuchar
a los damnificados y analizar posibles soluciones. Entre 2006 y 2008,
se celebraron una serie de encuentros en los que, por ejemplo, se ordenó
la elaboración de programas de educación e información pública sobre
el tema y se exigieron estudios sobre el impacto ambiental que producen
todas las empresas instaladas en el área afectada. Asimismo, se solicitó a
las 44 empresas denunciadas que detallen qué sustancias arrojan en el río,
si tienen sistemas para su tratamiento y si están aseguradas para garantizar
la reparación de posibles daños. En todos los casos, el público y los medios
de comunicación colmaron el salón de audiencias del tribunal. Finalmente,
la Corte dictó sentencia en julio de 2008, ordenando una extensa serie de
medidas exhaustivas para reparar y prevenir el daño ambiental.
6.4.4. Amicus curiae
Existen diversos mecanismos que brindan la oportunidad a la ciudadanía para
aportar su visión sobre un problema en debate y su posible solución jurídica.
Uno de ellos es el Amicus curiae (conocido también como amigos del tribunal
o third party presentations), que consiste en la presentación de un documento
por parte de un tercero experto ajeno a las partes, que aporta al juez una
perspectiva adicional sobre la cuestión debatida en el caso. Esta ampliación de
los argumentos jurídicos debatidos en el proceso es un mecanismo de participación
ciudadana que vuelve la búsqueda de la justicia una actividad colectiva, no
circunscripta a la decisión del juez y a los argumentos de las partes. Además, la
oportunidad de agregar estas presentaciones al expediente opera como mecanismo
de control sobre el propio tribunal, que no podrá pasar por alto –sin dar
explicaciones apropiadas– los argumentos que le fueron acercados por actores
de la comunidad, individuos u organizaciones no gubernamentales de reconocido
prestigio y conocimiento en la materia de que se trate.
Esta práctica tiene un doble impacto positivo. Por un lado, genera un espacio
evidente para la participación ciudadana (sea a través de ONG, asociaciones
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profesionales o instituciones académicas). Por otro, la apertura de las discusiones
jurídicas –que usualmente transcurrían dentro de los tribunales, a puertas
cerradas– para la presentación de argumentos “externos” contribuye de manera
decisiva a incrementar la transparencia de la labor judicial.
La regulación del Amicus curiae puede realizarse por dos vías. Por un lado, las
propias cortes pueden definir y poner en marcha dichos mecanismos mediante
acordadas o resoluciones administrativas. Este es el caso, por ejemplo, de la
Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por otro lado, la utilización del Amicus
puede llevarse a cabo mediante la sanción de un marco legal adecuado por
parte de la Legislatura. Algunos sostienen que esta es la vía más idónea, ya que
el uso de dichas herramientas no implica otra cosa que la definición de reglas
de procedimiento ante un tribunal, función que tradicionalmente compete a los
poderes legislativos.
Argentina: El uso del Amicus Curiae por la Corte Suprema de Justicia
Este mecanismo, que existe también en algunos tribunales superiores de
diferentes provincias de Argentina –como por ejemplo el Tribunal Superior
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 22, Ley 402)–, fue receptado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2004. Justificando
su aplicación en normas nacionales e internacionales, la Corte destacó que
“considera apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y en
que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de
interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal
a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia
sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución
final del caso” (Acordada 28/2004). Dado el gran cúmulo de causas
que, por lo general, tramitan ante los superiores tribunales provinciales, cabe
resaltar que la utilización de los Amici no se recomienda para todos los casos
en trámite, sino sólo para aquellos que traten cuestiones trascendentes por
sus implicancias jurídicas, sociales, económicas o políticas. La publicidad y
transparencia en el funcionamiento de los tribunales es un requisito fundamental
para la efectividad de la figura del Amicus curiae. La Corte federal
argentina, por ejemplo, publica desde 2006 en su sitio de Internet las causas
que –por su trascendencia constitucional– son susceptibles de una presentación
de “amigos del tribunal”. Este sistema es de muy sencilla implementación.
En este caso fue dispuesto por medio de una acordada (una regulación
administrativa dictada por la propia Corte), aunque vale destacar que en
otros casos, como en la provincia argentina de Río Negro, han sido implementados
mediante una ley de la Legislatura local.
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6.4.5. Iniciativas de la sociedad civil para el monitoreo del Poder
Judicial
La transición a la democracia que experimentaron los países de América Latina
a partir de la década del ochenta trajo consigo la aparición de numerosas organizaciones
de la sociedad civil. Estos actores desempeñaron roles destacados
en la transición hacia regímenes democráticos, realizando un valioso aporte en
la defensa de los derechos humanos, la promoción del Estado de Derecho y la
construcción de un Estado responsable y sujeto a las reglas constitucionales. En
dichos procesos, los sistemas de justicia cobraron una especial jerarquía debido
a los múltiples desafíos que les correspondían, tales como enjuiciar las violaciones
a los derechos humanos, controlar la corrupción pública, y, en general,
sentar las bases para un Estado de Derecho eficaz y sostenible.
En dicho contexto, las organizaciones de la sociedad civil se mostraron cada
vez más interesadas por el funcionamiento de las cortes, por su relación con los
procesos políticos y por la necesidad de construir poderes judiciales capaces de
hacer respetar las reglas de juego de las nacientes democracias50. Gradualmente,
las ONG se convirtieron en actores destacados, que no sólo monitorean,
evalúan y escrutan el desempeño del Poder Judicial sino que también contribuyen
significativamente con propuestas de reforma y modernización tendientes
a mejorar, entre otros aspectos, su transparencia, efectividad y accesibilidad.
Los observatorios judiciales y las veedurías ciudadanas son sólo algunas de
las numerosas iniciativas impulsadas desde la sociedad civil para el monitoreo
del funcionamiento de los sistemas de justicia de la región51. La existencia de
proyectos de largo plazo abocados al seguimiento del Poder Judicial tiene el
doble rol de establecer una suerte de “control” constante sobre su desempeño
y de generar información específica sobre el mismo. Por ejemplo, el monitoreo
de una corte suprema no sólo permite evaluar el desempeño del tribunal sino
también conocer sus decisiones. Este tipo de proyectos pueden llevarse a cabo
en relación con el Poder Judicial en general, con un tipo de justicia especial
(civil, penal, de familia, etc.), o un tribunal u órgano jurisdiccional en particular
(por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia o la Defensoría).
El accionar colectivo es una estrategia efectiva, ya que la intervención coordinada
maximiza el potencial de los distintos actores individuales. Esta modalidad
de acción genera oportunidades para aunar esfuerzos entre diversas organizaciones
(tales como universidades, ONG, asociaciones profesionales y medios de
50 McClymont, Mary y Golub, Stephen, “Caminando hacia la justicia”, Fundación Ford, Santiago de Chile, 2001.
51 En materia de observatorios judiciales, ver Marinero, José, “Observatorios judiciales en América Latina: temas esenciales y mejores
prácticas”, Aportes, DPLF, Año 7, Nº 2, agosto de 2008.
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comunicación), construyendo alianzas de trabajo duraderas e intersectoriales.
Muchas de estas modalidades de intervención constituyen verdaderas auditorías
sociales. Estos son procesos por los cuales los ciudadanos inciden en la administración
pública, con la finalidad de lograr una provisión de los servicios de
manera más eficiente y satisfactoria a sus demandas52. En este caso, el objetivo
perseguido es mejorar la calidad del servicio de administración de justicia. Los
elementos fundamentales de estas iniciativas son la participación ciudadana; la
generación de información específica; y la rendición de cuentas y transparencia
por parte de la institución auditada.
Perú: Consorcios institucionales
El Instituto de Defensa Legal y la Facultad y Departamento Académico de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú sumaron esfuerzos
para la creación del Consorcio Justicia Viva, un emprendimiento dirigido
a monitorear la situación del Poder Judicial y a procurar las condiciones y
procesos necesarios para lograr una refundación de la justicia en el país andino.
El Consorcio realiza un seguimiento exhaustivo del funcionamiento de
todas las instancias del Poder Judicial, combinando acciones de investigación
propias de instituciones académicas con propuestas de reformas políticas e
institucionales. Asimismo, cuenta con un sitio en Internet que contiene una
extensa cantidad de publicaciones y documentos de análisis del sistema de
justicia. Para mayor información, ver <www.justiciaviva.org.pe>.
Observatorios judiciales
En la actualidad, los observatorios judiciales son una herramienta diseñada
y utilizada por la sociedad civil para la fiscalización de los poderes judiciales
de la región. Operan bajo distintos formatos y su composición es heterogénea:
existen observatorios creados por asociaciones civiles, universidades,
y centros de investigación, o por alguna forma de coalición entre estos.
También difieren en cuanto a sus objetivos, ya que algunos tienen por meta
la fiscalización de todas las actividades del Poder Judicial, mientras que otros
sólo cubren un órgano judicial determinado. Su cobertura temática también
varía, dado que pueden concentrarse en un área concreta –como por ejemplo,
justicia de familia– o bien abarcar todas las especialidades del derecho.
52 Acuña-Alfaro, Jairo y González de Asís, María, “Gobernabilidad y auditorías sociales en América Latina: retos para la implementación
y replicabilidad”, Instituto del Banco Mundial. Disponible en <http://info.worldbank.org/etools/docs/library/109646/curso_
lac/curso_lac/Documents/GobernabilidadyAuditoriaFINAL.pdf>.
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A continuación se presentan de manera sucinta algunas iniciativas de la
región:
`` - Observatorio de Justicia Constitucional (Colombia): promueve el
conocimiento de los derechos constitucionales y el contenido de las
sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Sitio web: <www.defensoria.org.
co>.
`` - Observatorio del Sistema Judicial (Uruguay): orientado a temas de
justicia de niñez y adolescencia. Sitio web: <http://observatoriojudicial.
blogspot.com>.
`` - Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad (Nicaragua):
monitorea, entre otras áreas, el sistema de administración de
justicia. Sitio web: <www.observatorionacional.org.ni>.
`` - Comisión Andina de Juristas (Región Andina): abocada a contribuir
en la defensa de la democracia y los derechos humanos en los países
andinos. Sitio web: <www.cajpe.org.pe>.
Perú: Auditoría Social al Poder Judicial
Desde 2005, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) impulsa un proyecto
de Auditoría Social en las nueve principales Cortes Superiores de Justicia
de Perú, con el objeto de fortalecer la independencia judicial y mejorar la
legitimidad de los órganos encargados de la administración de justicia. Este
proyecto promueve un sistema de justicia abierto y transparente, que incorpore
a los ciudadanos en sus actividades y especialmente en los procesos
de evaluación de las decisiones judiciales. Además, espera generar un flujo
de información consistente y persistente desde el Poder Judicial hacia la
ciudadanía.
El proyecto se implementó mediante la creación de Comités de Auditoría
Social al Sistema de Justicia (CASSJ), operados principalmente por estudiantes
universitarios con el apoyo logístico y de infraestructura de universidades
públicas y privadas. Los CASSJ fueron capacitados para tomar contacto con
jueces dispuestos a ser auditados por la sociedad civil (conocidos como “jueces
transparentes”), quienes de manera voluntaria aceptaron hacer pública
información tanto personal como relacionada con su producción jurisdiccional.
Actualmente, el proyecto cuenta con la adhesión de aproximadamente
65 jueces de distintos niveles (primera instancia, apelación y corte superior).
| 56 |
Entre los principales productos del proyecto se destacan la elaboración de
un banco de datos conteniendo información sobre los antecedentes de los
magistrados que adhirieron a la iniciativa; la publicación en Internet de todas
las copias de resoluciones y sentencias dictadas por los magistrados; y la generación
de foros de discusión sobre los temas más importantes del sistema
de justicia.
Para mayor información, ver <www.auditoriajudicial.org.pe>.
| 57 |
7. Conclusiones
El derecho a la información pública es un derecho fundamental cuyo cumplimiento
y garantía recaen en manos del Estado. El Poder Judicial –como poder
público– no sólo está obligado a difundir la información que genera como
consecuencia de su funcionamiento cotidiano, sino que además juega un papel
destacado en el cumplimiento efectivo de dicho derecho. En tal sentido, los jueces
deben respetar los mismos estándares en materia de acceso a la información
que el resto de las agencias estatales. Si bien ha habido cierta resistencia o
falta de interés por parte de las instituciones judiciales a aceptar dichos estándares,
existe un extendido consenso en torno a que se les aplican las mismas
exigencias que a la administración pública, y por ende tienen la obligación de
brindar acceso a la información generada tanto en relación a su funcionamiento
administrativo como a sus funciones jurisdiccionales. Algo similar ocurre en
materia de transparencia, puesto que el Poder Judicial debe cumplir con las
mismas exigencias que otras dependencias estatales. Un claro ejemplo de esto
es la obligación de los jueces de presentar declaraciones patrimoniales, o la
exigencia de dar a conocer información estadística atinente a su funcionamiento
jurisdiccional.
Pese a las citadas resistencias, cabe reconocer que algunos Poderes Judiciales
de la región han adoptado medidas que contribuyeron –con distintos niveles de
profundidad y éxito– a mejorar su relación con la ciudadanía, en algunos casos
sobrepasando con sus logros a los otros poderes del Estado. La implementación
de mecanismos que permiten la participación de la sociedad en distintas instancias
del sistema de justicia no sólo genera oportunidades para el escrutinio
social de la labor judicial, sino que alienta una interacción positiva que enriquece
la función jurisdiccional de los tribunales. Por ejemplo, la utilización de los
Amici curiae y la realización de audiencias públicas para el tratamiento de casos
de gran trascendencia institucional no sólo permiten que organizaciones de la
sociedad civil participen del proceso de toma de decisiones, enriqueciendo el
debate con sus opiniones, sino que también hacen extensiva a toda la sociedad
la repercusión de las cuestiones debatidas. Sin embargo, debemos resaltar que
la implementación de reformas de transparencia con frecuencia ha estado acotada
a experiencias piloto o a iniciativas limitadas a ciertos órganos del aparato
judicial.
Respecto a la economía política de los procesos de reforma, resulta importante
destacar que la justificación de los cambios no siempre tiene que ser norma|
58 |
tiva. En otras palabras, si bien existen normas constitucionales y del derecho
internacional –al igual que jurisprudencia de tribunales internacionales– que
establecen de manera manifiesta la obligación del Poder Judicial de respetar
estándares de transparencia, imperan también razones de índole eminentemente
práctica para convencer a los líderes judiciales de la importancia de impulsar
dichas reformas, tales como la falta de confianza ciudadana en el Poder
Judicial, la baja credibilidad de los jueces, y la centralidad de las instituciones
judiciales para la gobernabilidad y la consolidación democrática. Vale decir que
herramientas como el acceso a la información y las reformas de transparencia
pueden contribuir a revertir la preocupante situación de los poderes judiciales
latinoamericanos en cuanto a su relación con la ciudadanía.
7.1. El estado de las reformas
Esta investigación comenzó con la premisa de identificar buenas prácticas o
experiencias positivas de la región. En las secciones anteriores se describieron
iniciativas de toda la región que resultan promisorias. En tal sentido, un primer
hallazgo es que ya existe una serie de prácticas valiosas y potencialmente replicables,
por lo cual no es necesario empezar de cero. Asimismo, muchas de las
experiencias identificadas son sumamente sofisticadas, revelando no sólo ideas
meticulosamente trabajadas sino también una incipiente voluntad por parte de
las autoridades judiciales de dar los primeros pasos para mejorar la transparencia
y el acceso a la información en los sistemas de justicia.
No fue objeto de este trabajo, sin embargo, documentar de manera minuciosa
todo el gran déficit que aún existe en América Latina en materia de reformas
de transparencia. Por el contrario, se procedió deliberadamente a concentrar la
atención en los logros, las buenas prácticas y las oportunidades para impulsar
transformaciones tanto en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial como
en la concepción de las obligaciones que este tiene en materia de transparencia
y acceso a la información.
En tal sentido, el enfoque exclusivo en prácticas destacadas de la región probablemente
le haya dado a esta investigación un tono demasiado optimista respecto
del impacto de las citadas reformas. Lo cierto es que, pese a los logros, la
revisión del estado de las reformas en América Latina, tal como lo sugieren las
experiencias identificadas en las secciones precedentes, indica que aún existen
importantes desafíos pendientes. Si bien algunos Poderes Judiciales demuestran
haber intentado adoptar políticas de transparencia y acceso a la información,
otros en cambio sólo han realizado unas pocas reformas aisladas. Precisamente,
| 59 |
un déficit notorio es la frecuente ausencia de una política integral, implementada
de acuerdo a una estrategia de reforma, bajo el liderazgo de los tribunales
superiores, que tenga en cuenta la economía política de los cambios, los costos
y beneficios, y el impacto sobre la labor del Poder Judicial.
Desafortunadamente, en algunos países existe una ausencia total de iniciativas
de transparencia y/o acceso a la información. Sin embargo, esto no es una
falencia exclusiva del Poder Judicial, sino que suele afectar al Estado en general.
Ello podría sugerir que las instituciones del sistema de justicia no se encuentran
completamente aisladas de los procesos de reforma que transcurren en
las restantes órbitas del Estado. En cualquier caso, aún persisten brechas de
información relacionadas con la identificación de los obstáculos y barreras para
la implementación de reformas de transparencia en la región.
Por otra parte, debe destacarse que —tal como ilustran los casos descriptos en
esta investigación— en aquellos países donde efectivamente se implementaron
reformas, el impacto ha sido positivo. Sin embargo, no debe sobrevaluarse
el potencial de las mismas para revertir situaciones de falta de transparencia
generadas por culturas profundamente arraigadas en las instituciones judiciales
desde hace décadas. Las reformas de transparencia deben ser parte de un proceso
integral de cambio en la gestión de los sistemas de justicia, en la conducta
de los jueces y en la relación del poder judicial con la sociedad.
7.2. Oportunidades
Los organismos internacionales y las agencias de cooperación aún tienen por
delante un territorio fértil para la promoción de reformas de transparencia en el
Poder Judicial. Sin embargo, pese a que el desafío es grande, el enfoque no será
totalmente nuevo. Muchos de los temas analizados en este documento ya han
sido abordados –por ejemplo, por el BID y el Banco Mundial- en algunos de sus
proyectos de reforma judicial en la región. Las iniciativas relacionadas con reformas
de gestión, por ejemplo, han promovido la adopción de sistemas de información
para permitir el monitoreo del desempeño de los tribunales. Sin información
estadística sólida y confiable no es posible evaluar los problemas de gestión ni
identificar los insumos y estrategias necesarias para solucionarlos. Vale decir que
ya existe un valioso universo de conocimiento y capacidad desarrollado por los
organismos internacionales que puede ser reutilizado para promover reformas
desde la óptica de la transparencia y así potenciar la sinergia con las de gestión53.
53 Ver por ejemplo “Gestión Judicial y Administración de Tribunales”, Sistemas Judiciales Año 3, Número 5. CEJA-INECIP, Buenos
Aires; Angell y Faundez (2005); Biebesheimer y Payne (2001); y Dakolias (1996).
| 60 |
Uno de los primeros hallazgos de esta investigación es la ausencia de información
sistematizada a nivel regional e internacional sobre estándares de acceso a
la información pública y transparencia para el Poder Judicial. Asimismo, tampoco
existen esfuerzos orientados a evaluar a los sistemas de justicia en función
del mayor o menor cumplimiento con dichos estándares. En tal sentido, una
vez definidos parámetros e indicadores objetivos, podrían realizarse estudios
regionales con el objetivo de generar un “estado de situación” o ranking de
Poderes Judiciales, que identificara aquellos que han introducido mayores reformas
y que cumplen con las “buenas prácticas” en la materia.
Por otra parte, la ausencia de información sobre este tema se ve agravada
por la escasa documentación de algunas de las experiencias descriptas en este
informe. Poco se sabe, por ejemplo, sobre el impacto del uso de medios de
comunicación para difundir la labor del Poder Judicial (tal como en los casos
de México y Brasil), o sobre el resultado de la implementación de audiencias
públicas para resolver casos de gran trascendencia institucional (Argentina). En
la misma línea, algunos temas ameritan mayores esfuerzos de investigación,
como por ejemplo la problemática de la relación entre la justicia, la prensa, los
medios de comunicación y la ciudadanía.
Asimismo, existe un déficit en cuanto a material de difusión, del estilo manuales,
toolkits o handbooks, que documenten reformas exitosas –especialmente
en lo referido a su implementación– para poder luego ser replicadas en otros
países. Vale destacar que muchas de las prácticas identificadas en este informe
no habían sido descriptas anteriormente, con lo cual se pierde el efecto multiplicador
de los esfuerzos realizados por los poderes judiciales que las implementaron.
Aquí existe un espacio importante para la sinergia de esfuerzos entre
donantes y organizaciones no gubernamentales de la región.
Es preciso mencionar que algunas de las buenas prácticas en materia de transparencia
y acceso a la información no son aplicadas aún por tribunales internacionales
respecto de su propio funcionamiento. Algunos de los problemas de
opacidad descriptos en secciones anteriores afectan también a cortes regionales
o internacionales. Por ejemplo, los procesos de designación de jueces de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos son poco transparentes, involucran
negociaciones políticas complejas, y carecen de instancias formales para la
participación de las organizaciones de la sociedad civil de la región. Por ende,
sería sumamente importante poder realizar un estudio comprehensivo sobre los
desafíos y oportunidades para la promoción de reformas de transparencia en
los distintos tribunales internacionales.
| 61 |
En materia de oportunidades, resulta notorio que muchos países de la región
aun carecen de leyes de acceso a información, tal como el caso de Argentina.
Incluso, en aquellos países donde se han aprobado marcos legales en la materia,
no es frecuente que dichas regulaciones se apliquen al poder judicial. En
principio, sería deseable que todos los países cuenten con marcos legales -sancionados
por el Congreso54- que reconozcan y garanticen el derecho al acceso a
información pública en todos los niveles y poderes del Estado, abarcando desde
municipios a gobernaciones, pero también a los poderes legislativo y judicial. En
tal sentido, aun restan grandes esfuerzos de difusión y concientización destinados
a instalar el tema en la agenda pública de los países en pos de lograr el
reconocimiento legal y las regulaciones específicas necesarias para asegurar el
pleno acceso a la información pública.
Asimismo, los citados marcos legales deben incluir al Poder Judicial dentro de
los sujetos obligados a brindar información. Una vez más, aquí se debe procurar
un balance apropiado entre el respeto a la independencia del sistema de justicia
y su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía (‘accountability’). Como
mínimo, las leyes de acceso a información pública deben asegurar la accesibilidad
de los datos relacionados con aspectos administrativos del funcionamiento
de las instituciones judiciales: presupuestos, gestión financiera, compras y
contrataciones, nóminas de empleados, etc. Resta analizar qué debería hacerse
con respecto a la información relacionada con el funcionamiento jurisdiccional
del Poder Judicial (publicidad de las sentencias y otras decisiones; acceso a
los expedientes; publicidad de los procesos dentro de las cortes, entre otros).
Esta es una cuestión sensible que ha generado debates entre especialistas. Sin
embargo, la situación en que se encuentran los sistemas políticos de América
Latina nos ofrece un escenario complicado. A la luz de la situación de los poderes
judiciales de la región, de los problemas de transparencia descriptos en este
informe, y a la falta de credibilidad de la ciudadanía en sus jueces y tribunales,
es preciso que las leyes de acceso a información impongan criterios exigentes
que resulten en políticas eficaces para asegurar un amplio reconocimiento del
derecho al acceso de la ciudadanía a la información generada por los sistemas
de justicia, incluyendo aquella producto de la actividad jurisdiccional de los
mismos.
54 En algunos países se han creado mecanismos que reconocen el derecho al acceso a información pública por medio de decretos
presidenciales o instrumentos similares. Si bien estos son avances importantes, su impacto es limitado ya que no se implementaron
por ley del Congreso, asegurando así un alcance y aplicación mayor.
| 62 |
8. Cuadro/resumen
Categorías Herramientas Experiencias
Acceso a la
información
y transparencia,
vinculados
al funcionamiento
interno /
Cuestiones
administrativas
del Poder
Judicial
Información sobre
el manejo de fondos
públicos
- Información sobre
compras y contrataciones
accesible en Internet.
- Acceso a los pliegos de
compras y contrataciones
en Internet.
- Acceso a información
presupuestaria.
Chile: Ley de compras
públicas.
Guatemala:
Información de los
procesos de contrataciones.
México: Información
presupuestaria
en Internet.
Información sobre
designación de jueces
y funcionarios
- Participación de la
sociedad civil en los mecanismos
de selección de
magistrados.
- Publicidad de las
distintas etapas de los
mecanismos de selección
y remoción.
- Amplia difusión del
listado de interesados y
sus antecedentes.
Argentina: Transparencia
y participación
en los mecanismos
de designación
de jueces.
Colombia: Participación
en la elección
de magistrados de
la Corte Constitucional
Información sobre
declaraciones juradas
patrimoniales
-Acceso a declaraciones
juradas de bienes.
Argentina: Ley de
Ética pública.
Información sobre
reuniones de funcionarios
de alto
nivel
------------ ------------
Acceso a estadísticas
-Información estadística
en Internet y en publicaciones
oficiales (anuarios
estadísticos, etc.).
-Información sobre cantidad
de casos ingresados,
pendientes y terminados
durante un período;
tiempos de duración;
cantidad de sentencias
por tema; presupuesto
y costos; cantidad de
personal; etc.
Costa Rica: Estadísticas
sobre el trabajo
de la justicia.
Anuario estadístico.
| 63 |
Prácticas
sobre acceso
a la información
y transparencia
vinculados
a funciones
jurisdiccionales
del Poder
Judicial
Publicidad de las
sentencias de los
Tribunales Superiores
de Justicia
- Sentencias disponibles
en el portal de Internet
del Poder Judicial.
- Difusión del trabajo de
los Tribunales Superiores
en medios de comunicación.
México: Publicación
de sentencias en el
sitio web.
Argentina: “Fallos
de la Corte al alcance
del ciudadano”.
Estados Unidos:
Cobertura de casos
judiciales.
Regional: Justicia y
medios de comunicación.
Acceso a expedientes
en casos de
corrupción de funcionarios
públicos
-Consulta de expedientes
judiciales.
Argentina: Participación
de ONG en
casos de corrupción.
Información sobre
el funcionamiento
interno de las Cortes
Supremas
- Información sobre la circulación
de expedientes
dentro de las cortes.
- Información sobre procedimientos
disciplinarios
contra jueces.
Costa Rica: Publicación
de las actas de
la Corte Plena y del
Consejo Superior, e
información sobre
los procedimientos
disciplinarios contra
jueces.
Transparencia en
las sesiones de los
tribunales y mecanismos
para estimular
la participación
de la sociedad civil
- Regulación del Amicus
Curiae.
- Establecimiento de
audiencias para el
tratamiento de casos de
trascendencia.
- Difusión de las sesiones
de los tribunales.
- Creación de observatorios
judiciales.
-Publicidad de audiencias
orales en juicios de relevancia
pública.
Argentina: El uso
de Amici curiae por
la Corte Suprema
argentina.
México: Utilización
de audiencias públicas
en casos de
relevancia institucional.
México: Canal de
televisión sobre
temas judiciales.
Brasil: Radio sobre
temas judiciales.
Colombia: Observatorio
de justicia
constitucional.
Perú: Televisación
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