Tendencias y desafíos para

América Latina y el Caribe

Catalogación en la fuente proporcionada por la

Biblioteca Felipe Herrera del

Banco Interamericano de Desarrollo

Gobierno abierto y transparencia focalizada : tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe / Nicolás

Dassen, Juan Cruz Vieyra, editores.

p. cm.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Transparency in government—Latin America. 2. Public Administration—Latin America. 3. Civil Society—

Latin America. I. Dassen, Nicolás. II. Vieyra, Juan Cruz. III. Banco Interamericano de Desarrollo. División

de Capacidad Institucional del Estado.

JF1525.A26 G63 2012

IDB-MG-137

Código de publicación: IDB-MG-137

Edición: Claudia M. Pasquetti

Diseño: Claudia Saidon - Graphic Ideas Inc.

© Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. Todos los derechos reservados; este documento puede reproducirse

libremente para fines no comerciales. Se prohíbe el uso comercial no autorizado de los documentos

del Banco, y tal podría castigarse de conformidad con las políticas del Banco y/o las legislaciones aplicables.

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

www.iadb.org

Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan

el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que

representa.

iii

ÍNDICE

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe

Hallazgos principales v

Prefacio vii

Luis Alberto Moreno

Introducción ix

Carlos Santiso y Harald Tollan

Agradecimientos xi

Acerca de los editores xiii

Acerca de los colaboradores xv

PARTE I 1

Capítulo 1 03

La transparencia como herramienta de política pública

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Capítulo 2 41

Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y

modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

PARTE II 73

Capítulo 3 75

Transferencias transparentes: la asignación de subsidios en gas

transporte y agroalimentos en Argentina

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

Capítulo 4 93

Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil:

el rol del Observatorio del Gasto Público

Thiago Alvim Camargo y Amon Narciso de Barros

iv Banco Interamericano de Desarrollo

ÍNDICE

Capítulo 5 107

Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas

en Ecuador: la experiencia del proyecto “Extrayendo transparencia”

Orazio J. Bellettini Cedeño

Capítulo 6 129

Uso de la información e integridad del sistema financiero: reflexiones

a partir de un proyecto para prevenir el lavado de activos en Guatemala

Roberto de Michele

Capítulo 7 147

Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso

a la vivienda en Colombia: el caso del Programa TACS

Marcela Restrepo Hung

Capítulo 8 165

Transparencia y control de la obra pública en Chile

Sonia Tschorne Berestesky

PARTE III 183

Reflexiones finales 185

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

Gobiernos abiertos y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe

v

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La transparencia es una herramienta clave de política pública para promover una

mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos, y mejorar la

calidad de los servicios que brinda el Estado.

• En el espectro de modelos de intervención posibles, las políticas de transparencia

focalizada tienen como característica fundamental el uso de la divulgación de información

para alcanzar un propósito de política pública en particular, por ejemplo la

mejoría en la entrega de un servicio público, como la salud, el transporte o la educación,

entre otros.

• En los países de América Latina y el Caribe (ALC) las políticas de transparencia focalizada

no siempre se originan en el marco de los poderes legislativos o por iniciativa

de los órganos de la administración pública. La sociedad civil organizada, y

en particular los medios de comunicación, desempeñan un rol central en instalar la

importancia de la transparencia en la agenda pública y, a su vez, concientizar a los

ciudadanos y representantes del sector privado acerca de cómo el uso de la información

pública puede ayudar a la toma de decisiones.

• El gobierno abierto es un concepto que puede y debe ser utilizado para inspirar la

modernización del sector público en ALC. Es necesario entender al gobierno abierto

como un proceso que va más allá de la “digitalización de la burocracia”, la reducción

de trámites y la descentralización de servicios públicos, y constituye una plataforma

para repensar el rol del Estado con un enfoque pro ciudadano, a través del cual se

pueden abrir espacios de participación y colaboración entre el sector público, la sociedad

civil y el sector privado.

• Si se considera la dimensión que tienen los subsidios en el marco de las economías

de los países de ALC, la transparencia es importante para asegurar criterios de eficiencia

y equidad en su otorgamiento (este es, por ejemplo, el caso de Argentina).

Cuando las entidades públicas encargadas de divulgar esta información no realizan

esta tarea de manera que posibilite la acción de los ciudadanos, la sociedad civil

ocupa un rol central en generar la información y divulgarla.

• Los organismos de control interno, como lo demuestra el caso de la Contraloría General

del Gobierno Federal de Brasil (CGU), pueden utilizar las políticas de transparencia

focalizada para identificar indicios de irregularidades. Asimismo, estos órganos

pueden influenciar la adopción por parte de los funcionarios públicos de nuevas

prácticas en favor de la transparencia y la integridad. La disponibilización de información

sobre la calidad del gasto público, de manera que todos los funcionarios

públicos puedan comparar y analizar vulnerabilidades en cada uno los sectores, fomenta

una competencia sana entre ministerios.

Gobierno abierto

vi Banco Interamericano de Desarrollo

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La escasa accesibilidad, la elevada complejidad técnica y la dispersión de la información

del sector petrolero dificultan la gobernanza y la toma de decisiones en este

sector, lo cual tiene un impacto en la eficiencia y un costo económico elevado para

los países. La sociedad civil ocupa un rol central en el diseño y la implementación

de estándares mínimos de transparencia integrales y participativos, a partir de los

cuales la administración pública y el sector privado pueden encontrar soluciones innovadoras

para incrementar la transparencia en todas las fases de la cadena de valor

(este es, por ejemplo, el caso de Ecuador).

• Las políticas de transparencia focalizada constituyen un instrumento fundamental

para prevenir y sancionar el lavado de activos. Como lo indica el caso de Guatemala,

estas políticas tienen que estar centradas en los incentivos y las capacidades

(muchas veces divergentes) de los actores principales del sistema antilavado. Los

requisitos de información y las relaciones entre los órganos del Estado, las entidades

financieras y no financieras, y las personas u organizaciones que realizan transacciones

en el sistema financiero, se definen a partir de los estándares internacionales a

los que se adhieren los países. Sin embargo, las definiciones más relevantes tienen

lugar en el marco de la regulación a nivel nacional, lo cual abre espacios para que

desde la regulación del sector se propongan políticas de transparencia focalizada.

• La construcción de viviendas y la asignación de créditos con tasas de interés muy bajas,

inexistentes o subsidiadas por el Estado, están acompañadas de oportunidades

para la discrecionalidad. Las políticas de transparencia focalizada, como es el caso

en Colombia, pueden desempeñar un rol central en garantizar que exista información

para conocer los beneficiarios y los criterios a partir de los cuales fueron tomadas las

decisiones en este sector. Esto tiene el potencial de prevenir la incidencia indebida

de intereses particulares y la existencia de costos injustificados en los contratos, y

de fortalecer la calidad de los inmuebles que se entregan, entre otros beneficios.

• La creación de unidades fiscalizadoras altamente especializadas e institucionalmente

fuertes puede mejorar la transparencia en el sector de infraestructura, como lo

demuestra el caso de Chile. La definición de metas específicas de cumplimiento en

los instrumentos gubernamentales de evaluación del desempeño y de control de la

gestión puede ayudar a garantizar la sostenibilidad de políticas a favor de la transparencia.

Esto, a su vez, debe estar acompañado de voluntad política para realizar

inversiones en recursos humanos y financieros que permitan diseñar e implementar

herramientas que apoyen la transparencia en el sistema de contratación y fiscalización

de las obras públicas.

Gobiernos abiertos y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe

vii

PREFACIO

América Latina y el Caribe están evolucionando rápidamente; en las últimas dos décadas

se han visto avances sin precedentes, a una escala que pocos hubieran creído posible.

Los avances han sido sólidos, acompañados de reformas institucionales en gestión fiscal

y financiera que han sentado las bases para la estabilidad y el fortalecimiento de

nuestros sistemas financieros. Además existen nuevas instituciones y políticas que han

mejorado la capacidad de los gobiernos para apoyar la formación del capital humano y

ofrecer protección social a las familias de bajos ingresos. Hoy son reconocidos los logros

en lo relativo a la reducción de la pobreza estructural, el progreso educativo y en materia

de salud, y una mayor cobertura de servicios.

No obstante los notables progresos, la región enfrenta aún retos importantes para

continuar avanzando hacia la consecución de los objetivos de crecimiento sostenible y

reducción de la pobreza. Uno de estos retos está relacionado con el logro de gobiernos

y administraciones públicas más íntegros, transparentes y responsables en su gestión

para satisfacer las demandas ciudadanas de mejores bienes y servicios públicos.

El Banco tiene un compromiso de larga data con el fortalecimiento de la capacidad

institucional de los Estados de la región. Desde hace más de una década, ha diseñado varias

estrategias y planes de acción de apoyo a los países en sus esfuerzos para fortalecer

la gobernanza. Esto incluye la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas

como condiciones necesarias para un mejor gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel

subnacional.

Esto lo hacemos aplicando un enfoque que resalta los beneficios de la integridad en

la gestión pública en múltiples sectores económicos y sociales, como el sector financiero,

las industrias extractivas y la infraestructura, entre otros. Asimismo, nuestro apoyo

se dirige a fortalecer y modernizar los sistemas nacionales de administración financiera,

de inversión y contratación pública, así como de integridad y control de la gestión. El

Banco reconoce que, sin estos esfuerzos de largo plazo, no se puede lograr un desarrollo

equitativo y compartido. Es por eso que apoyamos a las organizaciones de la sociedad

civil (OCS) en sus esfuerzos para promover la transparencia y prevenir el fraude y la

corrupción.

El Fondo de Actividades contra la Corrupción (AAF) se ha posicionado como un instrumento

clave y catalítico para apoyar la agenda de transparencia del Banco, acompañando

los esfuerzos de los países de la región para prevenir y controlar la corrupción.

Es más, a través del aprendizaje que este Fondo permitió generar, se han podido explorar

algunas de las fronteras del conocimiento en materia de transparencia focalizada. A

través de ella, el Fondo contribuye al nuevo paradigma de gobierno abierto perseguido

ahora por los países de la región.

Gobierno abierto

viii Banco Interamericano de Desarrollo

Con el apoyo clave del gobierno de Noruega, el Fondo ha permitido al Banco responder

de manera ágil y oportuna a las solicitudes de ayuda. Desde su concepción el AAF

ha respaldado esfuerzos a nivel regional y en 10 países específicos. Después de cuatro

años de operación, el Fondo ha ganado reconocimiento dentro y fuera del Banco por ser

un instrumento catalizador de innovación y buenas prácticas en materia de acceso a la

información y transparencia focalizada. En este informe se recogen algunas de las experiencias

y lecciones aprendidas en cinco países (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y

Guatemala) con apoyo directo del Fondo.

En esta etapa de relanzamiento del AAF como Fondo Fiduciario de Transparencia,

priorizaremos la atención a temas clave en la agenda reformadora de la región, como la

transparencia en la gestión de los recursos naturales, la modernización de los organismos

de control, y el fortalecimiento de la integridad financiera. Reforzamos el compromiso

del Banco para lograr estos objetivos en un contexto de mayor responsabilidad política y

creciente demanda ciudadana de gobiernos abiertos, los cuales se ven plasmados en la

recientemente creada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

América Latina y el Caribe están ante una oportunidad única para mantener su crecimiento

y eliminar la pobreza que sigue afectando a uno de cada ocho habitantes en

la región. Ello requerirá que todos los actores clave, gobiernos, sociedad civil, sector

privado y comunidad cooperante, aúnen fuerzas y actúen decisivamente. Nosotros seguiremos

sumándonos a esas fuerzas, agradeciendo en esta ocasión muy especialmente

al gobierno de Noruega por su apoyo al AAF y por acompañarnos en nuestro compromiso

con el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la región.

Luis Alberto Moreno

Luis Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, D.C., septiembre de 2012

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe

ix

La transparencia y la integridad son factores clave para consolidar la gobernabilidad democrática y

profundizar la modernización del Estado. La ciudadanía se construye con transparencia. Los gobiernos

modernos y eficientes se caracterizan por una administración pública abierta, ágil y centrada

en las expectativas de los ciudadanos.

En la década pasada los países de América Latina y el Caribe (ALC) realizaron un progreso

significativo en el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales para la prevención y el

control de la corrupción, en un contexto de crecimiento económico y responsabilidad fiscal. Estos

logros incluyen las leyes de acceso a la información que promueven la participación ciudadana en

asuntos de interés público. Asimismo, se crearon instituciones para dar seguimiento y monitorear

el cumplimiento de los marcos mencionados.

No obstante, existe una brecha entre la calidad del marco institucional para prevenir la corrupción

y su implementación efectiva. De acuerdo con los índices de percepción, los ciudadanos

de la región expresan desconfianza en sus gobiernos debido a la sensación de impunidad, falta de

independencia en el control, opacidad en la administración de los recursos públicos y cuellos de

botella burocráticos que afectan la distribución de los servicios públicos.

El anclaje de la transparencia en los gobiernos requiere un cambio cultural e institucional en la forma

en que se gestionan los asuntos públicos, de manera de reducir los riesgos de corrupción y fomentar

la calidad de la distribución de los servicios públicos. Esto supone que haya tanto una mayor oferta como

una mayor demanda de transparencia. A través de las políticas de transparencia focalizada, los gobiernos

pueden difundir información útil a los ciudadanos en forma actualizada y comprensible. Entretanto,

los ciudadanos deben maximizar los beneficios que la apertura y la rendición de cuentas implican,

aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También estos

esfuerzos permiten visualizar cómo las reformas pro integridad contribuyen a la reforma del Estado y a

la modernización de la administración pública, colocando al ciudadano en el corazón de la política pública,

como usuario y controlador, para una mejor administración y distribución de los servicios públicos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha respaldado los esfuerzos de los países de la

región para lograr abrir los gobiernos, posicionándose como una fuente principal de apoyo técnico

y generación de conocimiento en temas de transparencia en la región. En marzo de 2007, con el

apoyo del gobierno de Noruega, el BID creó el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción

(AAF, por sus siglas en inglés), con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de los

países prestatarios en sus esfuerzos para prevenir y controlar la corrupción. A través de este instrumento

catalítico, el gobierno de Noruega y el Banco contribuyeron con más de US$8 millones en

recursos no reembolsables. Además, el Fondo ha respaldado directamente el diseño de operaciones

dirigidas a prevenir en particular la corrupción en Bolivia y Brasil.

El apoyo del Fondo está concentrado en tres áreas: i) promover el desarrollo y la implementación

de prácticas innovadoras para facilitar el acceso a la información como una herramienta para

prevenir la corrupción y mejorar la distribución de los servicios; ii) fortalecer la capacidad de las

instituciones públicas, de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y del sector privado en el

uso del acceso a la información para fomentar la integridad y el control de la corrupción, y iii) fortalecer

las estrategias de prevención y control de la corrupción en las operaciones del Banco.

INTRODUCCIÓN

x

Banco Interamericano de Desarrollo

Después de cuatro años de estar el Fondo en operaciones, se han conseguido resultados concretos

en estas tres áreas.

Con respecto a la implementación de prácticas innovadoras para facilitar el acceso a la

información, se ha apoyado la generación de conocimiento en temas de frontera, como la institucionalización

y la gestión estratégica de las instituciones a cargo de monitorear y aplicar las provisiones

de las leyes de acceso a la información en Chile y en El Salvador, entre otros sitios.

En lo que atañe al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas, el Fondo

ha reforzado el acceso a la información en sectores clave como las industrias extractivas, el sector

financiero y bancario, los subsidios públicos y los sistemas de control de la administración

financiera, entre otros. Con el apoyo técnico y financiero del Fondo, los países han conseguido

resultados concretos en dichos sectores. Por ejemplo, en Brasil, gracias al Observatorio del Gasto

Público (ODP, por sus siglas en portugués), se han podido identificar irregularidades en el uso de

los seguros de desempleo de pequeños pescadores, lo cual resultó en ahorros significativos para el

gobierno federal. En Ecuador fueron removidas las barreras de acceso a la información en el sector

petrolero a través de la adopción de estándares de transparencia en las industrias extractivas. En

Argentina se identificaron vacíos de información en la distribución de subsidios en los sectores

de agricultura, gas y transporte. En esta área en particular, el Fondo ha apoyado la mejora de las

instituciones de supervisión y rendición de cuentas, como las oficinas nacionales de auditoría de

Chile y El Salvador.

Otro fruto sobresaliente del apoyo del Fondo ha sido el fortalecimiento de las estrategias de

prevención y control en las operaciones del Banco. En 2009 el Fondo respaldó el desarrollo del

Plan de Acción para el Apoyo a los Países en sus Esfuerzos por Combatir la Corrupción y Fomentar

la Transparencia (PAACT), y proveyó asistencia técnica para incorporar componentes de transparencia

en las estrategias de país del Banco en más de seis países de la región.

Esta publicación representa un esfuerzo para consolidar las lecciones aprendidas en el contexto

del Fondo y para documentar algunos de sus resultados, los que contribuyen a generar conocimiento

sobre lo que funciona, lo que no funciona y por qué. Es importante enfatizar que en estas

páginas no se pretende dar cuenta de todas las iniciativas para promover la transparencia focalizada

que existen en la región, ni siquiera de todas las que el Fondo ha apoyado o está apoyando. La

intención es presentar algunas experiencias relacionadas con esta herramienta catalítica que se ha

puesto en marcha en los últimos cuatro años, a fin de exponer el conocimiento generado, detallar

las lecciones aprendidas y anticipar los desafíos por delante.

El esfuerzo continúa y tenemos la esperanza de que esta publicación anime a los países de

la región a seguir invirtiendo para la innovación en transparencia, tomando como ventaja la plataforma

que ofrece la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Finalmente, esperamos que anime

también a otros donantes a sumarse a esta iniciativa catalítica y estratégica para explorar nuevas

fronteras en la promoción de la transparencia. En este sentido, puede decirse que en esta nueva

fase el AAF se convertirá en el Fondo Fiduciario de Transparencia.

Carlos Santiso - Harald Tollan

Carlos Santiso

Jefe

División de Capacidad Institucional del Estado

Departamento de Instituciones para el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo

Harald Tollan

Asesor Principal

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Noruega

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe xi

AGRADECIMIENTOS

Nicolás Dassen y Juan Cruz Vieyra, de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), coordinaron y editaron esta publicación. Se agradece a todos

los autores que han contribuido: Thiago Alvim Camargo, Orazio J. Bellettini Cedeño, Estefanía Casadei,

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena, Roberto de Michele, Ezequiel Molina, Amon Narciso de Barros,

Álvaro V. Ramírez Alujas, Marcela Restrepo Hung, Juanita Riaño y Sonia Tschorne Berestesky.

También se agradece muy especialmente a Alfredo González Briseño, María J. Jarquín y Juanita

Riaño, quienes revisaron borradores de esta publicación y brindaron valiosos comentarios para los

diferentes capítulos. Se agradece a Carlos Santiso, Jefe de la División de Capacidad Institucional del

Estado del BID, quien animó y apoyó ampliamente el trabajo que se realiza en el marco del Fondo

Fiduciario de Transparencia. Asimismo, se reconoce la contribución de Ana Corbacho, Economista

Sectorial Principal de la Gerencia del sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD) del BID, quien

proporcionó una invaluable retroalimentación, y de Sarah Schineller, quien guió toda la producción

de este trabajo, así como de todo el equipo administrativo de la División de Capacidad Institucional

del Estado y del personal de contratos de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo. También

se agradece el apoyo de Gonzalo Afcha, Especialista Senior, Oficina de la Presidencia del BID; Tomás

Serebrisky, Economista Sectorial Principal de la Gerencia de Infraestructura del BID; y de

nuestros colegas Pedro Farías y Jorge Luis Von Horoch.

Finalmente, agradecemos al gobierno de Noruega, y en particular a Harald Tollan y Per Oyvind

Bastoe, por su generosa contribución y por la confianza depositada en el Banco y su equipo de

profesionales, desde el primer día que se puso en funcionamiento el AAF, así como el invaluable

respaldo de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, liderada por Santiago Levy, y de la Gerencia

de Instituciones para el Desarrollo, a cargo de Ana María Rodríguez.

 

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe xiii

Nicolás es abogado por la Universidad de Buenos

Aires y posee un Master en Derecho Internacional

de la Universidad de Nueva York.

Actualmente se desempeña como Especialista

Senior en la División de Capacidad Institucional

del Estado del BID, donde trabaja en temas de

transparencia y gobierno abierto, prevención de

la corrupción, controles de auditoría interna y

externa, y fortalecimiento parlamentario. Se ha

desempeñado como consultor en prevención

y control de la corrupción (2006-10), y como

asesor en el Congreso de la Nación Argentina y

en el Consejo de la Magistratura de ese país en

temas de fortalecimiento institucional y justicia

(2003-09), y ha sido Analista Principal de la Dirección

de Planificación de Políticas de Transparencia

de la Oficina Anticorrupción (2000-03).

Ha sido experto titular de Argentina ante el Mecanismo

de Seguimiento de la Implementación

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

(Mesicic) en la Organización de los Estados

Americanos (OEA) (2002-03) e integrante

de la delegación argentina ante el Grupo Contra

el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros

en el ámbito de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre

2000 y 2003. Ha ejercido como profesor de

Derecho Constitucional en las Universidades de

Buenos Aires (UBA) y de San Andrés, y de control

de la corrupción en los posgrados de Derecho de

la UBA y de la Universidad de Palermo (Buenos

Aires), además de ser autor de varios artículos

sobre los temas mencionados.

Juan Cruz es politólogo por la Universidad Católica

de La Plata (Argentina) y posee un Master en

Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato

Di Tella – Johns Hopkins University. Actualmente

trabaja como Asesor Técnico del Fondo de

Transparencia del BID y es el punto focal en la

División de Capacidad Institucional del Estado

de dicha institución para la Iniciativa Gobernanza

en las Industrias Extractivas. Desde 2006 ha

participado en múltiples proyectos de préstamo

y cooperación técnica orientados al fortalecimiento

de la gestión pública en varios países de

América Latina y el Caribe, con foco en el área de

transparencia, acceso a la información y prevención

de la corrupción. Antes de integrarse al Banco,

trabajó como investigador del Departamento

de Economía de la Universidad de Buenos Aires

(2001-04); Profesor Adjunto del curso “Sistemas

Políticos Comparados” en el Departamento

de Ciencia Política de la Universidad Católica de

La Plata (2004-05); Profesor Asistente del curso

“Introducción al Conocimiento de la Sociedad y

del Estado” en la UBA (2003-05); y Asistente de

Investigación del curso “El Cono Sur de América

Latina” en la Escuela de Estudios Internacionales

Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins

(2005-06).

Nicolás Dassen Juan Cruz Vieyra

ACERCA DE LOS EDITORES

 

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe xv

Thiago Alvim Camargo

Es Administrador Público graduado por la Escola

de Governo da Fundação João Pinheiro y

tiene una Maestría en Administración del Centro

de Pós-graduação e Pesquisas em Administração

da Universidade Federal de Minas Gerais

(CEPEAD/UFMG). Fue miembro de la carrera de

Especialistas en Políticas Públicas y Gestión

Gubernamental del Gobierno de Minas Gerais, y

ha trabajado en las áreas de modernización de

la gestión y salud. Actualmente se desempeña

como consultor vinculado al Instituto Publix, y

ha participado de diversos proyectos de consultoría

para organizaciones públicas, privadas y

para el BID.

Orazio J. Bellettini Cedeño

Graduado de la Escuela Agrícola Panamericana

(Honduras) con un título en Ingeniería en Economía

Agrícola, posee también un Master de

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

(PUCE). En 2004 obtuvo además un Master en

Administración Pública y Políticas Públicas por

la Universidad de Harvard. Fue profesor en varias

universidades y asesor de varias organizaciones

de América Latina en temas relacionados

con la transparencia, la educación y el rol de la

evidencia en el proceso de las políticas públicas.

Es cofundador y Director Ejecutivo de Grupo

FARO, un think-and-do-tank que fomenta la

participación de los ciudadanos en el fortalecimiento

del Estado y la sociedad civil, mediante

el diseño, la promoción y la implementación de

políticas públicas que promueven la igualdad

y el crecimiento en Ecuador en particular y en

América Latina en general.

Estefanía Casadei

Es Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales

por la Universidad Argentina de la Empresa

(UADE) y tiene en curso una Maestría en Políticas

Públicas para el Desarrollo con Inclusión

Social de Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (Flacso, sede Argentina). Actualmente

trabaja como Analista de Política Fiscal del Centro

de Implementación de Políticas Públicas para

la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Luciana Díaz Frers

Es Licenciada en Economía por la Universidad

de Buenos Aires y posee un posgrado en Economía

Internacional del Instituto de Economía

Internacional de Kiel, Alemania, además de ser

Magíster en Historia Económica de Países en

Desarrollo por la London School of Economics

del Reino Unido. Actualmente se desempeña

como la Directora de Política fiscal de CIPPEC.

Anteriormente ha trabajado como Economista

Investigadora en el Instituto de Estudios sobre

la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL)

de la Fundación Mediterránea y como asesora en

el Ministerio de Economía de la Nación (Argentina).

Ha sido docente de Maestría en la Universidad

Nacional de Misiones y en la Universidad

Torcuato Di Tella.

Sandra Elena

Es abogada y Licenciada en Ciencia Política por

la Universidad de Buenos Aires y es Magíster en

Derecho Internacional por la American University

de Washington D.C. Trabajó en programas

ACERCA DE LOS COLABORADORES

xvi

Banco Interamericano de Desarrollo

de reforma de la justicia y transparencia en más

de 10 países de la región. Se desempeñó como

especialista en Estado de Derecho en la International

Foundation for Electoral Systems (IFES)

en Washington D.C., y tuvo a su cargo programas

de reforma en América Latina, Asia y África.

Fue coordinadora de programas internacionales

del Foro de Estudios sobre la Administración de

Justicia (Fores). Trabajó como Directora de Desarrollo

de Proyectos de la Asociación por los

Derechos Civiles (ADC). Asesoró a la Fiscalía General

de la Ciudad de Buenos Aries, al Consejo

de la Magistratura y a la Procuración de la Ciudad

de Buenos Aires. Actualmente trabaja como

Directora de Justicia y Transparencia de CIPPEC.

Roberto de Michele

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires

y LL.M de la Yale Law School. Actualmente

se desempeña como Especialista Principal en

la División de Mercados de Capitales y Sector

Financiero del BID. Fue Director de Planificación

de Políticas de Transparencia de la Oficina

Anticorrupción de Argentina; Gerente del Programa

Iniciativa Privada para el Control de la

Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano; y

trabajó como consultor del Banco Mundial, del

BID, de las Naciones Unidas y de la OCDE, entre

otros organismos. Es miembro fundador de la

Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.

Entre otras publicaciones, es autor del libro

Los códigos de ética en las empresas y uno de los

coautores del Anti-Corruption Toolkit del Programa

Global contra la Corrupción de las Naciones

Unidas.

Ezequiel Molina

Es doctorando en Política Económica en la

Universidad de Princeton, y obtuvo el título

de Licenciado y Magíster en Economía en la

Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

Actualmente, es investigador visitante del Departamento

de Investigación del BID y está trabajando

en el diseño y la evaluación de reformas

institucionales. Anteriormente, trabajó en las

áreas de Pobreza y Género, de Sector Público y

de Desarrollo Humano del Banco Mundial. En Argentina,

fue investigador del Centro de Estudios

Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y

en la Fundación para la Investigación Económica

Latinoamericana (FIEL). En la Universidad

de Princeton, ha sido instructor de Econometría

Avanzada en la Escuela de Políticas Públicas

de Verano y asistente en el curso de Desarrollo

Económico del Departamento de Economía. En

la Universidad Nacional de La Plata, ha formado

parte de diversas cátedras, entre ellas la de Economía

y Regulación de los Servicios Públicos, la

de Organización Industrial y la de Econometría

de Series Temporales.

Amon Narciso de Barros

Es graduado en Administración por la Universidade

Estadual de Montes Claros. Se especializó

en el área de Gestión de Recursos Humanos en

el Centro Universitário Newton Paiva. Posee una

Maestría del Centro de Pós-graduação e Pesquisas

em Administração (CEPEAD) da Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG) como

becario de la Fundação de Amparo à Pesquisa

do estado de Minas Gerais (Fapemig). También

con beca de esta última, actualmente cursa el

doctorado en CEPEAD/UFMG, con un período de

seis meses como estudiante visitante en la Lancaster

University Management School. Durante

dos años dictó el curso de Administración del

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais (CEFET-MG).

Alvaro V. Ramírez Alujas

Es investigador y fundador del Grupo de Investigación

en Gobierno, Administración y Política

Pública (GIGAPP) del Instituto Universitario de

Investigación Ortega y Gasset, estudiante de

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe xvii

doctorado en Ciencias Políticas y cuenta con

un Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en

Gobierno y Administración Pública (2010) de la

Universidad Complutense de Madrid. Es Administrador

Público y posee una Licenciatura en

Ciencias Políticas (1995) y un Master en Gestión

y Política Pública de la Universidad de Chile

(2001). Ha colaborado con el Grupo de Investigación

en Liderazgo e Innovación en la Gestión

Pública (GLIGP) del Instituto de Gobernanza y

Gestión Pública del ESADE. Entre sus áreas de

trabajo se encuentran: gobierno abierto e innovación

en el sector público, reforma del Estado

y modernización de la administración pública,

gestión pública y acceso a la información.

Marcela Restrepo Hung

Es socióloga y tiene un Master en Sociología por

la Universidad del Valle (Colombia), además de

haber realizado estudios en Planeación de Desarrollo

Local por la Escuela de Planificación

del Desarrollo/Sur Profesionales (Chile). Actualmente

trabaja como Directora de Sector Público

en la Corporación Transparencia por Colombia.

Es investigadora, profesora y consultora en las

áreas de gestión pública y participación ciudadana,

con énfasis en la transparencia, la lucha

contra la corrupción y el desarrollo territorial.

En estas áreas, ha sido autora de varios artículos

de investigación y de prensa. Entre sus

cargos profesionales se incluyen: Investigadora

Principal del Índice de Transparencia de Entidades

Públicas y Desarrollo Espacial; e Investigadora,

Socia y Directora de la Fundación Nacional

por Colombia, Valle del Cauca.

Juanita Riaño

Desde de febrero de 2011 se desempeña como

Oficial de Integridad en la Oficina de Integridad

Institucional del BID. Desde allí, desarrolla

herramientas y metodologías para prevenir

la corrupción y manejar el riesgo de integridad

en actividades financiadas con recursos de la

institución. Ha estado a cargo del programa de

Herramientas Globales para Medir Corrupción

en la Secretaría de Transparencia Internacional.

Ha trabajado también en el Banco Mundial, en

la implementación de diagnósticos de medición

de la gobernabilidad y la corrupción para países

de África y América Latina, y en el análisis de

temas relacionados con la pobreza y la desigualdad

del ingreso en esta última región. Además,

se ha dedicado al análisis de la gobernabilidad

corporativa en el Departamento de Estudios del

Fondo Monetario Internacional (FMI), y a temas

de finanzas públicas y economía cafetera en el

Departamento Nacional de Planeación y la Oficina

de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros

de Colombia, respectivamente. Posee una

Maestría en Economía y una Maestría en Políticas

Públicas de la Universidad de Georgetown.

Es economista de la Universidad de los Andes en

Colombia y también cuenta con una Maestría en

Economía de la misma universidad.

Sonia Tschorne Berestesky

Es arquitecta urbanista, experta en el diseño,

la implementación y la evaluación de políticas

públicas, planes y programas en el ámbito de infraestructura,

vivienda y territorio. Cuenta con

una dilatada trayectoria profesional y de servicio

público en Chile, en donde desempeñó los

cargos de Directora Nacional de Arquitectura,

Subsecretaria y, posteriormente, Ministra de las

carteras de Vivienda y Urbanismo y de Bienes

Nacionales. Se desempeñó también como Coordinadora

de Fiscalización de Obras Públicas y

luego como Directora General del Ministerio de

Obras Públicas de Chile, donde lideró un proyecto

para la creación de una Superintendencia de

Obras Públicas y un Programa de Modernización

Institucional. Actualmente trabaja como consultora

independiente. En el año 2000 recibió el

premio “Mejor Arquitecto en el Sector Público”,

otorgado por la Federación Panamericana de

Asociaciones de Arquitectos.

ACERCA DE LOS COLABORADORES

 

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 1

Capítulo 1 3

La transparencia como herramienta de política pública

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Capítulo 2 41

Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado

y modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

PARTE

1

2 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

El presente capítulo intentará describir,

desde una perspectiva conceptual, cómo

la transparencia puede ser utilizada

como una herramienta de política pública

y cuáles son los aspectos fundamentales

que hay que tener presentes al pensar el

diseño y la implementación de políticas

de transparencia focalizada en países

latinoamericanos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 3

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Introducción

La transparencia y el acceso a la información constituyen una herramienta fundamental para la prevención

y el control de la corrupción (Baena y Vieyra, 2011). Esto se debe a que inciden en la generación de canales

de participación y en la identificación de deficiencias de los sectores público y privado que pueden ser

ventanas de oportunidad para prácticas corruptas. Por otra parte, además de identificar deficiencias, la

transparencia también puede ser utilizada como herramienta para promover una mayor eficiencia en el uso

y la distribución de los recursos públicos en sectores como la educación, la justicia, la elaboración, la ejecución

y el control de los presupuestos públicos, el financiamiento de las campañas políticas, o las industrias

extractivas, entre otros.

Es aquí donde entra en juego el concepto de transparencia focalizada, cuya característica principal es

la divulgación de información para alcanzar un propósito de política pública en particular, por ejemplo: disminuir

los índices de contaminación del agua en una ciudad o población específica, o prevenir la violencia

y la criminalidad entre jóvenes de 15 a 30 años. En este sentido, las políticas de transparencia focalizada

intentan traducir el propósito de una política general a las realidades de un grupo específico de usuarios,

tomando en cuenta las necesidades, los incentivos y las capacidades de comprensión de la información de

una audiencia en particular, y usando mecanismos simples y eficientes que faciliten no sólo el acceso sino

también el uso de dicha información.

Por ende, el punto de arranque de una política de transparencia focalizada es estudiar quiénes son los

usuarios de la información, cuáles son sus incentivos y capacidades, qué dinámicas tienen los sectores en

donde actúan, etcétera, ya que estas características son las que determinan los contenidos y los vehículos

de divulgación de la información para promover la transparencia.

El presente capitulo intentará describir, desde una perspectiva conceptual, cómo la transparencia puede

ser utilizada como una herramienta de política pública y cuáles son los aspectos fundamentales que hay

que tener presentes al pensar en el diseño y la implementación de políticas de transparencia focalizada en

países latinoamericanos. Para ello, se comenzará con una descripción del modelo conceptual desarrollado

por Fung, Graham y Weil (2007) sobre transparencia focalizada, explicando qué son y cómo actúan las políticas

en esta materia. Posteriormente, se detallarán quiénes son los usuarios de información en el marco

de la aplicación de las políticas de transparencia focalizada, los cuales a menudo suelen ser los ciudadanos,

pero también pueden ser las empresas, los jueces, los organismos de control y hasta los mismos funcionarios

públicos. Por último, se examinará la anatomía de los mecanismos a través de los cuales operan las

políticas de transparencia focalizada y su rol como herramienta de política pública.

Capítulo 1

La transparencia como herramienta

de política pública

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

4 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

En segundo lugar, utilizando el marco teórico desarrollado en el capítulo, se subrayarán determinados

aspectos del escenario institucional de los países latinoamericanos que pueden tener un impacto en el

marco de la implementación de políticas de transparencia focalizada. En este contexto se estudia la crucial

importancia de tener en cuenta los incentivos de los actores (ciudadanos, funcionarios públicos y sector

privado) que demandan y difunden información, y cómo estos incentivos pueden tener un impacto en las

posibilidades de coordinar y articular intereses y capacidades disímiles, lo cual a su vez afecta la aplicación

de las políticas de transparencia focalizada. Asimismo, se exponen algunos de los aspectos que pueden

tener un impacto importante en la aplicación de estas políticas en la región, en particular el rol del Poder

Legislativo, la visión de corto plazo en el marco del diseño y de la implementación de políticas, y los procesos

de aprendizaje y retroalimentación en la gestión pública.

Esta aproximación del modelo de transparencia focalizada a la realidad de los países latinoamericanos

ha puesto especial atención en los sistemas de incentivos y los escenarios de coordinación que son necesarios

para que los objetivos de las políticas de transparencia focalizada se cumplan. Para cerrar este capítulo

se revisó la bibliografía existente a fin de identificar características y resultados de las políticas de acceso

a la información y promoción de la transparencia que fueron estructuradas a partir de elementos clave de

transparencia focalizada.

Repensando el modelo teórico de las políticas de transparencia

El estudio de las políticas de transparencia focalizada, al menos en lo que respecta a la formulación del marco

teórico más completo y ordenado que existe al respecto, comienza con Full Disclosure, un libro escrito

por Fung, Graham y Weil (2007). Estos autores se preguntaban si los gobiernos pueden legislar políticas de

transparencia con el propósito de reducir los riesgos en materia salud, seguridad pública y estabilidad financiera,

o con el objetivo de mejorar el desempeño de instituciones clave como las escuelas, los hospitales

y los bancos. En otras palabras, los autores de Full Disclosure estructuraron un modelo a través del cual se

pueda saber si la transparencia sirve para algo, más allá de ser un concepto amorfo de frecuente utilización

en campañas de marketing político. En concreto, procuraron identificar para qué sirve la transparencia en

el marco de la entrega de servicios públicos, o qué hay que hacer para que esta sirva con este propósito.

Para comenzar el análisis de tan fascinantes preguntas, Fung, Graham y Weil partieron de algunas premisas

importantes. La primera es que más allá de los países en donde sean implementadas, los sectores en

los que estén enfocadas, y los actores que involucren, las políticas de transparencia pueden dividirse en

dos grandes grupos. Por un lado, existen aquellas que apuntan a abrir los archivos oficiales o el acceso a la

información pública, puesto que esto representa un valor o un derecho universal. Se trata de las llamadas

políticas de transparencia de primera generación, cuya expresión más conocida la constituyen las leyes de

acceso a la información.

El tipo de control y rendición de cuentas que proponen las políticas de transparencia de primera generación

es básicamente vertical. Si tienen acceso a la información pública, los ciudadanos cuentan con las

herramientas fundamentales para controlar mejor lo que hacen los gobiernos (Rose-Ackerman, 1999).

Para estas políticas de transparencia de primera generación, la participación de la ciudadanía en la gestión

gubernamental es, además, un valor fundamental en las democracias modernas. Dahl (2002) expresó

que la idea de democracia supone una “masa crítica” de ciudadanos bien informados, bastante numerosa y

activa. Y cuando el pueblo o la ciudadanía no tienen los elementos necesarios para cumplir con este rol que

el sistema les exige, la democracia se desliza hacia el tutelaje.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 5

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Las políticas de acceso a la información de segunda generación, o transparencia focalizada, son aquellas

que apuntan a divulgar una información específica, generalmente por parte de empresas o de organizaciones

privadas, y que cumple un propósito también específico, por ejemplo: apalancar una política pública

en particular o reducir algún riesgo que afecta la calidad de algún servicio público, como la educación, la

salud, etcétera. Por su naturaleza, las políticas de transparencia focalizada tienen una fase importante de

diagnóstico, en el marco de la cual se identifica el objetivo político preciso de la divulgación de información

y además se precisa cuáles son las dinámicas, las capacidades y los incentivos de los usuarios de la información

y de las entidades encargadas de divulgarla.

Gráfico 1.1

Proceso de elaboración de las políticas de transparencia

}}

Identificación de los incentivos, las dinámicas

y las capacidades de los usuarios y entidades a

cargo de la divulgación

Identificación de un objetivo político preciso

Definición del alcance de las políticas

Definición de los mecanismos que serán

necesarios para monitorear el cumplimiento

de lo que disponen las políticas

Definición de la estructura y del vehículo de la

información

Fase de

diagnóstico

Diseño de la

política de

transparencia

focalizada

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Fung, Graham y Weil (2007).

Un aspecto clave a partir del cual se diferencian las políticas de transparencia focalizada del resto de las

políticas de transparencia es que su implementación se acompaña con la expectativa de resultados concretos

en el corto y mediano plazo. Al estar relacionadas con la mejoría de un servicio público, los resultados de las

políticas de transparencia pueden traducirse en beneficios concretos, pero si han sido mal diseñadas e implementadas,

sus consecuencias pueden ser catastróficas. Si la información que se hace disponible está distorsionada,

es incompleta o no se comprende correctamente puede desinformar y generar pánico (Graham, 2002).

6 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

En este sentido, los ejemplos que presentan Fung, Graham y Weil (2007) para identificar los resultados

de las políticas de transparencia focalizada abarcan desde la creación de incentivos para que la industria

automotriz fabrique vehículos con más y mejores medidas de seguridad, lo cual llevó a que se redujeran las

muertes por accidentes de tráfico (resultado positivo) hasta la provisión de información de manera compleja

y confusa sobre los índices de contaminación del agua de la red pública, lo cual implicó elevados índices

de intoxicación de los consumidores (resultado negativo).

Asimismo, el tipo de información que se divulga a partir de la implementación de una política de transparencia

focalizada difiere de la que se espera obtener a través de la una política de acceso a la información

a nivel general. En este último caso, la información tiende a ser prescriptiva, y los usuarios de la misma no

necesariamente entienden de forma automática de qué manera o para qué puede usarse dicha información.

Por el contrario, a través de las políticas de transparencia focalizada se provee información específica que

conlleva en sí misma un curso de acción por parte de los usuarios. Siguiendo los ejemplos del párrafo de

arriba, estas acciones pueden ser que los ciudadanos compren automóviles más seguros o que suspendan

la toma de agua de la red pública.

Por último, otro aspecto importante para identificar si estamos frente a la presencia de una política de

transparencia focalizada es el reconocimiento de dónde y por qué surgen estas políticas. La mayoría de los

casos presentados por Fung, Graham y Weil (2007) demuestra que las políticas de transparencia focalizada

surgen como resultado de grandes riesgos no solucionados por los canales tradicionales de intervención

del sector público (impuestos, subsidios, etc.), los cuales generaron no solamente la atención del público,

sino también una acción de su parte. En resumen, las políticas de transparencia focalizada no surgen de una

situación cómoda, de una campaña política exitosa, o de la cabeza de algún o algunos iluminados en los

poderes Ejecutivo o Legislativo. Por el contrario, generalmente nacen en un contexto de crisis que requiere

acción por parte de los legisladores, de los ciudadanos, de las empresas, o de la sociedad civil organizada.

En cambio, las leyes de acceso a la información, que conforman el ejemplo más claro de políticas de

transparencia de primera generación, no siempre surgen de una situación de crisis, sino más bien de contextos

de recambio político a nivel nacional; tienen propósitos amplios y abstractos, y no necesariamente

los ciudadanos entienden que estén “relacionadas” con su vida cotidiana (Vieyra, 2009). Las estrategias

nacionales anticorrupción, los planes de acción y la creación de organismos y comisiones especializadas en

la lucha contra la corrupción también son ejemplos ilustrativos de este tipo de políticas de transparencia

que salen a la luz en contextos donde hay un recambio político, especialmente a nivel del Poder Ejecutivo

nacional.

Usos de las políticas de transparencia focalizada

La efectividad de las políticas de transparencia focalizada se puede estudiar en función de la capacidad

de estas políticas para proveer información en los momentos y lugares apropiados, y de acuerdo con

los vehículos que permitan a los usuarios tomar decisiones. En otras palabras, estas políticas no necesariamente

aumentan la cantidad de información, sino que construyen vehículos, y traducen o generan

información específica, elementos a partir de los cuales se puede obtener algún beneficio en el corto o

mediano plazo.

Los usuarios de la información que se divulga a través de una política de transparencia focalizada pueden

ser los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los sindicatos, los organismos de control,

las empresas, o las diversas unidades o ministerios pertenecientes al sector público. Mientras que las

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 7

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

políticas de acceso a la información de primera generación entienden que los ciudadanos son los usuarios

de la información, de manera genérica y uniforme, las políticas de transparencia focalizada se estructuran

sobre la base de los incentivos, las capacidades y las necesidades del grupo de usuarios que sea el objetivo

de la política.

Fung, Graham y Weil (2007) explican con detalle el uso de las políticas de transparencia focalizada por

parte de dos usuarios en particular: ciudadanos y empresas. Sin embargo, un aspecto interesante es que

las políticas de transparencia focalizada también pueden estar estructuradas sobre la base de usuarios

como los organismos de control, los intermediarios financieros, o los funcionarios públicos. Por ejemplo,

en Brasil el órgano de control interno del gobierno federal, la Controladoria-Geral da União (CGU, por sus

siglas en portugués), ha diseñado una herramienta, el Observatorio del Gasto Público (ODP, por sus siglas

en portugués), a partir de la cual se analiza información sobre anormalidades en el gasto público federal.

Esta información se pone a disposición de los funcionarios públicos con la idea de que tomen acciones para

prevenir o remediar vulnerabilidades que pueden desembocar en un hecho de corrupción (véase el capítulo

4 de este libro).

El ejemplo del ODP, aunque no es un ejemplo típico de lo que Fung, Graham y Weil denominan política

de transparencia focalizada, cuenta con las características fundamentales que definen a estas políticas. En

el cuadro 1.1 se presentan dichas características en relación con el ODP.

Cuadro 1.1

Las políticas de transparencia focalizada y el caso del ODP de Brasil

Elementos constitutivos de las políticas de

transparencia focalizada

El caso del ODP de Brasil

Identificación de un objetivo político preciso. Prevenir y controlar la corrupción en el gasto

público del gobierno federal.

Identificación y estudio del funcionamiento /

organigrama de la entidad o del conjunto de

entidades que presentan déficits en el acceso

a la información, y también de los grupos

intermediarios que desempeñan un rol en la

demanda y distribución de la información.

El ODP estructura sus intervenciones a partir de

las dinámicas, las capacidades y los incentivos

que cada sector o ministerio del gobierno

federal puede tener para prevenir y controlar la

corrupción en el gasto público.

Definición del alcance de las políticas, lo cual

generalmente implica negociaciones políticas y

toma de decisiones en función del alcance de la

intervención.

El alcance de las intervenciones a través del

ODP está delimitado al análisis de las compras

y adquisiciones de bienes y servicios de parte

de ministerios específicos del sector público del

gobierno federal.

Continúa

8 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Cuadro 1.1

Las políticas de transparencia focalizada y el caso del ODP de Brasil (continuación)

Elementos constitutivos de las políticas de

transparencia focalizada

El caso del ODP de Brasil

Definición de la estructura y del vehículo de la

información: la estructura de la información

requiere una especificación cualitativa y

cuantitativa; asimismo, debe determinarse la

frecuencia con la cual se divulgará, y la manera o

el vehículo por el cual se transmitirá.

Los datos que dan lugar a recomendaciones

(información cualitativa) se presentan a través

de un oficio administrativo. La CGU también

ha creado una interface Web para que los

funcionarios públicos puedan acceder a la

información cuantitativa a partir de la cual se

establecieron las recomendaciones (gráficos,

estadísticas, fuentes de información, etc.). La

frecuencia en la difusión de la información

depende del caso concreto del que se trate.

Capacidad de cumplimiento de las políticas:

deben identificarse las entidades de control y

monitoreo del cumplimiento de las políticas de

acceso a la información.

La misma CGU ha institucionalizado el uso del

ODP y ha dispuesto que los datos que se brindan

a los gestores públicos sean monitoreados en el

marco de las auditorías a las que están sujetos

los ministerios del sector público en el gobierno

federal.

Mecanismos de las políticas de transparencia focalizada

El mecanismo central a través del cual actúan las políticas de transparencia focalizada es haciendo visible

la información sobre las actividades del gobierno o del sector privado. Con esta información, los ciudadanos,

la sociedad civil, el sector privado (en particular, la “competencia”), y los organismos de control, entre

otros, pueden hacer un mejor trabajo de monitoreo y reclamar un mejor desempeño en la gestión pública y

privada. Este mecanismo puede funcionar a través de las potenciales pérdidas por la reducción en las ventas

en el caso del sector privado o de la popularidad en el caso de los servidores públicos y representantes

políticos.

En particular, este mecanismo se puede descomponer en tres condiciones necesarias para el éxito de

las políticas de transparencia focalizada:

1. La comprensión de información previamente desconocida. Esta tendrá que ser suficiente

para cambiar las creencias previas del usuario de la información sobre un tema en particular.

2. La coordinación entre los usuarios para poder actuar frente a esta nueva información.

3. El cambio en el comportamiento esperado de la entidad acerca de la cual se revela información,

ya se trate de empresas, organismos de control, servidores públicos, etcétera. Esta

condición se puede dividir en dos subcondiciones:

• Beneficios superiores a los costos. El beneficio de actuar en la dirección esperada deberá

ser mayor que el costo asociado a ignorar el reclamo por parte de empresas, servidores

públicos y demás entidades.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 9

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

• Expectativas con respecto al accionar de las entidades. Las expectativas de los usuarios

de la información con respecto a cómo responderán las entidades afectadas frente

al accionar de los usuarios deberán ser positivas.1 Esto quiere decir que los usuarios

deben creer que las entidades obtienen beneficios netos de responder a sus demandas y

solucionar el problema.

Gráfico 1.2

Anatomía de los mecanismos de funcionamiento de las políticas de transparencia focalizada

Información

?

¿Es comprensible?

SI

NO

?

¿Tienen incentivos

los ciudadanos

para coordinarse?

SI

NO

SI

NO

?

¿Tienen los ciudadanos

expectativas

de que su accionar

pueda cambiar el

comportamiento de

los proveedores?

?

SI

NO

¿Es beneficioso

para los proveedores

cambiar su

comportamiento

en la dirección

esperada?

?

SI

NO

¿La política de

transparencia es

exitosa?

El diseño de las políticas de transparencia focalizada ha puesto un gran esfuerzo en: i) asegurarse quiénes

van a usar la información y para qué va a ser utilizada y ii) confirmar que la información que se provee sea

comprensible y que los usuarios sean capaces de resolver el problema de la acción colectiva. Sin embargo,

los problemas de incentivos que tienen las entidades para cambiar su comportamiento han recibido una

atención relativamente menor. A continuación se indaga cada una de las condiciones necesarias para que

el desempeño de las políticas de transparencia sea positivo.

1 En el caso en que los actores se comporten como agentes racionales, de acuerdo con la teoría económica, no habría

distinción entre estas dos condiciones. Sin embargo, si las teorías del comportamiento humano utilizadas tienen en

cuenta la racionalidad limitada de los individuos, el cumplimiento de una condición no es concluyente para saber si la

segunda condición también se ha cumplido.

10 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

La comprensión de la información

Un primer factor condicionante del éxito de las políticas de transparencia es qué información se va a difundir

(contenido) y cómo se va a presentar (vehículo) para que tenga un impacto en los usuarios. Esto quiere

decir que la información tiene que ser no sólo comprensible sino también relevante para quienes la vayan

a recibir. El hecho de que las personas desconozcan la información puede responder a lo que Sims (1998,

2003, 2006) denomina desatención racional (rational innatention). Esta teoría argumenta que los individuos

tienen una capacidad de atención limitada y por ende tienen que decidir cómo asignarla. Por lo tanto,

puede ser óptimo para las personas no prestar atención a cierta información, dado que no es relevante y

compite contra otra información relativamente más importante. Como consecuencia, introducir nueva información

no siempre va a desencadenar nuevas creencias o cambios en el comportamiento.

Para que la información pueda cambiar la acción de su receptor, se debe desencadenar una serie de

comportamientos en la cual la información debe ganar muchas batallas antes de poder ser utilizada para la

toma de decisiones.

Recuadro 1.1

Transparencia focalizada y comprensión cívica

De acuerdo con Lupia (2004), existen ciertas condiciones necesarias para que las políticas de transparencia

focalizada mejoren la comprensión cívica. Para ello, la información presentada debe ser:

• Desconocida por los individuos.

• Lo suficientemente relevante y confiable para que los individuos presten atención y dicha

información permanezca en la memoria.

• Incorporada a la memoria de largo plazo del individuo para que luego pueda ser utilizada

cuando se lo considere necesario.

• Utilizada en el momento oportuno para la toma de decisiones.

Fuente: Lupia (2004).

La coordinación entre los usuarios

La importancia de este componente en la efectividad y el impacto de las políticas de transparencia focalizada

depende en gran parte del tipo de coordinación que exista entre los receptores de la información. Se

pueden identificar dos casos extremos de coordinación: coordinación automática y coordinación compleja.

Existe coordinación automática cuando el beneficio individual de tomar la decisión es mayor que el

costo, independientemente de lo que hagan los demás actores. Este es el caso de muchas de las políticas

de transparencia focalizada orientadas al sector privado o destinadas a mitigar riesgos en el sector público.

Se observa, por ejemplo, cuando las personas reciben información acerca de defectos en un modelo de

automóvil y su reacción es dejar de comprar ese modelo, o cuando los consumidores deciden cambiar su

dieta alimentaria como consecuencia de la publicación de la información nutricional. En el sector público

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 11

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

se destacan las iniciativas destinadas a prevenir riesgos, como las campañas informativas orientadas a que se

adopten determinadas normas de higiene para prevenir ciertas enfermedades. En estos casos, los beneficios y

costos asociados a la decisión de los usuarios de la información no dependen de las acciones de otros usuarios.

Por otro lado, existe coordinación compleja en los casos en que el costo o el beneficio de determinada

acción dependen en parte de las acciones llevadas a cabo por los demás usuarios de la información. Este

es el caso, por ejemplo, de las políticas de transparencia que dan información sobre la baja calidad en la

provisión de los servicios públicos. Para que estas políticas logren tener un efecto positivo en la calidad de

los servicios provistos, se necesita que algunos de los ciudadanos paguen el costo de monitorear el servicio.

La naturaleza de estos servicios (escuelas, hospitales, autopistas, etc.) hace que los beneficios asociados

puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos de una región. Ante esto, los ciudadanos van a tener

incentivos para no participar del monitoreo, esperando que otros ciudadanos lo hagan y ellos igualmente

puedan disfrutar de los beneficios. Si todos los ciudadanos piensan de esta manera, será muy difícil lograr

coordinación en estos casos, y por ende la calidad de los servicios públicos empeorará.

A continuación se realiza una descripción más detallada de estos mecanismos de coordinación ciudadana,

utilizando para ello los avances de la teoría de juegos para entender el mecanismo de toma de

decisiones de los ciudadanos.

Coordinación automática

Nada mejor para mostrar este punto que desarrollar el caso que presentan Fung, Graham y Weil (2007)

sobre una política de transparencia focalizada implementada por el Congreso de Estados Unidos en el año

2000, que puso de manifiesto el mal diseño de las camionetas utilitarias deportivas (SUV), lo que había

generado gran número fatalidades en la década de 1990.

Para poder conceptualizar estos hechos utilizando la teoría de juegos se necesita comenzar asignando

un nivel de utilidad de los ciudadanos en función de las distintas acciones que podrían haber tomado.

Las utilidades elegidas aquí para cada una de las acciones nos permiten identificar el caso en el cual las

decisiones de un usuario de la información son independientes de las decisiones de los demás. Cualquier

esquema de utilidades que respete esta premisa obtendrá el mismo resultado conceptual que el que obtenemos

nosotros.

Cada uno de los ciudadanos que ha sido informado sobre los problemas de las camionetas SUV, de

comprar la camioneta, obtiene un costo en términos de utilidad igual a 1 y un beneficio igual a 0. En el caso

de no comprar la camioneta, el ciudadano tiene un costo y un beneficio de 0. Es importante notar que los

pagos no dependen de lo que haga el otro ciudadano.

Cuadro 1.2

Coordinación automática en el juego de la compra de camionetas SUV

Ciudadano 2

Comprar (C) No comprar (NC)

Ciudadano 1

Comprar (C) -1,-1 -1,0

No comprar (NC) 0,-1 0,0

12 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

El cuadro se lee de la siguiente manera: el extremo superior izquierdo simboliza los pagos de los ciudadanos

cuando ambos deciden comprar el vehículo. El primer número (-1) simboliza la utilidad del ciudadano

1 cuando decide comprar el vehículo, al igual que el ciudadano 2. El segundo número (-1) simboliza la utilidad

del ciudadano 2 cuando decide comprar el vehículo al igual que el ciudadano 1. En el extremo superior

derecho nuevamente el primer numero (-1) es la utilidad del ciudadano 1 cuando decide comprar el vehículo

en el caso de que el ciudadano 2 decida no hacerlo. El segundo número (0) es la utilidad del ciudadano 2

cuando decide no comprar el vehículo y el ciudadano 1 sí lo compra. De la misma manera se pueden leer las

utilidades de los ciudadanos en los otros escenarios.

La estrategia de cada ciudadano de acuerdo con la tabla de pagos es clara: si el ciudadano compra la

camioneta obtiene 0-1= -1 utilidad, cifra que es inferior a 0, que es la utilidad de no comprar la camioneta.

Este análisis nos permite predecir que, ante estas condiciones, la estrategia dominante para los ciudadanos,

una vez que hayan obtenido y comprendido la información suministrada, será no comprar la camioneta.

Como se señaló más arriba, la utilidad que obtiene cada ciudadano es independiente de las elecciones de

otros ciudadanos. Esto nos permite concluir que la coordinación de los individuos en la estrategia de no

comprar (NC, NC) es el único equilibrio de Nash de este juego.2 Se puede comprobar fácilmente que este es

el único equilibro de la manera en que se explica a continuación. ¿Cuál sería la utilidad obtenida por el ciudadano

1 si se desviara de la acción predicha por el equilibrio de Nash? Si decidiera comprar la camioneta

obtendría una utilidad menor que en el caso de no comprar la camioneta. El resultado es el mismo para el

ciudadano 2. Por ende, la conclusión es que no existen incentivos por desviarse del equilibrio predicho (NC,

NC). Cuando no existen incentivos para desviarse, estamos ante un equilibrio de Nash. Cabe notar que la

coordinación es automática en este caso y el equilibrio predicho es eficiente. Esto significa que no existe

ningún otro equilibrio en el cual la suma de utilidades de los participantes sea mayor que la encontrada en

este equilibrio.

Coordinación compleja

Imagínese un caso de política de transparencia focalizada en el cual se brinda información a los padres sobre

el pobre récord de asistencia de los maestros, así como el magro desempeño promedio de los alumnos

de la escuela. Asimismo, se les provee información acerca de cómo involucrarse en las escuelas a través de

la asociación de padres. Se asume también, para este caso, que los padres no tienen dudas de que, ante su

reclamo y su monitoreo, los maestros y la escuela responderían mejorando el desempeño.3 Cada uno de los

padres que recibió la información debe decidir qué acción tomar. Se supone que sólo hay dos decisiones

posibles: i) reclamar e involucrarse en la administración del colegio a través de la asociación de padres o

bien ii) no reclamar ni tampoco involucrarse.

Si bien los padres reciben un beneficio en términos de mejorar el desempeño de la escuela que repercutirá

en una mayor cantidad de horas y una mejor calidad en la educación de sus hijos por involucrarse en

el control social, saben que hay otros padres que también podrían hacerse cargo de monitorear el accionar

de la escuela. Si sólo existiera un padre y un alumno, el padre tendría incentivos para participar del control,

2 En teoría de juegos, el equilibrio de Nash (formulado por John F. Nash, Jr., ganador del Premio Nobel de Economía

en 1994) se define como un modo de obtener una predicción de equilibrio para juegos que involucren a dos o más

jugadores. Si hay un conjunto de estrategias tal que ningún jugador se beneficia cambiando su estrategia mientras

los otros no cambien la suya, entonces ese conjunto de estrategias y las ganancias correspondientes constituyen un

equilibrio de Nash.

3 Es importante aclarar que la atención a este tipo de supuestos es uno de los aspectos clave para estudiar la efectividad

de las políticas de transparencia focalizada en América Latina desde el punto de vista de la teoría de juegos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 13

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

dado que en su ausencia no existiría control alguno. Sin embargo, a medida que haya más padres, estos van

a tener mayores incentivos para no monitorear y esperar a que otros padres paguen el costo de hacerlo. Esto

se denomina el “problema del polizón”, dado que los padres de nuestro ejemplo, al igual que los polizones,

quieren obtener un servicio (en este caso incrementar el desempeño de la escuela) en forma gratuita, sin

tener que pagar el costo de monitorearlo. Si todos los padres piensan igual, se presenta una situación en la

cual no existe ningún control social y por ende no se puede mejorar la calidad del servicio.

Ahora se pueden conceptualizar estos hechos utilizando la teoría de juegos. Si solamente un padre es el único

que reclama y se involucra en el monitoreo, este padre paga un costo de 3 y recibe un beneficio de 5 unidades

en términos de utilidad.4 Si un padre no participa del monitoreo pero el otro si lo hace, el que no participa no

tiene que pagar costo alguno y recibe un beneficio de 5. Si ambos padres participan del reclamo y del monitoreo

el costo es menor5 (2 unidades) y el beneficio es de 5 unidades para cada uno. Su beneficio esperado es entonces

5-2=3. Si ambos deciden no reclamar ni monitorear, entonces no tienen ni costos ni beneficios asociados.

Cuadro 1.3

Coordinación compleja en el juego de la asociación de padres

Padre 2

Reclamar (R) No reclamar (NR)

Padre 1

Reclamar (R) 3,3 2,5

No reclamar (NR) 5,2 0,0

En este juego existen dos equilibrios de Nash en estrategias puras (la estrategia es independiente de las

probabilidades con las que el otro individuo elija sus estrategias) y uno en estrategias mixtas.

• Equilibrio en estrategias puras: si el padre 1 reclama y monitorea, al padre 2 no le conviene

reclamar y viceversa. Por lo tanto, en equilibrio sólo uno se involucra en monitorear la escuela.

Cabe notar nuevamente que en estos casos no hay ningún desvío rentable para los padres.

• Equilibrio en estrategias mixtas: se considera primero al padre 1, denominando q a la probabilidad

de que reclame y se involucre el padre 2. Las utilidades de reclamar (R) y no reclamar (NR)

para este individuo son:

• U1(R, q) = 3q + 2(1-q), dado que si el padre 1 reclama tiene una utilidad de 3 cuando el

padre 2 también reclama (lo que ocurre con probabilidad q) y de 2 cuando el padre 2 no

reclama (lo que ocurre con probabilidad 1-q).

• U1(NR, q) = 5q + 0(1-q), dado que si el padre 1 no reclama tiene una utilidad de 5 cuando

el padre 2 reclama (lo que ocurre con probabilidad q) y de 0 cuando el padre 2 no reclama

(lo que ocurre con probabilidad 1-q).

4 Nuevamente la elección de pagos específicos es arbitraria; sólo importa la relación entre los pagos de los distintos actores.

5 Esto refleja la presencia de una función de costos en la cual cada padre tiene un costo menor a medida que haya

más padres involucrados.

14 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Para encontrar un equilibrio en estrategias mixtas, se persigue la lógica de que un ciudadano tiene que

permanecer indiferente entre las acciones “mixtas” de su elección. Simple álgebra demuestra que el padre

1 es indiferente entre reclamar y no reclamar cuando U1(R, q)= U1(NR, q), esto es, cuando la probabilidad

de que el padre 2 reclame es q=1/2. Realizando el mismo análisis para el padre 2, quien tiene las mismas

preferencias, se obtiene que es indiferente entre monitorear y no monitorear cuando la probabilidad de que

el padre 1 se involucre en el monitoreo (que denominamos p) es p=1/2. Por lo tanto, el equilibrio de Nash

en estrategias mixtas consiste en elecciones aleatorias por parte de los ciudadanos con probabilidad de

monitorear igual a p=q=1/2, lo que deriva una utilidad esperada de 2,5 para cada uno. La matriz resultante

de probabilidades se presenta en el cuadro 1.4.

Cuadro 1.4

Probabilidad de reclamar e involucrarse en la asociación de padres

Padre 2

Reclamar (R)

(q=1/2)

No reclamar (NR)

(1-q=1/2)

Padre 1

Reclamar (R) (q=1/2) 0,25 0,25

(q=1/2) 0,25 0,25

Puede notarse que en este equilibrio de Nash, el 25% de las veces aparece un resultado ineficiente en el

cual ninguno de los padres se involucra en la educación de sus hijos a través de la asociación de padres. Es

ineficiente porque nadie monitorea a la escuela y la suma de beneficios es menor que en otros equilibrios.

Si el análisis se extiende a N padres se encuentra que:

• A medida que aumente el número de personas involucradas es posible converger a un único equilibrio

en estrategias puras donde ningún ciudadano se involucrará en la asociación de padres.

Esto es así porque la brecha entre los beneficios y los costos se achica hasta volverse negativa.

Esto quiere decir que, marginalmente, al añadir un ciudadano más, aumenta el costo de monitorear

una escuela con mayor cantidad de alumnos, mientras que el beneficio permanece fijo.

• En cuanto al equilibrio en estrategias mixtas, a diferencia del caso en el que hay sólo dos padres,

el problema de apatía se vuelve más serio a medida que aumenta el número de padres involucrados.

A medida que hay más ciudadanos, la probabilidad de que uno decida no reclamar aumenta.

Más aún, la probabilidad que nadie (entre todos los padres) reclame también crece con el número

de padres. Cuando N es muy grande existe la posibilidad de que nadie reclame ni se involucre en

ninguno de los equilibrios en estrategias mixtas, lo cual implica un resultado ineficiente.

Este simple modelo permite comprender una de las posibles razones del por qué la convivencia entre muchas

personas puede llevar a la apatía y la falta de participación. La interpretación de este resultado es que,

ante la masificación de las personas que podrían tener algo en juego, existe un “dilema del polizón” (freerider)

por el cual ninguna persona elige pagar los costos de reclamar e involucrarse en la educación de sus

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 15

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

hijos suponiendo que alguna otra persona lo hará. El problema acontece cuando la mayoría de las personas

tiene un razonamiento similar y por ende crece la probabilidad que ninguno se involucre.6

La literatura sobre cooperación es mucho más extensa que la que este capítulo aplica con respecto a los

juegos de cooperación. Existen autores (Axelrod, 1984; Matsui, 1991 ; Kim y Sobel, 1995; Fudenberg y Levine,

1998; Mailath, Morris y Postlewaite, 2001; Ely, 2002; Grief, 2000; Grief y Laitin, 2004) que enfatizan

el rol de la “capacidad de coordinación” para producir la evolución hacia equilibrios eficientes donde existe

coordinación entre los actores. Este instrumento puede abarcar desde acciones de comunicación entre los

ciudadanos (cheap talk) hasta mecanismos de compromisos mutuos.

En resumen, las políticas de transparencia focalizada analizadas nos dejan ciertas lecciones. Para que

dichas políticas sean efectivas, no solamente es importante que se piense en los contenidos y vehículos

de la información, o en las capacidades de comprensión de los usuarios: también es crucial que existan

mecanismos que fomenten la coordinación entre los propios usuarios de la información. Si no se toma en

cuenta este aspecto a veces olvidado en el marco del diseño de una política de transparencia focalizada, un

potencial éxito podría convertirse en una política destinada al fracaso.

El cambio en el comportamiento de la entidad objetivo

Hasta ahora el foco de atención se ha puesto en los usuarios de la información. Sin embargo, el éxito de

las políticas de transparencia focalizada muchas veces descansa en los incentivos que tienen las entidades

objetivo.7 Estas no siempre se verán incentivadas para cambiar su comportamiento frente al reclamo de los

usuarios de información; sólo harán lo que se espera de ellas cuando el beneficio asociado al cambio, ya

sea en términos de reputación, popularidad o futuras ventas, entre otras, sea mayor que el costo presente.

Cuando los incentivos de los usuarios y entidades objetivo no están alineados con el propósito de las

políticas de transparencia, es muy difícil lograr los resultados anticipados por dichas políticas.

En esta sección se analizará el caso (i) anticipado arriba, en el cual los incentivos de las entidades no están

alineados con los objetivos de los usuarios de la información. Esto es así porque los beneficios de tomar

la acción esperada por parte de las entidades son menores que el costo asociado a dicha acción. Más adelante

se tratará el caso (ii), para el cual se analizan los problemas que se han observado en países en desarrollo.

Dentro del caso (i) hay dos escenarios en los cuales el beneficio de las empresas, los servidores públicos

y demás organismos puede ser menor que el costo asociado al cambio de comportamiento esperado

frente a la nueva información.

En el primer escenario, el costo asociado a cualquier desvío del curso de acción actual es mayor que

su beneficio. A este caso lo denominamos puja de intereses. Un ejemplo de esta puja se puede enmarcar

en la experiencia de las cadenas de comida rápida de Estados Unidos, que dedicaron grandes cantidades

6 No es difícil imaginar situaciones en América Latina en las cuales se hace patente el “dilema del polizón”. Por

ejemplo, obsérvese la necesidad de que los ciudadanos hagan rendir cuentas a las empresas de transporte con el objetivo

de que estas mantengan estándares de calidad en la prestación de los servicios, especialmente en las grandes

ciudades.

7 Para algunos encargados de divulgar la información, pueden no ser las “entidades objetivo”, según el término utilizado

en este capítulo. Por ejemplo, existen organizaciones de la sociedad civil que se encargan de traducir y publicar

datos oficiales para que estos puedan ser utilizados por los usuarios.

16 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

de recursos económicos para que, a través de prácticas de lobby, quedasen exentas de la legislación que

exige dar cierta información nutricional sobre los productos ofrecidos.8 Sabiendo que esto tendría un efecto

nocivo en la supervivencia de las empresas de comida rápida, decidieron adoptar una estrategia proactiva

para intentar impedir que los legisladores se expidieran sobre este asunto. Como consecuencia, en muchos

estados de Estados Unidos, no se llegaron a estructurar políticas de transparencia focalizada en las cadenas

de comida rápida. Esta ha sido una verdadera oportunidad perdida para un país con una tasa de obesidad

tan alta como Estados Unidos.

El segundo escenario tiene lugar cuando existe un cambio de comportamiento pero este es distinto al

esperado por el objetivo de la política. Se trata de lo que denominamos consecuencias no deseadas de las

políticas de transparencia. Gavazza y Lizzeri (2006) y Prat (2005) proporcionan varios ejemplos que pueden

entenderse en esta línea, entre ellos el del tiempo que tardan las distintas agencias administrativas del

Estado para efectuar un trámite simple, como el otorgamiento de la licencia de conducir. El problema de dar

a conocer esta información es que puede generar un exceso de demanda sobre estas agencias sin que haya

ningún cambio en el sistema de compensaciones de los empleados públicos. Anticipando esto, el personal

de dichos organismos podría reducir su eficiencia una vez puesta en marcha la política de transparencia. El

punto más general es que en mercados en los cuales existen rigideces en los precios (en este caso el de los

salarios del sector público), las políticas de transparencia pueden ser contraproducentes.9 Otro caso similar

es el de las políticas de transparencia focalizada que intentan medir el desempeño de maestros, escuelas y

hospitales. Estas políticas pueden dar lugar a incentivos para que los agentes se comporten estratégicamente

y no de la manera en que el espíritu de la política de transparencia pretende. Por ejemplo, piénsese en el

uso de exámenes estandarizados a los estudiantes como mecanismo para evaluar a los maestros. Esta política

puede generar consecuencias no previstas, haciendo que los maestros pongan más esfuerzo en educar

a los alumnos en técnicas que mejoren su desempeño en los exámenes estandarizados en vez de focalizarse

en enseñarles la currícula. Por eso, si estas políticas no se implementan correctamente ni se actualizan con

frecuencia para impedir que se alejen de su espíritu, se crean incentivos para que los maestros enseñen sólo

técnicas para contestar exámenes estandarizados, que las escuelas seleccionen sólo a los mejores estudiantes

y los hospitales a los pacientes con menor riesgo de mortalidad.

El rol de la transparencia focalizada como herramienta

de política pública

Antes de estudiar el uso de la transparencia como política pública, es importante estudiar el “ciclo de acción”

a través del cual Fung, Graham y Weil (2007) pudieron echar luz sobre cómo se llena el espacio entre

la divulgación de información y, por ejemplo, la reducción de un riesgo asociado con el consumo de los

servicios públicos.

El ciclo de acción, tal como se presenta en el gráfico 1.3, toma en cuenta: i) percepciones y cálculos, ii)

acciones y conductas por parte de los usuarios de información, iii) percepciones y cálculos, y iv) respuestas

y/o conductas por parte de las entidades a cargo de difundir información.

8 Para más información, véase el artículo de Lyndsey Layton y Dan Eggen publicado en el Washington Post el 9 de

julio de 2011.

9 Sería interesante examinar el uso de instrumentos no monetarios para la motivación del personal en este contexto.

Para otros estudios que intentan delimitar las condiciones bajo las cuales las políticas de transparencia son nocivas

véase Bouton y Kirchsteiger (2012).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 17

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Gráfico 1.3

Ciclo de acción de las políticas de transparencia focalizada

Política de transparencia

focalizada

Respuesta/conducta de los

usuarios de la información

Información de las entidades

objetivo de la política

Percepciones y cálculos de los

usuarios de la información

Respuesta/conducta de las

entidades objetivo

Percepción de las entidades

objetivo de la política

Fuente: Fung, Graham y Weil (2007).

De manera general, se podría decir que las políticas de transparencia focalizada pueden servir como

herramienta de política pública cuando se completa el ciclo de acción descripto más arriba, es decir: cuando

la información divulgada genera un cambio en la percepción de los usuarios y por ende un cambio en

su conducta, lo cual a su vez origina un cambio en la percepción de las entidades a cargo de difundir dicha

información (disclosers), las que a su vez también cambian su propia conducta.

Para ponerlo en términos ilustrativos, se supone que un órgano de control interno, como la CGU de

Brasil, impone una regulación que indica que los funcionarios del ministerio de Educación deben publicar

información, con un formato y una frecuencia específicos, sobre los gastos realizados, con el objetivo de

pagar per diem y viáticos a sus funcionarios. A partir de la implementación de esta nueva regulación, los

usuarios de la información (en este caso, por ejemplo, la unidad de auditoría dentro de este mismo órgano

de control), percibe discrepancias entre lo que el ministerio ha presentado a los auditores y la información

con la que cuenta el organismo de control, a partir del análisis de la información que este organismo realiza

sobre el gasto público. A partir de ello, esta unidad de auditoría efectúa una serie de auditorías especiales

e instruye a sus auditores para que sean capaces de entender las razones y posibles justificaciones de tales

discrepancias, las cuales –de acuerdo con este ejemplo– pueden representar desviaciones ilícitas. Sobre la

base de estas acciones de la unidad de auditoría, los funcionarios públicos perciben una amenaza e inmediatamente

instruyen una serie de regulaciones (internas al ministerio) en función de las cuales se cambian

los sistemas y requisitos para solicitar reembolsos por per diem y viáticos. En este caso ilustrativo, el ciclo

de la política de transparencia focalizada se cumplió efectivamente, con un resultado positivo que condujo

a la institucionalización de prácticas para reforzar la transparencia y eficiencia del sistema de pagos de

reembolsos en razón de per diem y viáticos para los funcionarios públicos.

18 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Las formas a través de las cuales cabe usar las políticas de transparencia focalizada como una herramienta

de política pública pueden ser muy variadas. Otros documentos (Baena y Vieyra, 2011) han tratado

la utilización de las políticas de transparencia focalizada en el marco de la prevención y el control de la

corrupción. En esta oportunidad se plantean algunas ideas sobre otros usos: para la reducción de los riesgos

asociados con el consumo de los servicios públicos, y la mejoría en la eficiencia y efectividad de la provisión

de dichos servicios.

En cuanto a la reducción de los riesgos asociados al consumo de los servicios públicos, es interesante

recordar la política de transparencia que evaluaron Jalan y Somanathan (2008). En India se realizó una

campaña de información sobre el grado de contaminación de materia fecal que tenía el agua potable, usando

un mecanismo de testeo simple. A partir del estudio se observó que las familias que inicialmente no

tenían ningún sistema de purificación y fueron informadas de que existía una alta probabilidad de que el

agua que utilizaban para beber estuviera contaminada, cambiaron su comportamiento. En promedio, ocho

semanas luego de haberse llevado a cabo esta campaña de información, era 11 puntos porcentuales más

probable que estas familias estuviesen utilizando algún sistema de purificación del agua bebible. En este

caso, la coordinación es automática, dado que el beneficio de las familias de comprar el sistema de purificación

es independiente de las acciones de las demás personas.10

En lo que se refiere a la provisión de servicios públicos, Banerjee et al. (2010) estudiaron el impacto de

una intervención para incrementar la participación de la comunidad para mejorar el sistema educativo en

las zonas más relegadas de India. El estudio contó con tres intervenciones: i) dar información sobre cómo

participar de la asociación de padres encargada de monitorear las actividades de la escuela, ii) entrenar a la

comunidad en una manera de testar los conocimientos aprendidos por los alumnos para así monitorear su

progreso y iii) capacitar a voluntarios dentro de la comunidad para que puedan impartir cursos de lectura

destinados a los niños con problemas de aprendizaje.

Los autores encontraron resultados reveladores. Tanto la intervención (i) como la (ii) no tuvieron ningún

efecto en la participación ciudadana, o en el esfuerzo de los maestros o el aprendizaje de los alumnos.

La única intervención que tuvo éxito en mejorar la educación de los niños fue la (iii), lo cual es de esperar

dado el marco teórico que desarrollamos anteriormente al explicar los mecanismos de las políticas de transparencia

focalizada. Como sugiere dicho marco, el problema de coordinación es más complejo en los casos

de las intervenciones (i) y (ii), dado que estas deben generar incentivos para que otros actores cambien su

comportamiento. Esto es especialmente problemático en los países en desarrollo, donde las expectativas

de los ciudadanos sobre las chances de cambiar el comportamiento de la administración pública son bajas.

Ante esto, es predecible que los usuarios de la información respondan con apatía frente a la posibilidad de

utilizar las asociaciones de padres como mecanismo para mejorar la educación de sus hijos. Más aún: en el

caso de India los padres prefirieron utilizar la acción que no dependía de los servidores públicos para ser

exitosa.

El debate sobre las implicancias de la transparencia en el marco de la provisión de servicios es importante

en los países latinoamericanos, ya que un alto porcentaje de los ciudadanos, aun cuando hagan un

uso sistemático de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para asuntos privados, no son

completamente conscientes de los beneficios potenciales de utilizar información sobre la calidad y disponibilidad

de los servicios públicos.

10 Se asume que la oferta de sistemas de purificación es lo suficientemente grande para no cambiar el precio frente

a un aumento de demanda de los ciudadanos. Pero aun si este supuesto fuera incorrecto, la coordinación de los ciudadanos

sería más veloz que bajo condiciones “normales”.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 19

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Aplicación del modelo de transparencia focalizada en América Latina

En los últimos años han crecido el interés público y los estudios académicos acerca de las políticas de

transparencia focalizada. Sin embargo, aún queda mucho por conocer en lo que respecta a los factores que

condicionan su efectividad, especialmente en países latinoamericanos.

A partir del marco conceptual desarrollado, nos ocuparemos ahora de subrayar determinados aspectos

del escenario institucional de los países latinoamericanos que pueden tener un impacto en la implementación

de políticas de transparencia focalizada. En este contexto, se ha puesto especial atención en el rol de

los incentivos de los actores (ciudadanos, funcionarios públicos y sector privado) que demandan y brindan

información, y en cómo estos incentivos pueden tener un impacto en las posibilidades de coordinación y

articulación de intereses y capacidades.

En particular se observarán los efectos a los que están sujetas las políticas de transparencia focalizada

en países o sociedades donde: i) el rol del Poder Legislativo o del Congreso se ve disminuido con respecto al

Poder Ejecutivo, lo cual da lugar a las “democracias delegativas”; ii) grandes porcentajes de la ciudadanía y

de los representantes de los sectores público y privado no tienen perspectivas de que las políticas públicas

se mantengan en el largo plazo; y iii) los grados de “aprendizaje” y “retroalimentación” en el marco de la

formulación de políticas públicas son relativamente bajos.

En esta aproximación del modelo de transparencia focalizada a la realidad de los países latinoamericanos

se ha puesto especial atención en los sistemas de incentivos y los escenarios de coordinación que son

necesarios para que los objetivos de las políticas de transparencia focalizada se cumplan.

El rol del Poder Legislativo

Una de las características más sobresalientes de las políticas de transparencia focalizada en Estados

Unidos es la constante referencia al rol central del Poder Legislativo, tanto para los casos en los que la

transparencia focalizada fue diseñada e implementada de manera eficiente, como para aquellos en los

que resultó contraproducente. En la mayoría de los casos presentados por Fung, Graham y Weil (2007),

el Poder Legislativo constituye de hecho una pieza fundamental en el marco de la promoción de políticas

de transparencia con el objetivo de mejorar los servicios públicos, independientemente del resultado de

dichas políticas.

Sin pretender caracterizar a los poderes legislativos en América Latina, varios autores coinciden en que

existe una tendencia a que su rol se vea disminuido frente a la iniciativa de los poderes ejecutivos (Saiegh,

2010). La tendencia resultante es lo que algunos han llamado “democracias delegativas”, describiendo una

situación de transgresión o extralimitación de las fronteras institucionales legalmente establecidas por

parte de los poderes ejecutivos (O’ Donnell, 1994; 1999). Esta discusión es relevante porque si el Poder

Legislativo y el Judicial, y las diversas instituciones, como las unidades de auditoría, las fiscalías generales y

especializadas, o los defensores del pueblo, están controlados o cooptados por el Poder Ejecutivo, también

es de esperar que no puedan proponer iniciativas de transparencia que puedan entrar en conflicto potencial

con algún interés alineado con el poder del Ejecutivo.

20 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Sin embargo, las disposiciones acerca de cómo deben cumplirse las políticas de transparencia focalizada

no necesariamente son definidas por los legisladores y más bien tienen que ver con los procesos regulatorios.

El legislador puede abrir el camino para el diseño de estas políticas, pero luego la implementación

recae en los entes reguladores. En el caso de América Latina, la década de 1990 dejó a los países con un

escenario muy diverso en lo que respecta a la capacidad y autonomía operativa de estas entidades encargadas

de regular la provisión de servicios públicos.

Existe además un problema adicional en los países latinoamericanos, y es que el éxito de la carrera política

de los legisladores está asociado al hecho de corresponder a su jefe partidario más que sus representados

(Jones et al., 2002; 2007). Como consecuencia se generan incentivos para no invertir en la adquisición

de capacidades legislativas, las cuales son necesarias para promover leyes de política de transparencia

focalizada. En estos casos, los legisladores tienen menos experiencia, existe una rotación mayor en las comisiones

legislativas, hay menor especialización y por ende las legislaturas actúan en forma de apéndices

del Ejecutivo, limitando su rol en la formulación de políticas públicas (Saiegh, 2010).

Visión de corto plazo

Uno de los aspectos fundamentales de los cuales depende la efectividad de las políticas de transparencia

focalizada es que sean sostenibles, es decir: que con el correr del tiempo sigan siendo utilizadas por los

usuarios de información, que proporcionen información confiable y actualizada, y que continúen cumpliendo

con el propósito de política pública con el que fueron diseñadas. En América Latina se vive una situación

bastante particular con respecto a la “continuidad” de las políticas, y de los políticos.

Aunque existen excepciones, como las de los países que cuentan con un sector público robusto y bien

pago (Chile, Brasil), los países de la región tienen un alarmante promedio de recambio político, lo cual a su

vez afecta la continuidad de las políticas públicas. En el caso de Ecuador, el BID comenzó a principios de

2008 a esbozar un proyecto de diseño e implementación de políticas de transparencia focalizada en el sector

petrolero (véase el capítulo 5 de esta publicación). Desde principios de 2007 hasta mediados de 2010, cuando

el proyecto estaba a mitad de su implementación, el país había vivido un cambio constitucional, y por el

Ministerio de Minas y Petróleo (luego Ministerio de Recursos no Renovables) habían pasado cinco ministros.

Rendir cuentas a los ciudadanos como consecuencia de la implementación de políticas de transparencia

es una inversión de largo plazo. En el corto plazo, el sector privado, el Poder Ejecutivo, así como también

el Poder Legislativo, tienen que pagar el costo adicional de adecuar las normas e implementar las políticas.

Esta mayor atención y un mayor monto de recursos para las mejoras del servicio o producto se aplican sólo

si existe la expectativa de que en el futuro esto será retribuido por los ciudadanos en su función de votantes

y consumidores. Por ejemplo, cuando las firmas deciden invertir en mejorar los contenidos nutricionales de

los alimentos que producen o en reducir la contaminación ambiental, están tomando una decisión de largo

plazo. Si bien esto es costoso en el corto plazo, dado que las ventas asociadas al nuevo producto pueden

disminuir y puede haber mayores costos en investigación y desarrollo, en el largo plazo las firmas ganan la

reputación de hacer algo que sus clientes consideran como “lo que está bien”.11

11 En estos casos también existe un problema de coordinación, dado que las empresas son reticentes a dar el primer

paso sin saber lo que harán sus competidoras. Ante esto, la acción del Poder Legislativo es importante porque funciona

como facilitador de la coordinación a través de la promulgación de nuevas leyes en este sentido. Y también es

importante el rol del Ejecutivo en la implementación de estas nuevas leyes. Por ultimo, el Poder Judicial es necesario

para asegurarse el cumplimiento de estas leyes. Esto se relaciona con la importancia de las instituciones y el Estado

de Derecho para el buen funcionamiento de las políticas de transparencia focalizada.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 21

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Estos incentivos son menores en países donde la tasa de descuento es mayor, porque las empresas o el

poder político de turno no saben si el día de mañana estarán en la mesa de negociación para disfrutar de los

frutos de su inversión. En los países desarrollados el sistema de partidos políticos actúa como un sistema de

restricciones al conjunto de las decisiones potenciales que puede tomar una administración en particular.

En países donde este sistema de partidos es débil, esta restricción es más flexible. Si esto se complementa

con poderes legislativos y judiciales frágiles o cooptados, los incentivos para realizar las inversiones de

largo plazo en materia de transparencia se reducen aún más. A su vez, en países donde el éxito de las empresas

depende más de sus conexiones políticas que del valor agregado que generan en el mercado, donde

el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios, y donde la arena institucional es muy volátil, hay

menos incentivos para realizar inversiones de largo plazo por parte del sector privado también.

Por eso, en países con alta volatilidad institucional existen mayores impedimentos para que el ciclo

de acción de las políticas de transparencia se complete de manera efectiva. Esto no quiere decir que estas

políticas no sean útiles en países latinoamericanos, sino que hay que diseñarlas teniendo en mente las

condiciones específicas del contexto en el cual serán implementadas y, en particular, tomando en consideración

los mecanismos que fomentan la coordinación entre los usuarios de la información y la capacidad de

respuesta o cambio de conducta por parte de las entidades objetivo.

Los fenómenos del “aprendizaje” y de la “retroalimentación”

en el marco de la formulación de políticas públicas

Uno de los aspectos más fascinantes de la instrumentación de políticas de transparencia focalizada es que

estas son experimentos en el sentido más estricto de la palabra. No se sabe a priori si van a ser exitosas o

no, se estima que pueden serlo si se tienen en cuenta algunos aspectos, pero la realidad es que hasta que

los usuarios no utilizan la información por un largo período, y la misma es considerada útil y certera, no

se puede aventurar sobre el éxito o la efectividad de estas políticas. Y los ingredientes principales en el

marco de esta “experimentación” son los incentivos, las necesidades y las capacidades de los usuarios de

información.

Pero, ¿cómo se puede saber cuáles son los incentivos, las necesidades y las capacidades de dichos

usuarios? Existe la posibilidad de hacer encuestas y poner en práctica modelos para obtener información

sobre grupos de usuarios considerados objetivo. Sin embargo, la manera más eficaz consiste en observar

qué es lo que falló o tuvo éxito en el marco de la implementación de las políticas en el pasado. Si se “aprende”

de lo que funcionó y lo que no funcionó, y si existen canales reales de retroalimentación, los encargados

de formular políticas estarán en condiciones de combinar los ingredientes antes mencionados al momento

de proponer una política.

En este sentido, el diseño y la implementación de evaluaciones de políticas rigurosas que incluyan

líneas de base, un diseño experimental para identificar qué hubiese ocurrido en ausencia de determinada

política, y las medidas de desempeño objetivas son elementos imprescindibles al momento de esbozar una

política de transparencia focalizada. Los países con sistemas institucionales sólidos cuentan con mecanismos

a partir de los cuales promueven la evaluación científica de las políticas públicas y el aprendizaje sobre

las experiencias pasadas. En América Latina, debido a los problemas asociados con la capacidad de muchos

Estados para generar no sólo políticas públicas de calidad sino para aprender de los aciertos y fracasos,

dicha capacidad es limitada (Stein et al., 2008). Este tipo de aprendizaje sobre el funcionamiento de las

políticas públicas se ha visto de manera esporádica en temas de protección social, como en el caso del pro22

Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

grama mexicano Oportunidades, de transferencias condicionadas de efectivo.12 Sin embargo, la revolución

de la política basada en resultados empíricos no ha llegado al sector de la transparencia y la rendición de

cuentas. Se espera que estudios como el presentado en esta publicación, así como los proyectos del BID

en este marco, sirvan para que los países de la región puedan dar el puntapié inicial para esta revolución.13

¿Qué determina el éxito o fracaso de las políticas de transparencia?

Anteriormente explicamos que existen tres condiciones necesarias para el éxito de las políticas de transparencia

focalizada: comprensión, coordinación de los usuarios de la información y cambio en el comportamiento

esperado de las entidades objetivo. Ahora nos dedicaremos a explicar cómo el grado de desarrollo

institucional condiciona estos requisitos. En particular, intentaremos analizar algunos aspectos clave de

cómo repercuten las idiosincrasias del sistema institucional de los países de América Latina en los mecanismos

de funcionamiento de las políticas de transparencia focalizada.

Si al momento de diseñar e implementar una política de transparencia focalizada se conjugan los tres

requisitos mencionados, los usuarios de información terminarán por reclamar cambios en el comportamiento

de los actores a través de no comprar productos o servicios, o reclamar y votar en consecuencia. En

este momento será el turno de las empresas, de los servidores públicos u otras entidades objetivo, quienes

deberán actuar y calcular si les conviene responder a estos reclamos de los usuarios de información y ver

cuál es la acción a realizar que optimizaría su beneficio neto esperado, en función de las acciones que a su

vez se espera que tomen los ciudadanos como respuesta.

Para el caso de las políticas de transparencia en las cuales la coordinación es automática y los pagos

relevantes están asociados a la acción tomada por el individuo y no a la respuesta tomada por las empresas,

los servidores públicos u otras entidades objetivo, la probabilidad de éxito de las políticas es alta, independientemente

del contexto institucional en el cual nos encontremos. Se trata, por ejemplo, de los casos

de proveer información sobre buenas prácticas de higiene o prevención de enfermedades, así como información

sobre los retornos a la educación primaria y secundaria o sobre las fallas técnicas de automóviles,

etcétera.

Como consecuencia, estas políticas sólo fracasarán cuando algunas de las conexiones que hemos identificado

al hablar sobre los mecanismos de las políticas de transparencia focalizada no se encuentren presentes,

específicamente aquellas bajo el rótulo de “comprensión” (por ejemplo, que las personas no logren

entender el mensaje, o que lo entiendan pero la información que contiene el mensaje no logre cambiar sus

creencias y por ende no afecte la toma de decisiones).

12 Véanse, entre otros: Schultz (2000), Parker y Skoufias (2000), Behrman et al. (2005). México, a través del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y ahora por medio de CLEAR, ha sido pionero en

el uso de métodos científicos para la evaluación de políticas públicas.

13 El Fondo de Transparencia del BID ha dado interesantes pasos en este sentido. Los 13 proyectos de cooperación

técnica que fueron financiados entre 2009 y 2012 contaron con diagnósticos sólidos y dispusieron de un porcentaje

aceptable de sus presupuestos para realizar el levantamiento de líneas de base al comenzar las intervenciones, y para

las necesarias mediciones de resultados al final. Para mayor información véase http://www.iadb/fondo-transparencia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 23

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Recuadro 1.2

Formación de creencias y normas sociales

En principio, nadie conoce la “realidad” de un sistema –socioeconómico-político–, pero los seres

humanos construyen creencias acerca de la naturaleza de dicha realidad. Dichas creencias constituyen

un modelo positivo de la forma en que el sistema funciona y a la vez un sistema normativo

de cómo debería funcionar. Individuos que pertenecen a diferentes entornos tendrán sistemas de

creencias diferentes, interpretarán una misma información de forma diferente y por ende tomarán

distintas decisiones.

Los sistemas de creencias que evolucionan a partir del aprendizaje inducen a definir una estructura

de reglas, normas, convenciones y creencias. Este proceso de aprendizaje por repetición a

medida que transcurre el tiempo (scaffolding) no sólo restringe el conjunto de elecciones en un

momento del tiempo sino que es la fuente de la dependencia de la historia.

Fuente: North (1990, 2005).

Sin embargo, en otras políticas de transparencia focalizada, lograr coordinación y movilización es más

complejo. Existen dos componentes principales de esta complejidad:

• Cuando existe el incentivo para que otras personas paguen el costo de involucrarse y reclamar

para mejorar los servicios/productos consumidos por la sociedad, la coordinación se vuelve más

compleja. Este es el caso de la coordinación de padres que se analizó anteriormente. Esto ocurre

tanto en países desarrollados como en desarrollo, como el caso de los países de América Latina.

• El segundo componente está correlacionado con el grado de desarrollo institucional de los países.

Se refiere a la percepción de la ciudadanía acerca de la probabilidad de que se produzca

un cambio de comportamiento por parte del sector privado, la burocracia y los representantes

políticos. Si la ciudadanía cree que –aun luego de pagar el costo de oportunidad de informarse,

coordinar para resolver el problema de acción colectiva y actuar reclamando cambios– las chances

de generar cambios son bajas, decidirá no movilizarse, en primer lugar. Frente a esto, puede

generarse un círculo vicioso o una trampa política: la ciudadanía espera que su acción de reclamo

no genere cambios de comportamiento y por ende decide no actuar. Esto se denomina “profecía

autocumplida” (Molina, 2012).

Para aclarar este punto es importante pensar nuevamente en el caso de la política de transparencia que

proporciona información a los padres sobre el pobre récord de asistencia de los maestros, así como el magro

desempeño promedio de los alumnos de la escuela. Cuando explicamos este tema, comentamos que

había un presupuesto: que los padres no tenían dudas de que, ante el reclamo y el monitoreo generalizado

por la población, la escuela respondería mejorando el desempeño. Se supone que ahora la probabilidad de

que los servidores públicos respondan de manera satisfactoria es baja, en particular, es igual a un 20%.14

Esto cambia drásticamente el ejemplo arriba presentado. En este caso, el beneficio esperado de reclamar e

14 Se asume un número específico para hacer más sencillo el tratamiento formal de este problema utilizando la teoría

de juegos. Nótese que para desarrollar este caso no es necesario asumir que los agentes carecen de racionalidad o

tienen una capacidad cognitiva limitada.

24 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

involucrarse en la asociación de padres para monitorear a la escuela se reduce considerablemente. Ahora se

deben vencer dos problemas: i) el problema de coordinación con los demás padres para ver quién paga el

costo de monitorear a la escuela y ii) el problema de las bajas expectativas de respuesta positiva por parte

de las autoridades. Dado que los padres esperan que, aun luego de sortear los problemas de coordinación,

el reclamo no obtenga como respuesta un cambio en el comportamiento de los maestros, de las autoridades

de la escuela y del gobierno local, el valor asociado al reclamo disminuye. Ante esto, si los valores de la

probabilidad de éxito de los reclamos son bajos, los padres preferirán no hacer ningún reclamo.

Frente a esta información, los servidores públicos tienen que decidir cuántos recursos, en términos de

tiempo, esfuerzo y presupuesto, es aconsejable dedicar para mejorar la calidad educativa que se imparte en

la escuela. Si los padres decidieron no involucrarse en intentar mejorar la educación de sus hijos a través de

los canales institucionales, es probable que, ante una mejora, les cueste identificarla. Y aun en el caso en

que la identifiquen, no es claro que les vayan a dar el crédito a los servidores públicos responsables. Como

resultado, se obtiene la profecía autocumplida. El hecho de que los ciudadanos no quieran ejercer control

ciudadano porque perciben que no va a haber respuesta o que la misma va a ser inefectiva determina

también que los servidores públicos no van a ser “premiados” en caso de un mejor desempeño. Ante esto,

disminuyen los incentivos para esforzarse.

A continuación se conceptualiza esto en términos de la teoría de juegos. Si el padre 1 es el único que

reclama y se involucra en el monitoreo, este paga un costo de 3 y recibe un beneficio esperado de 1 (5*0,2

[probabilidad de éxito] =1). Si el padre 1 no participa del monitoreo pero el otro sí lo hace, este no tiene que

pagar costo alguno y recibe un beneficio de 1. Si ambos ciudadanos participan del reclamo y monitoreo, el

costo es de 2 y el beneficio de 1. Su beneficio esperado es entonces 1-2=-1. Si ambos deciden no reclamar

ni monitorear no tienen ni costos ni beneficios asociados.

Cuadro 1.5

Rendición de cuentas en sistemas institucionales débiles

Padre 2

Reclamar (R) No reclamar (NR)

Padre 1

Reclamar (R) -1,-1 -2,1

No reclamar (NR) 1,-2 0,0

Bajo este esquema el único equilibrio de Nash es aquel en el cual ambos ciudadanos deciden no reclamar

ni involucrarse en la educación de sus hijos. Nótese que no hay ningún desvío rentable para los

jugadores. Cualquier desvío del padre 1 le reporta beneficios negativos, dada la acción que está realizando

el padre 2 y viceversa. Más aún: cabe notar que reclamar no sería un equilibrio ni siquiera aun en el caso de

que exista un solo padre.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 25

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Evidencia empírica sobre el impacto de las políticas

de transparencia focalizada

A continuación utilizaremos nuestro marco teórico para comprender la heterogeneidad en el impacto de las

políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo.15 A continuación hay una revisión de la literatura

sobre la materia y los estudios están divididos en tres grandes grupos: i) intervenciones que intentan

dar transparencia sobre el uso de los recursos públicos, ii) intervenciones que revelan información para

mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en los sectores de salud y educación, y iii) intervenciones que

proveen información sobre el desempeño de los representantes políticos.

Cuadro 1.6

Políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo - Grupo I

Autores País/Sector Intervención Resultados

Peisakhin y

Pinto (2010)

India/

Política de

transparencia

general

Utilizacion de tres

mecanismos alternativos

para acelerar el proceso de

obtención de tarjetas de

racionamiento entregadas por

el gobierno:

i) Aplicación de leyes de

acceso a la información luego

de entregar a la tarjeta.

i) Sobornos adjuntados a la

aplicación.

iii) Grupo de control que solo

aplica a la tarjeta.

Mientras que entregar un soborno

asegura recibir la tarjeta en unos

83 dias, utilizar la ley de acceso a la

información hace que se la obtenga

en unos 150 días. Esto es menos

de la mitad del tiempo que transcurre

en el caso del grupo de control. En estos

casos transcurren alrededor de 350

días antes de que se obtenga la tarjeta.

Reinikka y

Svensson

(2003)

Uganda/

Recursos

públicos/

Educación

Campaña de información para

difundir el monto de recursos

públicos recibido por cada

escuela así como lo que

debería recibir.

La campaña de información redujo la

captura de recursos de un 80% en 1995

a menos del 20% en 2001.

Di Tella y

Schargrodsky

(2003)

Argentina/

Recursos

públicos/

hospitales

Campaña de información

para difundir el precio de

los insumos pagados por los

hospitales de la ciudad de

Buenos Aires.

La campaña de información redujo el

precio pagado por los insumos en 15

puntos porcentuales en el corto y en 10

puntos porcentuales a mediano plazo.

15 Esto no significa que todos los países mencionados a continuación tengan el mismo grado de desarrollo institucional.

Continúa

26 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Cuadro 1.6

Políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo - Grupo I (continuación)

Autores País/Sector Intervención Resultados

Khwaja

(2004)

Pakistán/

Recursos

públicos/

Infraestructura

Introducción de la participación

ciudadana en la

selección de 132 proyectos de

infraestructura en 99 comunidades

rurales del norte de

Pakistán.

La mayor participación ciudadana en

decisiones para las que no se necesitan

conocimientos técnicos incrementó

el esfuerzo en el mantenimiento de

los proyectos de infraestructura. Sin

embargo, hay resultados opuestos

para el caso de las decisiones que

involucran dichos conocimientos.

Olken (2007) Indonesia

Recursos

públicos/

Infraestructura

En proyectos de infraestructura

se realizaron dos intervenciones

para incrementar

la eficiencia: i) Se incrementó

la probabilidad de auditorías

por parte del gobierno central.

ii) Se aumentó la participación

ciudadana en las

reuniones de control social.

i) Se redujeron los recursos faltantes,

la diferencia entre los gastos realizados

por el proyecto y los gastos necesarios

en función del proyecto realizado.

ii) Se redujeron en 7 puntos porcentuales

los recursos faltantes cuando

se alentó la participación mediante

invitaciones distribuidas en escuelas y

en 2,6 puntos porcentuales cuando se

hizo a través de lideres locales.

Molina

(2012)

Colombia/

Recursos

públicos/

Infraestructura

Capacitación de la comunidad

y facilitación de reuniones comunales

para incrementar la

transparencia en el uso de

regalías y aumentar el control

social.

Mejoró de manera sustancial la información

sobre el proyecto, así como la

percepción sobre los resultados del

proyecto llevado a cabo.

Asimismo, aumentó la utilización de la

organización comunal para resolver los

problemas de la comunidad.

Beck, Lin y

Ma (2011)

Europa Central

y del Este/

Recursos

públicos/

Sistema

financiero

Aumento del grado de sofisticación

y desarrollo de los

sistemas para facilitar el compartir

información crediticia

y financiera.

Se redujo la evasión de impuestos.

En el primer grupo, la evidencia indica que en el caso de las políticas de transparencia focalizada que

dan transparencia a los recursos públicos, las intervenciones registran, en promedio, un efecto positivo y

significativo. Es interesante notar que, si bien el efecto es positivo, todavía hay mucho por mejorar.

Olken (2007) evaluó el efecto de dos estrategias alternativas para reducir la corrupción en los proyectos

de construcción de calles en las aldeas pertenecientes al Kecamatan Development Program (KDP)

en Indonesia: i) incentivar la participación ciudadana en las reuniones de control social y ii) incrementar

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 27

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

la probabilidad de auditorías por parte del gobierno nacional. A fin de calcular el efecto de las distintas

políticas de transparencia focalizada se generó una medida de “recursos faltantes”. Para ello, se entrenó a

un grupo de ingenieros con el objeto de que examinaran la pavimentación de calles y estimaran el costo de

realizar dicho trabajo. La diferencia entre sus estimados por proyecto y los costos reportados por las aldeas

fue la medida de corrupción utilizada, dado que abarcaba los fondos del proyecto que no se utilizaron en

pavimentar las calles. En algunas aldeas, se les anticipó a los equipos que se realizaría una auditoría de su

trabajo, con un 100% de probabilidad. El saber que se recibiría una auditoría del gobierno nacional redujo

los recursos faltantes en un 8%.

La participación ciudadana sólo tuvo un efecto significativo cuando se incentivó a través de cartas formales

repartidas en los colegios, en contraposición a la distribución a través de líderes vecinales. Aun en

los casos en los cuales la participación ciudadana tuvo éxito, sólo redujo la corrupción relacionada con el

reporte de salarios más altos que los efectivamente pagados, pero no tuvo efecto en la corrupción vinculada

a los recursos para materiales de obra.

En tanto, en América Latina la evidencia sugiere que las políticas de transparencia focalizada que brindan

información a la comunidad para que monitoree los proyectos pueden ser beneficiosas para la calidad

de la implementación del proyecto (Molina, 2012). En este caso, el estudio evaluó el impacto del programa

de Auditorías Visibles en Colombia, un programa que permite que la ciudadanía monitoree la realización de

proyectos de infraestructura a través de reuniones de control social, para las cuales se capacita previamente

a los participantes. A diferencia del programa KDP de Indonesia, en este caso los ciudadanos no pueden

seleccionar el proyecto a ser realizado. Esto es importante dado que reduce los problemas de captura del

programa por parte de las elites. La evidencia también sugiere que si bien el programa fue exitoso en aumentar

la calidad de la implementación de los proyectos, no logró mejorar la rendición de cuentas de los

representantes en otros componentes de los servicios públicos que provee el gobierno local. Esto se debe,

en parte, a la baja incidencia de la participación ciudadana, la que a su vez estuvo determinada por las

pocas expectativas de respuesta y de cambio de conducta del poder político. A su vez, el éxito percibido

del proyecto generó un aumento de las organizaciones comunales para resolver los problemas cotidianos

de la comunidad. Esto coincide con nuestro marco teórico, de acuerdo con el cual las bajas expectativas de

respuesta de las entidades genera apatía ciudadana y escasa participación en el monitoreo de los servicios

públicos.

Por otra parte, tanto los estudios de Reinikka y Svensson (2003) en Uganda como el estudio de Di Tella

y Schargrodsky (2003) en Argentina denotan la importancia de examinar el comportamiento dinámico y la

sostenibilidad de las políticas de transparencia focalizada. En ambos casos, el efecto de la política fue sostenible

en el corto plazo. Sin embargo, si la movilización ciudadana frente a la información de malversación

de los recursos públicos pierde poder con el tiempo, y los ciudadanos se “acostumbran”, es de esperarse

que los políticos respondan utilizando menos recursos para controlar el buen funcionamiento de estos

programas y que el efecto de las políticas se reduzca con el tiempo, o se reemplace la manera por la cual se

lleva a cabo la malversación de fondos (por ejemplo, reportando precios bajos en los insumos hospitalarios

pero a costa de una menor calidad). Ante estas posibilidades, se necesita una actualización permanente de

las maneras de dar transparencia, dado que en países donde el costo esperado de violar la ley es relativamente

más bajo, los actores tendrán incentivos para buscar nuevas maneras de “vencer” a las políticas de

transparencia.

28 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Cuadro 1.7

Políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo - Grupo II

Autores País/Sector Intervención Resultados

Banerjee et

al. (2010)

India/

Educación

Se realizaron tres intervenciones

:

i) Información sobre las

asociaciones de padres.

ii) Provisión a los padres de

un sistema de testeo.

iii) Entrenamiento de voluntarios

para ayudar a los

niños que lo necesiten.

En i) y ii) no hubo impacto en la participación

ciudadana o en los conocimientos

adquiridos por los alumnos.

iii) Hubo una mejora en la capacidad

lectora de los estudiantes (3-8 puntos

porcentuales).

Kefeer y

Kemani

(2011)

Benin/

Educación

Dar a conocer los beneficios

del acceso a la educación a

través de la radio.

No varió el comportamiento de los políticos,

pero incrementó el porcentaje

de alfabetismo entre un 2,6% y un 4,6%.

Jensen

(2010)

República

Dominicana/

Educación

Dar información a los niños

sobre los retornos financieros

de asistir a escuela

secundaria.

Incremento del retorno esperado por asistir

a la escuela secundaria, así como de la

asistencia, en 0,2 años adicionales en los

cuatro años posteriores.

En las familias de bajos ingresos la información

logró aumentar el retorno esperado

pero no la asistencia escolar.

Andrabi,

Das y Khwaja

(2009)

Pakistán/

Educación

Dar información sobre la

calidad de las escuelas primarias

y el aprendizaje de

los niños en las mismas.

Incremento de 0,10 desviaciones estándares

en el conocimiento adquirido por los

alumnos, así como una reducción del 18%

del valor de la tarifa estipulada por las

escuelas.

Fitzsimons et

al. (2012)

Malawi/

Salud/

nutrición

Dar información sobre

nutrición infantil a madres

de bebes menores de seis

meses.

Incremento sustancial del consumo de

proteínas en niños, así como también mejoras

en el estado de salud de los niños.

Madajewicz

et al. (2007)

Bangladesh/

Salud/agua

Dar información sobre la

concentración de arsénico

en los pozos de agua.

Incremento sustancial de la probabilidad de

que los individuos utilicen pozos de agua

que no estén contaminados (del 8% al 60%).

Jalan y

Somanathan

(2008)

India/

Salud/agua

Dar información sobre la

presencia de materia fecal

en el agua potable y sobre

el costo de contar con sistemas

de purificación.

Incrementó la probabilidad de utilizar

sistemas de purificación en 11 puntos

porcentuales.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 29

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Cuadro 1.7

Políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo - Grupo II (continuación)

Autores País/Sector Intervención Resultados

Dupas (2011) Kenia/

Salud/SIDA

Dar información sobre los

riesgos relativos de contraer

SIDA, de acuerdo con

las características de la

pareja sexual.

Redujo la incidencia del embarazo en un

28%. En particular, la tasa de embarazo

con hombres mayores se redujo en un

61%.

Cohen y

Dupas (2010)

Kenia/

Salud

Acceso a exámenes gratuiros

para la detección de

malaria.

Redujo la compra de medicina para la

malaria en un 40% para aquellas personas

que utilizaron el examen y no tenían la

enfermedad.

Cairncross et

al. (2005)

India/

Salud

Dar información para promover

buenos hábitos de

higiene.

Sustancial mejora en los hábitos de higiene

(lavarse las manos con jabón) que se

sostiene en el largo plazo.

Kremer

y Miguel

(2007)

Kenia/

Salud

Campaña informativa, focalizada

en los niños, sobre

cómo reducir la probabilidad

de contraer infecciones

intestinales.

No tuvo efecto alguno, probablemente

porque el foco se centró en los niños en

vez de hacerlo en los padres.

Björkman

y Svensson

(2009)

Uganda/

Salud

ONG capacitaron y alentaron

a la comunidad para

que se involucre más con el

control social de la provisión

de los servicios de

salud.

Aumento del control social, así como del

esfuerzo de los profesionales a cargo del

servicio de salud. Como consecuencia, se

redujo la mortalidad infantil y aumentó el

peso de los recién nacidos.

En el segundo grupo de políticas de transparencia focalizada se encuentra la bibliografía que evalúa

el impacto de dichas políticas en los sectores de salud y educación. Esta literatura especializada es la más

abundante, así como también la más sofisticada en términos de estrategias de identificación de los impactos

de las políticas. Hay varias lecciones importantes para resaltar en este caso.

La primera lección se relaciona con el comportamiento ciudadano frente a la posibilidad de participar

dentro de los canales institucionales existentes para reclamar una mejora en los servicios públicos. Al igual

que en el caso de las Auditorías Visibles de Colombia, en India, Banerjee et al. (2010) observaron que la

única intervención que funcionó para mejorar el desempeño escolar fue darle a la comunidad la posibilidad

de que se capacitara para poder ayudar a leer a sus hijos. Las otras intervenciones, que daban información

sobre cómo involucrarse en la administración de la escuela a través de la asociación de padres, no tuvieron

ningún efecto porque los padres decidieron no utilizar ese canal institucional para resolver el problema.

Esto también coincide con los resultados que Keefer y Khemani (2011) obtuvieron en Benin sobre el impacto

de dar a conocer los beneficios del acceso a la educación. En este caso, la información no sirvió para que

los gobernantes proveyeran mejores servicios, pero generó un cambio en el comportamiento de las familias,

30 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

que llevó a un incremento de la alfabetización de sus hijos. Nuevamente, estos estudios coinciden con los

mecanismos que enfatizamos en nuestro marco teórico. Las bajas expectativas de los ciudadanos sobre la

rendición de cuentas de las entidades hacen que estos decidan no utilizar la oportunidad de reclamar mediante

mecanismos institucionales.

Jensen (2010) encuentra un resultado similar en República Dominicana sobre el acceso a la educación

secundaria. Dar información sobre los retornos a la educación secundaria generó un incremento en la

cantidad de años de estudios para los alumnos pertenecientes a familias de ingresos medios, lo cual fue

financiado con un mayor número de horas de trabajo de los padres. Sin embargo, en el caso de las familias

de ingresos más bajos esta información no produjo cambio alguno. En estos casos, para incrementar la

probabilidad de éxito, las políticas de transparencia deberían acompañarse de un instrumento que facilite

el acceso al crédito por parte de las familias de ingresos bajos.

La segunda lección se encuentra en el impacto sustancial de las políticas de transparencia sobre los

hábitos de salud de las personas. Esto puede entenderse en virtud del marco teórico introducido cuando

se describieron los mecanismos de las políticas de transparencia focalizada. En este tipo de intervenciones

el factor crucial es cómo presentar la información y quiénes serán los receptores para que la misma

sea útil y tenga un impacto en el comportamiento de las personas. Si el diseño permite que los receptores

comprendan la información, es de esperarse que dichas políticas sean exitosas. Estas poseen coordinación

automática y no dependen de ningún canal institucional, sino de cambios en el comportamiento de cada

individuo o de cada familia, según el caso. Como consecuencia, es de esperarse que estas políticas funcionen

correctamente aun en países en desarrollo. La única política que fracasó en tener un impacto fue la que

proporcionó información a los niños (en vez de a sus padres) sobre cómo prevenir infecciones intestinales

(Kremer y Miguel, 2007). Es sabido que los niños tienen menor poder de atención y concentración, y que

pueden no entender las consecuencias de sus actos.

Por último, Björkman y Svensson (2009) muestran la potencial importancia de ayudar a la comunidad

a organizarse para monitorear a los servidores públicos en casos en los cuales la arena institucional es

débil, y los individuos pueden ver que la participación en procesos de monitoreo puede ser algo riesgoso,

con pocas probabilidades de éxito. Esto puede ayudar a pasar del equilibrio de apatía de la población y de

profecía autocumplida a un equilibro de control social por parte de la comunidad y de rendición de cuentas

por parte de los servidores públicos. Los autores evaluaron el impacto de dar transparencia y monitorear

las actividades de 50 dispensarios de nueve distritos de Uganda para ver si mejoraba el desempeño de los

trabajadores del sector de salud y consecuentemente la utilización de los servicios de salud y el estado de

salud de la población. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales facilitaron tres series de reuniones

en la comunidad para apoyar el proceso de control social.

En primer lugar, alrededor de 150 miembros de la comunidad, tanto los más vulnerables como la elite,

discutieron la situación de sus servicios de salud y los medios para identificar los pasos que los proveedores

deben seguir a fin de mejorar la prestación de servicios de salud. En segundo lugar, se llevó a cabo una

reunión del personal profesional para contrastar la opinión de la ciudadanía con la de los trabajadores de

la salud en cuanto a la prestación de los servicios. Por último, hubo una reunión entre los miembros de la

comunidad y los trabajadores de la salud, que permitió discutir acerca de los derechos del paciente y las

responsabilidades de los proveedores.

El resultado fue un plan de acción común en el que se destaca el acuerdo entre la comunidad y el

proveedor de servicios sobre lo que se debe hacer, cómo, cuándo y por quién. Después de seis meses de

iniciado el proceso de control, se realizaron las reuniones comunitarias y con los trabajadores de la salud

para revisar los avances y sugerir mejoras. Un año después de la primera ronda de reuniones, los centros de

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 31

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

salud en las aldeas de tratamiento eran un 36% más propensos a tener buzones de sugerencias y un 20%

más propensos a haber numerado las tarjetas de espera, en relación con las instalaciones de comparación.

Asimismo, hubo una reducción de 12 minutos en el tiempo de espera y una reducción de 13 puntos porcentuales

en el absentismo.

Este estudio muestra que si bien es posible utilizar los canales institucionales para mejorar la provisión

de los servicios públicos, las intervenciones se deben diseñar de manera tal de incentivar a los servidores

públicos para que lleven a cabo su tarea.

A continuación, se focaliza en el tercer grupo de estudios: los que intentan entender el impacto de las

intervenciones de transparencia focalizada en el área de la política.

En estos estudios la clave es la movilización ciudadana frente a la información sobre las consecuencias

de las políticas que llevaron a cabo los gobernantes y la rendición de cuentas por parte de los mismos frente

a la difusión de esta información. A partir de nuestro marco teórico, se espera que las chances de éxito para

este tipo de políticas de transparencia sean menores que las que no involucran canales institucionales para

resolver los problemas. Esto se debe a que en el caso de este grupo de intervenciones existen problemas de

coordinación y de rendición de cuentas que se ven agravados por la volatilidad institucional de estos países.

Nuevamente, es posible extraer varias lecciones de la bibliografía. En primer lugar, la conclusión es que

–de acuerdo con nuestro marco teórico– la divulgación de información no siempre logra el resultado esperado

por parte de los ciudadanos y los políticos (cuadro 1.8). El estudio de Chong et al. (2010) demuestra

que, cuando en México se les dio información a los votantes sobre los niveles de corrupción, la población

respondió con apatía política y se presentó en menores cantidades a votar. Por otro lado, el trabajo de

Humphreys y Weinstein (2012) señaló que los congresistas de Uganda no mejoraron su desempeño frente

a la exposición a una mayor transparencia, ni tampoco repercutió esta transparencia sobre sus chances de

reelección.

Por último, al igual que en el caso de los recursos públicos, en este también son importantes las consideraciones

dinámicas para entender los impactos de incrementar la probabilidad de auditorías sobre las

chances de reelección y los incentivos para malversar recursos del erario publico.

En 2003 el gobierno de Brasil inició un programa anticorrupción en el que se seleccionaron municipalidades

al azar para ser auditadas por la CGU (el órgano de control interno a nivel del gobierno federal). El

objetivo del programa era reducir el mal uso de fondos municipales y estimular la participación cívica en el

monitoreo de los gastos públicos.

32 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

Cuadro 1.8

Políticas de transparencia focalizada en países en desarrollo - Grupo III

Autores País/Sector Intervención Resultados

Banerjee et

al. (2010)

India/

Política

Se les dio información a los ciudadanos

utilizando tarjetas de

información ciudadana sobre el

desempeño de los políticos.

Se incrementó la participación en

3,6 puntos porcentuales en la votación

y aumentaron los votos a los políticos

que mejor se desempeñaron.

Chong et al.

(2010)

México/

Política

Campaña de información con tres

intervenciones:

i) información sobre el gasto total,

ii) información sobre la distribución

de recursos a los pobres, iii)

información sobre corrupción.

Las intervenciones i) y ii) aumentaron

la participación en 3 puntos

porcentuales, dándoles crédito a

los incumbentes; la intervención

iii) redujo la participación en alrededor

de 6 puntos porcentuales.

Humphreys

y Weinstein

(2012)

Uganda/

Política/

Congreso

Campaña con tarjetas de información

que evalúan el desempeño de

los miembros del Parlamento.

Los votantes utilizan la información

para actualizar sus percepciones

sobre los candidatos. Conocer

la existencia de esta intervención

con anticipación no genera cambios

en el comportamiento de los

congresistas.

Ferraz

y Finan

(2008, 2011)

Brasil/

Política/

control y

auditoría

Se dieron a conocer los resultados

de auditorías municipales realizadas

por la Controladoria-Geral da

União (CGU).

La diseminación de los resultados

de las auditorías redujo

la probabilidad de relección

de alcaldes corruptos en 7

puntos porcentuales.

Bobonis et al.

(2011)

Puerto Rico/

Política,

control y

auditoría

a nivel

subnacional

Se estudian los efectos de mediano

plazo de dar a conocer el resultado

de auditorías municipales en cuanto

a niveles de corrupción.

La diseminación de los resultados

de las auditorías redujo la corrupción

en el corto plazo, pero en el

período siguiente después de la

elección esta vuelve a aumentar al

nivel estándar.

Ferraz y Finan (2008, 2011) evaluaron el impacto de exponer públicamente a políticos corruptos en los

resultados electorales a nivel municipal en Brasil. La diseminación pública de los resultados de las auditorías

redujo la probabilidad de reelección de los alcaldes de las localidades donde se reportaron al menos

dos actos de corrupción. El efecto de la diseminación de información acerca de los políticos corruptos fue

más pronunciado en aquellos municipios que poseían una estación de radio local. Sin embargo, este estudio

no presenta evidencia sobre los efectos de mediano plazo.

Bobonis et al. (2011) estudian en Puerto Rico un caso similar al de Brasil, pero se focalizan en medidas

de corrupción. Así, observan que la diseminación de los resultados de las auditorías reduce la corrupción

en el corto plazo pero que, en el período siguiente luego de las elecciones, esta aumenta a niveles similares

a los de las municipalidades en las que no se difundió información.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 33

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

Estos hallazgos no implican que las políticas de transparencia que necesitan una respuesta del sector

político u otra entidad objetivo no tengan la posibilidad de ser exitosas. Sin embargo, este trabajo deja en

claro que es preciso tener en cuenta estos potenciales problemas que pueden aparecer en el transcurso de la

implementación de la política de transparencia focalizada desde el diseño de la intervención. Esto permitirá

reforzar el diseño de las políticas de transparencia focalizada, utilizando más herramientas que ayuden a lograr

la movilización ciudadana y la rendición de cuentas del sector público.

Reflexiones finales

Como toda política pública, no existe una única o mejor manera de diseñar e implementar las políticas de

transparencia focalizada. Los procesos y las características del entramado institucional son clave (Schelling,

1984), así como también lo es el complejo funcionamiento del mercado en ambientes donde los actores

siempre toman decisiones entre alternativas imperfectas (Komesar, 1994). Sin embargo, el modelo de

Fung, Graham y Weil para analizar la efectividad de las políticas de transparencia focalizada ha abierto un

interesante e inconcluso debate con diversas ramificaciones en la ciencia política, la economía y las ciencias

de la comunicación, entre otras disciplinas.

Este capítulo se ha encargado de plantear algunas ideas que nos han parecido útiles para repensar,

desde el punto de vista conceptual, la utilización de este modelo. Especialmente identifica los mecanismos

a través de los cuales operan las políticas de transparencia focalizada, poniendo énfasis en los canales de

comprensión, cooperación y cambio de comportamiento por parte los usuarios de la información.

Este marco conceptual permitió identificar algunos aspectos importantes a partir de los cuales cabe

evaluar las posibilidades de éxito de las políticas de transparencia focalizada, particularmente en países

con marcos institucionales débiles como es el caso de varios países latinoamericanos. Por un lado, se ocupa

de explicar las razones de algunos posibles cuellos de botella en el marco de la implementación de las

políticas de transparencia focalizada, especialmente en lo que respecta al cambio de percepción y de comportamiento

por parte del sector público y de las empresas.

Sobre la base del entendimiento de que hay que tener cuidado con las recetas de política universales

que supuestamente operan con independencia del tiempo y del lugar en que son adoptadas (BID, 2006),

hemos identificado algunos factores comunes que se encuentran en una amplia variedad de políticas de

transparencia focalizada exitosas. Algunos de estos factores habían sido ya expuestos por Fung, Graham y

Weil (2007), por ejemplo, el reconocimiento de que: i) no todos los actores o usuarios de la información,

poseen los mismos incentivos, necesidades y capacidades para acceder y utilizar información, y ii) si bien el

contenido de la información es importante, son igualmente relevantes los asuntos asociados a la frecuencia

y los vehículos a través de los cuales se divulga la información.

Sin embargo, también se aportan algunas ideas conceptuales a partir de las cuales se puede complementar

el modelo conceptual sobre la transparencia focalizada, en particular teniendo en cuenta la economía

política de los países latinoamericanos. Tal es así que nos propusimos identificar diversos escenarios o

juegos de coordinación entre los usuarios de la información e implementar mecanismos para evitar efectos

no deseados, entre los cuales se encuentra el “dilema del polizón”.

El esfuerzo de revisar la evidencia empírica nos indicó que en aquellos casos en los que es necesario

cambiar el comportamiento de las entidades sobre las cuales se ofrece información, las percepciones son

tan importantes como las respuestas de estas entidades.

34 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

En muchos países de la región los ciudadanos o usuarios de la información simplemente no confían en

que sus reclamos acerca del accionar del sector público sean suficientes para cambiar su comportamiento

y resolver problemas históricos, como los asociados a la baja calidad en la provisión de dichos servicios.16

Otro aspecto particularmente relevante para los países latinoamericanos es el reconocimiento de que

las políticas de transparencia focalizada representan una plataforma única para poner en práctica mecanismos

de retroalimentación y aprendizaje, sobre todo en el marco de la gestión pública. Gracias a sus

elementos constitutivos (identificación de un objetivo político preciso, identificación del organigrama de

las entidades que presentan déficits de acceso a la información, definición del alcance de las políticas,

definición de la estructura y del vehículo de la información, etc.), estas políticas nos otorgan la posibilidad

de preguntarnos si los objetivos concretos de política pública sobre la base de los cuales se estructuraron

han sido cumplidos o no, así como también nos permiten indagar los motivos por los cuales esto ocurrió.

Sobre este punto, algunos de los pasos fundamentales que se puede sugerir para estructurar la evaluación

de estas políticas17 consisten en:

• Identificar la hipótesis que ha motivado la intervención. Una de las preguntas sugeridas es la

siguiente: ¿cómo se espera que la política de transparencia alcance el objetivo final de la política

pública? Por ejemplo, en el caso de la creación de portales de transparencia (muy de moda, por

cierto, en América Latina), sería necesario indicar paso a paso cómo se llega del portal de transparencia

a la reducción del pago de sobreprecios en la administración pública.

• Establecer una metodología apropiada para identificar el efecto de la intervención. Para ello, es

clave poder identificar el estado contrafactual, esto es, cuál hubiese sido el resultado en ausencia

de la intervención (por ejemplo, qué hubiese ocurrido con los sobreprecios en ausencia de la

política de transparencia).

• Desarrollar una métrica a través de la cual se pueda computar cada resultado. Esto es, por ejemplo:

¿cómo se van a medir los sobreprecios?, ¿cómo se va a establecer cuál es el precio de mercado?

El modelo conceptual que ha sido desarrollado también nos ha otorgado algunos indicios de que, contrariamente

a la mayoría de los ejemplos que se presentan en Fung, Graham y Weil (2007), en América Latina

las políticas de transparencia focalizada no siempre arrancan o pueden arrancar en el maro de los poderes

legislativos. Ya sea por la dinámica que presentan las “democracias delegativas”, o por porque el éxito de la

carrera política de los legisladores en varios países de la región parece estar asociado a la correspondencia

con un jefe partidario más que a sus representados, la literatura especializada indica que las políticas de

transparencia focalizada en la región todavía deben ganar terreno en el marco de los procesos de toma de

decisiones en el sector público y en el Poder Legislativo.

16 La desconfianza de los ciudadanos puede tener motivos diversos. Por ejemplo, pueden desconfiar de la información

suministrada por el sector público, y si no están convencidos de la información que se les presenta, menos aún

podrán cambiar su comportamiento frente a esta. Este fenómeno tiene lugar en parte porque los sistemas de estadísticas

oficiales de muchos países de la región se perciben como cooptados por el poder político, o bien porque el sector

público no tiene las capacidades, ya sean financieras o técnicas, como para generar y actualizar información confiable

y que sirva de base para el aprendizaje y la retroalimentación de las políticas.

17 Para más detalles sobre la técnica apropiada para evaluar rigurosamente las políticas de transparencia véanse

Gerber y Green (2012); Gertler et al. (2011), y Dufflo et al. (2007).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 35

PARTE

1

Capítulo 1 - La transparencia como herramienta de política pública

En palabras simples, esto significa que no es bueno que las políticas de transparencia focalizada apunten

a hacer más de lo que permite la arena institucional de nuestros países. Este comentario no implica

caer en la imposibilidad de hacer nada, sino que por el contrario tiene el propósito de alentar una discusión

acerca de cuáles son los pasos que hay que seguir, o por dónde hay que comenzar, para que una política de

transparencia no se vea frustrada a mitad de camino. Este trabajo no intenta dar respuestas directas a tal

pregunta, sino más bien identificar los elementos que deben tener en cuenta los encargados de formular

políticas a la hora del diseño de las políticas de transparencia focalizada.18

Por último, como fue mencionado anteriormente, un aspecto clave que caracteriza a estas políticas es

que su implementación va de la mano de una expectativa de resultados concretos en el corto y mediano

plazo. He aquí un vínculo muy concreto con la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), cuyas características

serán analizadas en detalle en el próximo capítulo, ya que en el marco de esta Alianza los países son

invitados a establecer y dar seguimiento a compromisos que puedan cumplirse, precisamente, en el corto

o mediano plazo.

18 Por ejemplo, una intervención del Fondo de Transparencia del BID para transparentar los subsidios al sector privado

en Argentina, que se presentará en la segunda parte de esta obra, comenzó planteándose la necesidad de coordinación

entre la sociedad civil y los actores específicos del sector público para implementar una base de datos a partir

de la cual se podrían conocer los beneficiarios de ciertos subsidios y los criterios a partir de los cuales estos fueron

asignados. Al final del programa se observó que había faltado un paso previo al momento del diseño de esta política:

comunicar y asesorar a los medios de comunicación, los cuales desempeñan un rol fundamental no solamente en lo

que respecta a la “instalación” de un tema especifico en la agenda, sino principalmente como agentes que alientan

el empoderamiento de los ciudadanos en lo que respecta a la utilización de vehículos a través de los cuales pueden

solicitar información que puede tener un efecto en el marco de la toma de decisiones.

36 Banco Interamericano de Desarrollo

Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra

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40 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

Los esfuerzos de gobierno abierto

se enmarcan en el propósito de fortalecer

los sistemas democráticos, incrementar

los niveles de confianza de la ciudadanía

en las instituciones políticas, potenciar la

participación y el compromiso cívico,

y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia

de los gobiernos y sus administraciones

públicas, bajo principios de equidad,

integridad y transparencia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 41

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Capítulo 2

Gobierno abierto:

la ruta hacia una nueva agenda de reforma del

Estado y modernización de la administración

pública en América Latina y el Caribe

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen1

Introducción

En los últimos años, distintos países en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para promover y

desarrollar estrategias ligadas al concepto de “gobierno abierto” (Open Government). Su popularidad ha ido

ganando terreno a través del impulso de diversas iniciativas gubernamentales de distinto calibre cuyo contrapunto,

además, se refleja en la generación de un nuevo tejido de activistas y comunidades de ciudadanos

conectados (netizens) que abogan por su puesta en marcha. Todo ello no ha estado exento de dificultades:

su posicionamiento en la agenda pública ha traído consigo problemas relativos a su definición operacional

y la propia ambigüedad de su significado (por la diversidad de visiones existentes), ha incrementado el debate

y la superposición con otros conceptos como gobierno electrónico, gobernanza digital o buen gobierno,

confundiendo así los fines con los medios, canales o prácticas que lo sustentan.

En general, cuando hablamos de gobierno abierto hacemos referencia a la expresión de ciertos principios

que se manifiestan en: i) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante

la apertura de datos públicos (para ejercer control social y rendición de cuentas) y la reutilización de la

información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); ii) facilitar la participación

de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma

de decisiones) y iii) favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores,

particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar

y/o co-producir valor público. Dichos esfuerzos se enmarcan en el propósito de fortalecer los sistemas democráticos,

incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, potenciar

la participación y el compromiso cívico, y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus

administraciones públicas, bajo principios de equidad, integridad y transparencia. Todo ello a través de la

generación de nuevos espacios para la innovación institucional, el desarrollo de mecanismos ligados a la

1 Los autores desean agradecer a Alfredo González Briseño por su apoyo en el análisis de los planes de acción presentados

ante la Alianza para el Gobierno Abierto.

42 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

cocreación en la provisión de servicios públicos y al trabajo colaborativo, y la puesta en marcha de nuevos

entramados organizativos y sistemas de gestión orientados a fomentar la apertura y una nueva forma de gobernar

en el contexto de la sociedad red.

En este escenario, el papel de Internet, las tecnologías y la cultura digital ha sido clave para la actual

combinación de elementos que refundan la idea de gobierno abierto. Por un lado, porque en nuestros días

el entorno digital constituye la infraestructura de base que facilita y hace posible un acceso más fluido a la

información y la gestión del conocimiento, y por el otro, debido a los valores subyacentes en los patrones de

interacción que promueve la cultura digital: prácticas abiertas, transparentes, participativas y colaborativas.

Todo ello es condición necesaria pero no suficiente para la construcción de gobiernos abiertos. Como nunca

antes en la historia, se necesitan marcos institucionales y bases legales adecuadas al nuevo contexto, sistemas

de gestión más sofisticados y un profundo cambio en la cultura de las organizaciones públicas para hacer

de la promesa del gobierno abierto una realidad. Este esfuerzo va de la mano con la puesta en práctica de

los pilares que le dan vida: la transparencia y la apertura, la participación ciudadana y la colaboración, y la

rendición de cuentas.

En este capítulo se procura: i) sistematizar de manera breve las implicancias y los alcances del concepto

de gobierno abierto, ii) revisar la experiencia latinoamericana desde el prisma de su participación en la

recientemente creada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (Open Government Partnership) y iii) analizar

las perspectivas de una nueva agenda de reforma del Estado y modernización del sector público en la región,

esbozando un marco de referencia que oriente los esfuerzos por promover políticas a partir del concepto de

gobierno abierto como paradigma de recambio y renovación, en la conformación de un nuevo modelo de gobierno

y gestión pública para el siglo XXI.

Gobierno abierto:

¿qué es y qué no es? Concepto, alcances y perspectivas

Un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente

con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente

guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus

operaciones, y no se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino como

una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.

Don Tapscott (Lathrop y Ruma, 2010: XVI)

El debate sobre la idea de gobierno abierto no es nada nuevo.2 Históricamente han existido diversos movimientos

que han tratado de promover la apertura del gobierno hacia los ciudadanos. Si se considera la

evolución del debate en los últimos años, se observa que la noción de gobierno abierto incluye la necesidad

de contar con gobiernos “transparentes”, que provean nuevas avenidas para dar más acceso a la información

2 La expresión apareció por primera vez a fines de la década de 1970 en el espacio político británico, y en su concepción

original trataba diversas cuestiones relacionadas con el secreto de gobierno e iniciativas para “abrir las ventanas” del sector

público hacia el escrutinio ciudadano, con el objeto de reducir la opacidad burocrática. En la actualidad, se ha posicionado

como un nuevo eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones

públicas (OCDE, 2010), todo ello potenciado por las posibilidades que alberga la Web 2.0, que facilitan el intercambio de

información interactiva y en tiempo real, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 43

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

pública, y que “rindan cuentas” para incentivar el control social de la gestión pública y la prevención de la

corrupción. Pero ello no se agota allí. También las políticas públicas de transparencia se orientan a la producción

proactiva de información (y datos públicos abiertos) a fin de brindar una mejor calidad en el servicio

público y promover una mayor utilización de dichos insumos por parte de los ciudadanos/beneficiarios. Por

ello, no se trata únicamente de publicar más información, sino de que esta sea de mejor calidad, útil y focalizada,

para que los usuarios actuales y potenciales de los servicios públicos tomen mejores decisiones, y que

sea publicada de determinados modos y en determinados formatos para hacerla más inteligible.

Existen múltiples definiciones de gobierno abierto que, con matices, coinciden en los aspectos centrales

que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3 En su informe de

2003 la OCDE ya adelantaba una noción preliminar sobre el concepto de gobierno abierto, concebido como

plataforma de base para implantar sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso a la

información, la consulta y la participación pública, lo que contribuiría a mejorar el diseño y la formulación de

las políticas públicas, luchar contra la corrupción e incrementar la confianza de la sociedad en el sector público.

En su concepción y propósito original, el concepto aludía a la necesidad del gobierno y de la administración

pública de conectarse de manera más fluida con la sociedad civil en el marco de una mayor implicación

ciudadana en la elaboración de las políticas y la promoción del buen gobierno: “informar, consultar y hacer

participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de fomentar

la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas” (OCDE, 2003). Más

tarde, se plantearía que un gobierno abierto se refiere “a la transparencia de las acciones del gobierno, la

accesibilidad de los servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas

ideas, demandas y necesidades” (OCDE, 2005).4

Bajo dicho marco de referencia, un gobierno abierto sería aquel en el que las empresas, las organizaciones

de la sociedad civil (OSC) y los ciudadanos pueden “saber cosas” (obtener información relevante y

comprensible), “conseguir cosas” (obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno), y “crear

cosas” (participar en el proceso de toma de decisiones) (OCDE, 2005).

Para la OCDE el término ha evolucionado desde una mirada basada en las tres dimensiones relevantes

mencionadas que apelan a contar con una administración pública transparente, accesible y receptiva, con

capacidad de respuesta y responsable (OCDE/INAP, 2006) hasta un enfoque según el cual se le considera

como plataforma para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para cocrear

valor público (OCDE, 2010).

De acuerdo con lo anterior, la OCDE (2010) promueve la idea de gobierno abierto sobre la base de los

beneficios que involucraría y que se detallan a continuación:

3 Una definición interesante es la que se propone en el primer libro que se ha escrito en español sobre el tema (Calderón

y Lorenzo, 2010:11): “Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con

el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita

la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que

decide y lo hace de forma abierta y transparente”.

4 En la actualidad, existen marcos jurídicos relativos a la idea de gobierno abierto en gran parte de los países miembros

de la OCDE, y entre ellos se considera, al menos: i) la legislación sobre el acceso a la información pública y la libertad

de prensa; ii) la legislación sobre privacidad y protección de datos; iii) las leyes sobre procedimientos administrativos;

iv) la legislación sobre los defensores del pueblo (ombudsmen), y v) las leyes sobre las entidades fiscalizadoras superiores

(OCDE, 2010). No obstante, este listado debería ampliarse y ser más detallado, para incluir normas de gestión

administrativa y de uso de la tecnología en la administración pública, de descentralización de los servicios públicos, de

procedimientos administrativos para implementar procesos consultivos y participativos con la sociedad civil, normas de

gobierno electrónico y firma digital, y las de distintos organismos de control de la gestión con competencias específicas

en temas de integridad pública, prevención y control de la corrupción, y marcos regulatorios de los servicios públicos.

44 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

1. Crear mayor confianza en el gobierno. La confianza es un resultado del gobierno abierto que

puede reforzar su desempeño en otros aspectos. Además, si los ciudadanos confían en el gobierno

y en sus políticas específicas, pueden estar más dispuestos a contribuir (mediante tasas e

impuestos, por ejemplo) para apoyar y financiar esas políticas.

2. Garantizar mejores resultados al menor coste. El co-diseño y la ejecución de políticas, programas

y (provisión de) servicios con los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil ofrece el

potencial para explotar un depósito más amplio de ideas y recursos.

3. Elevar los niveles de cumplimiento. Hacer que la gente sea parte del proceso les ayuda a comprender

los retos de la reforma y puede ayudar a asegurar que las decisiones adoptadas sean

percibidas como legítimas.

4. Garantizar la igualdad del acceso a participar de la formulación de políticas públicas, a través

de la reducción del umbral para el acceso a los procesos de toma de decisiones de políticas que

las personas enfrentan como barreras para la participación.

5. Fomentar la innovación y las nuevas actividades económicas. El compromiso de la ciudadanía

y del gobierno abierto es cada vez más reconocido como un motor de la innovación y la creación

de valor en los sectores público, privado y social.

6. Mejorar la efectividad mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de

los ciudadanos, que de otra forma se enfrentan a obstáculos para la participación. El compromiso

público (participación e involucramiento ciudadano) puede garantizar que las políticas estén

mejor focalizadas y atiendan sus necesidades, eliminando potenciales desgastes.

Por tanto, y bajo esta perspectiva, se trataría de una política pública de múltiples facetas dirigidas a mejorar

los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, y en paralelo, a favorecer

la generación de espacios concretos para la participación e interacción con los ciudadanos. Dicho esfuerzo

alberga el compromiso de impulsar:

• Un gobierno transparente y accesible (que las acciones de los responsables públicos e instituciones

estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas, y que los ciudadanos puedan

acceder a información comprensible, obtener servicios y realizar transacciones en cualquier momento

y lugar).

• Un gobierno responsable y que rinde cuentas (por sus acciones y omisiones).

• Un gobierno sensible y receptivo (a las posibilidades de consulta, participación e interacción

permanente con los ciudadanos y sus demandas).

Y ello tendría un impacto directo en al menos tres niveles:

• Legitimidad democrática. Un gobierno abierto ayuda a hacer más clara y confiable la relación

contractual entre gobernantes y gobernados.

• Pacto social. Ayuda a que algunas decisiones gubernamentales que podrían considerarse a priori

“impopulares” sean mejor aceptadas, y comprendidas, por la sociedad, lo que reduce su impacto

negativo en términos de convivencia social.

• Desarrollo económico. Contribuye a incrementar el desarrollo económico de dos maneras: mediante

la promoción del gasto público inteligente e innovador y mediante la reducción del acceso

privilegiado a la información, con lo cual se habilita la competencia de mercado libre y justa.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 45

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

En resumen, todos los aspectos de la forma en que operan el gobierno y los servicios públicos deben estar

abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión de la sociedad (transparencia), y las autoridades deben

ser responsables y rendir cuentas a los ciudadanos, particularmente en materia de prevención y lucha contra

la corrupción. Ello debe ir acompañado de la progresiva expansión de espacios de diálogo, participación y

deliberación en conjunto con la ciudadanía, y de apertura a la necesaria colaboración que se requiere para

encontrar mejores soluciones a problemas públicos cada vez más complejos, aprovechando el potencial y las

energías disponibles y distribuidos en vastos sectores de la sociedad y, por qué no, también en el mercado,

las organizaciones de voluntariado y las organizaciones sin fines de lucro (Ramírez-Alujas, 2011).

El gobierno abierto en la práctica:

sus principales ingredientes y líneas de acción

Un lugar común y referencia obligada sobre el avance del gobierno abierto en nuestros días es el caso norteamericano.

A partir de la promulgación del Memorando sobre transparencia y gobierno abierto del 21 de enero

de 2009, el Presidente Barack Obama le dio un nuevo empuje al movimiento, de la mano del uso intensivo

de la tecnología como instrumento catalizador de los esfuerzos por avanzar en la apertura de los gobiernos

de cara a los desafíos del nuevo milenio. Los tres pilares básicos (Obama, 2009) que sustentan esta (nueva)

aproximación son:

1. Transparencia. Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo,

sobre sus planes de actuación, sus fuentes de datos y sobre aquello de lo que puede responsabilizárselo

frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración

ante la ciudadanía y un permanente control social.

2. Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a colaborar activamente

en la formulación de políticas públicas y facilita el camino para que las administraciones

públicas se beneficien del conocimiento, de las ideas y de la experiencia de los ciudadanos. Promueve

la creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan el protagonismo y la implicación

de los ciudadanos en los asuntos públicos.

3. Colaboración. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes

sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Ello

supone la cooperación y acciones coordinadas no sólo con la ciudadanía, sino con las empresas,

asociaciones y demás agentes. Asimismo, potencia el trabajo combinado dentro de las propias

administraciones, y entre ellas y sus funcionarios, de manera transversal.

En términos prácticos, y para concretar dichos principios, las estrategias de gobierno abierto se han venido

cristalizando a través de dos ejes fundamentales:

1. La apertura de datos públicos (open data),5 que promueve, por un lado, la innovación, usando (o

reutilizando) los datos públicos como catalizadores de nuevas aplicaciones y servicios y, por tanto,

5 Además del formato “crudo”, que permite la descarga inclusive en forma automatizada (machine readable) por los propios programas de

software, los portales de datos abiertos permiten realizar búsquedas avanzadas, enviar notificaciones electrónicas cuando la base de datos se va

actualizando, establecer enlaces con la fuente original de la información u otras noticias complementarias, vincular esas bases con otros conjuntos

de datos (mashup), crear foros de discusión y wikis (blogs, microblogging, redes sociales, fotos y videos compartidos), desarrollar herramientas de

visualización para identificar mejor patrones o tendencias, desarrollar programas para analizar un gran volumen de datos, o crear “filtros colaborativos”

y análisis de crowdsource (segmentar la base de datos, para que distintas personas la analicen; o sabiendo en qué parte de la base de datos

se hizo “click”, se conoce cuáles son los intereses de los usuarios). Para mayor detalle, véase Robinson, Yu y Felten (2010).

46 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

transforma a los gobiernos de proveedores de servicios en gestores de plataformas (permitiendo

que otras entidades y/o usuarios, mediante los datos públicos liberados, puedan crear nuevas

prestaciones en la Web, generar nuevas actividades económicas y agregar valor público). Por

otro lado, se devuelven a los ciudadanos sus propios datos, incrementando así la transparencia,

la rendición de cuentas y el escrutinio público permanente.

2. La apertura de procesos (open process) y el uso de redes sociales (también llamado Gobierno

2.0), cuyo objeto es facilitar la comunicación y la participación, aprovechar el conocimiento y la

experiencia de los ciudadanos para ayudar en el diseño de políticas y la provisión de servicios

públicos, y la colaboración (en red) dentro y entre las administraciones públicas y más allá. Ello

se puede manifestar a través de lo que llamaremos “decisiones abiertas” (participación) y “servicios

abiertos” (colaboración).

Este marco de referencia ha servido de ejemplo para que distintos países hayan comenzado a adoptar parámetros

similares en el camino de construir un modelo de gobierno abierto adaptado a las particulares realidades

presentes en cada sociedad. Bajo este enfoque, se entiende que si bien los tres principios esbozados

son interdependientes y están íntimamente entrelazados, se puede proponer una progresión en virtud de la

cual la transparencia, el acceso a la información y la apertura de datos constituyen ingredientes esenciales

para promover la participación ciudadana, y a partir de allí sostener espacios para la colaboración y la cocreación

de valor público (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1

Los principios de gobierno

abierto en acción

Fuente: Elaboración propia.

Participación

ciudadana

Colaboración

Portales de transparencia

Mecanismos de rendición

de cuentas

Plataformas de acceso a

datos públicos abiertos

Normas de reutilización

de la información pública

Interoperabilidad

Plataforma de consulta

ciudadana y rol activo en

el diseño y la formulación

de políticas públicas

Mecanismos de escucha

activa y canales de doble

vía (Gov. 2.0)

Promoción de espacios

para iniciativas ciudadanas

Servicios digitales /

Peticiones en línea

Plataforma de trabajo

colaborativo

Iniciativas de codiseño,

co-creación y

co-producción de

servicios (valor público

económico, social y cívico)

Innovación abierta e

inteligencia colectiva

aplicada a la gestión

pública

Asociaciones públicoprivadas/

público-sociales

Transparencia, Acceso

a la Información y apertura

de datos públicos

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 47

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Sobre esta base es posible proponer un ecosistema de desarrollo de gobierno abierto que articule los

tres principios y los elementos que constituyen su puesta en práctica (gráfico 2.2).

Gráfico 2.2

Ecosistema de desarrollo de gobierno abierto

Gobierno

abierto

Transparencia

Participación Colaboración

Portales de datos

abiertos

Gestión de la transversalidad

e interoperabilidad

Nuevos modelos

de gestión de los

servicios públicos

Organización y promoción

de asociaciones

(Estado, sociedad civil

y empresas)

Co-diseño

de políticas

públicas

Visualización

de datos

e información

Organización de

debates públicos

Consultas

ciudadanas

Co-creación de

valor público

Fuente: Elaboración propia.

48 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

Gobierno abierto: ¿qué no es?

Más allá de las estrategias del gobierno electrónico

En muchas ocasiones se intenta vincular de manera directa el concepto de gobierno abierto a la mera evolución

y el desarrollo que han venido teniendo las estrategias de gobierno electrónico en los últimos años.

Si bien existe una relación entre ambos términos, es necesario aclarar que debemos ser cuidadosos en no

confundir los medios con los fines. Por definición, el concepto de gobierno electrónico se refiere a facilitar,

mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el acceso de los ciudadanos,

organizaciones y gobierno a información, servicios y/o diálogo con la administración pública, en todos los

niveles jerárquicos, organizacionales y territoriales (PRYME/Promoges, 2003). Sobre la base de la Carta

Iberoamericana de Gobierno Electrónico, puede decirse que, desde hace poco, este último apela al uso de

las TIC en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos,

orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia

del sector público y la participación de los ciudadanos (CLAD, 2007:7). Si bien el gobierno electrónico como

estrategia favorece el aumento de la transparencia de la administración al facilitar gestiones operativas

más expeditas, accesibles y fluidas para los ciudadanos, y les otorga a estos un mayor control sobre sus

trámites y procedimientos, no resuelve la asignatura pendiente de ampliar los espacios de participación y

colaboración, ni ofrece una opción de cambio profundo en la forma en que tradicionalmente ha sostenido

al paradigma de las burocracias públicas modernas. No se enfoca en repensar la gestión pública sino sólo

en tecnificar procesos que tienen un impacto visible al hacerle la vida más fácil al ciudadano en su relación

con los servicios públicos, y allí concluye su misión. Para los defensores del gobierno abierto, la tecnología

es un medio que favorece la promoción y concreción de cambios, pero lo sustantivo radica en una profunda

transformación del vínculo histórico que gobernantes y gobernados han tenido, y apela a una transición paradigmática

que garantice justamente aquello que es su marco de referencia: la apertura, la transparencia,

la participación y la colaboración.

Ello no es trivial, pues en muchos casos la trampa del gobierno electrónico se encuentra en la seducción

simplista del uso intensivo (y adecuado) de las TIC per se en las organizaciones públicas, y su alcance se

limita a la mera introducción de tecnología para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero de una forma

más cómoda, algo así como digitalizar la burocracia: lo que antes era un trámite presencial en ventanilla

ahora se transforma en un formulario en línea en la pantalla sin un cambio en el trasfondo de prácticas ni

de la cultura organizativa que, de manera imperceptible para el ciudadano, oculta a los altos directivos o

a los encargados de la toma de decisiones. Así, con el gobierno electrónico no se aborda de una manera

decidida la transformación real de las relaciones entre las administraciones, la ciudadanía, las empresas,

las organizaciones sin fines de lucro y los agentes sociales en general. Dicho fenómeno puede llevar a que

en no pocos casos se esté haciendo “eficientemente lo incorrecto” (Ramírez-Alujas, 2010).

Las estrategias de gobierno electrónico descansan en la aplicación casi mecánica de las herramientas

tecnológicas en los servicios públicos para mejorar procesos y servicios desde una perspectiva instrumental,

de adentro hacia fuera, unilateral y generalmente “cerrada”, donde el ciudadano sigue siendo un usuario/

beneficiario final y un espectador pasivo de lo que le ofrece el aparato administrativo. En cambio, el

gobierno abierto opera desde una dimensión mucho más amplia que si bien se apoya en esfuerzos de este

tipo, aspira a una transformación paradigmática fundada en la apertura y más allá. Dicho de otro modo. En

cambio, el gobierno electrónico ocurre (preferentemente) en el interior de los servicios públicos y el punto

de relación con el exterior es la ventanilla, generalmente digital (Web institucional). El gobierno abierto,

en cambio, habita en la idea de plataforma para que otros agentes, desde afuera de sus límites, apoyen y

contribuyan a la creación de valor público e inclusive de valor social, económico y cívico.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 49

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Podría decirse que el único punto en común que ambos conceptos comparten tiene relación con los

medios: el uso de la tecnología. Mientras que el gobierno electrónico opera en un plano instrumental operativo

(medios), el gobierno abierto trasciende hacia la legítima aspiración de los ciudadanos por cambiar

la forma y el fondo de la interacción con sus gobiernos, en un plano político y estratégico; de ese modo

se puede contribuir a fortalecer y mejorar los sistemas democráticos (fines). Como se aprecia, ello tiene

que ver con cultura, valores, compromiso y responsabilidad cívica, cuestiones que trascienden con creces

cualquier enfoque reduccionista, todo lo cual se sustenta en la generación progresiva de nuevas prácticas

e innovaciones de carácter democrático ligadas a la construcción de espacios de encuentro, interacción y

trabajo conjunto entre autoridades, funcionarios públicos y ciudadanos.

La Alianza para el Gobierno Abierto:

una nueva agenda global para transformar el Estado

En todas partes del mundo, vemos la promesa de la innovación para hacer al gobierno más

abierto y responsable. Y ahora, debemos construir sobre ese progreso. Y cuando nos reunamos

de nuevo aquí el año que viene, debemos traer compromisos específicos para promover

la transparencia, combatir la corrupción, para dinamizar la participación ciudadana,

para aprovechar las nuevas tecnologías, para que podamos fortalecer los fundamentos de

la libertad en nuestros propios países, mientras estemos a la altura de los ideales que pueden

iluminar el mundo.

Presidente Barack Obama,

discurso pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas,

23 de septiembre de 2010

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un nuevo esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora

del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el hecho de que

los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que

robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones. De este modo,

la AGA se configura como una iniciativa multilateral cuyos esfuerzos se orientan a propiciar compromisos

concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el

debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías

para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. Animados por un espíritu

plural, colaborativo e inclusivo, este esfuerzo cuenta con un Comité Directivo compuesto en un número

igual por representantes gubernamentales y de OSC (OGP, 2011). Este esquema de co-conducción, les ha

dado a las OSC un protagonismo nunca antes visto en este tipo de iniciativas, si se lo compara con el ámbito

de los mecanismos de monitoreo para la implementación de las convenciones de derechos humanos, del

medio ambiente, o contra la corrupción, o con las iniciativas contra el lavado de activos. Más aún, las OSC

comparten la presidencia de dicho Comité Directivo, compuesta por tres integrantes: dos representantes de

los gobiernos y uno de las OSC. Todo esto implica la corresponsabilidad de diseñar los lineamientos estratégicos

de la Alianza, de ser consultadas por los países en el marco de la confección de sus planes de acción, y

de relacionarse oficialmente con los medios de comunicación y la opinión pública en general para informar

sobre la marcha de la AGA y la implementación de los compromisos incluidos en dichos planes. Desde la sociedad

civil, también se coordina una red de contactos, conocida como OGP Network, que vincula la oferta

de servicios relacionados con el gobierno abierto de parte del sector privado y otras OCS y la comunidad

internacional con las demandas de los gobiernos.

50 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

En este contexto, para ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo

para cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento, a saber:

• Suscribir la Declaración de Principios sobre un Gobierno Abierto6 y aprobarla al más alto nivel.

• Asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción

nacional que se extienda más allá de las prácticas actuales en marcha y que debe desarrollarse

a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación

activa de los ciudadanos y de la sociedad civil.

• Comprometerse a que se realice un informe de evaluación, que esté a cargo de un panel independiente

de expertos, sobre el progreso del país en el cumplimiento de sus compromisos y plan de

acción.

• Contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de mejores

prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros insumos.

Los grandes desafíos de la AGA

Los compromisos de la AGA están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos que enfrentan

los gobiernos (gráfico 2.3). En el primer año los países habrán de escoger al menos uno de estos grandes

desafíos y deberán desarrollar compromisos concretos y puntuales para resolverlos.

Gráfico 2.3

Los cinco grandes desafíos de la AGA

Incrementar la

responsabilidad

corporativa y

la rendición de

cuentas

Crear

comunidades

seguras

Tener una gestión

efectiva

de los recursos

públicos

Incrementar

la integridad

pública

Mejorar

los servicios

públicos

Fuente: Adaptado de OGP (2011).

6 Para mayor detalle, se puede consultar la “Declaración sobre Gobierno Abierto” (septiembre de 2011) de la OGP,

cuyos cuatro ejes principales son: i) incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales,

ii) apoyar la participación ciudadana, iii) aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos

nuestros gobiernos y iv) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 51

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Cada uno de estos desafíos comprende asumir diversas tareas y acciones concretas:

1. Mejorar los servicios públicos. Significa promover la mejora e innovación en la prestación y

gestión de la amplia gama de servicios públicos que se brindan a la población (salud, educación,

justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, entre otros).

2. Incrementar la integridad pública. Implica esfuerzos para avanzar en materia de ética pública,

prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información, reformas financieras, así como

la promoción y el afianzamiento de las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

3. Tener una gestión más efectiva y eficiente de los recursos públicos. Comprende el uso adecuado

de la asignación de recursos presupuestarios, el financiamiento tanto interno como externo,

el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, etc.

4. Crear comunidades más seguras. Incluye avanzar en materia de seguridad pública, respuesta y

atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil, entre otros aspectos.

5. Incrementar la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas del sector privado. Implica

promover la responsabilidad empresarial en temas tales como el medio ambiente, la protección

del consumidor, la participación de la comunidad y la lucha contra la corrupción.

En paralelo, todos los compromisos a ser incluidos en los planes de acción deberán reflejar y estar guiados

por cuatro principios centrales del gobierno abierto:

1. Transparencia. La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abierta,

completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos

deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, como: estar disponibles

en un formato bruto, ser susceptibles de que se los procese, ser accesibles a través de

herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.

2. Participación ciudadana. Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre

en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios

de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora,

responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

3. Rendición de cuentas. Este principio supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos

para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a los requerimientos

y/o críticas que se les planteen, y admitan la responsabilidad por sus actos u omisiones,

o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.

4. Innovación y tecnología. A este principio subyace la idea de que los gobiernos provean a la ciudadanía

un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías y comprendan el relevante rol

que estas últimas tienen en la innovación, así como la importancia de aumentar la capacidad de

los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.

52 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

La AGA y el contexto latinoamericano

La convocatoria y el llamado a integrar los principios del gobierno abierto han tenido una inusitada respuesta,

y han despertado el entusiasmo y una buena acogida en la región. De los 55 países (gráfico 2.4) que

actualmente integran la AGA,7 14 corresponden a la región de América Latina y el Caribe (ALC). A la fecha

nueve de ellos cuentan con planes de acción y compromisos asumidos cuya evaluación de cumplimiento en

su primera fase debería llevarse a cabo próximamente, mientras que los otros cinco se encuentran en la fase

de formulación, concreción y/o formalización, dependiendo de cada caso.8

Gráfico 2.4

Compromisos de los países en el marco de la AGA

Fuente: OGP (2012).

Este primer antecedente da cuenta de la importancia relativa que los gobiernos le han asignado en su

agenda a la idea de gobierno abierto en el contexto de ALC. Sin embargo, es necesario indagar en mayor

detalle sobre las iniciativas, los compromisos y las actividades concretas que involucran los planes de ac-

7 De los 55 países incorporados a la iniciativa, 25 ya tienen compromisos concretos asumidos a través de planes de

acción presentados y en actual ejecución, y 20 se encuentran actualmente desarrollando sus planes de acción a partir

del cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad a la alianza. Para mayor detalle véase OGP (2012).

8 Entre los países que cuentan con planes de acción actualmente en ejecución se encuentran: Brasil, Chile, Colombia,

Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. En un punto intermedio se hallan El Salvador y

Paraguay que, si bien aparecen catalogados bajo la “fase de desarrollo” de sus compromisos, ya tienen publicados sus

borradores en la Web de la Alianza. Finalmente, los países que están en la fase de formulación y desarrollo son: Costa

Rica, Panamá, y Trinidad y Tobago.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 53

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

ción que actualmente se encuentran en ejecución, de manera de tener una visión transversal, confiable y

en clave comparada sobre los esfuerzos que se están desplegando y las posibilidades de generar espacios

de colaboración y cooperación entre los distintos países. Dicho ejercicio debe considerar que se trata de

un territorio en el que no existen respuestas definitivas y donde se ha venido experimentando mediante

diversas estrategias y dispositivos cuyo impacto y cuya evaluación siguen siendo un tema pendiente dentro

de la hoja de ruta impulsada por la AGA a nivel mundial.

La hoja de ruta hacia el gobierno abierto en perspectiva:

planes de acción, compromisos e iniciativas en ALC

En principio, hemos realizado un análisis de los planes de acción publicados, tanto de aquellos países que

ya han formalizado sus compromisos como de los que cuentan con borradores avanzados disponibles en la

Web de la Alianza, lo que nos ha dado un total de 11 planes. Sobre esa base, hemos desglosado los contenidos

a fin de generar una cierta taxonomía de iniciativas que, dada la información plasmada en cada uno

de ellos, permitiera aglutinarlas dentro de los cinco pilares o desafíos que la AGA definió como estratégicos

en la confección de los compromisos nacionales (cuadro 2.1). Debemos aclarar que este análisis es una

fotografía de un momento dado, pues los planes de acción están concebidos como “documentos vivientes”,

que pueden ser ampliados o modificados en cualquier momento por los países en sus detalles más operativos,

respetando una visión estratégica de mediano y largo plazo que guíe hacia dónde quiere ir cada país

miembro de la Alianza.

Cuadro 2.1

Síntesis global de planes de acción nacionales e iniciativas de gobierno abierto en América Latina

(en el marco de la AGA)

Grandes desafíos de gobierno abierto

(Número de iniciativas por ámbito de aplicación presentes en planes

de acción de la AGA)

País / Nº de

iniciativas en el

plan de acción

Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de

la integridad

pública

Gestión más

efectiva de

los recursos

públicos

Creación de

comunidades

más seguras

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

Brasil (32) 4 22 5 -- 1

Chile (19) 4 11 -- 1 3

Colombia (27) 8 13 6 -- --

Continúa

54 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

Cuadro 2.1

Síntesis global de planes de acción nacionales e iniciativas de gobierno abierto en América Latina

(en el marco de la AGA) (continuación)

Grandes desafíos de gobierno abierto

(Número de iniciativas por ámbito de aplicación presentes en planes

de acción de la AGA)

País / Nº de

iniciativas en el

plan de acción

Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de

la integridad

pública

Gestión más

efectiva de

los recursos

públicos

Creación de

comunidades

más seguras

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

El Salvador (21) 9 10 -- -- 2

Guatemala (3) -- 1 2 -- --

Honduras (20) 7 6 7 -- --

México (19) 4 9 3 -- 3

Paraguay (15) 7 4 4 -- --

Perú (45) 9 19 -- -- 17

República

Dominicana (24)

7 12 2 -- 3

Uruguay (18) 7 6 5 -- --

Fuente: Elaboración propia en base al desglose de planes de acción, OGP (2012).

Desglose de los planes de acción:

los esfuerzos por promover el gobierno abierto en ALC

De acuerdo con la información del cuadro 2.1, vale la pena puntualizar, en términos agregados, sobre los

focos prioritarios en los que los 11 países de la muestra analizada han orientado sus iniciativas y compromisos

en relación a los desafíos propuestos por la AGA. Ello nos puede dar una idea de las necesidades,

prioridades o capacidades disponibles (en términos relativos) que los países latinoamericanos adscritos a

la AGA tienen para asumir el cumplimiento de dichos planes de acción adecuadamente.

En el gráfico 2.5, se observa que de las 243 iniciativas totales contempladas en los 11 planes de acción

de los países bajo análisis (a lo que de ahora en adelante llamaremos “agenda regional de gobierno

abierto”, 113 tienen relación con compromisos sobre integridad pública (aproximadamente un 46%) y 66

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 55

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

con el mejoramiento de los servicios públicos (un 27%). Ambos desafíos se muestran como opciones preferentes

en la hoja de ruta de los compromisos presentes en la región. Por otro lado, pero no con menor

grado de importancia, los temas relativos a la gestión efectiva de los recursos públicos y al incremento de

la rendición de cuentas aparecen bastante equilibrados, con 34 compromisos (14%) y 29 iniciativas (12%),

respectivamente.

Gráfico 2.5

Distribución de los compromisos de gobierno abierto por pilar estratégico (grandes desafíos)

presentes en los planes de acción de la AGA en la región, por cantidad de iniciativas

Mejoramiento de los servicios públicos

Incremento de la integridad pública

Gestión más efectiva de los recursos públicos

Creación de comunidades más seguras

Mejora de la rendición de cuentas

66

113

1

34

29

Fuente: Elaboración propia en base a desglose de planes de acción, OGP (2012).

Es necesario hacer notar el grado de dispersión, diversidad y foco con el que cada país elaboró su

respectivo plan de acción. En algunos casos, los compromisos se presentan como diferentes iniciativas de

carácter normativo, ya sea de elaboración y aprobación de leyes u otras disposiciones legales, ya de su

reforma o implementación institucional (sobre todo en materia de acceso a la información y transparencia,

integridad pública y lucha contra la corrupción, control fiscal, etc.). Como contrapunto, en otros casos los

planes son en exceso operativos o incrementales y se orientan a promover cambios en materia tecnológica

a través de una variada oferta de iniciativas de gobierno electrónico, e-servicios o portales de datos

públicos. Otros enuncian sus compromisos sin detallar contenidos específicos, omitiendo, por ejemplo,

qué es concretamente lo que se hará, o no se identifican responsables, plazos estimados de cumplimiento

o metas e indicadores para evaluar avances y resultados.

No obstante esta heterogeneidad, es posible seleccionar una muestra de iniciativas para cada ámbito

de aplicación que facilitará la posibilidad de reflexionar bajo marcos de referencia equivalentes y en concordancia

con el ideario de gobierno abierto que se presenta en este trabajo.

56 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

La síntesis elaborada contiene una muestra de aquellas iniciativas relevantes bajo la conceptualización

esbozada por la AGA, como es el caso del mejoramiento de los servicios públicos, en donde se destacan

distintos portales para un mismo objetivo, por ejemplo: los de datos abiertos, de transparencia focalizada

o de servicios públicos (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2

Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales

País Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de la

integridad pública

Gestión más

efectiva de los

recursos públicos

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

Brasil - Panel de control y

Sistema Integrado

de Seguimiento.

- Portal Guía de

Servicios Públicos.

- Modelo para

organizar los

servicios de acceso a

la información.

- Elaboración de un

catálogo de datos

públicos.

- Reestructuración

del portal de

transparencia sobre

principios de datos

abiertos.

- Desarrollo y puesta

en marcha del Plan

de Infraestructura

Nacional de Datos

Abiertos.

- Capacidades

y acceso a la

información.

- Portal de

transparencia:

se incrementará

el acceso del

ciudadano a la

información sobre

la ejecución del

presupuesto federal,

la transparencia y

la supervisión del

gasto público.

- Gestión Contractual

de los Servicios de

TI.

- Implementación del

Registro Mercantil

Pro-Ética para

dar visibilidad a

las empresas que

invierten en la ética,

la integridad y la

prevención de la

corrupción.

Chile * - Chile Atiende: red

multiservicios del

Estado.

- Marco de

Interoperabilidad.

- Portal de Gobierno

Abierto (y open

data).

- Identidad digital.

- Perfeccionamiento de

la Ley de Acceso a la

Información Pública.

- Proyecto de Ley

de Probidad en la

Función Pública.

- Portal de

transparencia.

----

- Promoción de

la participación

ciudadana.

- Proyecto de ley

sobre plebiscitos

comunales.

- Proyecto de reforma

de la iniciativa

ciudadana de ley.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 57

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Cuadro 2.2

Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales

(continuación)

País Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de la

integridad pública

Gestión más

efectiva de los

recursos públicos

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

Colombia - Gobierno

electrónico.

- Datos abiertos.

- Reglamento de

los servicios

públicos: promover

la transparencia

y la mejora de

los servicios al

ciudadano.

- Ley de Acceso a la

Información Pública.

- Rediseño del portal

Web del Estado.

- Política de

transparencia y

Plan/Observatorio

de lucha contra la

corrupción.

- Consolidación de la

Política Nacional

de Participación

Ciudadana/la “urna

de cristal”.

- Plan piloto en

municipios.

- Mejorar el sitio

de transparencia

económica y los

mecanismos de

adquisiciones

públicas.

- Control fiscal en

línea; seguimiento

de inversiones

públicas. ----

El Salvador - Apertura de oficinas

de información y

respuesta.

- Monitoreo

ciudadano a los

servicios públicos

(“El peor trámite de

mi vida”).

- Portal Único de

Transparencia

Focalizada.

- Reforma de la ley del

defensor del pueblo

(ombudsman).

- Divulgación de cartas

de derechos de los

usuarios.

- Implementación

de los pactos de

integridad.

- Apertura del portal

de transparencia

fiscal.

- Publicación de

un catálogo

de proyectos

prioritarios.

----

- Mejor calidad en

los ejercicios de

rendición de cuentas

(cultura institucional

y un compromiso

irreversible de los

gobiernos).

- Ampliación de

los ejercicios

de rendición de

cuentas de los

gabinetes de gestión

departamental.

Guatemala

----

- Control y

transparencia,

mediante la

implementación de

diversas iniciativas

en los sectores de

la construcción,

las industrias

extractivas, etc.

- Implementación

del Sistema

de Evaluación

de Gestión por

Resultados (GpR).

- Fortalecimiento del

control del crédito

público.

----

Continúa

58 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

Cuadro 2.2

Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales

(continuación)

País Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de la

integridad pública

Gestión más

efectiva de los

recursos públicos

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

Honduras - Gran Acuerdo

Nacional en

relación con el

gasto público.

- Convenios de

Cooperación

y Proyecto

e-Regulations

Honduras:

portal para la

transparencia y

simplificación

de procesos

administrativos.

- Evaluaciones

conjuntas con OSC

de la gestión fiscal

y de los servicios

públicos.

- Impulso del

cumplimiento

del Plan de

Transparencia y

Lucha contra la

Corrupción.

- Mecanismos

más eficaces de

seguimiento y

aplicación estricta

de sanciones sobre

el acceso a la

información.

- Anteproyecto de Ley

de Control Interno.

- Política Integral

Anticorrupción.

- Publicación de

información sobre

finanzas públicas

(presupuesto

abierto).

- Estrategia de

empoderamiento

ciudadano sobre

información

presupuestaria.

- Convenios marco

y adquisiciones

públicas.

- Profundización de la

descentralización.

----

México - Evaluación

ciudadana de 300

trámites y servicios.

- Rediseño del portal

de gobierno.

- Integración

de procesos

(interoperabilidad y

datos abiertos).

- Bienes públicos

digitales.

- Publicación de

información

socialmente útil.

- Fortalecimiento de

la transparencia

presupuestaria.

- Compromisos de

transparencia en

sectores relevantes.

- Perfeccionamiento

del Sistema de

Hacienda Pública.

- Desarrollo de un

Sistema Nacional de

Fiscalización.

- Nuevo Sistema de

Contrataciones

Públicas.

- Integridad en los

negocios y reporte

de información

corporativa.

- Fomento del diseño y

de la implementación

de mecanismos de

autorregulación

e integridad

corporativa.

Paraguay ** - Portal

representativo

del gobierno.

- Gobierno

electrónico

local/e-salud.

- Sistema Integrado

de Gestión de

Trámites y de

Información.

- Sistema Integrado de

Denuncias.

- Portal Web para el

cumplimiento de

normas en materia

de corrupción.

- Sistema de gestión

de contratos y

adquisiciones

por catálogo

electrónico.

- Modelo estándar de

control interno.

- Creación de

espacios de diálogo

permanente con la

sociedad civil.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 59

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Cuadro 2.2

Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales

(continuación)

País Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de la

integridad pública

Gestión más

efectiva de los

recursos públicos

Mejora de la

responsabilidad

corporativa

Perú - Promover la

disposición

progresiva de datos

abiertos entre las

entidades públicas.

- Agenda digital

y reducción de

brechas.

- Plataforma de

interoperabilidad.

- Simplificación

(digital/en línea) de

trámites.

- Plan Nacional de

Lucha Contra la

Corrupción 2012-

2016.

- Fortalecer la

Comisión de Alto

Nivel Anticorrupción

(CAN), el Sistema

Nacional de Atención

de Denuncias (Sinad)

y la Autoridad

Nacional del Servicio

Civil (Servir).

----

- Contar con Portales

de Transparencia

Estándar en formato

amigable de fácil

comprensión

y actualizados

oportunamente.

- Diversos mecanismos

ligados a mejorar

el acceso a la

información y el

uso de tecnologías,

potenciar

capacidades, etc.

República

Dominicana **

- Portal de Servicios

del Estado.

- Sistemas de

Ventanilla Única

Sectoriales.

- Punto Gob. y

estándares de

interoperabilidad.

- Balanced Scorecard

Presidencial (BSCP).

- Portal de datos (data.

gov.do).

- Órgano rector

de acceso a la

información

pública y de datos

personales.

- Portal Transaccional

de Compras.

- Sistema de

evaluación

institucional.

- Sistema de Cuenta

Única del Tesoro.

- Sistema de contraloría

control interno/

externo.

- Creación por ley de la

iniciativa participativa

anticorrupción.

- Participación

ciudadana en la

creación de normas.

Uruguay - Trámites y servicios

en línea.

- Fondos electrónicos

ciudadanos

y tecnología

(gobierno

electrónico).

- Ventanillas Únicas

Digitales.

- Nuevo portal

de servicios de

gobierno.

- Fortalecimiento

de una cultura de

la transparencia:

Unidad de Acceso a la

Información Pública

(UAIP).

- Premio Nacional de

Transparencia.

- Creación de la

plataforma de datos

públicos.

- Participación

electrónica.

- Plan de Alfabetización

Digital.

- Creación de

la agencia de

adquisiciones

públicas.

- Sistema de registros

electrónicos.

- Portal del Software

Público Nacional. ----

Fuente: Elaboración propia en base al desglose de planes de acción, OGP (2012).

* Dado que solamente Chile presenta un compromiso en el eje “creación de comunidades más seguras” (a través de la iniciativa

“Participación ciudadana en materia medioambiental”) se omite en este cuadro dicho componente para facilitar el análisis comparado

entre las estrategias y planes de acción de los distintos países de la muestra analizada.

** Para los casos de Paraguay y la República Dominicana las diversas iniciativas se agruparon bajo el criterio de correspondencia

con alguno de los cinco desafíos AGA, dado que los compromisos no venían clasificados de ese modo en sus planes de acción.

60 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

Síntesis comparada y visión de conjunto sobre el potencial avance de las

estrategias de gobierno abierto en ALC

Al observar y contrastar las iniciativas definidas como relevantes en los planes de acción de los 11 países latinoamericanos

analizados en la muestra, se pueden distinguir ciertos patrones comunes sobre estrategias

que obedecen, con diferencias mínimas, a aproximaciones similares con respecto a los objetivos y desafíos

propuestos por la AGA. Por un lado, se detecta un mayor peso relativo en las iniciativas que se asocian al

fortalecimiento e incremento de la integridad pública (113 en total), cuyo desglose obedece, en términos

generales, a líneas de acción sobre el perfeccionamiento de unidades, normativas y procesos de acceso a la

información pública y el fortalecimiento de iniciativas e instrumentos de transparencia (patrimonio e intereses,

políticas anticorrupción y pactos de integridad, y –lo que a nuestro entender es lo más auspicioso por

constituir una novedad en la región– políticas de transparencia focalizada o socialmente útiles).

En segundo lugar, se detecta una fuerte orientación hacia iniciativas que permitan mejorar las prestaciones

y servicios públicos (66 en total), sobre todo bajo el enfoque de gobierno electrónico en sus múltiples

dimensiones. No obstante, es necesario recalcar que la idea de gobierno abierto, aunque se dirige

sobre todo a promover la utilización de herramientas y plataformas tecnológicas, y el uso intensivo de

redes sociales digitales (el llamado Gobierno 2.0), no se reduce a ser una mera estrategia circunscrita en el

concepto del gobierno electrónico. Ambas iniciativas son relevantes pero distintas en su origen, sentido y

potencial impacto, como se planteó al inicio de este capítulo.

Finalmente, existe un cierto equilibrio entre las iniciativas vinculadas a la gestión más efectiva de los

recursos públicos (34 en total) y aquellas cuyo objetivo es mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad

corporativa por parte de las empresas (29 en total).

En el primer caso, la mayoría de las acciones se sustenta en perfeccionar los mecanismos de transparencia

fiscal y contratación pública, evaluación de resultados, iniciativas de control fiscal y supervisión

(ciudadana) del gasto público, haciendo más accesible y comprensible la información sobre ejecución presupuestaria

y, en algunos casos, incluyendo componentes tecnológicos que fomenten el uso eficiente de los

recursos y generen ahorro (registros electrónicos y uso de software público, respectivamente).

En el segundo caso, y de manera mucho más tímida y dispersa, se presentan diversas iniciativas en las

cuales se entrecruzan los temas de rendición de cuentas, el foco en materia de responsabilidad corporativa

y el ámbito de la participación. Se plantea institucionalizar más concretamente los ejercicios de rendición

de cuentas (desde la esfera pública) sobre la base de una nueva cultura de la transparencia que, se asume,

podrá irradiar comportamientos y prácticas similares en la esfera privada. No obstante, en algunos planes

de acción se presentan iniciativas interesantes como las ligadas al diseño, a la implementación y a la promoción

de mecanismos de autorregulación e integridad corporativa, así como al fomento de prácticas de

acceso a la información bajo criterios similares a los exigidos para el sector público (México), o registros

sobre prácticas de empresas que inviertan en ética, integridad y prevención de la corrupción (Brasil). Por

otra parte, se presentan otro tipo de acciones más vinculadas a la generación de espacios de intermediación

y participación ciudadana en los asuntos públicos y otros temas afines (Chile, El Salvador y Perú).

Este es un territorio menos explorado dentro de los ejes vinculados al gobierno abierto, y por eso se

requieren esfuerzos adicionales para generar marcos de referencia adaptables a diversas realidades nacionales

y una cierta modalidad estándar que permita promover iniciativas atractivas, viables y sostenibles en

el tiempo. Además, al incluir de manera más concreta al sector privado, se termina de configurar una mirada

más integral sobre la idea de gobernanza o sociedad abierta (Fung y Weil, 2010), ya que se genera un espaGobierno

abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 61

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

cio donde el gobierno y sus instituciones (Estado), la sociedad civil y el sector privado comparten esfuerzos

y responsabilidades para brindar información e impulsar de manera conjunta el bien común en los países.9

Un denominador común presente en la mayoría de los planes de acción corresponde al diseño y a la

puesta en marcha de portales y catálogos de datos públicos abiertos (open data). Ello no debería sorprender,

pues en un análisis reciente (Iglesias, 2012) se reporta que, de los 55 países miembros de la AGA, 28 comprometen

de manera explícita la apertura de datos públicos como componente esencial de sus estrategias

de gobierno abierto, al ser un eje catalizador que permite incrementar la transparencia y la rendición de

cuentas, y además favorece la innovación y la co-creación/co-producción de servicios y nuevas prestaciones

de utilidad pública de la mano del uso de las tecnologías y la reutilización de datos e información pública.

En nuestro caso, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, la República Dominicana y Uruguay cuentan con

iniciativas en marcha o proyectos enunciados o en fase de formulación y próxima implementación.

Un elemento que llama profundamente la atención es la redacción misma de los planes de acción y de

sus iniciativas (lenguaje abstracto y generalista). La mayoría de ellos, salvo notables excepciones, utiliza

un lenguaje excesivamente formalista, normativo y/o técnico para explicar las medidas y compromisos que

se asumen, lo que los aleja del foco de estar pensados en clave ciudadana, inhibiendo la comprensión y el

compromiso más directo de quienes se supone que serán los depositarios de sus potenciales beneficios y

a quienes se les pide que participen, se involucren y colaboren: los ciudadanos. Esta circunstancia resulta

paradójica, si se piensa que para la redacción de los planes los países deben consultar a la sociedad civil, lo

cual permite presumir que los procesos consultivos se han reducido, en algunos casos, a una mera formalidad,

o bien, que los países tuvieron que apresurarse debido a la fecha límite para presentarlos ante la AGA.

Por lo demás, algunos planes de acción son excesivamente ambiciosos en sus objetivos y alcances, lo

que puede atentar de manera directa contra el cumplimiento cabal de dichos compromisos. Ello nos lleva

a reflexionar sobre el tema de las expectativas y el peligro de caer en lo que expresa el clásico refrán que

alude a que “el remedio sea peor que la enfermedad que pretende resolver”. Durante la segunda parte del

siglo XX, ALC ha sido un laboratorio donde se han experimentado diversos tipos de reformas estatales y

procesos –más o menos dolorosos– de restructuración de las administraciones públicas, siempre con la

promesa de mejorar la calidad de vida de las personas y alcanzar el ansiado bien común y el desarrollo para

todos. Sabemos que ello no necesariamente ha sido así y, por tanto, la cautela y la prudencia deberían ser

elementos a considerar al momento de comprometer iniciativas que, finalmente, o no se implementarán

del todo o se ejecutarán de manera inadecuada, insuficiente y sin considerar posibles efectos colaterales

(como sucedió antes con el fenómeno del isomorfismo institucional ligado a la exportación de las recetas

de la nueva gestión pública a la región). La sugerencia es preferir algo acotado y alcanzable, considerando

las capacidades institucionales, los recursos disponibles y las posibilidades concretas de realización, antes

que los grandes programas llenos de enunciados épicos que se transformarán en letra muerta al momento

de querer llevarlos a cabo y que pueden minar aún más la (baja) confianza en los gobiernos y, por tanto, ser

contraproducentes con el propósito perseguido.

Finalmente, es necesario reconocer que el éxito de la AGA depende, en gran medida, de que se movilicen

de forma activa y comprometida, y se canalicen adecuadamente, las capacidades que se encuentran

9 En palabras de Tapscott y Williams (2011), los cinco principios del nuevo escenario de cambios globales suponen

un esfuerzo transversal de todos los actores en los ámbitos de: i) la colaboración (en oposición a la jerarquía), ii) la

apertura y la transparencia, iii) la interdependencia, iv) el compartir la propiedad intelectual y v) la integridad. En

términos similares, Fung y Weil (2010) hablan de extender en el futuro la necesidad de exigir mayor información a las

grandes corporaciones privadas, las que también afectan la calidad de la vida diaria de las personas, por ejemplo, en

temas financieros e hipotecarios, alimentarios, del medio ambiente, o con respecto a la confiabilidad y seguridad del

transporte.

62 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

justamente fuera de los gobiernos: las de las OCS, de los ciudadanos y de las empresas, entre otros actores.

Esto reviste una paradoja evidente: para avanzar en la consolidación de gobiernos abiertos en la región se

requiere un mayor compromiso y una mayor participación de los actores que están fuera de él. La idea de configurar

un ecosistema “abierto” resulta atractiva en este contexto y ello, ante todo, debe estar fundado en la

construcción de espacios de reciprocidad, confianza y trabajo conjunto basado en un diálogo permanente

entre todos los actores, desde una perspectiva más horizontal y menos asimétrica, en un plano de aprendizajes

compartidos y búsqueda de soluciones en clave colaborativa, participativa y coordinada.

Se hace camino al andar: el contraste de la realidad latinoamericana

en materia de gobierno abierto con la evidencia del resto del mundo

Los resultados correspondientes a ALC presentados en la sección anterior coinciden en buena parte con un

estudio recientemente publicado por la organización no gubernamental (ONG) Global Integrity (2012), que

a partir de un exhaustivo ejercicio de revisión de los planes de acción de todos los países que han formalizado

compromisos, construye un mapa de actuaciones sobre las reformas impulsadas en el marco de la AGA.10

Algunos resultados de este estudio que cabe destacar para efectos de nuestra reflexión son los siguientes

(véase el gráfico 2.6):

• Los temas de apertura de datos públicos (190 iniciativas) y gobierno electrónico (199 iniciativas)

son los más populares y llevan la delantera. Estas dos categorías representan casi un tercio

de todas las actividades de gobierno abierto comprometidas por los países miembros de la

AGA.11

• La participación ciudadana es la tercera categoría relevante en número de iniciativas (131). Pese

a la evidencia y crítica, de parte de la sociedad civil, de que no han existido espacios y procesos

de consulta concretos en la elaboración de muchos de los planes presentados, la relativa popularidad

de los compromisos de participación ciudadana representa una oportunidad real para los

ciudadanos en la labor de crear espacios para una mayor participación/compromiso con el Estado

en una amplia variedad de asuntos ligados al gobierno abierto.

• La siguiente prioridad para los gobiernos responde a los temas de acceso a la información, con

93 iniciativas etiquetadas bajo dicho concepto.

• Los temas vinculados al sector privado están visiblemente poco representados en los planes de

acción nacionales: sólo 44 etiquetas cubren temas tales como las asociaciones público-privadas,

las regulaciones, la transparencia del sector privado y las iniciativas de responsabilidad social

10 Se recogieron, catalogaron y analizaron los datos sobre compromisos disponibles en 45 planes de acción de un

universo de 55 países adscritos a la AGA (al 26 de julio de 2012).

11 Al respecto se afirma que “siempre es alentador ver que los países se esfuerzan por modernizar la maquinaria del

gobierno, pero la preponderancia de los proyectos de tecnología de la información en los planes nacionales de acción

merece una mayor consideración. El apetito de soluciones tecnológicas ordenadas para los problemas complejos no

debe eclipsar la necesidad de una reforma políticamente difícil, pero fundamental […]; todas las soluciones tecnológicas

funcionan en los límites impuestos por los contextos institucionales, legales, políticos y socioculturales en

los que están inmersas. Por lo tanto, las reformas esenciales deben ser alentadas desde el principio para mitigar las

limitaciones estructurales únicas que prevalecen en los contextos particulares de cada país. Hacer eso sería ampliar la

frontera de posibilidades para que los datos abiertos y las tecnologías relacionadas puedan maximizar su potencial”

(Global Integrity, 2012).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 63

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

corporativa, entre otros. Esto constituye definitivamente una brecha que hay que cubrir, sobre

todo en áreas como la industria extractiva o los servicios financieros; además, se deben aprovechar

las capacidades disponibles en el sector privado para contribuir a este esfuerzo global por

la transparencia y la rendición de cuentas más allá de los gobiernos.

• Legislar, no solo “innovar”. Otro punto ciego en los planes de acción es la marginación de los

compromisos relacionados con las ramas legislativa y judicial, como ya se mencionó. La mayoría

de los compromisos se centra en unidades gubernamentales dentro del ámbito del Poder Ejecutivo,

privilegiando soluciones “innovadoras” por sobre reformas más fundamentales y políticamente

viables en el ámbito legislativo y judicial, que son claves para que la AGA pueda concretar

las grandes ideas que sustentan un gobierno abierto. En este punto, surge la preocupación en

el sentido de que algunos compromisos son lo suficientemente ambiciosos para hacer frente a

cambios más estructurales como el financiamiento de las campañas políticas, la divulgación de

bienes públicos, la transparencia del sector financiero,12 entre otras cuestiones, que requieren la

aprobación de amplias reformas legales. Ello supone que los países tendrán que hacer frente a

importantes retos institucionales a través de avances en la legislación, de modo que el cambio

en la cultura de gobierno que se busca a través de la AGA se consolide con firmeza en el futuro

inmediato.

Un detalle adicional en el cual coinciden la mirada panorámica de Global Integrity y el caso latinoamericano

aquí analizado es que en general los planes de acción de la AGA carecen de un programa de ejecución de las

actividades propuestas y, en muchos casos, las responsabilidades no se definen con claridad o no se sabe si

se dispone de las capacidades y los recursos institucionales mínimos para llevarlos a cabo.

Gráfico 2.6

Los 10 principales ámbitos de focalización en los planes de acción

12 Llama la atención, por ejemplo, que ni un solo país se comprometa directamente a promover la apertura de instituciones

financieras o de servicios, pese a los efectos y consecuencias de la crisis reciente.

Fuente:

Elaboración propia

sobre la base de

Global Integrity

(2012).

Datos

abiertos

Acceso a la

información/

FoIA

Presupuesto y

planificación

financiera

Gobernanza

subnacional

Servicio

civil/ Función

pública

Anticorrupción

Compras y

contrataciones

públicas

Construcción de

capacidades/

Formación

Gobierno

electrónico

Participación/

Compromiso

ciudadano

199

190

131

93

79

57

50

34

29

28

64 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

Finalmente, y en contraste con el análisis efectuado para ALC, respecto de la adscripción a las iniciativas

en relación con cada uno de los cinco grandes desafíos de la AGA, el desglose (en términos agregados)

presenta coincidencias que merecen tomarse en consideración (véase el cuadro 2.3).

Cuadro 2.3

Compromisos totales en planes de acción sobre gobierno abierto por desafíos,

de acuerdo con la AGA

Grandes desafíos de la AGA Cantidad global de compromisos

1. Mejoramiento de los servicios públicos 237

2. Incremento de la integridad pública 353

3. Gestión más efectiva de los recursos públicos 154

4. Creación de comunidades más seguras 15

5. Mejora de la rendición de cuentas 19

Fuente: Global Integrity (2012).

Del gobierno abierto a la reforma del sector público:

una oportunidad para la región

A partir del análisis previo, cabe esbozar una reflexión sobre si el avance del gobierno abierto en la región

podría constituir, en el actual contexto, la antesala para un nuevo proceso de reforma del sector público

bajo un nuevo paradigma de recambio y renovación que postula una mayor y mejor interacción entre gobierno,

administración pública y ciudadanía, para generar valor público.

Si bien los planes de acción de los países de la región analizados ostentan características disímiles,

heterogéneas y dispersas, representan las semillas iniciales de lo que podría ser una nueva oleada de reformas

institucionales, entendiendo que ello supone acciones que afectan el diseño y el funcionamiento de las

instituciones en al menos dos sentidos: mediante cambios en la organización del poder (dimensión política)

y mediante cambios en los organismos y servicios públicos que diseñan y ejecutan políticas (dimensión

administrativa). Como se ha visto, gran parte de los compromisos asumidos en el marco de la AGA pueden

ubicarse en alguno de los dos niveles señalados.

Por otra parte, los gobiernos que participan de esta iniciativa están en general representados por las

unidades a cargo de las áreas de reforma y modernización del sector público y, por tanto, cercanas a los

Jefes de Estado de cada país. Ello constituye una fortaleza adicional, pues confirma su calidad de eje prioritario

en la agenda de los gobiernos, lo que redunda en un ingrediente esencial para el éxito presente y

futuro de este tipo de programas: la voluntad política y el apoyo decidido para construir una visión global

y hacer un esfuerzo concreto en la materia, más allá de las aproximaciones fragmentadas o aisladas que

caen bajo la responsabilidad de uno u otro sector (transparencia por un lado, mejoramiento de los servicios

públicos por el otro, etc.). Por tanto, ya sea por la visibilidad que ofrece ser parte de la AGA (en el entendido

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 65

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

de considerarla una plataforma multilateral) como por el nivel en el que se suscriben los planes de acción

y compromisos por parte de los países miembros, el aprovechamiento de dicho marco para repensar la

modernización del Estado de manera más integral y holística es un camino natural, al mismo tiempo que

deseable.

Lo anteriormente explicado pasa por comprender que la aspiración que subyace a la idea del gobierno

abierto es transformar de manera radical la forma en que históricamente se han relacionado los gobiernos y

sus administraciones públicas con los ciudadanos. Si ello es así, las diversas iniciativas que se promueven

en su nombre constituyen una extraordinaria oportunidad que presenta rasgos particulares que merecen

ser considerados y que alimenta un cierto optimismo. Tradicionalmente, los procesos de reforma y modernización

del Estado en el mundo se han diseñado e implementado de adentro hacia afuera, desde una

posición hegemónica, unilateral, y –en contraste con el eje de este análisis– bajo una lógica generalmente

cerrada y bastante autista frente a la sociedad. Eso es exactamente lo que el paradigma del gobierno abierto

ha venido cambiando, reduciendo asimetrías de diverso tipo y equilibrando, en términos relativos, la balanza

de influencia hacia un rol más protagónico de la sociedad en los asuntos públicos. La evidencia empírica

avala la idea de que el Estado red requiere cada vez más una sociedad red (Castells, 2009).

En este contexto, las propuestas de reforma deben aspirar a ser técnicamente correctas (no necesariamente

perfectas) y políticamente viables. Por eso, las políticas de gobierno abierto, para ser exitosas, viables

y sostenibles, deben disponer y proporcionar una visión de mediano y largo plazo, y considerarse como políticas

de Estado más allá del gobierno de turno, al igual que otras iniciativas cuya maduración y cuyos resultados

requieren el tiempo necesario para entregar sus frutos (como en el caso de las reformas del servicio civil

y la profesionalización de la función pública, las reformas del sistema regulatorio, o las políticas sanitarias y

educativas). Esto es aún más relevante cuando pensamos que los cambios posteriores a la implementación

del gobierno abierto operan sobre todo en la arquitectura y el andamiaje institucional del gobierno y del

sector público de manera transversal. El gobierno abierto cruza y, en algunos casos, penetra en el código

genético que sostiene la estructura del modelo burocrático clásico (y naturalmente cerrado sobre sí mismo).

Las normas sobre el acceso a la información pública y la liberación de datos, la obligación de rendir cuentas

en todos los niveles de la administración y proveer mecanismos de control y evaluación, por mencionar algunas,

son iniciativas cuya correcta aplicación impacta de manera directa en el qué, cómo, cuándo y por qué se

prestan servicios en áreas tan diversas como la vivienda, el transporte o la infraestructura vial.

Muchas de las iniciativas que se agrupan bajo la etiqueta del gobierno abierto no son nuevas en la

región. Los esfuerzos por promover la transparencia y el control de la corrupción, así como las acciones

tendientes a proveer mejores servicios públicos, han sido un lugar común en la agenda de trabajo de la

mayoría de los países de la región en los últimos 10 años.13 Sin embargo, aún se aprecian profundos rezagos

en áreas tan relevantes como la implementación efectiva de leyes de acceso a la información o mecanismos

para el fortalecimiento de los sistemas de control e integridad pública, muchos de los cuales se encuentran

en etapas incipientes o intermedias de desarrollo. Así, la creación de la AGA ofrece una extraordinaria

oportunidad para consolidar estos esfuerzos en el marco de un entorno cooperativo que ofrece múltiples

ventajas para compartir experiencias y buenas prácticas, y definir estándares comunes que hagan más fácil

la implementación del gobierno abierto. Todo ello con un elemento central: la concepción desde, para y con

el apoyo, la participación y la colaboración de actores que están más allá de las fronteras estatales.

13 Hoy en día hay una multiplicidad de mecanismos de participación ciudadana que promueven el debate público

para que los distintos grupos que pueden verse afectados por determinada política pública hagan escuchar su voz.

Existen procesos consultivos para designar funcionarios, audiencias públicas para redefinir contratos de obras públicas

o discutir nuevos regímenes tarifarios de servicios públicos, y procesos de elaboración participada de normas en

los que se abre un período para que la sociedad comente sobre proyectos normativos específicos.

66 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

A diferencia de los ensayos de reforma que muchos países de la región propulsaron inspirados en la

doctrina y las herramientas de la llamada “nueva gestión pública” (en algunos casos con casi 20 años de

retraso), el paradigma del gobierno abierto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y podríamos

afirmar, sin temor a equivocarnos, que es un territorio en el que no existen reglas predefinidas ni respuestas

acabadas. Ningún gobierno podría atribuirse la última palabra en el tema y, en su gran mayoría, todos

se encuentran en un estado “beta” (de experimentación, ensayo-error, probando combinaciones virtuosas

y aprovechando los espacios de aprendizaje que ofrece y garantiza el uso de las tecnologías y el apoyo de

una nueva ciudadanía proactiva y vigilante).

Este paradigma emergente constituye una suerte de nuevo software de código abierto que deberá pasar

la prueba de compatibilidad respecto del hardware institucional con el que actualmente operan los gobiernos

y sus aparatos administrativos. Este es un desafío de grandes proporciones y de ello dependerá si en

el futuro inmediato se podrá hablar de un cambio verdadero y radical a partir de un nivel básico (de uno a

uno, de uno a muchos) donde el gobierno “provee”, “presta” y “comparte” (datos, información, servicios,

conocimiento, poder) hacia un nivel más complejo (muchos a muchos) donde los ciudadanos y el gobierno

“co-diseñan”, “co-crean”, “co-producen”, bajo una capa de nuevas prácticas inspiradas en la apertura, la

transparencia, la participación y la colaboración.

Conclusiones y retos pendientes

A lo largo de este capítulo, se ha procurado precisar el concepto y el alcance del gobierno abierto como

inspirador de una nueva ola de reformas del sector público, y arrojar luz con respecto a su distinción del

gobierno electrónico y de los portales de open data, como medios o herramientas al servicio de un objetivo

más amplio. No se trata únicamente de “digitalizar la burocracia”, reducir trámites y descentralizar servicios

públicos –si bien eso no es poco–, sino de repensar la relación del Estado con un enfoque pro ciudadano,

y abrir espacios de participación y colaboración en asuntos de interés público con la sociedad civil y

el sector privado, aprovechando la tecnología como nunca antes se ha visto en las democracias modernas.

Un sector de la teoría política ve al gobierno abierto como una nueva concepción de la democracia,

llamada “democracia colaborativa”, en oposición a otras teorías modernas como la de la “democracia deliberativa”

(Noveck, 2010). El elemento que distingue a la una de la otra es que esta última hace hincapié

en el proceso de robustez del debate que rodea la toma de una decisión pública, en tanto que la primera

se centra en la capacidad de co-creación con los ciudadanos. Se trata de aprovechar el conocimiento y las

habilidades de la ciudadanía para que a través de la “inteligencia colectiva” se resuelvan mejor los desafíos

y necesidades de la sociedad en los distintos niveles de gobierno. Los retos pendientes para llegar al ideal

del autogobierno colectivo son enormes, y llevará muchas décadas para que este se consolide. Por ahora,

los procesos de co-creación exitosos abarcan cuestiones vinculadas a los gobiernos locales, como el reporte

de los baches de la calle, la inseguridad, o los problemas de tránsito,14 que mejoran la calidad de la vida

cotidiana de las personas, pero que lejos están de influir en decisiones trascendentales de la vida pública.

14 Cabe citar la iniciativa británica Fix My Street (http://www.fixmystreet.com), que permite el reporte de incidencias sobre

desperfectos y problemas en la infraestructura vial de parte de los ciudadanos, y una variada gama de otros servicios y aplicaciones

creados por MySociety (http://www.mysociety.org/) para el fortalecimiento cívico de las personas y comunidades

mediante el uso de la tecnología, o Show us a Better Way (http://bit.ly/QzQsaE), iniciativa concebida para que la ciudadanía

presente sus ideas sobre qué hacer con la información pública, entre otras. Todas ellas van a la vanguardia de la co-creación

y participación ciudadana, junto con los casos emblemáticos de las autonomías en España: el gobierno vasco, bajo el nombre

de Irekia (abierto en euskera: http://www.irekia.euskadi.net/), o el gobierno de Navarra (http://gobiernoabierto.navarra.es/).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 67

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

Puede decirse que existe un reto similar con respecto a la utilización de la información en portales de

datos abiertos, no obstante los esfuerzos realizados hasta el momento. Publicar datos indiscriminadamente

no garantiza que todos se vayan a utilizar. Cuando el Estado cuenta con recursos escasos, tiene que elegir

bien dónde poner sus esfuerzos, publicando las bases de datos más demandadas y las que más posibilidades

tienen de ser reutilizadas. Muchas veces, las bases de datos están incompletas, o hay campos que

muy pocos saben de qué tratan, entonces hay que depurarlas y clarificarlas y modernizar los sistemas de

archivo. También hay que centralizar esas bases de datos, y notificar de sus actualizaciones y cambios, para

que los creadores de software hagan ajustes en sus programas. Otra acción que debe realizarse en torno de

este tema, es crear demanda para que las bases de datos sean utilizadas entre la sociedad civil y el sector

privado, lo cual no varía de otras herramientas de participación ciudadana más tradicionales.15

En la segunda parte de este trabajo, se ha sostenido que la AGA es una iniciativa interesante que se

distingue por su carácter voluntario y la flexibilidad que existe para que cada país presente e implemente

su propio plan de acción de acuerdo con sus prioridades específicas y capacidades disponibles. Otro rasgo

distintivo de la AGA es, sin duda, la oportunidad que esta conlleva de contar con la activa participación de

la sociedad civil desde los procesos de consulta inicial para el diseño de estos planes hasta las labores de

monitoreo y evaluación conjunta de los compromisos asumidos. Esto implica un cambio de paradigma, pues

las organizaciones han virado de un rol tradicional de control social o de observadores a ser responsables

de la co-gestión de una iniciativa internacional. Si bien la participación de las OSC cuenta con el apoyo de

gobiernos más acostumbrados al compromiso de estas organizaciones en cuestiones de interés público,

resta ver cómo será la convivencia con gobiernos históricamente más reacios a este tipo de apertura que

han aceptado ser parte de la AGA. Hay que tener en cuenta que estos gobiernos deberán someterse al doble

control de la implementación de sus propios planes de acción por parte de la sociedad y del mecanismo de

revisión independiente de la AGA.

Para la gobernabilidad de la AGA misma, también hay desafíos por delante:

1. La sostenibilidad política. La AGA cobró una alta visibilidad y registró un avance inusitadamente

rápido para este tipo de iniciativas globales, muy probablemente debido al liderazgo del gobierno

de Estados Unidos, y en nuestra región, gracias a los gobiernos de Brasil y México, lo que ha generado

altas expectativas en torno a su sostenibilidad en el tiempo, cuando cambien los actores

políticos. Al respecto, consideramos que difícilmente haya una vuelta atrás, aunque el camino no

esté exento de dificultades en países puntuales, pues influirán dos factores: i) las expectativas

creadas en gran parte de la sociedad civil de los países que integran la AGA, que demandará de

sus gobiernos un continuo apoyo y la presencia en la iniciativa, y ii) las esperanzas depositadas

en el hecho de que los gobiernos realmente se beneficien de la AGA y mejoren su desempeño en

las distintas áreas.

2. La sostenibilidad financiera. La ampliación de la AGA, que pasó tener de ocho países a contar

con 55 al momento de redactarse este texto, implicó que en sus reglas de gobernanza se solicite

una contribución de US$50.000 anuales a sus integrantes a fin de absorber este impacto. Este

financiamiento deberá servir para multiplicar los recursos humanos existentes en la secretaría de

apoyo técnico, y dotar a la AGA de una infraestructura edilicia y de herramientas de trabajo más

estables, incluidos la traducción a algunos idiomas de los documentos producidos, y presupuesto

para traslados y comunicación, lo cual es muy costoso.

15 Por ejemplo, en la página de datos abiertos de Estados Unidos, que posee 3.500 bases de datos, sólo hay 250

aplicaciones realizadas por la ciudadanía, lo cual equivale a una participación inferior al 10% (Robinson y Yu, 2012).

68 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

3. La sostenibilidad técnica. Está pendiente ver cómo serán las primeras revisiones de la implementación

de los planes de acción por parte del Comité Independiente de Revisión, y qué nivel de

detalle tendrá la información de los países que alimenten el proceso de evaluación. El crecimiento

de ocho a 55 países puede implicar el riesgo de que se pierda calidad en los reportes de cada país,

pues en las iniciativas globales similares de monitoreo de convenciones se suele “igualar para

abajo”, perdiéndose profundidad en el trabajo sustantivo, o haciéndose más lento el proceso.

En la actualidad, la AGA se encuentra en un punto de inflexión crucial para su futuro. Al cumplir un año de

camino recorrido presenta notables logros que es necesario reconocer: ha instalado el debate sobre las políticas

de gobierno abierto a nivel mundial, promoviendo un diálogo global sobre buenas prácticas en materia

de apertura, transparencia, participación y rendición de cuentas; y ha propiciado la incorporación de 55

países miembros que han comprometido planes de acción en la materia, lo que supone muchas expectativas

y objetivos por cumplir, sobre todo de cara a la sociedad civil.

Al respecto, surgen algunas interrogantes y preocupaciones desde diversos sectores sobre la ineludible

“institucionalización” del equipo central que coordina estos esfuerzos y la necesidad de liderazgo, recursos

y capacidades para dar continuidad y sostenibilidad a la AGA (Heller, 2012), más aún cuando nos encontramos

en una fase en la que deberían comenzar a verse los frutos del trabajo de muchos de los países que,

tempranamente, se incorporaron a la iniciativa por la vía de los reportes de avance sobre el cumplimiento

de compromisos, el mecanismo de evaluación independiente y el sistema de monitoreo desde la sociedad

civil. Se trata de un tema pendiente sobre el cual no hay nada dicho, pero que será vital para visualizar las

perspectivas de desarrollo futuro de la Alianza y promover el gobierno abierto en el mundo.

En cuanto a los compromisos contenidos en los planes de acción, entre los desafíos se incluyen la

estimulación de espacios de aprendizaje mutuo, y la identificación de buenas prácticas y la posibilidad

de replicarlas a través de espacios de colaboración y trabajo conjunto, inclusive más allá de las fronteras

nacionales y de los actores que promueven dichas iniciativas internamente (OSC, comunidades de open

data, etc.), reduciendo las barreras en el flujo de conocimientos y ampliando las fronteras y capacidades

disponibles para lograr cumplir con las expectativas y objetivos trazados por los países miembros.

Otro desafío por delante es la inclusión de los poderes legislativos y judiciales, y la expansión de los

planes de acción a niveles subnacionales de gobierno. Una explicación posible para la escasa presencia de

estos temas es que la AGA constituye una iniciativa firmada a nivel de los poderes ejecutivos; no tiene la

jerarquía de un tratado internacional, que necesariamente debe contar con la aprobación de los poderes

legislativos, y por ello, su implementación se convierte en una obligación legal para los tres poderes nacionales

y los gobiernos subnacionales. De todas formas, aun si fuera un tratado internacional, los poderes

administrativos encabezarían la implementación de los compromisos internacionales y, con el tiempo, sobre

la base de la experiencia acumulada y de las acciones de incidencia de las OSC, sumadas a las tareas de

concientización y difusión por parte de las autoridades centrales, las miradas y las demandas se colocarían

en los restantes estamentos de poder mencionados. Se trata, pues, de un proceso natural que decantaría en

los otros niveles de gobierno.16

En cuanto a los países, para avanzar en los retos que presenta la agenda de gobierno abierto será necesario

que tengan una visión estratégica integral que involucre a todos los actores relevantes, pero que a la

16 Un reciente esfuerzo en esta dirección lo constituye el Opening Parliament, un foro destinado a conectar a las

organizaciones cívicas del mundo que participan en el seguimiento, el apoyo y la apertura de los parlamentos de sus

países y de las instituciones legislativas. Para mayor detalle, véase http://www.openingparliament.org/. Actualmente

han lanzado la Declaración sobre Apertura Parlamentaria: http://bit.ly/U4dKnw.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 69

PARTE

1

Capítulo 2 - Gobierno abierto

vez aporte acciones y reformas concretas en los eslabones críticos de la cadena de generación de valor de

la prestación de servicios públicos. Para este desafío, las políticas de transparencia focalizada incluidas en

los planes de acción de algunos países constituirán una herramienta fundamental que apoyará transversalmente

la gestión. A fin de lograrlo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Conformación de equipos multidisciplinarios. La mayoría de las acciones comprendidas en los

planes de acción tiene un enfoque sectorial, para lo cual se necesitan equipos de expertos técnicos,

tanto en asuntos relacionados con la salud o la energía, por ejemplo, como en transparencia

y rendición de cuentas, análisis normativo, tecnologías, etc.

• Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. La implementación de una política de

transparencia o de modernización del Estado, en toda la administración pública, requiere acuerdos

de cooperación entre las autoridades ministeriales, lo que no suele ser fácil, ya que se trata

de mandatos impuestos que no se conciben como “parte del trabajo” de los funcionarios de un

determinado sector, y que pueden carecer de las capacidades necesarias para implementar una

política de gobierno abierto. Los planes de acción en el marco de la AGA generan la oportunidad

de que las autoridades abran canales de discusión que a su vez revigoricen las posibilidades y los

incentivos para la coordinación interinstitucional.

• Importancia de la inversión en tecnología. La implementación de los planes de acción, en su

gran mayoría, requiere inversiones tanto en hardware como en software y que a su vez se reconozca

la importancia de que los nuevos sistemas de información se acoplen con los ya existentes, y

que permitan la disponibilidad de información a través de datos abiertos, de modo que el sector

público y la sociedad civil tengan la posibilidad de efectuar el análisis y cruzamiento de datos.

• Medición de resultados del impacto de las intervenciones. Los resultados deben ser consolidados

y las experiencias exitosas transmitidas de país a país, fortaleciendo la cooperación sur-sur.

Para finalizar, como señalan Fung y Weil (2010), hay que avanzar más allá del gobierno abierto, hacia una

sociedad abierta, en la que se incluyan poderosas empresas privadas y organizaciones en la necesidad y

obligación de compartir información, ya que dichas empresas y organizaciones afectan también nuestras

vidas diariamente con sus decisiones. Ello supone el esfuerzo de generar un ecosistema de transparencia

mucho más amplio y diverso, que además pueda favorecer un modelo de gobernanza de mayor calidad y

con mejores y más amplios espacios para la participación y la colaboración de todos los actores, lo que sin

dudas contribuiría a pavimentar el camino hacia democracias más sanas y sociedades más prósperas en la

región.

70 Banco Interamericano de Desarrollo

Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen

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Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 71

PARTE

1

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Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 73

Capítulo 3 75

Transferencias transparentes: la asignación de subsidios en gas,

transporte y agroalimentos en Argentina

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

Capítulo 4 93

Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil:

el rol del Observatorio del Gasto Público

Thiago Alvim Camargo y Amon Narciso de Barros

Capítulo 5 107

Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias

extractivas en Ecuador: la experiencia del proyecto “Extrayendo transparencia”

Orazio J. Bellettini Cedeño

6 96

Capítulo 6 129

Uso de la información e integridad del sistema financiero: reflexiones

a partir de un proyecto para prevenir el lavado de activos en Guatemala

Roberto de Michele

Capítulo 7 147

Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso

a la vivienda en Colombia: el caso del Programa TACS

Marcela Restrepo Hung

Capítulo 8 165

Abriendo los gobiernos para la gente: transparencia y control de la

obra pública en Chile

Sonia Tschorne Berestesky

PARTE

2

74 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

La transparencia en el otorgamiento

de los subsidios depende de una serie

de requisitos: reglas claras y accesibles;

otorgamiento en base a la necesidad y no

como recompensa política; control por

parte de instituciones auditoras y de la

ciudadanía; y existencia de información

desagregada sobre los beneficiarios y el

importe percibido.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 75

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Capítulo 3

Transferencias transparentes:

la asignación de subsidios en gas, transporte

y agroalimentos en Argentina

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei1

Introducción: la importancia de la transparencia de lo público

La transparencia en la gestión pública implica otorgar una mayor visibilidad a los actos de gobierno, fomentar

la rendición de cuentas e incrementar la participación y el control por parte de los ciudadanos. Para ello,

es necesario un efectivo acceso a la información. Este derecho es una de las bases para el fortalecimiento

de la democracia, ya que ilumina espacios en los cuales se podrían ocultar tanto la realización de prácticas

ilegales como la ineficiencia y la incompetencia (Michener y Bersch, 2011). El derecho de acceso a la información

es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar la transparencia. Además de asegurar

este derecho, el gobierno debe rendir cuentas de sus actos. En este sentido, la implementación de políticas

de datos abiertos (open data) implica poner a disposición de terceros información que pueda ser reutilizada.

Toda información generada por el Estado –en su interpretación más extensiva– es un bien público y, como

tal, debe estar disponible para la sociedad. Llevar adelante una política de este tipo involucra la diseminación

de información que sea fácil de hallar (visible), completa, comprensible, actualizada y reutilizable

para generar inferencias o conclusiones. Una política de datos abiertos es complementaria con el acceso a

la información pública, ya que ambas fomentan un gobierno más responsable y transparente.

La transparencia puede funcionar como incentivo para aumentar la eficiencia (Cunnil Grau, 2004). La

experiencia muestra que cuando se expone a las administraciones públicas a las presiones y exigencias de

agencias de control y de la ciudadanía, se mejora la prestación de los servicios y aumenta la eficiencia. Al

deber exponer su desempeño, los funcionarios de la administración pública se ven incentivados para mantener

un buen nivel de eficacia y eficiencia, e incluso, mejorarlo (Kaufmann, 2000).

Si bien no existe una definición única y consensuada de la transparencia pública, se puede establecer

que el grado de transparencia en la gestión del Estado va a depender principalmente del flujo de información

accesible, precisa, entendible y oportuna que se ponga a disposición (Gruenberg et al., 2007). En este

sentido, y de acuerdo con Michener y Bersch (2011), la transparencia óptima estaría dada por la presencia

de información completa y fácil de localizar, que debería ser verificable y utilizable.

1 Este trabajo fue posible gracias al equipo de investigación, que incluyó a Manuel Garrido, Sabrina Ayub y Diego

Dequino.

76 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

En Argentina se viene concentrando una atención creciente en el otorgamiento de subsidios al sector

privado, tanto por el hecho de que estos se llevan una porción creciente del presupuesto nacional como

porque se los percibe como muy poco transparentes. Un subsidio se define como “(…) cualquier asistencia o

incentivo gubernamental, en efectivo o en especie, hacia sectores privados –productores o consumidores–,

respecto de la cual el gobierno no recibe a cambio compensación equivalente” (Gruenberg et al., 2007:1).

El gobierno nacional argentino otorga esta clase de transferencias a tres tipos de beneficiarios: personas

(sobre todo en forma de planes sociales), empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Su asignación

en ocasiones carece de transparencia, lo cual puede generar espacios de corrupción, de clientelismo o

de ineficiencia económica.

La transparencia en el otorgamiento de los subsidios depende de una serie de requisitos: reglas claras y

accesibles para que quien reúna las condiciones pueda recibir el beneficio; otorgamiento en base a la necesidad

y no como una recompensa política; control por parte de las instituciones auditoras y de la ciudadanía; y

existencia de información desagregada sobre los beneficiarios individuales de cada uno y el importe percibido.

La información provista en el cuadro 3.1 destaca la importancia de los subsidios dentro de la economía

en Argentina. El total del gasto público nacional en 2011 fue de ARS 450.548 millones, el 72% de los cuales

se destinó a transferencias o subsidios. La mayor parte de estas últimas financian el sistema de seguridad

social (jubilaciones, pensiones, programas sociales, etc.), por lo cual se las considera un gasto prácticamente

rígido, debido a que son obligaciones contraídas con anterioridad. La otra porción de estas transferencias

puede considerarse más flexible, y el gobierno tiene mayor poder de decisión para asignarlas. Allí se

contabilizan las transferencias en servicios económicos (que representan un 25% del total), que son todos

aquellos gastos que conllevan las acciones de fomento, regulación y control de la producción del sector

privado y público. Más del 90% de los subsidios por servicios económicos se destina a energía combustible

y minería, transporte y agricultura, gastos que en 2011 implicaron ARS 78.674 millones.

Cuadro 3.1

Gasto nacional en 2011, total y subsidios

(millones de pesos argentinos)

Rubro de gasto En millones de ARS

Gasto total devengado 450.548,24

Transferencias 323.765,16

Transferencias en servicios económicos 83.937,72

1. Energía, combustibles y minería 49.719,12

2. Transporte 26,.747,79

3. Agricultura 2.207,06

Fuente: Elaborado por CIPPEC sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación.

Nota: Las transferencias consideradas dentro de este rubro no sólo abarcan al sector del gas, sino que también incluyen

todos los montos transferidos bajo el concepto de servicios económicos al sector de la energía (principalmente

electricidad), de combustibles y minero.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 77

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Dada la relevancia de los subsidios dentro del gasto del gobierno, que además representan una parte

importante de los fondos que gestiona el gobierno de manera más flexible, resulta fundamental que su

asignación sea gestionada de forma transparente. En este marco, en 2009 el Centro de Investigación de

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) comenzó a llevar a cabo un proyecto con el fin

de promover un aumento de la transparencia en la asignación de subsidios y compensaciones del gobierno

nacional a empresas privadas argentinas en tres sectores económicos: gas, transporte y producción agroalimentaria.

Contexto político-institucional

El proyecto implementado por CIPPEC se inscribe en un contexto de vaivenes en materia de transparencia.

Un hito relevante fue la promulgación en 2003 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Nro. 1.172

que regula el acceso a la información pública producida por la rama ejecutiva. El decreto determina qué es

información pública, por qué es importante su acceso y establece que toda persona física o jurídica, pública

o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, sin que deba acreditar derecho subjetivo,

interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

Si bien esto pareció ser el inicio de una política de apertura del acceso a la información pública, terminó

siendo una acción aislada que no tuvo su correlato en otros ámbitos de gobierno. De hecho, en el último

tiempo ha habido retrocesos en materia de transparencia, por ejemplo con la desaparición en 2004 de valiosa

información que publicaba el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro) o la

intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007,2 que erosionó la credibilidad

de los índices de precios oficiales.

Los programas de subsidios no han quedado ajenos a este contexto institucional de falta de transparencia.

En 2008 comenzó a ser cuestionada la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA),

encargada de gestionar los subsidios al sector del agro. Los subsidios al consumo masivo de alimentos que

entregaba la ONCCA englobaban las compensaciones a los productores industriales vendedores en el mercado

interno de productos derivados del trigo, del maíz, del girasol y de la soja, sumados a los faenadores

avícolas, los productores tamberos, la industria láctea, los productores y engordadores de cerdos y los

establecimientos de engorde de bovinos de corral. Las acusaciones comenzaron en los medios de comunicación

y continuaron en la justicia; principalmente se denunciaba el otorgamiento de subsidios a empresas

ficticias, el desmantelamiento de los sistemas de información del sector agropecuario y la falta de transparencia

e información sobre la gestión de los subsidios.3 De hecho, algunos funcionarios fueron investigados

por una serie de denuncias por irregularidades en los subsidios entregados.4

Para el caso de los otros dos sectores (gas y transporte), el esquema de subsidios se implementó mediante

fondos fiduciarios. Para gestionar los subsidios al transporte, se creó un fideicomiso a través del

Decreto Nro. 976 de 2001, donde se establecía como fiduciante al Estado Nacional, como fiduciario al

Banco Nación de Argentina (BNA), y como beneficiarios primarios a las empresas privadas que componen

2 Véase en http://www.econ.uba.ar/www/institutos/economia/Ceped/publicaciones/2010/informe%20-%20UBA.pdf.

3 Véase http://www.anticorrupcion.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=16

http://www.lanacion.com.ar/1184662-denuncias-de-corrupcion-en-la-oncca.

4 Para más información, véase http://www.clarin.com/politica/Avance-investigacion-judicial-ONCCA_0_444555624.html.

78 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

el Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT).5 Los subsidios a las empresas de transporte también

quedaron bajo escrutinio. El ex secretario de transporte Ricardo Jaime fue investigado en relación con

más de 20 causas de corrupción que incluían enriquecimiento ilícito y la recepción de dádivas de parte de

los empresarios que se veían favorecidos por los subsidios y licitaciones que él mismo otorgaba y debía

controlar, y fue imputado en conexión con algunas de estas investigaciones.6 Jaime presentó su renuncia

en julio de 2009 y fue sucedido por Juan Pablo Schiavi. Este último también se vio envuelto en denuncias

de corrupción y fue imputado en una causa por irregularidades en la concesión para controlar el funcionamiento

del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).7 Finalmente, Schiavi también debió renunciar a su

cargo luego de la tragedia de trenes de la Estación Once, ocurrida en la Ciudad de Buenos Aires en febrero

de 2011, donde murieron 51 personas y 700 resultaron heridas.8 Este hecho volvió a poner en tela de juicio

el otorgamiento de subsidios a las empresas de transporte, debido a las irregularidades en su gestión y a la

falta de control por parte del gobierno.

Los subsidios a la industria del gas se asignaron a través de tres fideicomisos. El primero, creado en

2002, otorgaba compensaciones por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y

por la comercialización de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo en la región patagónica, en el departamento

de Malargüe (provincia de Mendoza) y en la región de la Puna (noroeste argentino). El segundo se

creó en 2008 con el objeto de atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado (GLP)

para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por las redes de

gas natural. Y finalmente el tercero, creado también en 2008, está destinado a subsidiar el pago de gas

importado.

Los subsidios al gas han sido los menos cuestionados, aunque –como se verá más adelante– no existe

suficiente información accesible y transparente que permita evaluar cabalmente su gestión. Si bien hubo

denuncias de sobreprecios en la venta de las garrafas sociales subsidiadas por el Estado, el principal problema

no se debió a la falta de transparencia en la gestión del subsidio sino a un abuso por parte de los

comerciantes que las vendían, sumado a la ineficacia del control gubernamental en los puntos de venta.9 A

esto se agregaron algunos reclamos para focalizar la ayuda en los sectores más vulnerables de la población,

debido a que los subsidios llegaban más fácilmente a la población de ingresos medios y altos en sectores

urbanos residenciales con acceso a gas de red mientras que los sectores de ingresos bajos, al no estar conectados

a la red debían acceder al gas de garrafa, con precios sin subsidios. Es decir, el reclamo se gestó

sobre todo por el lado de la regresividad de la asignación, lo que también se ha dado en llamar la “filtración

del subsidio” (Gadano, 2011).

5 El SIT incluye al Sistema Vial Integrado (Sisval) y al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sitrans). Este último

a su vez está formado por el Sistema Ferroviario Integrado (Sifer), el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau),

el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC), el Sistema de Compensaciones al Transporte (Siscota)

y el Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas (Refop).

6 Véanse dos notas alusivas en http://acij.org.ar/sincorrupcion/2012/08/27/causa-contra-jaime-se-elevo-a-juiciooral-

y-publico y en http://www.lanacion.com.ar/1411675-jaime-las-huellas-de-la-corrupcion.

7 Véase, por ejemplo: http://www.ieco.clarin.com/economia/Imputan-Schiavi-irregularidades-control-SUBE_

0_746325564.html.

8 Para más detalles visítese http://acij.org.ar/sincorrupcion/2012/03/07/renuncio-schiavi-por-la-tragedia-de-once/.

9 Se puede acceder a un análisis en: http://elrecado.net/sociedad/5514-garrafas-sociales-se-detectaron-sobreprecios-

en-1-de-cada-3-comercios y en http://www.clarin.com/politica/Gobierno-admite-faltan-garrafas-sobreprecios_

0_305969455.html.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 79

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Contexto económico-sectorial

Este contexto de sospecha acerca de la información pública ha convivido a su vez con un contexto económico

particular. Tras la crisis de 2002, comenzó a tomar fuerza la recuperación económica, que mostró tasas

de crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercanas al 9% real entre 2003 y 2008. Este proceso vino

sostenido en parte por un fuerte crecimiento del Estado.

Si se mide el tamaño del Estado en función del gasto público consolidado como porcentaje del PIB,

se observa que en la década de 1990 este promediaba el 30%, mientras que en 2011 habría superado el

40%. Dentro de dicho gasto, se redujo la importancia de los servicios de la deuda y se mantuvo el gasto en

la administración central. En cambio, cobraron mayor importancia dos funciones del gasto: el gasto social,

primordialmente debido a que se volvió a estatizar el sistema de seguridad social, y el gasto en servicios

económicos.

Dentro de los gastos del gobierno comenzaron a tomar más importancia las inversiones públicas y los

subsidios a ciertos sectores clave. Los subsidios estaban destinados a morigerar el impacto de la inflación,

especialmente la proveniente del aumento de los precios internacionales de ciertos bienes primarios.

Concretamente, para evitar el aumento interno de precios, se implementaron varias medidas. Por ejemplo,

se impusieron una serie de trabas a las exportaciones mediante retenciones, cuotas y otras restricciones.

Esto generó una creciente demanda de mayores compensaciones a los sectores más afectados, como

el sector agropecuario.

En este período también aumentó el precio internacional de la energía. El gobierno argentino intentó

frenar las subas en los precios locales, principalmente mediante el congelamiento de precios. Y para compensar

a las empresas por la fijación de precios, se comenzaron a incrementar los subsidios.

En el gráfico 3.1 puede observarse el crecimiento de estos subsidios, incluso como porcentaje de un

gasto del gobierno cada vez mayor. Como se puede apreciar en el gráfico, hasta antes de la crisis apenas se

destinaba cerca del 1% del presupuesto nacional a pagar subsidios a los productos agrícolas, el transporte y

la energía. Pero estos aumentaron exponencialmente hasta 2008, hasta sobrepasar el 15% del presupuesto

nacional. La crisis internacional de 2009 obligó a efectuar cierto ajuste en las cuentas públicas, particularmente

en este rubro más flexible del gasto. Pero a medida que se retomó el sendero de crecimiento con inflación,

los subsidios recobraron impulso. Así se llegó a que en agosto de 2012, casi el 19% del presupuesto

nacional se destinase a los subsidios a estos tres sectores clave de la economía argentina.

80 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

Gráfico 3.1

Subsidios para productos agrícolas, transporte y energía como porcentaje del gasto público total,

2003-11 (en porcentaje)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ONCAA

Transporte

Energía, combustibles y minería

2011 2012

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fuente: Elaborado por CIPPEC sobre la base del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía

y Finanzas Públicas, Mecon).

Nota: Los datos correspondientes a 2012 abarcan hasta el mes de agosto. La ONCCA fue disuelta en 2011, pero en su

reemplazo se creó la nueva Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, dependiente del

Mecon.

Dada la combinación de su creciente importancia en el presupuesto nacional, en combinación con la

opacidad de la información, las denuncias de corrupción o la regresividad de su distribución, estos subsidios

cobraron una relevancia cada vez mayor.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 81

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Proyecto sobre transferencias transparentes

En el marco de los mencionados avances y retrocesos en materia de transparencia en la gestión pública y

ante el fuerte crecimiento de los subsidios, durante 2009 y 2010, CIPPEC llevó a cabo un proyecto sobre la

transparencia de los subsidios y compensaciones del gobierno nacional a empresas privadas argentinas en

los tres sectores mencionados: transporte, productores agrícolas de alimentos de consumo masivo y gas.

El objetivo general de la investigación fue promover un aumento de la transparencia y la rendición de

cuentas en materia de subsidios, y en consecuencia reducir las oportunidades de manejos corruptos en su

asignación. Concretamente, los esfuerzos se concentraron en promover la disponibilidad de información sobre

subsidios, así como estimular el desarrollo de capacidades dentro de la sociedad civil para monitorear

la asignación de los subsidios e impulsar un debate sobre la necesidad de fortalecer los procesos de control

y los mecanismos de sanción.

La ejecución del proyecto se hizo en tres etapas. La primera, de diagnóstico y mapeo, fue la más extensa

e incluyó la recopilación de toda la información disponible sobre la asignación de subsidios.10

Además del diagnóstico que surgió del paso anterior, esta etapa incluyó un análisis del impacto en la

eficiencia económica de la falta de transparencia, así como un ejercicio de simulación para estimar los beneficios

económicos que podrían generarse a partir de una mejora en la asignación de los subsidios.

La segunda etapa consistió en aportar insumos para el diseño institucional de una base de datos sobre subsidios.

Se incluyó la creación y el diseño de un sitio Web con toda la información recopilada y sistematizada

de manera que sea reutilizable.

La tercera etapa abarcó la formación de capacidades, y conllevó la elaboración de un manual de herramientas

para la evaluación y promoción de la transparencia en la asignación de transferencias públicas,11

junto con una serie de talleres y publicaciones dirigidos a actores clave, incluida la sociedad civil y los

medios de prensa.

Resultados de la primera etapa

Una vez compilada toda la información disponible, se evaluó para cada sector su alcance, facilidad de acceso,

actualización y posibilidad de reutilización con respecto a cinco ejes:

1. Legislación y regulación: se analizó el marco normativo que da origen a los subsidios y sus

fundamentos.

2. Procedimientos y requerimientos: se indagó acerca de la disponibilidad de la documentación

sobre los procedimientos administrativos, formularios y condiciones para acceder a los subsidios.

3. Criterios utilizados por el organismo: se buscó información relacionada con la toma de decisiones

sobre la asignación de subsidios.

10 Para más detalles sobre el análisis del marco normativo véase Dequino (2011).

11 Se puede acceder al manual en http://www.cippec.org/Main.php?do=documentsDoDownload&id=524.

82 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

4. Asignación final: se buscó la información sobre beneficiarios y montos asignados.

5. Control: se investigó sobre la publicación de informes que evalúen y controlen la asignación de subsidios.

Para el caso del transporte, la recopilación de información se realizó mediante los sitios Web oficiales

de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte. En

general, gran parte de la información normativa se encuentra a disposición, aunque no de una manera

ordenada y accesible. Sin embargo, no se publican aspectos clave de los procedimientos y la determinación

de la asignación. En cuanto a la publicación de los beneficiarios y montos finales que se otorgan, la

información sobre los subsidios y compensaciones al sector se da a conocer, aunque no está unificada en

un solo sitio, ni se presenta en su totalidad en formatos reusables, lo cual afecta su relevancia y utilidad.

Su complejidad y la falta de explicaciones acerca de qué hacer con dicha información o de un glosario

sumaron a las tareas de recopilación la dificultad para comprender los orígenes y fundamentos de los

subsidios. Además, no se publican datos cuantitativos sobre la asignación del Régimen de Fomento de

la Profesionalización del Transporte de Cargas (Refop), si bien se encontraron algunas consideraciones

normativas.

En cuanto a la información sobre los subsidios al sector de la energía, particularmente el gas, los resultados

fueron más desalentadores. Para este caso se estudiaron los tres sistemas de subsidios: al consumo

residencial, a las importaciones y al consumo de gas licuado. Las fuentes primarias utilizadas para identificar

el marco normativo fueron las publicaciones de la Secretaría de Energía de la Nación en su sitio Web

oficial.12 Así, se encontraron las normas que regulan cada sistema, pero no las de carácter transaccional a

través de las cuales se autorizan los pagos de compensaciones, que podrían haber dado precisiones acerca

de los beneficiarios del sistema y de los pagos transferidos.

Por otro lado, se detectó que no se divulgan datos cuantitativos acerca de quiénes son los agentes

receptores de los subsidios ni los montos que reciben de parte de los organismos encargados de asignar

los subsidios. La única fuente que posibilitó contar con los montos globales otorgados, provenientes de la

cuenta de transferencias corrientes del presupuesto, fueron los informes publicados por la Oficina Nacional

de Presupuesto en su página Web.

En el caso de los subsidios a la energía y al transporte, como se dijo, son administrados por “fondos

fiduciarios” o “fideicomisos”, los cuales tienen carácter extrapresupuestario, es decir, se transfieren al fideicomiso

y este los asigna. Por tanto, tampoco están regidos por la Ley de Administración Financiera, y

quedan bajo el control directo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la

Nación (AGN).

Sin embargo, el control de ambos organismos resulta insuficiente. La Sigen, organismo dependiente del

Poder Ejecutivo Nacional, ha dejado de publicar sus informes completos de auditoría en su página Web, y

ha negado el acceso a más de 300 informes solicitados por la AGN, obligando a esta última a judicializar su

pedido. La AGN suele resaltar las debilidades y los puntos oscuros de estos fondos, aunque sin la información

suficiente para auditarlos. A esto se suma la ausencia de regímenes eficaces de sanciones, lo que torna

a estos fondos fiduciarios en espacios de escasa transparencia.

En cuanto a los subsidios agrícolas, son financiados de manera directa por el Tesoro Nacional, lo cual

facilita en parte su control. Hasta 2011 estos fondos fueron distribuidos por la ONCCA, pero a raíz de los

12 Disponible en http://energia3.mecon.gov.ar/home/.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 83

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de la institución, en febrero de dicho año, se decidió

disolver este órgano mediante el Decreto Nro. 192/11,13 y crear la nueva Unidad de Coordinación y Evaluación

de Subsidios al Consumo Interno (Decreto Nro. 193/11)14 para que continúe con sus funciones.

Para el caso de la ONCCA, si bien la información normativa, cuantitativa y administrativa, salvo casos

puntuales, se encontraba disponible, no lo estaba de una manera ordenada y accesible que facilitara individualizar

a los beneficiarios y a los importes finales otorgados. Tampoco había suficiente información sobre

las tareas de análisis y control. Otro hallazgo fue la falta de correlatividad en la numeración de la normativa;

es decir, existen resoluciones que fueron sancionadas en una fecha pero tienen una numeración previa a la

de otras publicadas en fechas anteriores. Esto genera una dificultad para trazar líneas de tiempo a fin de

observar los cambios en la regulación.

La primera y principal fuente de información de la investigación fue el sitio Web oficial,15 que presentaba

una sobrecarga informativa, lo que impedía identificar de manera rápida y ágil la información que se

buscaba.

Respecto del marco normativo, en un primer acercamiento no se encontraba el listado completo de las

normas que regulaban la asignación de los subsidios. Esto fue mejorado recientemente con la publicación

de listados ordenados de las normas que reglamentan cada actividad sujeta a compensación.

Sobre la publicación de los beneficiarios y montos finales que se otorgaron, los datos no estaban dispuestos

en tablas, ni tabulados de forma homogénea, ni en formatos reutilizables sino en formato de resoluciones,

publicadas como portable document file (pdf). El elevado costo de obtener información sobre los

volúmenes transferidos y los datos de los beneficiarios representó una de las mayores falencias halladas

en la investigación. Por largo tiempo, los archivos se cargaron siguiendo un orden temporal y sin clasificar

por categorías de subsidios16 o tipos de compensaciones, por lo cual resultaban de poca relevancia para la

toma de decisiones.

En resumen, los principales obstáculos para el acceso a información que permita una toma de decisiones

eficiente eran consecuencia de la disposición poco accesible y compleja de los documentos, de su

desorden y de los formatos elegidos, todo lo cual dificultaba su traspaso a bases de datos susceptibles de

análisis, salvo luego de un arduo trabajo de recopilación. Esto complica incluso su utilización por parte del

mismo gobierno para la toma de decisiones. Cada sector presenta algunos puntos débiles y otros mejor

desarrollados, aunque con potencial de mejora (véase el cuadro 3.2).

13 Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179596/norma.htm.

14 Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179598/norma.htm.

15 La búsqueda de información tuvo lugar durante el primer semestre de 2010 en el siguiente enlace:

http://www.oncca.gov.ar/.

16 Al momento de la confección de este capítulo se había producido un cambio en la página de la ONCCA, y las

resoluciones de pago podían ser filtradas en un buscador por tres grandes grupos: carnes, lácteos y granos.

84 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

Cuadro3.2

La transparencia de los subsidios por sector y por etapa

Transporte Alimentos Gas

Legislación y

regulación

Textos incompletos. Desorden en la

publicación de reglas:

regulaciones inferiores

contradicen a las

superiores.

Información escasa y

dispersa en diferentes

sitios Web.

Procedimientos

y requerimientos

Se publica la

reglamentación sobre

las condiciones de

acceso a los subsidios

y los documentos a

cumplimentar.

La información sobre el

proceso administrativo

y los requerimientos

necesarios para la

obtención del subsidio

se publican en la página

Web.

Baja accesibilidad a

la información sobre

procedimientos y

requerimientos.

Criterios utilizados

por el organismo

No hay información

acerca de los criterios,

ni de los estadios de

decisión, determinación,

control y asignación de

los subsidios.

No hay información sobre

procedimientos internos,

recepción de documentos,

nivel de avance, criterios

de asignación.

Baja accesibilidad a la

información sobre los

objetivos y el destino

final de los subsidios.

Asignación final Beneficiarios y montos

asignados publicados

de manera dispersa, sin

contenidos unificados

y en formato de difícil

lectura.

733 archivos:

diferenciales de precio en

fueloil, Sisfer y Sistali.

Beneficiarios y montos

otorgados difíciles de

identificar.

3.293 archivos: 1.814

resoluciones de pago +

1.479 anexos.

No se publica la lista de

beneficiarios.

Refop: beneficiarios no

publicados.

Publicados en orden

cronológico, sin clasificar

y en formato de difícil

lectura.

Control En los últimos tres años

ha disminuido la cantidad

de informes de auditores

externos.

Existe una ventanilla

para reclamos pero no se

publica información sobre

los reclamos ingresados

ni su seguimiento.

No hay información

disponible.

No se publican

resultados, pedidos ni

auditorías.

No hay información sobre

auditorías.

Fuente: Elaborado por CIPPEC.

Nota: El sombreado más oscuro representa mayor falta de transparencia; el más claro, la posibilidad de

contar con información de manera más apropiada.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 85

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Al final de esta etapa, se llevó a cabo el ejercicio de estimación del costo económico de la falta de transparencia.

Debido a la (escasa) disponibilidad de información, se pudo trabajar con los subsidios al sector

transporte y, en menor medida, a los agroalimentos. Las principales hipótesis que el ejercicio pretendió

cotejar indicaron que la falta de transparencia en la gestión y asignación de subsidios:

• Reduce las posibilidades de impacto positivo de la política de subsidios.

• Genera incertidumbre, lo cual disminuye las posibilidades de inversión privada.

• Favorece el mal uso de los recursos y crea oportunidades de corrupción. El uso ineficiente de

estos fondos implica una menor inversión pública.

• Implica que el propio gobierno la podría estar fomentando para introducir subsidios injustificados

con el fin de extraer una renta.

La principal justificación económica detrás de los subsidios al transporte público es lograr que sea más

barato para el pasajero y de mejor calidad, induciendo a un mayor uso del mismo, para de este modo reducir

la polución, la congestión y los accidentes de tránsito por el uso intensivo del transporte privado. Si

los subsidios que distribuyen los fondos fiduciarios son asignados de forma poco transparente –generando

espacios de opacidad que posibilitan el desarrollo de actos de corrupción–, entonces el potencial impacto

positivo se verá debilitado.

El proyecto verificó la transparencia con la que fueron manejados los subsidios de los dos sectores y

evaluó los impactos en los casos en los que se registró falta de transparencia en su gestión.

La implementación del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) permitió una importante

reducción en el costo real del pasaje en transporte automotor urbano –lo cual contribuyó a un aumento en

el uso del servicio–, pero lamentablemente no se tradujo en una mejora en la calidad del servicio. Sobre la

base de los datos analizados para corroborar estos resultados, se observó que la antigüedad promedio del

parque automotor durante los años de vigencia del Sistau sufrió un incremento de 2,7 años con respecto a la

antigüedad promedio en los años previos a este sistema (4,9 años), lo que implica un incremento del 56,5%

en la antigüedad del parque automotor. Este empeoramiento en la calidad del transporte urbano pone en

tela de juicio la eficiencia y el control en el uso del subsidio.

La reducción de la tarifa contribuyó también a que aumentase la cantidad de pasajeros transportados.

El número de pasajeros que utilizaron el transporte automotor urbano en el área metropolitana de Buenos

Aires fue 124 millones por año superior desde la introducción del Sistau. Sin embargo, el nivel de hacinamiento

(definido como el cociente entre el número de pasajeros y la cantidad de vehículos por el número de

asientos por vehículo), resulta un 17,6% superior comparado con los años previos. Este incremento se debe

a que, por un lado, aumentó el número de pasajeros (9,2%), y por el otro, se redujeron el número de vehículos

(4,9%) y la cantidad de asientos por vehículo (2%). Es decir, el hacinamiento –otro índice de calidad

del transporte– también ha empeorado desde que rige el Sistau.

El nivel de ahorro/inversión en Argentina es de aproximadamente un 20% del PIB, y los subsidios al

transporte y al sector agropecuario representaron 3,1 puntos porcentuales del ahorro/inversión en 2009.

El ejercicio de simulación realizado incluyó un análisis de la asignación de subsidios con bajo, medio y alto

grado de transparencia y su impacto en el PIB per cápita. El supuesto es que a mayor transparencia, es más

eficiente el uso de los recursos y todo lo ahorrado se traduciría en mayor inversión. El principal resultado

obtenido es que una asignación más transparente de los subsidios en transporte y productos primarios

incrementaría el PIB per cápita entre un 0,3% y un 2,8%.17

17 Disponible en http://modelosubsidios.com.ar/

86 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

Resultados de la segunda etapa

La segunda etapa del proyecto conllevó la elaboración de insumos para el diseño institucional de una base de

datos sobre subsidios. Su principal resultado fue la creación de un sitio Web, que muestra todos los documentos

publicados a raíz del proyecto y presenta una base de datos en línea creada para exponer información

relevante sobre los subsidios a los tres sectores.18

La base de datos en línea de los subsidios está diseñada de manera que permite filtrar la información

por organismo, por número de clave única de identificación tributaria (CUIT) o razón social del beneficiario,

por tipo de subsidio y por fecha. Para cada subsidio la base de datos brinda la normativa que regula su

funcionamiento así como la información cuantitativa de su gestión.

Para el caso de los datos cuantitativos, una vez seleccionados según los distintos criterios de búsqueda

posibles, los resultados se presentan en diversos formatos: tablas (exportables a Excel, que se pueden

ordenar según el criterio necesario), estadísticas y gráficos con series temporales. Además de los montos

recibidos por cada beneficiario se muestra la resolución que determina el pago del subsidio, el año y trimestre

de pago, el expediente de solicitud, los datos del beneficiario (razón social, CUIT y CBU bancario) y

la fecha en que se efectuó la actividad sujeta a la compensación.

18 Disponible en www.modelosubsidios.com.ar.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 87

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

El sitio Web fue desarrollado como un modelo de presentación transparente de subsidios otorgados por

el gobierno, tanto para permitir el análisis de los subsidios como para servir de ejemplo de cómo podría

presentarse la información sobre estas asignaciones.

Resultados de la tercera etapa

La tercera etapa del proyecto también tuvo fructíferos resultados. Se publicaron numerosas notas de prensa,

lo que incluyó 12 artículos en los periódicos nacionales de mayor tirada (con notas editoriales y notas en

primera plana), 10 artículos en periódicos provinciales, 10 apariciones en radio y televisión, 10 artículos

en portales Web y dos artículos en la prensa internacional.

La combinación de factores exógenos al proyecto, en particular, el fuerte crecimiento de los subsidios

junto con los distintos esfuerzos de la sociedad civil en su reclamo de mayor transparencia, contribuyeron a

instalar estos temas en la agenda de los medios de comunicación primero, y de política más tarde.

Las capacitaciones destinadas a la sociedad civil también contribuyeron a vitalizar el tema, ya que los

más interesados en asistir a los talleres fueron periodistas, que luego reflejaban su propia investigación en

los medios respectivos.

Hay varios hechos que se pueden resaltar habiendo concluido el proyecto. Por un lado, el cierre de la

ONCCA y su reemplazo por la nueva Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno,

dependiente del Ministerio de Economía, surgió como resultado de los cuestionamientos sobre la opacidad

en el manejo de esa oficina en la asignación de subsidios, cuotas y otras restricciones administrativas.

Incluso ya en el último período de la ONCCA, esta comenzaba a publicar parte de la información con filtros

que permitían clasificar los subsidios otorgados en tres rubros, lo cual representa un avance respecto de la

publicación lisa y llana de resoluciones como lo hacía en el pasado. No obstante, resta aún ver la transparencia

de la nueva Unidad.

Asimismo, algunos hechos vinculados con el proyecto y otros completamente exógenos, como la tragedia

de la Estación Once antes mencionada, contribuyeron a que la Secretaría de Transporte concentrara

la atención del Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, esta dependencia cambió de jurisdicción, ya que se

pasó del Ministerio de Planificación al Ministerio del Interior. Este paso contribuyó a que se impulsara un

88 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

importante avance en la transparencia de los subsidios al transporte público en el nuevo sitio Web.19 En una

reciente conversación con las personas responsables de presentar esta información, se le solicitó a CIPPEC

que elaborara recomendaciones concretas para mejorar ese nuevo portal de información.

En cuanto a los subsidios al gas, no se han detectado cambios recientes en materia de acceso a la información.

Por supuesto, no se puede asignar a este proyecto la responsabilidad directa de los hechos aquí relatados.

Pero sí es posible afirmar que permitió instalar el tema en la agenda pública y visibilizar información

relevante en el momento oportuno, cuando se disparó la discusión sobre los cada vez más abultados

subsidios, en un contexto de gasto público creciente cuya dificultad para financiarse puso sobre la mesa la

posibilidad de un ajuste.

Conclusiones y lecciones aprendidas

A través del proyecto de transferencias tranparentes, se detectó que los organismos responsables de administrar

los subsidios del gobierno nacional publican gran parte de la información normativa, administrativa

y algunos datos sobre beneficiarios. Sin embargo, la mera publicación de la información no produce transparencia,

sino que esta debe presentarse de manera tal que resulte accesible y relevante para la ciudadanía.

Esto último no parecería ser el criterio rector de los organismos estudiados.

En general, se observó una falta de información sobre la regulación, los procedimientos, los requerimientos

y los criterios utilizados por cada organismo para la asignación de los subsidios. También se

verificó en muchos casos la inexistencia de información sobre los volúmenes transferidos, los datos de los

beneficiarios y el proceso de control de cada subsidio.

Se identificó también la falta de integración, homogeneidad y sistematización en la presentación de la

información disponible, lo cual genera dificultades en el procesamiento y la edición de los datos, los que

además en muchas ocasiones se hallaban en formatos difíciles para reutilizar (como .pdf).

El contexto político institucional del país llevó a que el proyecto se reclinase en mayor medida en la

sociedad civil y los medios de comunicación como monitores de la transparencia de las cuentas públicas.

De esta manera, el proyecto logró poner en agenda la temática de la transparencia en la publicación de

información sobre la asignación de subsidios. Esto hizo que ciertos espacios dentro del gobierno, que se

mostraron más comprometidos con la transparencia, pudieran aprovechar la oportunidad para emitir en

forma clara información pública relevante en este aspecto. Un ejemplo es la publicación de información

tabulada por la ONCCA poco antes de su disolución en el Ministerio de Agricultura y su paso como Unidad al

Ministerio de Economía. Otro ejemplo es la aparición de un nuevo canal dentro del sitio Web del Ministerio

del Interior y Transporte de la Nación, que propició una mejora con respecto a la disponibilidad y la transparencia

de información sobre los subsidios a las empresas privadas de transporte. Así, puede decirse que

el proyecto llevado a cabo por CIPPEC tuvo incidencia en la puesta en agenda de la temática de la transparencia

en la asignación de subsidios a ciertos sectores.

19 Disponible en http://www.transporte.gov.ar/content/subsidios/.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 89

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

Desafíos y agenda pendiente en el país en materia de transparencia

y acceso a la información

Los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública en Argentina se han desarrollado

de manera muy dispar. El país es uno de los pocos de la región que carece de una ley nacional de acceso

a la información pública. Durante 2010, a consecuencia de un amplio debate entre los principales actores

relevantes y algunas fuerzas políticas, se obtuvo media sanción del Senado para un proyecto de ley de esta

naturaleza; sin embargo, no se consiguieron los consensos necesarios para que fuese aprobada en la Cámara

de Diputados. Cada uno de los poderes se rige actualmente por normativa propia; el Poder Ejecutivo,

a través del Decreto Nro. 1.172 de 2003, ha avanzado en la materia, pero dicho decreto ha devenido en

insuficiente y permitido retrocesos.

El acceso a la información pública se ha deteriorado a nivel nacional; las oficinas públicas han dejado

de actualizar datos que antes se publicaban de manera periódica o dichos datos ya no aparecen en las páginas

Web. A nivel provincial, el avance es dispar, de acuerdo con el tipo de normativa adoptada en cada

jurisdicción y con su implementación. Provincias como Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Mendoza,

Córdoba, la Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, y Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, cuentan con leyes de acceso a la información, mientras que provincias como Entre Ríos,

Misiones, Santa Fe y Salta cuentan con decretos que regulan el acceso a la información pública. Sin embargo,

la sanción de normas no garantiza el ejercicio pleno del derecho; se requiere una verdadera voluntad

política y la construcción de consensos para que las normas se implementen efectivamente, como también

es necesaria la construcción de una ciudadanía informada y activa. Una mayor demanda de información por

parte de la ciudadanía eventualmente tiene impacto, aun en contextos adversos como los que se observaron

durante el desarrollo del proyecto.

Tanto el Poder Judicial de la Nación, a través de la Corte Suprema de la Nación, como el Poder Legislativo

de la Nación, han mostrado interés, al menos en el plano discursivo, en ampliar la información disponible.

De todos modos, esta sigue siendo deficitaria, y no contempla los estándares regionales.

El Estado argentino no ha demostrado interés en participar de movimientos internacionales, como la

Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), para ampliar el acceso a los datos públicos, promover la participación

e impulsar la colaboración de la ciudadanía. La participación en ese tipo de iniciativas podría favorecer

en algunas circunstancias la protección del derecho de acceso a la información y la transparencia en la

gestión pública.

Este proyecto es una muestra más de que la sociedad civil ocupa un lugar muy importante en el fomento

del acceso a la información y la transparencia de los actos de gobierno. En Argentina hay un grupo de organizaciones

que trabajan en temas de acceso y transparencia que ha sido muy activo desde hace una década.

Se trata del Grupo Promotor por el Acceso a la Información Pública, que ha tenido un papel de relevancia en

la presión realizada frente al Congreso para el logro de la media sanción de la ley de acceso a la información

en 2010, aunque vio frustrados sus esfuerzos por no contar con el aval de los diputados. Sin embargo, el

grupo ha continuado muy activo a través de actividades de promoción y ejerciendo su incidencia para el

acceso a la información.20

20 Para más información sobre las organizaciones que conforman el Grupo Promotor por el Acceso a la Información

Pública consúltese http://www.saberesunderecho.org/qsomos.html.

90 Banco Interamericano de Desarrollo

Luciana Díaz Frers, Sandra Elena y Estefanía Casadei

En este contexto de avances y retrocesos en materia de transparencia, los subsidios al sector privado

han cobrado renovada atención. Pero queda un largo camino por recorrer. La aprobación de normativa

relacionada con el acceso a la información, así como su efectiva implementación, implicaría un paso adelante

en la mejora de la transparencia en el otorgamiento de los subsidios por parte del Estado nacional.

La adopción de políticas de datos abiertos, obligatorias para todos los organismos del Estado, conllevaría

la publicación desagregada de reglas de otorgamiento, montos y beneficiarios de los subsidios. Esta información

pública y de fácil acceso favorecería el control por parte de organismos auditores, como la Sigen

y la Auditoría General de la Nación, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de

comunicación.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 91

PARTE

2

Capítulo 3 - Transferencias transparentes

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2010/informe%20-%20UBA.pdf.

92 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

El Observatorio del Gasto Público ha

demostrado ser una herramienta eficaz no

solamente por su capacidad para identificar

indicios de irregularidades, sino también

por su influencia positiva para que los

funcionarios de la administración pública

adoptasen nuevas prácticas en la aplicación

de los recursos públicos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 93

PARTE

2

Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

Capítulo 4

Transparencia y control del gasto

gubernamental en Brasil: el rol del

Observatorio del Gasto Público

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

Introducción

Debido a sus dimensiones y también por la manera en que está estructurada la división de responsabilidades

de los entes de la federación, el control del gasto de los recursos de los gobiernos en Brasil es bastante

complejo. Pese a ello, el país viene avanzando paulatinamente en el mejoramiento de los mecanismos de

control y transparencia gracias a las iniciativas de diversos órganos del Estado. Con todo, aún hay desafíos

por delante, debido a la complejidad creciente de los programas gubernamentales y de los volúmenes del

gasto, que plantea nuevos retos al monitoreo de la integridad y calidad de los gastos realizados.

El propósito del presente capítulo es presentar una de las acciones que contribuyen a ampliar la transparencia

estatal y el control del gasto público. La iniciativa específica, liderada por la Controladoria-Geral

da União (CGU), gobierno a gobierno, se denomina Observatorio del Gasto Público (ODP, por sus siglas en

portugués) y tiene como uno de sus principales objetivos “identificar los riesgos de fraude en el uso de

los recursos públicos” (CGU, s/f). El ODP es una iniciativa de la CGU para imprimir mayor eficacia a los

controles sobre la utilización de los recursos públicos, y se ha consolidado como una experiencia de éxito

en el fortalecimiento de la transparencia del Estado. Mediante las tecnologías de la información y con personal

altamente capacitado, el ODP ha ido extendiendo paulatinamente los análisis realizados por la CGU,

y actualmente cuenta con un proyecto llamado ODP.nano, a partir del cual se está ampliando la difusión de

las prácticas adoptadas en otras esferas del Estado, por ejemplo en los estados de Santa Catarina y Bahía.

La transparencia en el sector público

Históricamente el Estado brasileño se ha guiado más por el sigilo que por la transparencia en las acciones

de los gobiernos (Olivera Júnior, Jordão y Castro Júnior, 2012; Jardim, 1999). Oliveira Júnior, Jordão y Castro

Júnior (2012) señalan que un elemento importante para la mayor apertura del Estado a los controles externos

fue la tendencia neoliberal, puesto que esta se basaba, en parte, en la idea de que los agentes estatales

94 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

eran ineficientes y que, por eso, debían ser más fiscalizados.1 Desde esta perspectiva, la finalidad de la

transparencia se resumiría principalmente en poner freno a la corrupción y combatirla, sin que la expansión

del poder de la sociedad civil ni la profundización de la democracia se coloquen como el objetivo principal.

No obstante, no se debe ignorar que el control social es una herramienta que contribuye a la profundización

democrática y que tiende a limitar los actos de corrupción.

Jardim (1999) señala que con el retorno a la democracia la demanda de una mayor apertura del gobierno

coincidió con un acercamiento del Estado a la sociedad civil, lo que ocurrió al término de la dictadura

militar. Según el autor, esta nueva configuración influyó hasta en las reformas administrativas de la década

de 1990. Dicha interacción refuerza la idea de que aunque los sistemas de control se conciban con un sesgo

exclusivamente administrativo, con miras a combatir desvíos, un mayor acceso a la información tiene efectos

positivos para el fortalecimiento de la democracia y del rol de la sociedad civil.

Pires, Tibali y Souza (2010) atribuyen varias causas para el aumento de la transparencia en las acciones

del Estado brasileño. Entre ellas, además de la ya citada apertura política en el período posterior a la

dictadura, mencionan la necesidad de solucionar los desequilibrios fiscales y ampliar la calidad del gasto

público, a veces con el propósito de satisfacer las demandas de los organismos internacionales dentro de

los cuadros de programas de apoyo.

Para que las acciones estatales guarden sintonía con la voluntad colectiva es de suma importancia que

los gobiernos se esfuercen porque haya una mayor transparencia en todos los aspectos que tienen que ver

con el Estado, de modo que los ciudadanos estén más cerca de los funcionarios públicos. Estas acciones

abarcan un número variado de iniciativas, desde la consulta popular en el momento de elaborar nuevas

leyes y marcos reglamentarios, por ejemplo, hasta la disponibilidad de información sobre la administración

gubernamental para su consulta. Akustsu y Pinho (2002) sostienen que en una sociedad marcada por el

patrimonialismo, como es el caso de la brasileña, las dificultades para que se establezca una relación transparente

entre el gobierno y la sociedad civil son aún mayores.

Según Pires, Tibali y Souza (2010) hay diversas acepciones posibles relacionadas con la transparencia,

y este concepto no es un punto que se trate en la discusión teórica. En este capítulo, se opta por la idea de

que la transparencia consiste, básicamente, en la ampliación de la porosidad gubernamental en el momento

de la toma de decisiones, lo que permite la participación de la sociedad civil. Esta porosidad hace que la

información sobre las acciones gubernamentales sea accesible a los ciudadanos, lo que posibilita la fiscalización

de los actos de los agentes públicos.

Como lo indican Pinho y Sacramento (2007), con frecuencia se señala que la transparencia es el principal

elemento de la responsabilización (rendición de cuentas), y de hecho lo es cuando se procura ampliar

las relaciones entre gobernantes y gobernados y tornar más democráticos los lazos entre el Estado y la

sociedad civil. Para Akustsu y Pinho (2002:731) el concepto de responsabilización tiene dos facetas: la

primera abarca la delegación de responsabilidad para que la segunda proceda a la gestión de los recursos;

al mismo tiempo, genera la obligación de que el administrador de los recursos rinda cuentas de su gestión,

demostrando el buen uso de los mismos. En otras palabras: la sociedad le da al Estado recursos y poder para

aplicarlos, pero tiene el derecho de recibir información sobre su aplicación.

1 Hay un largo debate sobre las características del neoliberalismo, así como también sobre si las reformas del Estado

que se realizaron a partir de los años setenta del siglo XX fueron o no beneficiosas para el interés y la participación

popular. Pero este no es el punto focal de este trabajo, por lo que sólo nos limitamos a señalar la existencia de dichas

discusiones.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 95

PARTE

2

Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

No obstante, la transparencia en la administración pública excede la simple divulgación o publicación

de la información, ya que debe alcanzar ciertos estándares de modo que, a partir de ella, la sociedad pueda

juzgar las acciones de sus funcionarios (Pinho y Sacramento, 2007:49). Oliveira Júnior, Jordão y Castro

Júnior (2012:3) afirman:

El acceso a la información pública como regla no tiene simplemente el sesgo de permitir al

ciudadano la satisfacción de sus necesidades individuales ante el Estado, sino de proveer

al ciudadano y a la sociedad en general medios para verificar directamente la actuación

del poder público, aun cuando se trate de garantizar derechos colectivos y difusos, puesto

que la afirmación legal no es, por sí sola, garantía de rectitud en el trato de la cosa pública.

No obstante, debido al volumen de los datos generados por el sector público, sería imposible que el ciudadano

común pudiera efectuar un seguimiento de cada una de las acciones llevadas a cabo. Por lo tanto,

reviste aún más importancia la actuación de los órganos de control, como la CGU, que disponen de estructura

propia y especializada para acompañar las medidas elaboradas por el poder estatal. Además, un mayor

conocimiento de las acciones del gobierno puede ayudar a los propios agentes públicos a mejorar la eficacia

de las acciones llevadas a cabo y la calidad del gasto público; por ejemplo, Rezende, Cunha y Bevilacqua

(2010) y Jardim (1999) consideran que el Estado tiende a la opacidad, por lo cual los sistemas de control y

fiscalización son elementos centrales para la transparencia y la rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, tanto la potencialidad de la interacción entre el gobierno y la sociedad civil como la

del procesamiento de datos y de la divulgación de información se amplían con el adelanto en las tecnologías

de la información. Ya sea por medio de organizaciones que no forman parte del gobierno o de entidades

gubernamentales, la disponibilidad de instrumentos que permitan que la sociedad civil organizada fiscalice

y exija más calidad a sus gobernantes contribuye a la transparencia estatal.

Abrucio (2007) señala que una de las acciones de reforma del Estado que ha tenido más éxito en la

gestión pública brasileña posiblemente haya sido la incorporación de nuevas tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) como una herramienta para el control, la agrupación y la gestión de datos. Para el

autor, las TIC han llevado a disminuir costos, así como también han servido para aumentar la transparencia

en las compras gubernamentales, con lo cual se ha reducido el potencial de corrupción (Abrucio, 2007:77).

Entretanto, se destaca que el punto en el que ha habido menos avances en materia de gobierno electrónico ha

sido exactamente el de una mayor interactividad con los ciudadanos, en pro de una mayor responsabilización

(Abrucio, 2007:77). Prado y Loureiro (2006) destacan que el gobierno electrónico surge en un contexto en

el que aparecen los temas de responsabilización y transparencia, junto con el adelanto acelerado de las TIC.

Por otro lado, Zurra y Carvalho (2008) refieren que las diferencias en las formas de organización de

los sectores público y privado hacen que sea más lenta la entrada de las TIC al Estado. Las dificultades en

la implantación de innovaciones abarcan desde aspectos legales hasta divergencias relativas al control de

los flujos de información y problemas para incorporar nuevos arreglos, debido a las propias limitaciones

de personal relacionadas con las reglas específicas de contratación en el sector público. De todas maneras,

para Pinho, Iglesias y Souza (2005:1):

El gobierno electrónico [e-gov] no debe ser visto tan solo como una introducción de los dispositivos

de las tecnologías de información y comunicación, cada vez más perfeccionados y

sofisticados, sino también como una vasta gama de posibilidades de interacción y participación

entre gobierno y sociedad y de compromiso de transparencia por parte de los gobiernos.

En otras palabras, las tecnologías de información y comunicación contienen un enorme

potencial democrático, siempre que haya definición política en el sentido de la participación

popular y la transparencia.

96 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

No obstante, como lo señalan Pinho, Iglesias y Souza (2005) y Pinho (2008), la propia transparencia no

depende exclusivamente del gobierno sino de la vitalidad de la sociedad civil y de su grado de capacidad

para acompañar la información disponible y utilizar los canales de diálogo abiertos. Pinho (2008) destaca

que la sociedad civil brasileña tiene poca tradición y poder para exigir la rendición de cuentas y fiscalizar a

sus gobernantes; la demanda de mayor transparencia no es generalizada y convive con un Estado históricamente

aislado de los pedidos de la ciudadanía.

Por otra parte, Pinho (2008) observa que, al mismo tiempo, la exigencia de una mayor responsabilización

es un proceso en construcción en la sociedad brasileña y asegura que debe comprenderse dentro del

marco histórico de una democracia relativamente reciente, heredera de un gobierno cerrado a la sociedad

civil por más de 20 años. Es interesante notar que la demanda de transparencia va en aumento al mismo

tiempo en que surgen y se aplican nuevas herramientas y tecnologías que permiten ampliarla (Prado y

Loureiro, 2006). De este modo se vuelven aún más pertinentes las iniciativas que capacitan al ciudadano

para procesar la información disponible y convertirla en elementos que apoyan el análisis de las acciones

gubernamentales (Correa y Capanema, 2009).

De esta manera, la actuación de los órganos de fiscalización, aunque no sustituya la participación popular,

cumple un papel preponderante para que la acción de los gobiernos sea fiscalizada y perfeccionada.

Jóia y Cavalcante Neto (2004) destacan la importancia de que los gobiernos adopten nuevas tecnologías.

Los autores señalan que también en los procesos de gobierno a gobierno es notable la mayor agilidad debida

a la incorporación de TIC. Gracias a la utilización de herramientas electrónicas colaborativas, los órganos

gubernamentales consiguen dar mayor celeridad a los procesos, lo que también contribuye a la transparencia

de los mismos.

Como puntualizan Prado y Loureiro (2007), cabe notar que no basta con adoptar herramientas y tecnología

para que aumenten automáticamente la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas instancias dependen

“mucho más de una política coherente de disponibilidad de la información pública, asociada a la existencia

de mecanismos institucionales que favorezcan la responsabilización” (Prado y Loureiro, 2007:358).

Estos mecanismos se vienen desarrollando en cada una de las esferas de poder, impulsados tanto por

los esfuerzos de la sociedad civil como por las leyes específicas que crean un marco institucional propicio

para la organización de datos y la disponibilidad de información. De acuerdo con Akustsu y Pinho (2002),

los ciudadanos pueden participar de hecho en las decisiones públicas solamente sobre la base de la rendición

de cuentas total, lo cual incluye la publicación de información y la auditoría de las cuentas por

los controles externos e internos de la administración pública. Además, los autores advierten que sin una

sociedad civil fuerte disminuyen las posibilidades de que los funcionarios públicos se responsabilicen por

cuenta propia, lo que otorga todavía más relevancia a la actuación de los diversos órganos de la sociedad

civil junto a los gobiernos.

La apertura de espacios de participación e interacción entre la sociedad civil y el gobierno permite

que los controles sobre los funcionarios y las políticas públicas sean más eficaces. Pese a ello, hace falta

avanzar más a fin de ampliar la porosidad del Estado brasileño y garantizar espacios adecuados para la

participación ciudadana. En este sentido, Pinho y Sacramento (2007:51) afirman que “la resistencia a la

apertura de tales espacios viabilizadores de una gestión participativa constituye el mayor obstáculo para la

concreción de la transparencia de la administración pública en Brasil”.

Internet ha aumentado de manera considerable la gama de posibilidades de interacción entre el gobierno

y los gobernados (Akustsu y Pinho, 2002), y aun dentro del propio gobierno. Además, la Web potencia

la capacidad de los gobiernos de imprimir transparencia a sus acciones, pero también la capacidad de los

ciudadanos de reclamarles a aquellos, por medio de canales no tradicionales de manifestación que no existían

en el siglo pasado como, por ejemplo, las redes sociales.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 97

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2

Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

Mientras tanto, además de tener un largo historial de gobiernos dictatoriales, cerrados por naturaleza

a la participación popular, Brasil también cuenta con un historial de baja participación de la sociedad civil.

El país todavía no parece haber superado lo que O’Donnel (1994; 1999) llamó “democracia delegativa y no

representativa”, en parte como resultado de los largos años de dominio monocrático del Estado dictatorial,

y sigue siendo poseedor de una fuerte tradición patrimonialista en la política (Pinho y Sacramento, 2009).

No obstante, a pesar de que todavía queda un largo camino por recorrer hasta que el Estado brasileño sea

“responsabilizable”, Pinho y Sacramento (2009) ven con buenos ojos las iniciativas que se han tomado

desde el retorno a la democracia y a partir de la Constitución de 1988.

En este sentido, cumplen un papel importante las estructuras institucionales que se vienen estableciendo

y que permiten consolidar los avances. Pinho y Sacramento (2009) sostienen que, además de iniciativas

como el Presupuesto Participativo y la descentralización del poder de las manos de la Unión con el advenimiento

de la Constitución de 1988, merecen destacarse otros puntos en relación con los adelantos de

Brasil en la dirección de volverse un país más responsabilizable. Entre ellos, los autores destacan la Ley de

Responsabilidad Fiscal y la CGU (Pinho y Sacramento, 2009:1359):2

Con funciones administrativas de control, corrección, prevención y auditoría, pone a disposición,

por medio de Internet, información sobre los valores de las asignaciones de recursos

federales destinadas a las instancias subnacionales. [...]. Es oportuno recordar que la CGU

provoca la actuación de órganos importantes para la realización de la dimensión del cumplimiento

de la responsabilización, tales como los tribunales de cuentas y el ministerio público.

El Observatorio del Gasto Público

Con el fin de perfeccionar los mecanismos de control y lucha contra la corrupción y de ampliar la transparencia

del Estado, tanto para los funcionarios de la administración pública como para la sociedad civil de

modo general, la CGU estableció en 2008 el Observatorio del Gasto Público (ODP) (CGU, 2012a). Como

señala la CGU (2012b), el Observatorio “tiene como fin el monitoreo sistemático de los gastos públicos

para la identificación de situaciones que puedan constituir irregularidades, a fin de evitarlas antes de que

ocurran”. Definido por la CGU como un proyecto con gran potencial gracias al empleo de la tecnología de

la información para realizar análisis y seguimientos del gasto público (CGU, 2009a), “el ODP parece una

‘malla fina’, concebida para identificar situaciones que puedan constituir irregularidades” (CGU, 2009a:11).

El Observatorio surgió como una forma de solucionar los desafíos de controlar la ejecución del gasto

público a nivel federal y lidiar con una masa de información cada vez más amplia, distribuida en diversas

bases de datos. Si bien los procesos que dan lugar a la aplicación de los recursos públicos se manejan crecientemente

por medio de sistemas informatizados, sigue prevaleciendo un ambiente altamente fragmentado,

compuesto por una gran cantidad de sistemas administrados por diferentes organizaciones, desarrollados

en las más diversas plataformas tecnológicas y carente de patrones que faciliten las comunicaciones

entre sí. Inserto en esta realidad, el ODP busca generar, a partir del cruce y análisis de esas bases de datos,

2 La Controladoria-Geral da União (CGU) fue creada en 2001, e inicialmente recibió el nombre de Corregedoria-Geral

da União. Reorganizada y facultada a partir de 2003, tiene como competencias las acciones vinculadas a la “defensa

del patrimonio público, el control interno, la auditoría pública, la corrección, la prevención y el combate a la corrupción,

las actividades de auditoría y el aumento de la transparencia de la gestión en el ámbito de la administración

federal” (Presidencia de la República, 2006).

98 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

información confiable y ágil que sirva de apoyo a las actividades de auditoría y al mejoramiento de la gestión

pública. En este contexto, el fortalecimiento de la capacidad para analizar procesos en el menor lapso

posible, quizás en forma simultánea, es condición sine qua non para otorgar mayor eficacia al trabajo de

control de la aplicación de los recursos públicos.

El ODP se concentra en dos contribuciones principales para la gestión del Estado brasileño.3 En primer

lugar, establece un sistema de auditoría continua sobre los recursos públicos, determinando parámetros

para los controles internos y enfocándose en asignaciones más sensibles a riesgos de desvíos. Otro punto

importante es la provisión y distribución de información que puede apoyar los procesos de toma de decisiones

a nivel de la gestión pública brasileña, con miras a ampliar la eficiencia del gasto, entre otras cosas,

mediante parámetros comparativos entre distintos órganos públicos.

La búsqueda de soluciones que impliquen el apoyo de la tecnología de punta y de metodologías sofisticadas

de gestión de la información se vuelve todavía más pertinente cuando se considera la “imposibilidad

de la presencia sistemática y permanente de órganos de control”4 en todos los frentes de trabajo del gobierno

federal, lo que ocurre en todo el territorio del país. En este contexto, “la maximización del control por

parte de estos órganos pasa a ser de fundamental importancia”5 y la utilización intensiva de la tecnología

de la información resulta indispensable.

Después de un período de cerca de dos años desde el inicio de su concepción y desde el año siguiente

a su instalación –que tuvo lugar en diciembre de 2008–, en junio de 2009 se publicó el Decreto Nro. 1.215,

que vincula el Observatorio al Gabinete del Ministerio de la CGU y formaliza sus objetivos de la siguiente

manera (CGU, 2009b):

• Anticipar situaciones críticas para la aplicación preventiva de soluciones.

• Construir escenarios que apoyen estratégicamente las actividades cotidianas de control y gestión.

• Proporcionar información útil que permita identificar puntos focales para el proceso de control.

• Posibilitar la producción inmediata de conocimientos para demandas específicas de control y

gestión.

• Potencializar la velocidad y la precisión en la toma de decisiones estratégicas.

También hay una norma que define la forma de organización del Observatorio, el cual opera a partir de tres

instancias: un Consejo de Análisis, grupos de vinculación y una Unidad de Producción de Memoria (UPM).

El Consejo de Análisis es una instancia estratégica del ODP, formada por la alta dirección de la CGU,

que incluye al Secretario Ejecutivo y a los dirigentes de tres de las cuatro unidades que componen la CGU,

a saber: la Secretaría Federal de Control, la Secretaría de Prevención de la Corrupción e Informaciones

Estratégicas, y la División de Asuntos Internos (CGU). El Consejo es responsable de priorizar los temas que

serán abordados, determinar las áreas que deberán contribuir con recursos humanos para la formación de

los grupos de vinculación, y –después de presentar los resultados identificados para el tema– definir cómo

se harán tanto la difusión de los resultados como los demás seguimientos pertinentes, de acuerdo con los

indicios de las irregularidades detectadas.

3 Entrevista a los funcionarios públicos responsables por el ODP.

4 Ibid.

5 Ibid.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 99

PARTE

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Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

Los grupos de vinculación son estructuras temporales creadas para cada tema establecido como prioridad

para la investigación por parte del Observatorio, y su duración varía conforme al trabajo que se haya de

realizar. Están formados por técnicos de diversas áreas especializados en los temas que se tratarán, quienes

garantizan el intercambio de datos y el suministro de información especializada.

Por último, en la UPM, tercera instancia del Observatorio, se realizan las tareas de recolección, clasificación

y análisis de los datos. Institucionalizada como una unidad de la Dirección de Informaciones

Estratégicas de la CGU, la UPM desempeña además las funciones de difusión y mantenimiento de los conocimientos

producidos, y desarrolla nuevas soluciones informáticas para apoyar las actividades del ODP.

La participación de las unidades de auditoría y corrección, que son usuarios muy importantes de la

información estratégica generada a partir del Observatorio, constituye el elemento fundamental para incorporar

la producción del ODP en la rutina de trabajo de las áreas principales de la CGU. Al participar en la

definición de las prioridades que se analizarán, así como en la estrategia de difusión de la información producida,

dichas unidades se convierten en asociadas y coautoras del ODP. Esto demuestra que una estrategia

central para la implantación del Observatorio ha sido que este mismo se vinculó de forma orgánica con las

diversas unidades que componen la CGU.

En cuanto a los usuarios que se benefician directamente del Observatorio, se pueden identificar tres

grandes grupos:

• El público interno de la CGU, compuesto por la alta dirección de la organización, que posee

información estratégica, y por los auditores del órgano, que pueden utilizar el trabajo del Observatorio

como herramienta para facilitar y calificar su actuación.

• Los funcionarios públicos de la administración pública federal, quienes se pueden beneficiar

del trabajo del ODP a partir de los informes en los que se presenta y compara información sobre

el gasto público de los diversos ministerios.

• La sociedad civil, que también puede ser usuaria de la información que genera el ODP, ya que

dicha información se puede volver pública en el sentido pleno del término, lo que hace que el

gobierno sea más transparente y permeable al control por parte de la sociedad, en especial de los

órganos de prensa.

Por lo general, los trabajos del Observatorio se guían por una planificación de mediano plazo basada en

un análisis de riesgo de la buena aplicación de los recursos públicos, y el planteo operacional del equipo

prevé que en 2012 se establecerán las prioridades que orientarán la actuación del Observatorio hasta el

año 2017. No obstante, las prioridades establecidas para el mismo no son ajenas al ambiente externo, y se

ven influidas no sólo por los cambios en las prioridades del Poder Ejecutivo sino también por las presiones

de la sociedad, incluidas situaciones que repercuten en gran escala gracias a los medios de comunicación.

Los temas ya analizados por el Observatorio abarcan desde proyectos que mueven montos considerables

de recursos y comprenden millones de beneficiarios, como el Programa Bolsa Família, hasta acciones dedicadas

a actividades de menor magnitud, relacionadas tan solo con funcionarios federales, como los gastos

efectuados con la tarjeta de crédito corporativa. En este sentido, la definición de un tema no se guía solamente

por el potencial impacto financiero de una acción efectiva de auditoría, sino sobre todo por la garantía de la integridad

del gasto público, en sus diversas formas de aplicación. Varias experiencias positivas refuerzan la importancia

del ODP para mejorar los controles internos de la administración pública brasileña (CGU, 2011b:24):

100 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

Entre los trabajos elaborados por el ODP, se destacan los análisis de: i) situaciones atípicas

en el uso de la tarjeta de pagos del gobierno federal; ii) la base de datos de compras.net,

para verificación de tipologías de fraude y producción de estadísticas e informes gerenciales

sobre las compras efectuadas por el gobierno federal; iii) los contratos de tercerización

del gobierno federal; iv) los beneficiarios del programa Bolsa Família; v) la adquisición de

pasajes y concesión de viáticos, y vi) las ONG.

En el caso del programa Bolsa Família se analizaron los datos personales que constan en los catastros

de los beneficiarios, las condicionalidades y la evolución social de las familias atendidas, y se investigaron

posibles irregularidades, como la existencia de beneficiarios en el ejercicio de la función pública, la incompatibilidad

del rendimiento de los beneficiarios con los requisitos del programa, o la permanencia en los catastros

de beneficiarios ya fallecidos. Por ejemplo, a partir del cruce de la base de datos de los beneficiarios

que figuraban en los catastros con la información del Departamento Nacional de Tránsito (Denatram) fue

posible identificar, en una base de dos millones de personas, miles de beneficiarios con vehículos registrados

por un valor superior a R$ 50.000 (aproximadamente US$24.000).

Una iniciativa que tuvo gran cobertura mediática fue el análisis de los gastos realizados con tarjetas

corporativas, las Tarjetas de Pagos del Gobierno Federal (CGU, s/f). En 2010 se analizó un total de recursos

por R$ 80 millones por medio de 15 registros para auditoría. Además, se consideraron con mayor detalle

los siguientes elementos, debido a su potencial de ser movimientos atípicos: transacciones relacionadas

con el alquiler de vehículos; fraccionamiento de gastos; gastos de combustible, hospedaje, supermercados,

delicatessen y restaurantes; gastos en establecimientos atípicos; compras de funcionarios en vacaciones;

transacciones superiores a R$ 1.500 en fines de semana o feriados, entre otros. Tan sólo en 2010, de un total

de 267.244 transacciones, se retuvo aproximadamente un 11% (28.978) para su posterior averiguación.

Otras experiencias que dieron resultados positivos en lo que concierne a la actuación del ODP fueron

los análisis del Programa Segundo Tiempo, del Ministerio de Deportes, y el estudio de las asignaciones

referentes a los diversos convenios firmados por el gobierno federal y del Programa Nacional de Fortalecimiento

de la Agricultura Familiar (Pronaf).6 En relación con este último, las medidas tomadas sobre la base

de las investigaciones del ODP han abarcado desde el bloqueo de asignaciones en contratos bajo sospecha

hasta la elaboración de nuevas normas y directrices para reglamentar el programa (CGU, 2012b). Tan solo

en los últimos dos años (2010 y 2011), el Observatorio del Gasto Público realizó el monitoreo de cerca de

“R$ 128.000 millones en recursos públicos, habiendo emitido miles de alertas sobre situaciones atípicas o

fuera de los patrones en la ejecución de los gastos públicos” (CGU, 2012b).

A partir de la extracción de datos, el ODP también permite realizar análisis más eficaces de simulación

de competencia en licitaciones, lo que habilita la identificación de entidades creadas tan solo con el

propósito de captar recursos por medio de convenios y el estudio de posibles conflictos accionarios en los

contratos establecidos entre gobiernos y empresas o vínculos societarios entre licitantes (CGU, s/f). Otro

punto sensible es el fraccionamiento del gasto a fin de evitar licitaciones, o la imposición de condiciones

complejas y específicas para facilitar que una empresa en particular sea la beneficiaria del proceso licitatorio.

Además, el Observatorio posibilita examinar los llamados a licitación en casos en los que no hubiese

ganado la mejor oferta, o la existencia de empresas pequeñas o microempresas que facturan valores por

encima de lo establecido por la ley para ser consideradas como tales. Otros ejemplos son los análisis de los

procesos de tercerización, en los cuales se buscan señales de nepotismo; la existencia de un mismo empleado

en diversas planillas de pago; la presencia de funcionarios públicos contratados mediante tercerización,

los desvíos de funciones, y los comparativos de costos y salarios.

6 Información obtenida por medio de entrevista.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 101

PARTE

2

Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

Es interesante observar que esta “malla fina” de la que se vale la aplicación del ODP implica el procesamiento

de una cantidad enorme de información, del orden de centenas de miles de alertas al año, lo que

posteriormente se analiza para identificar la existencia o no de ilícitos o desvíos. La estructuración de una

iniciativa tan innovadora y compleja como es el ODP depende de la combinación de condiciones y competencias

institucionales que la hagan posible. En el caso del ODP, la filosofía del trabajo se basa en tres ejes

estructurales: capital humano, tecnología y metodología científica.

La dimensión del capital humano se apoya en la buena estructura de carrera de que dispone la CGU.

Esto permite que en sus cuadros haya personas capacitadas en diversas esferas del conocimiento, lo cual

posibilita una visión que abarca los problemas a los que se hará frente. En este tema específico, la estrategia

de la Contraloría de destinar vacantes para profesionales del área de tecnología de la información en

concursos anteriores a la concepción del ODP fue determinante para suplir la carencia de recursos humanos

calificados que se observaba en diversas áreas de la administración pública.

El eje tecnológico está respaldado por elementos de inteligencia de negocios. Parte importante de ello

es la integración de sistemas de procesamiento de datos en línea y la utilización de herramientas capaces

de hacer procesamientos estadísticos que permiten aplicaciones de algoritmos de extracción de datos y textos.

“También forma parte del proyecto un conjunto de soluciones de análisis investigativo: la diagramación

de redes de relaciones, la identificación de un procedimiento patrón y el análisis visual de información y

software de modelaje y almacenamiento de informaciones” (CGU, 2012a).

El eje metodológico se basa en el desarrollo de procedimientos de trabajo capaces de combinar conocimientos

técnicos y tecnología de la información para generar información estratégica con alta confiabilidad.

A fin de lograrlo, se emplean elementos de metodología científica de forma de concebir las mejores

maneras para resolver las cuestiones que se plantean en el equipo de trabajo.

Por otra parte, existe un atributo complementario que ayuda a explicar los resultados alcanzados. Es el

factor liderazgo, representado por el apoyo irrestricto de la alta dirección de la CGU para la ejecución del

proyecto, lo que garantiza los medios y ayuda a definir una visión de futuro para el Observatorio.

Como mejorías previstas para los tiempos venideros, avanza la reformulación del portal electrónico del

ODP con el fin de optimizar el trabajo de los auditores de la CGU. En el nuevo portal, los auditores podrán

presentar exigencias específicas para que el Observatorio pueda procesar y devolver un análisis. De este

modo, el ODP crece como estrategia: así, deja de ser un centro que pone a disposición información estratégica

definida para un comité directivo y, en cambio, se convierte en una instancia que lleva a dialogar y

apoyar al auditor en su exigencia de trabajo cotidiano.

Además, actualmente hay un procedimiento piloto que se ha adoptado en cuatro ministerios determinados

a perfeccionar las interacciones entre el ODP y los funcionarios de dichos ministerios con respecto

a las actividades o programas que son monitoreados. Se busca implantar una herramienta de tecnología

de la información que permita a los auditores y a los funcionarios una comunicación más fluida, tanto en

lo que concierne a las alertas generadas como a las medidas tomadas para resolver los posibles problemas

identificados. Existe una discusión interna orientada a decidir cuál es la mejor herramienta para hacer esta

aproximación, lo que posiblemente se consolidará en un espacio en el cual cada ministerio, por ejemplo,

dispondrá de nombres y contraseñas específicos para acceder a información de su campo de competencia.

Este nuevo sistema sustituirá al actual, en el cual el seguimiento de las acciones de los funcionarios se

realiza en forma puntual y a través de oficios. Las alertas se dirigen a la Secretaría Federal de Control, la

cual entra en contacto con los funcionarios. Posteriormente, se negocian los plazos para verificar y corregir

los puntos señalados por el ODP, el cual inserta estos nuevos plazos en su planificación. En este proceso se

efectúan devoluciones para cada rubro que el ODP considere pasible de reparos y los gerentes preparan un

102 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

nuevo informe con el fin de demostrar la secuencia de acciones que se llevarán a cabo para solucionar los

problemas encontrados. En este sentido, el uso de nuevos procedimientos que recurren a la tecnología de

la información y a la inteligencia de negocios puede otorgar más agilidad a los procesos interactivos entre

los funcionarios públicos y el ODP.

También hay herramientas que ya se han puesto en marcha y que permiten, por ejemplo, usar filtros y

buscar información en línea, valiéndose de los propios datos generados por el ODP. El propósito de estas

herramientas es simplificar y agilizar los análisis de procedimientos, y pueden funcionar como un banco de

datos que facilita el acceso a información sobre los diversos procesos que examina el ODP.

Otra gran ampliación del campo que cubren los trabajos del Observatorio se relaciona con la participación

activa en la transferencia de capacidad institucional y tecnología a los entes de control interno

a nivel subnacional. Así, se encuentra en marcha un proyecto piloto, financiado por el BID, el ODP.nano,

que prevé el apoyo de la CGU para estructurar unidades del Observatorio en los estados de Bahía y Santa

Catarina. La selección de dos unidades de la federación de regiones distintas y distantes (noreste y sur,

respectivamente) hará posible que la CGU elabore una estrategia para difundir la iniciativa en otros estados

de la federación, e inclusive a nivel municipal. Hasta el momento, las dificultades identificadas en la

implantación del ODP a nivel estatal son semejantes a los desafíos con los que se ha encontrado la CGU en

sus comienzos: carencia de personal calificado en tecnología de la información, falta de priorización en la

asignación de dichos recursos humanos escasos en detrimento de otras iniciativas del gobierno, y adquisición

de equipos y sistemas de última generación de acuerdo con todo proceso de licitación establecido

en el país.

La posibilidad de reproducir el Observatorio se podrá dar también en el ámbito del propio gobierno federal,

con la estructuración de una unidad independiente en forma de órgano o entidad del Poder Ejecutivo,

para que internamente se puedan elaborar análisis con fines de control interno o para mejorar la gestión.

Consideraciones finales

El ODP ha demostrado ser una herramienta eficaz no solamente por su capacidad para identificar indicios

de irregularidades, sino también por su influencia positiva para que los funcionarios de la administración

pública adoptasen nuevas prácticas en la aplicación de los recursos públicos. La utilización intensiva de

tecnología hizo que fuera auditable lo que antes habría sido imperceptible a los ojos de los auditores; esto

cambia la percepción de los funcionarios públicos acerca de lo que puede ser monitoreado y de las probabilidades

de burlar el sistema. Además, al colocar a disposición de los funcionarios información sobre la

calidad del gasto en perspectiva comparada con otros ministerios públicos, se fomenta una competencia

saludable entre pares. En forma general, el ODP incita a comportamientos que sean adecuados y permite

identificar las brechas que posibilitan la mala utilización de los recursos públicos.

Los resultados concretos que se observaron a corto plazo y el reconocimiento externo por medio de

premios7 nacionales e internacionales destacaron los méritos de la iniciativa y contribuyeron en gran medida

al proceso de institucionalización del Observatorio como unidad permanente de la CGU. Si bien ya existen

resultados significativos, la iniciativa todavía tiene mucho potencial por explotar, ya sea internamente,

7 El ODP fue laureado con cuatro premios de buenas prácticas gubernamentales: Premio al Servicio Público de Naciones

Unidas (2011), Premio Excelencia en Gobierno Electrónico (e-Gov) (2010), Premio Conip de Excelencia en

Innovación en la Gestión Pública (2009), Premio TI y Gobierno (2009).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 103

PARTE

2

Capítulo 4 - Transparencia y control del gasto gubernamental en Brasil

como herramienta de trabajo para la actividad de auditoría, o por parte de los clientes externos, gerentes

de organizaciones públicas. En ambos casos, la internalización de la herramienta como rutina de trabajo es

gradual y permite que el Observatorio incremente su capacidad de respuesta en forma paulatina. Una mejor

interacción entre funcionarios públicos y auditores, prevista en base a la reformulación del portal del ODP,

tiene el gran potencial de ampliar la utilización de la información que este órgano genera y, en consecuencia,

optimizar la aplicación de los recursos públicos federales.

Cabe señalar que se siguen realizando esfuerzos a fin de incrementar la legitimidad institucional del

ODP como parte integrante de los órganos del Estado. Esto es importante no solo debido a la necesidad de

expandir la actuación del ODP, de modo que su dinámica alcance a los ministerios y entes subnacionales,

por ejemplo, sino también para garantizar su continuidad y el perfeccionamiento constante de las técnicas

empleadas. Como herramienta para aumentar la transparencia del Estado, el ODP genera mejoras que tienden

a producir beneficios diversos para la sociedad brasileña.

Para terminar, es interesante recordar que, como se trató en estas páginas, a veces el Estado encuentra

dificultades para institucionalizar la transparencia. Al sacar a la luz nuevos mecanismos de control y seguimiento

de los gastos públicos, junto con información que pueda servir de insumo para mejorar la gestión

pública, el ODP contribuye a que Brasil consiga superar deficiencias que se sedimentaron a lo largo de los

años, y avance en la dirección apropiada a fin de convertirse en un Estado cada vez más abierto.

104 Banco Interamericano de Desarrollo

Amon Narciso de Barros y Thiago Alvim Camargo

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106 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

En este capítulo se analiza la experiencia

de la iniciativa ‘Extrayendo transparencia

en Ecuador’, destinada a mejorar la

transparencia en el sector petrolero sobre

la base de estándares consensuados entre el

Estado, el sector privado y las organizaciones

de la sociedad civil.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 107

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Capítulo 5

Sociedad civil y transparencia en los

recursos de las industrias extractivas

en Ecuador: la experiencia del proyecto

“Extrayendo transparencia”

Orazio J. Bellettini Cedeño

Introducción

La transparencia es un medio (un poderoso medio) para propender a la democratización e,

incluso, a la eficiencia de la gestión y de las políticas públicas. Lo primero, la democracia,

porque posibilita que la ciudadanía o sus agentes sociales aporten a la formación de opinión

pública sobre decisiones públicas pasadas y futuras. Lo segundo, la eficiencia, porque

la publicidad sobre los actos y resultados activa la competencia por la aprobación social y

la competencia entre ideas.

Nuria Cunill Grau (en Isunza Vera y Rivera, 2006)

Según el Banco Central del Ecuador, en el período 2000-10, la industria hidrocarburífera representó, en

promedio, un 16,2% del producto interno bruto (PIB) total del país (véase el gráfico 5.1). Por su parte, las

exportaciones petroleras de crudo y derivados sumaron un 55% del total de las exportaciones. De los ingresos

totales del sector público no financiero, el 28% se origina en la producción de petróleo (BCE, 2012).

A pesar de su importancia para el Estado y la sociedad ecuatoriana, el sector petrolero se ha caracterizado

por tener información de escasa accesibilidad, alta dispersión y elevada complejidad técnica, lo

que ha dificultado la gobernanza de la industria hidrocarburífera. Si la información y las capacidades para

analizarla están distribuidas asimétricamente, se reduce la capacidad de tomar decisiones que incorporen

la multidimensionalidad de un sector de tanta complejidad técnica, ambiental, económica y sociocultural

como el petrolero. Por otra parte, la escasa transparencia incrementa la desconfianza entre actores públicos

y privados y exacerba los niveles de polarización en un sector que se caracteriza por la conflictividad

(Collier y Venables, 2011).

108 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

Gráfico 5.1

Participación de la industria hidrocarburífera en el PIB, 1995–2010 (en porcentaje)

2010 15.0% 1.5%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1995

1996

1997

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

3,0

3,3

4,6

3,1

3,0

3,3

3,2

2,1

1,8

2,5

2,3

2,2

3,0

9,0

13,1

7,9

7,6

8,5

11,9

14,6

16,8

16,6

18,4

12,0

5,7 2,8

7,2 3,5

6,6 2,8

15,0 1,5

Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios relacionados

Fuente: BCE.

En este capítulo se analiza la experiencia de la iniciativa “Extrayendo transparencia en Ecuador”, destinada

a mejorar la transparencia en el sector petrolero sobre la base de estándares consensuados entre el

Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Para ello, en la primera parte se examina el contexto institucional-legal vigente en las industrias extractivas

ecuatorianas; posteriormente, se presenta una breve descripción de los niveles de transparencia

y las consecuencias económicas de la escasa accesibilidad a la información existente en el sector petrolero

ecuatoriano; en la tercera parte se describe el proceso de generación de estándares de transparencia y

de una propuesta de política pública que los vuelva obligatorios para los actores públicos y privados que

participan en el sector. Finalmente, se analizan los factores que afectaron la dinámica de esta iniciativa,

así como también se proponen reflexiones sobre las estrategias que potenciarían la utilización de los estándares

para mejorar la gobernanza, la calidad de las políticas sectoriales y la participación ciudadana en

procesos clave del sector.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 109

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Marco institucional del sector petrolero ecuatoriano1

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos ocurridas en 2010 contemplaron una serie de cambios a las competencias

de las instituciones públicas del sector. Tal como se aprecia en el gráfico 5.2, se crearon dos

instituciones adscritas al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR): la Secretaría de Hidrocarburos

y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), con autonomía administrativa,

técnica, económica, financiera y patrimonio propio.

Gráfico 5.2

Diseño institucional de las industrias extractivas

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

Secretaría de

Hidrocarburos

Hidrocarburos Minería

Arcom INIGEMM

Empresas

públicas

Enami EP

Petroamazonas EP

EP Petroecuador

Empresas

públicas

AGENCIAS DE

REGULACION

DEL SECTOR

ARCH

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

Arcom: Agencia de Regulación y Control Minero.

Enami: Empresa Nacional Minera.

INIGEMM: Instituto Nacional de Investigación Geológica Metalúrgica Minera.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) se conformó como el nuevo organismo técnico-

administrativo, adscrito al MRNNR, en reemplazo de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Por lo tanto,

la ARCH es el organismo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales

en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, tanto para empresas públicas como privadas, sean

extranjeras o nacionales. Por otro lado, se creó la Secretaría de Hidrocarburos para gestionar las actividades

1 Esta sección se basa en Grupo FARO (2011).

110 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

de suscripción, administración y modificación de las áreas y de los contratos petroleros. Anteriormente, estas

actividades eran realizadas por Petroecuador, la empresa pública de producción y comercialización petrolera.

Cuadro 5.1

Algunas de las competencias que asumen las nuevas instituciones a partir de la reforma a la Ley

de Hidrocarburos

Competencia Organismo anterior Nuevo organismo Artículo en la Ley

Desarrollo de la

política sectorial y su

ejecución

Ministerio del

ramo, a través de la

Dirección Nacional

de Hidrocarburos y

Petroecuador

Ministerio del ramo, a

través de la Secretaría

de Hidrocarburos y la

Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero

Art. 6 de la Ley de

Hidrocarburos y Art. 3

de la Ley Reformatoria

Administración de los

contratos de prestación

de servicios y demás

formas contractuales

vigentes en la Ley

Petroecuador, a

través de la Unidad

de Administración de

Contratos

Secretaría de

Hidrocarburos

Art. 2 y Art. 16 de la

Ley de Hidrocarburos

y Art. 1 y Segunda

Disposición Transitoria

de la Ley Reformatoria

Organismo técnicoadministrativo,

encargado de regular,

y controlar las

actividades técnicas

y operaciones en las

fases de la industria

Dirección Nacional de

Hidrocarburos

Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero

Art. 11 de la Ley de

Hidrocarburos y Art. 5

de la Ley Reformatoria

Realización o

delegación de

auditorías a empresas

públicas y privadas

Dirección Nacional de

Hidrocarburos

Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero

Art. 56 de la Ley de

Hidrocarburos y Art. 17

de la Ley Reformatoria

Fuentes: Ley de Hidrocarburos y Ley Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos.

Nota: El universo de competencias específicas que cumplirán las nuevas instituciones se verá con mayor claridad una

vez que se creen los reglamentos de trabajo de cada una y se modifiquen e implementen sus competencias dentro del

Estatuto Orgánico Funcional del MRNNR.

Estas reformas buscan la separación en las funciones, tanto en la definición de la política, la regulación

y el control, como en la parte operativa (producción y comercial). Sin embargo, por ahora las competencias

de control y fiscalización (actualmente realizadas por la ARCH) se mantienen dentro del MRNNR, al igual

que las empresas públicas en cuyos directorios existe participación de este Ministerio; con ello, queda en

evidencia que aún es necesario definir con más precisión los roles de estas instituciones para lograr una

independencia real de las funciones de producción y regulación.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 111

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

En conclusión, para que estos cambios mejoren la gobernanza de la industria petrolera, se requieren

mayores niveles de transparencia a fin de que los reguladores puedan cumplir y hacer cumplir el nuevo

diseño institucional vigente en el sector petrolero ecuatoriano.

Transparencia en el sector petrolero

Desde 2008 el Grupo FARO realiza un monitoreo periódico del nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) por parte de varias instituciones públicas

relacionadas con la industria petrolera. El monitoreo analiza la presencia de cada uno de los 27 ítems de

información dispuestos en el artículo 7 de la LOTAIP, como el presupuesto institucional, la planificación,

los contratos, etc.

El último monitoreo realizado a instituciones dentro del sector de las industrias extractivas, en agosto

de 2012, denota un promedio de cumplimiento del 53%. Como se observa en el gráfico 5.3, en esta medición

las instituciones que tienen una mejor calificación son el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Ambiente,

la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y la Refinería del Pacífico.

Gráfico 5.3

Resultados del monitoreo de acuerdo con la LOTAIP, sector de industrias extractivas, agosto de 2012

(en porcentaje)

19

19

25

26

37

47

48

51

52

52

56

56

67

68

79

80

86

89

90

90

95

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Entidad

Ministerio de Sectores Estratégicos

INIGEMM

Flota Petrolera Ecuatoriana

Senagua

Min. de Recursos Naturales no Renovables

Agencia de Reg. y Control Hidrocarb.

Empresa Nacional Minera

Agencia de Regulación y Control Minero

Secretaría de Hidrocarburos

Ecuador Estratégico

Petroecuador

Ecorae

Petroamazonas

Río Napo

Refinería del Pacífico

Senplades

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Finanzas

Banco Central del Ecuador

Servicio de Rentas Internas

Banco del Estado

Fuente: Elaborado por el Grupo FARO (2012).

112 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

Las instituciones que están directamente enfocadas en la gestión de hidrocarburos muestran cumplimientos

casi similares al promedio mencionado: Petroecuador, la Secretaría de Hidrocarburos y el Instituto

para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (Ecorae). En resumen, este monitoreo evidencia que sólo la

mitad de la información que debería ser difundida por ley se encuentra disponible en el portal electrónico

de instituciones clave del sector petrolero.

Por otro lado, existen instrumentos que miden la transparencia en el sector extractivo a nivel global,

como el Revenue Watch Index.2 En 2010, este índice –que se basa en la medición de los niveles de transparencia

sobre los ingresos provenientes de estas industrias en 41 países ricos en recursos naturales– otorgó

a Ecuador el 10.º puesto entre los países que proporcionan información sobre ingresos. Sin embargo,

cuando se analizan las categorías de evaluación, Ecuador tiene una baja calificación en las variables que

se refieren al acceso y a la disponibilidad de la información, así como también en cuanto a los mecanismos

legales y normativos relacionados con la posibilidad de dicho acceso.

Sin embargo, los desafíos no concluyen allí. No se trata sólo de la cantidad de información sino de su

calidad. En el cuadro 5.2 se muestran las diferencias que aparecen en la información reportada por tres

instituciones públicas.

Cuadro 5.2

Diferencias en la información reportada por instituciones públicas del Ecuador, 2008

Información/

Institución

Banco Central

del Ecuador

Ministerio de

Recursos Naturales

no Renovables

Petroecuador

Producción petrolera 184.727 miles de

barriles

184.780.446 barriles 180.597.906 barriles

Fuente: Grupo FARO (2009).

Como se aprecia en el cuadro 5.2, existen diferencias respecto de la información sobre producción petrolera

reportada por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR), Petroecuador y el Banco

Central del Ecuador (BCE) en 2008. El BCE y el MRNNR coinciden en las cifras de producción, pero el BCE

reporta en miles de barriles y el MRNNR en barriles. Además, a excepción de la información de Petroecuador,

el resto de la información no aclara al usuario si se trata de crudo fiscalizado o no fiscalizado.

La falta de transparencia no sólo dificulta la posibilidad de tener diálogos informados, mejor gobernanza

y un menor nivel de conflictividad, sino que además genera costos económicos concretos. Para dimensionarlos,

en 2009 el Grupo FARO realizó un estudio que identificó y analizó tres problemas de información

que afectan al sector petrolero: i) discriminación en el control y la regulación; ii) presiones de los grupos

de interés, y iii) desconocimiento de los costos y beneficios de la explotación petrolera (Donoso, 2010a).

2 Para mayor información dirigirse al sitio Web de la iniciativa desarrollada por el Revenue Watch Institute: http://

www.revenuewatch.org/rwindex2010/index.html.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 113

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

El Grupo FARO estudió cada uno de estos problemas, primero mediante un seguimiento de la cadena de

valor de la industria, y luego con la realización de estimaciones sobre los costos económicos de la falta de

transparencia como proporción del PIB. Dichos costos se estimaron entre un 2,87% y un 18,17% del PIB por

año (Donoso, 2010a). Además, se extrajeron las siguientes conclusiones:

• Discriminación en el control y la regulación. En un escenario ideal, el Estado debe fijar niveles

de regulación y control que sean idénticos para todos los actores involucrados en la industria

petrolera. Pero, en ausencia de información, podrían darse distintos tratamientos a los diferentes

actores que participan en el mercado petrolero. Si no hay transparencia en los contratos firmados

con los diferentes operadores, las condiciones podrían ser distintas para unos y otros, lo cual

podría implicar que unos exploten en condiciones más adecuadas que otros, desde la perspectiva

técnica, social y ambiental, con lo que se afectaría a la industria como un todo.

• Presiones de grupos de interés. En un sistema democrático, el Estado gestiona la riqueza petrolera

con el fin de maximizar el bienestar de los ciudadanos (dueños del petróleo). Pero en

la práctica, hay circunstancias que interfieren en el adecuado cumplimiento de este mandato,

como la injerencia política en la administración de la industria, entre otras. Dichas circunstancias

podrían derivar en el reparto arbitrario de rentas petroleras a grupos de interés que tienen capacidad

para ejercer presión política. Estos grupos de interés no tienen las mismas preferencias

que el ciudadano común y, por lo tanto, este reparto puede reducir el bienestar de la ciudadanía.

• Desconocimiento de los costos y beneficios de la explotación petrolera. Dada la complejidad

de la gestión del sector petrolero, la sociedad ecuatoriana debería conocer cuál es su nivel

óptimo de explotación. Sin embargo, su desconocimiento impide que se tomen decisiones fundamentadas

sobre el nivel de producción petrolera que más beneficia a la sociedad. Sería de

suma utilidad contar con información sobre las reservas probables y probadas para que, como

sociedad, determinemos si queremos extraer más ahora o si queremos incorporar un criterio de

equidad intergeneracional. Por otro lado, es importante que se transparenten los costos sociales

y ambientales de la industria, de modo de prevenir de la mejor forma posibles afectaciones a los

ecosistemas y poder conocer así los beneficios netos que deja la industria a la sociedad.

Proceso de generación de estándares de transparencia

y propuesta de políticas públicas para su implementación3

Dados los esfuerzos realizados en los últimos años por mejorar la transparencia en el sector petrolero, se

hace necesario establecer políticas y mecanismos que permitan mejorar la cantidad y calidad de la información

disponible en el sector petrolero. Esta tarea requiere un amplio diálogo que involucre al Estado, a

las empresas privadas y a la sociedad civil, y a partir del cual se pueda discutir, en función de las propias

realidades y percepciones, para lograr acuerdos sobre la información que permite que cada uno cumpla su

rol de una mejor manera.

Para avanzar en este objetivo, el 2 de julio de 2008, el Ministerio de Minas y Petróleos (hoy MRNNR)

firmó un acuerdo de compromiso por la transparencia con 13 OSC. El convenio designó al Grupo FARO para

que realizara evaluaciones periódicas de la información relacionada con la industria extractiva. Por su

3 Esta sección se basa en Jervis y Gómez de la Torre (2012).

114 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

parte, el Ministerio se comprometió a abrir espacios de acceso a la información y presentar estadísticas

actualizadas vía Internet sobre transporte de crudo, industrialización, producción y comercialización de

derivados, etc.

Durante la implementación del acuerdo, el Grupo FARO constató que la información disponible se encontraba

dispersa en varias instituciones y se producía sin homogenizar las metodologías de cálculo; así,

surgió la iniciativa “Extrayendo transparencia”, cuyo propósito es generar de forma participativa estándares

de información que permitan reducir interpretaciones disímiles de los datos presentados por el sector y

promover diálogos más basados en la evidencia.

En 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo FARO suscribieron un convenio para

implementar esta iniciativa orientada a promover la participación activa de actores públicos y privados

vinculados a las industrias extractivas. Concretamente, se buscaba propiciar diálogos intersectoriales para

acordar e implementar estándares mínimos que permitan un manejo transparente de la información en el

sector, y que a su vez cubran la creciente demanda de información y posibiliten el desarrollo de una propuesta

de política pública viable y fundamentada.

Como se detallará más adelante, los estándares de transparencia son una referencia sobre la información

que debe ser mínimamente reportada por los diferentes actores del sector, y cuyos objetivos son:

asegurar un diálogo mejor fundamentado, incrementar las herramientas con las que cuenta la sociedad civil

para participar en el análisis y brindar al Estado información para la gestión y la toma de decisiones.

A continuación, se describe el proceso que permitió generar una propuesta de estándares de transparencia

que a su vez sirvió de base para elaborar una propuesta de política pública orientada a mejorar la

transparencia del sector petrolero ecuatoriano.

Generación de estándares de transparencia

La iniciativa “Extrayendo transparencia” se propuso generar estándares de información que fuesen acordados

por actores públicos y privados y que constituyeran la base de una propuesta de política de transparencia

para el sector petrolero ecuatoriano. La propuesta de estándares surgió del análisis de la información

existente en las instituciones públicas que participan activamente en el sector petrolero, la legislación

ecuatoriana, las buenas prácticas internacionales y el diálogo con diferentes sectores.

Recién después de tres años de trabajo y de un proceso de consulta entre actores públicos, privados y

de la sociedad civil, se diseñó una propuesta de estándares que fueron implementados a manera de experiencia

piloto en un organismo receptor de renta y una empresa petrolera privada. La experiencia permitió

evaluar qué información está disponible en el sector público y privado, qué capacidades se requieren para

generarla y qué elementos se deben incluir en una política pública para que la industria petrolera, como un

todo, sea más transparente.

Los objetivos de la aplicación de estándares de transparencia son:

• Asegurar un diálogo mejor fundamentado y objetivo.

• Incrementar las herramientas con las que cuenta la sociedad civil para participar.

• Brindar al Estado información para la gestión y la toma de decisiones.

• Consolidar información completa y comparable del sector.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 115

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Los estándares de transparencia se definen como las condiciones mínimas que tienen que cumplir los indicadores

para que sean útiles, importantes, interesantes y didácticos para la sociedad civil. En términos de

sus características principales, deben ser:

• Integrales, es decir que deben cubrir los ejes social, económico, técnico y ambiental, así como

diferentes fases de la cadena de valor.

• Consensuados, es decir que deben emerger del diálogo intersectorial.

• Mínimos, es decir que debe ser posible cumplirlos, y que deben ser indistintos de los recursos y

capacidades institucionales de los diferentes actores obligados a publicarlos.

El primer paso fue definir las características de los estándares de transparencia que todos los indicadores

deberán cumplir sin importar el eje (ambiental, social, técnico o económico) o la categoría de la información

a la que pertenecen. Dichas características son:

• Técnicas: tienen que ver con la validez conceptual y la metodología de elaboración de los indicadores.

• De estilo: se relacionan con el formato de presentación de los indicadores y de otra información

complementaria.

• De contenido: se refieren a la forma en que se expresa o se comunica el fenómeno estudiado.

• Relativas a la fuente de información: se relacionan con la validez, disponibilidad y responsabilidad

de la fuente de información.

Los estándares se generaron para las diferentes dimensiones que participan en la gestión del sector petrolero,

las cuales se describen en el gráfico 5.4.

Gráfico 5.4

Ejes de la gestión del sector petrolero

Abarca la información tendiente a regular el efecto de la actividad

petrolera en los ambientes donde esta se desarrolla, de modo que

se visibilice el uso y cuidado óptimo de los recursos naturales.

Además, estos estándares pueden identificar los niveles permitidos

de emisiones o los compromisos de las empresas para el cuidado

ambiental. Dentro de estos estándares, estarán inmersos aquellos

que especifiquen el cumplimiento de regulaciones ambientales en la

normativa (internacional y nacional), así como el manejo sostenible de

los recursos naturales y la biodiversidad.

Ambiental

Continúa

116 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

Gráfico 5.4

Ejes de la gestión del sector petrolero (continuación)

Económico

En este eje se observa el movimiento económico en torno a la actividad

petrolera, de empresas tanto públicas como privadas. Esto tendrá

relación con la inversión que realizan las empresas, la generación y

entrega de recursos al Estado, la distribución de ingresos a niveles

institucionales o de los gobiernos locales, y con el monitoreo de las

ejecuciones presupuestarias.

Social

Se refiere a los aspectos relacionados con el cumplimiento de los

derechos ciudadanos y la responsabilidad social por parte de las

empresas, en los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.

La información dentro de este eje temático tendrá relación con la

identificación de territorios y poblaciones que se encuentran en el área

de influencia de las actividades petroleras, así como también con la

seguridad industrial de sus instalaciones, la generación de capacidades

y el cuidado de su capital humano.

Esta área comprende la información relacionada con la estructura

organizacional y las operaciones de las empresas petroleras. De forma

específica, se refiere a los datos acerca de las reservas, la localización

de yacimientos petroleros y las estadísticas sobre la producción, la

exportación y el transporte, así como a la información sobre planes de

desarrollo e inversión en la industria.

Técnico

Finalmente, es importante mencionar que se propusieron estándares en estos cuatro ejes, para cada

una de las siguientes fases de la cadena de valor de la actividad petrolera, según se aprecia en el gráfico 5.5.

Gráfico 5.5

Cadena de valor del sector petrolero

Refinación

Importación

de derivados

Exportación

de crudo

Consumo

interno

Licitación y

adjudicación

Exploración y

explotación

Transporte y

almacenamiento

Fuente: Elaboración del Grupo FARO (2010).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 117

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

A continuación se describen brevemente las diferentes fases de la cadena de valor:

• Licitación y adjudicación. Es un proceso para la entrega en explotación (concesiones) de campos

petroleros a partir de una convocatoria pública. Para este fin, se creó el Comité Especial de

Licitaciones,4 bajo la observación de la Procuraduría General del Estado. Este comité establece

las bases contractuales y la documentación en general. Una vez que se realiza la convocatoria,

las empresas presentan sus ofertas, las que serán analizadas por la Comisión de Calificación y

Evaluación, conformada por un grupo de técnicos. Una vez escogida una oferta, se hace una negociación

específica con la empresa elegida, con la cual firma Petroecuador. Finalmente, el contrato

aprobado se suscribe y se registra en la DNH.

• Exploración y explotación. Las empresas públicas y privadas entregan al Ministerio del ramo la

información técnica y económica para el desarrollo de los campos petroleros adjudicados. Una

vez obtenidas las aprobaciones correspondientes, la empresa lleva adelante la evaluación sísmica

y establece si hay hidrocarburos comerciales; si no los hay, el campo es devuelto al Estado,

caso contrario se procede a la entrega de garantías e información específica, una vez comprobadas

las reservas, y se prosigue a la explotación del hidrocarburo.

• Transporte y almacenamiento. De los diversos campos, el crudo es transportado ya sea por el

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), que pertenece a Petroecuador, ya por Oleoductos

Crudos Pesados (OCP), hasta los puertos de embarque para la exportación, o hacia las refinerías

para el respectivo proceso.

• Consumo interno. Para cubrir el consumo interno de Ecuador, es necesario surtirse de los derivados

de las refinerías nacionales, así como de la importación de estos derivados. En Ecuador, las

refinerías pertenecen a Petroecuador.

Para comprobar la utilidad y relevancia de los estándares de transparencia generados desde la iniciativa,

estos fueron socializados en grupos focales en la Sierra, Costa y Amazonía; en dichos grupos se evaluó

además el nivel de comprensión que tiene la ciudadanía sobre la información petrolera tal cual se reporta

actualmente.

Los grupos focales fueron integrados por dos tipos de actores: los no identificados con la actividad petrolera

ni con la terminología utilizada; y aquellos relacionados con la actividad petrolera y la terminología,

pero que no se reconocen como expertos en el tema. Los grupos focales se desarrollaron en La Libertad

(Costa), Quito (Sierra) y Coca (Amazonía). La metodología de evaluación utilizada fue participativa en los

propios grupos focales y técnica a través de encuestas. Los criterios de evaluación usados se basaron en

la comprensión de la información, la accesibilidad a la misma, su importancia y qué tan útil e interesante

resulta.

La evaluación se aplicó en dos momentos: momento 0, en el que se presentó la información sin aplicar

los estándares de transparencia y momento 1, en el que se aplicaron estos últimos.

Los resultados, que se presentan en el gráfico 5.6, muestran que:

• En la Sierra, un 36% de los encuestados comprendió la información sin los estándares de transparencia,

mientras que un 88% comprendió la misma información luego de haberse aplicado los

estándares mencionados.

4 El Comité Especial de Licitaciones está formado por el Ministro del ramo, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro

de Finanzas, el Contralor General del Estado y el Presidente Ejecutivo de Petroecuador (Ley de Hidrocarburos,

vigente a abril de 2010).

118 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

• En la Costa, un 23% de los encuestados comprendió la información sin los estándares de transparencia,

mientras que un 88% comprendió la misma información luego de haberse aplicado los

estándares.

• En la Amazonía, un 26% de los encuestados comprendió la información sin los estándares de

transparencia, mientras que un 83% lo hizo luego de haberse aplicado dichos estándares.

Gráfico 5.6

Evaluación de la comprensión de la información petrolera por regiones (en porcentaje)

36

88

26

73

25

92

23

88

28

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sierra Amazonía

Norte

Amazonía

Sur

Costa Promedio

Sin estándares de transparencia

Con estándares de transparencia

Fuente: Elaborado por y en base a Paredes (2011).

En promedio, se logró pasar del 28% de comprensión en el momento 0, sin estándares de transparencia,

a un 85% con estándares de transparencia en el momento 1, como se muestra en el gráfico 5.7.

Los resultados obtenidos de los grupos focales, si se considera su conformación, indican que el porcentaje

de actores que no tenían conocimiento de la actividad petrolera pasó de un 28% a un 83% en cuanto a

la comprensión de la información, mientras que en el grupo de actores con algún conocimiento de la actividad

petrolera, el porcentaje de quienes comprendieron la información subió de un 49% a un 85%. Esto significa

un mejoramiento sustancial en la forma de presentar la información una vez aplicados los estándares

de transparencia, pero a la vez plantea la necesidad de que se sigan implementando dichos estándares para

que la información sea comprensible en un porcentaje mayor.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 119

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Gráfico 5.7

Evaluación de la comprensión de la información petrolera por nivel de conocimiento (en porcentaje)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

28

83

49

85

Ningún conocimiento Conocimiento medio

Sin estándares de transparencia

Con estándares de transparencia

Fuente: Elaborado por y en base a Paredes (2011).

De los grupos focales se pudo concluir que el lenguaje utilizado para transmitir la información es muy

complejo; existe dificultad en dimensionar las unidades de medida, la terminología es complicada y la forma

de presentar la información hace que no se logre transmitir lo que se pretende.

Finalmente, los estándares de transparencia utilizados en los grupos focales fueron presentados a grupos

de expertos en cuestiones ambientales, técnicas, sociales y económicas para una nueva validación. En

base a su criterio se reformuló la forma de presentar algunos de los estándares propuestos en lo referente

a información, unidades de medida y terminología.

En este proceso participaron representantes de diferentes ministerios e instituciones del gobierno central,

además de empresas privadas, como Repsol Ecuador, y entidades receptoras de renta petrolera, como

el Municipio del Coca.

Construcción de la propuesta de política pública

Una vez acordados los estándares de información, se hizo necesario proponer su institucionalización. Diseñar

una política pública para promover la transparencia en el sector hidrocarburífero es una tarea compleja.

En primer lugar, porque toda política pública debe estar en sintonía con la legislación vigente –que en el

caso ecuatoriano es amplia y se encuentra dispersa–; en segundo lugar, porque el sector hidrocarburífero

es fundamentalmente técnico y se requiere un grado específico de conocimiento para comprender sus particularidades.

120 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

La primera etapa del proceso consistió en revisar la legislación vigente del país, después de lo cual se

detectó que –si se consideraba la dispersión normativa existente– uno de los principales desafíos estaba

en consolidar aquellas normas que directa o indirectamente hacen referencia a la transparencia o al sector

hidrocarburífero.

Para ello se analizó, en primer lugar, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(LOTAIP), promulgada en 2004. Esta Ley constituyó un esfuerzo y un primer paso importante para

garantizar la transparencia en la información pública. Sin embargo, no contempla aspectos específicos de

la información producida en la industria hidrocarburífera, y por eso se precisa una normativa sectorial bien

sistematizada y codificada que regule las características propias del sector.

Por otra parte, se analizaron la Ley de Hidrocarburos y su respectivo Reglamento –que fueron reformados

en 2011–, así como otros cuerpos normativos de la legislación tributaria, de adquisiciones públicas y

los estatutos de creación de las entidades de control del sector.

También se revisaron las disposiciones internacionales adoptadas por Ecuador y los principales cuerpos

normativos nacionales que garantizan el derecho a la información veraz y oportuna referente a la actividad

petrolera:

• Constitución de la República del Ecuador de 2008.

• Convención Interamericana de Derechos Humanos.

• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

• Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

• Estatuto por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

• Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Sin embargo, ninguna de estas leyes ni convenios especifica qué, cómo y con qué periodicidad debe reportarse

la información petrolera, así como tampoco determina qué institución o instituciones deben manejar

dicha información.

De ahí se desprende la necesidad de contar con una política pública específica que puntualice la obligatoriedad

de cumplir con los estándares de transparencia en el sector hidrocarburífero, que sea de cumplimiento

general para los sectores público y privado, y a su vez concentre la publicación de la información

en entidades específicas para evitar la dispersión.

Por otra parte, antes de elaborarse la propuesta de política pública se hizo una revisión exhaustiva de

las buenas prácticas de políticas públicas. Esta aproximación permitió observar que, mediante las iniciativas

generadas desde distintos actores, se han logrado políticas públicas orientadas a transparentar la

información sobre el sector extractivo.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 121

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Cuadro 5.3

Ejemplos de casos exitosos en otros países

País/institución Ley Objetivo

Argentina Ley 24.076 de Regulación

del Transporte y

Distribución de Gas Natural;

Decreto 180/2004 que crea

el Mercado Electrónico de

Gas.

Crear un mercado electrónico de gas que sea

transparente y permita contar con información

actualizada y pública de interés para los usuarios

del servicio público de gas y los operadores

económicos de este mercado.

Chile Código de Minería. Establecer el marco regulatorio de la actividad

extractiva minera y crear las instituciones que

hagan viable el sistema normativo.

Estados Unidos Dodd - Frank Wall Street

Reform and Consumer

Protection Act.

Transparentar los pagos que hacen los operadores

extractivistas y que en base a estas actividades

podrían afectar al precio de los valores

financieros que circulan en el mercado.

Indonesia Regulación Presidencial

No. 26. Transparencia del

ingreso local y nacional

proveniente de las

industrias extractivas.

Transparentar nacionalmente la industria

extractiva, además de los ingresos nacionales y

locales.

Mongolia Ley Minera. Regular lo concerniente a la exploración

y extracción de minerales, pero no su

comercialización.

Noruega Reglamento para la

presentación de informes

y conciliación del flujo

de dinero de la actividad

petrolera.

Transparentar el flujo de dinero existente en la

industria extractiva noruega.

Venezuela Decreto No. 5.219

sobre Metrología de

Hidrocarburos.

Establecer un control de medición de la calidad

y del volumen de los hidrocarburos que se

extraen, y de sus derivados, que se transportan y

comercializan, para fijar regalías y tributos.

Continúa

122 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

Cuadro 5.3

Ejemplos de casos exitosos en otros países (continuación)

País/institución Ley Objetivo

Fondo Monetario

Internacional (FMI)

Guía sobre la transparencia

del ingreso proveniente de

los recursos naturales.

Transparentar muchos más aspectos de la

actividad extractiva que los de la iniciativa

Publiquen lo que pagan (PWYP, por sus siglas

en inglés) o la Iniciativa de Transparencia en

la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en

inglés). Comunicar al público los estándares que

se solicitan.

Joint Oil Data

initiative (JODI)

Iniciativa Conjunta sobre

Información Petrolera.

Tener información para la estabilidad del mercado

hidrocarburífero.

Fuente: Ocampo (s/f).

En varias de estas experiencias se encuentran leyes específicas para el sector extractivo que están encaminadas

a transparentar los mercados y las relaciones comerciales. Pese a la relevancia de este objetivo,

la mayoría de estas normas no abarca todas las fases de la cadena de valor ni enfatiza la importancia de

transparentar información que permita que la ciudadanía y los encargados de la toma de decisiones conozcan

las condiciones en que se realiza la extracción y sus impactos en la sociedad.

La mayoría de estas normas consolida la participación o la iniciativa del Ejecutivo como ente rector de

la política petrolera. El caso venezolano incorpora el elemento de la calidad de los hidrocarburos extraídos,

pero esto no es suficiente para la visión que convoca la iniciativa “Extrayendo transparencia”. El caso estadounidense

es relevante porque la iniciativa Dodd-Frank propone de manera innovadora la transparencia

en los pagos a la actividad extractiva, lo que constituye un paso importante pero no cubre toda la cadena de

valor ni todas las dimensiones de esta actividad.

Finalmente, están las buenas prácticas adoptadas por quienes suscriben los acuerdos internacionales,

como los propuestos por la Iniciativa Conjunta sobre Información Petrolera (JODI, por sus siglas en inglés)

y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo límite es la capacidad de exigencia que puedan tener.

En cambio, si se piensa en una normativa diseñada con intervención de los actores que participan en la

industria petrolera nacional y que luego es promulgada por el gobierno del país donde se implementará hay

mayores probabilidades de que se cumpla la regulación.

Esta discusión y el análisis que se generó sobre la transparencia y sus buenas prácticas internacionales

dejaron en evidencia que, si bien existen algunos acuerdos, todavía no ha habido un desarrollo tan avanzado

en materia legislativa como el que se propone.

Con estos insumos se ideó la propuesta de política pública que estipula que el Estado ecuatoriano debe

establecer el cumplimiento obligatorio de estándares de información que han sido generados de forma participativa

por parte de todos los actores que están involucrados directa o indirectamente en cada una de las fases

de la cadena de valor del sector petrolero.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 123

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Para introducir la propuesta de política pública en el marco jurídico ecuatoriano, se propuso un acuerdo

ministerial que permite un proceso de creación más sencillo porque depende de la voluntad de los ministerios

en cuestión y se puede alinear con la gestión de cada cartera del Estado.

Según la nueva estructura del gobierno ecuatoriano, existen ocho ministerios coordinadores, cuya jerarquía

se subordina a distintos ministerios del ramo y otras instituciones del gobierno. En vista de ello, se

decidió incorporar al menos cuatro ministerios de esa jerarquía: el Ministerio Coordinador de los Sectores

Estratégicos, el Ministerio Coordinador de la Política, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio

Coordinador de la Política Económica.

Además, la gestión de la industria petrolera incorpora dimensiones ambientales, sociales, económicas

y técnicas. Por tanto, existe una amplia gama de instituciones encargadas de recopilar y publicar información;

por eso, había que pensar en una propuesta que incluyera al mismo tiempo a todas estas instituciones

y que promoviera la coordinación entre ellas.

Conclusiones y reflexiones finales

• Pese a los avances de los últimos años, la información del sector petrolero ecuatoriano aún es de

escasa accesibilidad, elevada complejidad técnica y dispersión. Estas características dificultan la

gobernanza y la toma de decisiones en un sector tan complejo como el petrolero.

• Un diagnóstico inicial realizado sobre los niveles de transparencia del sector dejó en evidencia

que el problema no sólo radica en la cantidad de la información disponible, sino en su calidad,

entendida en términos del cumplimiento de los atributos de oportunidad, uso y accesibilidad.

• Por ello, el Grupo FARO, en alianza con el gobierno ecuatoriano y OSC, y con el apoyo del BID,

promovió la iniciativa “Extrayendo transparencia en Ecuador” orientada a la definición de estándares

de transparencia integrales, participativos y mínimos que permitan incrementar la transparencia

en todas las fases de la cadena de valor y faciliten el diálogo, la toma de decisiones y la

gobernanza del sector petrolero ecuatoriano.

• El proceso de generación de los estándares de transparencia no estuvo libre de desafíos. Aunque

la transparencia viene asociada a algunos beneficios, también conlleva varios costos, entre los

que se destacan la percepción de autoridades y funcionarios, tanto de instituciones públicas

como privadas, de que esta generará mayores controles, carga administrativa y riesgos políticos.

“Extrayendo transparencia en Ecuador” enfrentó estos desafíos y puso en evidencia entre los actores

participantes que, por ejemplo, la transparencia en los planes de manejo ambiental puede

reducir los niveles de conflictividad con las comunidades de influencia.

• En suma, “Extrayendo transparencia en Ecuador” contribuyó con un cambio en la percepción de

los participantes acerca del proceso de generación de los estándares de transparencia del sector

petrolero, y dejó en claro que si hay mayor información se reduce el nivel de conflictividad que

normalmente está presente en la industria petrolera, en lugar de incrementarse.

• Además, la decisión de varios actores públicos y privados, como el Municipio de Francisco de

Orellana y la empresa Repsol Ecuador, de implementar dichos estándares como un proyecto piloto

fue indispensable para demostrar que dicha implementación no genera costos importantes y

que sus beneficios compensan con creces los riesgos.

124 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

• Ahora bien, para que los estándares de transparencia implementados voluntariamente por estas

dos organizaciones mejoren la gobernanza del sector petrolero, debían convertirse en obligatorios

para todos los actores participantes en varias fases de la cadena de valor de la industria.

Por ello, el Grupo FARO, en alianza con expertos del sector petrolero, presentó una propuesta de

política pública para que el gobierno ecuatoriano establezca el cumplimiento obligatorio de los

estándares de información que hayan sido generados de forma participativa por parte de todos

los actores involucrados directa o indirectamente en cada una de las fases de la cadena de valor

del sector petrolero.

• Se decidió que esta propuesta de política pública se expresase en un acuerdo interministerial,

porque permite plasmar la complejidad de la industria petrolera y promover una mayor coordinación

entre actores públicos y privados para aplicar los estándares de transparencia en la

información que genera el sector extractivo, con el objetivo final de mejorar la gobernanza de las

industrias extractivas de Ecuador.

• Esta propuesta de política pública se basa en tres principios fundamentales: i) comprender la

transparencia como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia; ii) tener como objetivo

la consecución de una mejor gobernanza y la toma de decisiones del sector petrolero, y iii)

promover el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental,

especialmente en el caso de un sector tan complejo y de tanta relevancia social, ambiental y

económica como el petrolero.

• El desafío ahora es lograr la aprobación e implementación de esta propuesta de política pública.

Para ello, se requiere diseñar una estrategia de incidencia pública que permita que los encargados

de la toma de decisiones (autoridades de los ministerios que tienen un rol en su promulgación)

aprecien los beneficios sociales, institucionales, económicos y políticos de una normativa

que, al haber sido construida en forma participativa, cuenta con la legitimidad y la calidad técnica

para promover una mejor gobernanza de la industria petrolera ecuatoriana.

• Por otra parte, se requiere trabajar con los funcionarios públicos encargados de la posterior implementación

de la política pública para reducir, desde el inicio, la brecha que suele producirse

entre las políticas y las prácticas institucionales. Esto es especialmente importante en el caso

de esta política pública, ya que busca mejorar los niveles de transparencia en fases como la producción

y distribución de la renta petrolera, donde es clave contar con información de calidad

generada por actores localizados en los territorios en los cuales se realiza la actividad extractiva.

• Finalmente, la propuesta de política pública de implementar estándares de transparencia no

cumplirá con las promesas de mejorar la gobernanza y la toma de decisiones en el sector petrolero

si no cuenta con la activa participación y demanda de la sociedad civil. Sólo una ciudadanía

informada y empoderada puede lograr que una mayor transparencia se traduzca en diálogos mejor

fundamentados y objetivos que permitan que los beneficios de la industria se distribuyan más

sostenible y equitativamente.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 125

PARTE

2

Capítulo 5 - Sociedad civil y transparencia en los recursos de las industrias extractivas en Ecuador

Bibliografía

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• Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre

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el 3 de junio de 2011.

• Ley de Hidrocarburos. Registro Oficial 711, publicado el 15 de noviembre de 1978.

126 Banco Interamericano de Desarrollo

Orazio J. Bellettini Cedeño

• Ley Orgánica de Empresas Públicas. Registro Oficial 48, publicado el 16 de octubre de 2009.

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Registro Oficial 337, publicado

el 18 de mayo de 2004.

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Registro Oficial Suplemento 22,

publicado el 9 de septiembre de 2009.

• Reforma al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Registro Oficial 50, publicado

el 30 de octubre de 2009.

• Reglamento a la Ley de Hidrocarburos. Registro Oficial 330, publicado el 29 de noviembre de 2010.

 

128 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

El conocimiento que tengan las

entidades financieras de sus clientes,

y concretamente del origen de los recursos

que depositan en los bancos, les permite a

distintos actores del sistema, en principio,

prevenir y eventualmente investigar

posibles maniobras de lavado de activos.

En este marco, las políticas de transparencia

focalizada pueden desempeñar un rol

importante.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 129

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

El propósito de este capítulo es formular algunas ideas acerca de cómo el uso de la información puede

convertirse en un instrumento eficaz para prevenir y sancionar el lavado de activos. Más específicamente,

se intenta describir la relación que existe entre las entidades financieras, los depositantes del sistema y el

regulador en materia de reporte de actividades sospechosas en términos de la información que fluye entre

ellos. Asimismo, se tienen en cuenta las relaciones entre el regulador y otras instancias institucionales,

como las autoridades responsables de investigar posibles maniobras de lavado de activos. A lo largo de

estas páginas se ponen de manifiesto algunas advertencias acerca de los desafíos que implica implementar

una política de acceso a la información y más específicamente una política de transparencia focalizada en

este sector.

Concretamente, con respecto al tema del lavado de activos, esta compleja relación presenta una tensión

entre los valores de transparencia y privacidad. Aquí se argumenta que algunos de los principios relacionados

con el acceso a la información y la transparencia focalizada pueden convivir razonablemente con las

demandas de privacidad y reserva de información, en la medida en que se administren adecuadamente los

requerimientos regulatorios y tecnológicos.

En la primera parte del capítulo se presentan las nociones conceptuales relevantes para este análisis.

En particular, se hace referencia a la idea de transparencia focalizada y de qué modo esta se aplica al tema

de la prevención del lavado de activos. Esta sección sigue en buena medida la línea de investigación planteada

por Fung, Graham y Weil (2007). En la segunda parte se describe de qué modo operan algunas de las

formas más comunes del lavado de activos a través del sistema financiero, cómo funcionan los mecanismos

de reporte de estas actividades y de qué modo se busca capturar esta información mediante la regulación

para transformarla en medidas de prevención o para iniciar el camino de la investigación y eventual sanción,

siguiendo algunas lecciones aprendidas del diseño de una iniciativa de prevención del lavado de

activos en Guatemala, orientada por estos principios. En la tercera parte se detalla cómo trabaja el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) en relación con los esfuerzos de los países para prevenir el lavado de

activos, y se muestran los casos de algunos países que reciben asistencia técnica del Banco a través del

Fondo de Actividades Anticorrupción.

Capítulo 6

Uso de la información e integridad del

sistema financiero: reflexiones a partir

de un proyecto para prevenir el lavado

de activos en Guatemala

Roberto de Michele

130 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

Marco conceptual

Madison sostenía en “El federalista Nro. 51” (1788:10): “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería

necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas

que las internas del gobierno”. Una actitud similar puede aplicarse al acceso a la información. Si el proceso

democrático y los mercados funcionaran en forma óptima, las leyes de acceso a la información serían innecesarias.

Los ciudadanos y los consumidores tendrían acceso a la información adecuada y podrían tomar

decisiones fundamentadas tanto frente al mercado como en los asuntos de interés público.

Sabemos que esta expectativa es infundada. Además de poco probable, no describe correctamente la

complejidad de la relación que se establece entre el Estado, los ciudadanos y el mercado con respecto a

la producción, la entrega y el uso de información de utilidad pública. Además de las críticas tradicionales

que le caben, esta posición, por un lado, parece suponer una dirección unilateral: la oferta de información

fluye en un sentido, de las empresas o del Estado, y la demanda viene siempre por el lado del consumidor

o del ciudadano. Esta descripción tampoco toma en cuenta que el Estado también tiene “derecho” a la información,

para ponerla a disposición del público, por ejemplo. Sin esta información –a veces provista por

empresas, a veces por personas–, el Estado no puede ejercer adecuadamente sus funciones reguladoras o

implementar políticas públicas que requieran flujos de información multidireccionales.

Estas y otras dificultades relacionadas con la producción y disponibilidad de la información no se resuelven

espontáneamente mediante la intervención de los ciudadanos o el funcionamiento del mercado.

Como señalan Fung, Graham y Weil (2007:xii), “cuando existen riesgos ocultos o problemas en la calidad

de los servicios, se generan serios problemas para el público en general, y el gobierno puede ayudar a

mitigar tales riesgos o mejorar esos servicios demandando que se produzca información”.

Este esfuerzo que tiene al Estado como actor principal no se agota en las políticas basadas en el concepto

del “derecho a saber”. Suponen otro tipo de intervenciones más sofisticadas, que en términos de los

autores mencionados (2007:xii) “requieren la disposición de información fáctica específica, generalmente

por parte de corporaciones u otras organizaciones. Sus objetivos [de esta disposición de información] también

son específicos: reducir las pérdidas de los inversionistas ante casos de engaños corporativos, prevenir

daños y muertes, mejorar los servicios públicos o controlar la corrupción”. Esta forma de acceso a la información

es la que se denomina “transparencia focalizada”.

Los elementos principales de la transparencia focalizada para estos autores incluyen: i) el requerimiento

obligatorio por parte del Estado, ii) la obligación de disponer de información por parte de las empresas

y organizaciones privadas o públicas, iii) el requerimiento de que la información sea estandarizada, comparable

y desagregada, iv) la relación con productos o procesos específicos, y v) el vinculo específico con el

objetivo de una política pública.1

Cuando las políticas y la transparencia focalizada funcionan correctamente, se produce una secuencia

de aplicación (action cycle) en la cual se genera un mejor conocimiento tanto por parte de quienes están

obligados a proveer información, como por parte de aquellos que la utilizan, lo que redunda en mejores decisiones

y –por lo tanto– permite reducir riesgos (Fung, Graham y Weil, 2007). Como se verá más adelante,

tanto los elementos principales de la transparencia focalizada como la secuencia de aplicación están pre-

1 Para una descripción más detallada de las ideas de estos autores sobre el funcionamiento de la transparencia

focalizada, véase el capítulo 1.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 131

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

sentes en la relación que existe entre las entidades financieras, los depositantes del sistema y el regulador

en materia de reporte de actividades sospechosas de lavado de activos.

Es importante tener en cuenta que las políticas de transparencia focalizada no están exentas del riesgo

del fracaso. En efecto, la investigación de Fung, Graham y Weil, así como la de otros autores,2 advierte

que estas políticas están expuestas a contramarchas, dificultades y, en algunos casos, pueden ocasionar

problemas tan serios como los que pretendían resolver. A veces esto se produce por razones políticas: resistencias

de grupos de interés, inercia burocrática; en otros casos, el diseño de la política de transparencia

focalizada es la causa principal. Como afirma Graham (2002:5), “los defectos [de diseño] importan porque

la disponibilidad de información puede incrementar o reducir los riesgos. Si la información disponible está

distorsionada, es incompleta o no se comprende correctamente, puede desinformar y generar pánico. […]

Para que funcione como un instrumento efectivo de política pública, la transparencia requiere un cuidadoso

diseño y un seguimiento continuo”.

Si bien hay varios factores que determinan el éxito de una política de transparencia focalizada, cabe

destacar dos que pueden tener un peso determinante en el funcionamiento efectivo de las políticas de

transparencia focalizada para la prevención del lavado de activos.

En primer lugar, las políticas de transparencia focalizada deben estar “centradas en el usuario”, de

acuerdo con la expresión de Fung, Graham y Weil. Ello implica que se deben tomar en cuenta las necesidades

e intereses de los usuarios, y sus habilidades para comprender la información y utilizarla para sus

propósitos. En este punto vale la pena recordar –algo que tal vez no ha sido explorado suficientemente por

los autores mencionados– que en el caso de las obligaciones de reportar transacciones sospechosas, los

actores no necesariamente tienen intereses coincidentes.3 Es más: posiblemente en ciertas situaciones no

tengan un interés definido o incluso tengan un interés contrario a ofrecer la información necesaria, suficiente,

completa y veraz, a menos que exista una obligación legal de hacerlo en estos términos. (Luego se

volverá sobre este punto al analizar la obligación de producir reportes de actividades sospechosas por parte

de entidades financieras.)

En segundo lugar, las políticas de transparencia focalizada tienen éxito en la medida en que sean sostenibles.

La sostenibilidad depende, entre otros factores, de la capacidad de adaptar estas políticas a los

cambios del sector, de realizar los ajustes en su aplicación a medida que la vigencia de la política permita

conocer mejor sus efectos, en especial respecto del comportamiento de aquellos a los que obliga a dar la

información y de aquellos que la utilizan con propósitos claramente definidos. O, como dicen Fung, Graham

y Weil (2007:40), “porque los mercados y las prioridades públicas cambian y porque los encargados

de formular políticas constantemente deben cerrar los agujeros de la política que descubren quienes son

renuentes a dar información”.

Un elemento adicional que debe tenerse en cuenta es el de las tecnologías de la información. Este tema

es relevante para la discusión acerca de la sostenibilidad de las políticas de transparencia focalizada en

general y también específicamente para las regulaciones en materia de lavado de activos, que obligan a

reportar transacciones sospechosas.

2 Véanse, por ejemplo, Stiglitz (2001) y Roberts (2006). Asimismo, en la serie de políticas de transparencia focalizada

analizada por Fung, Graham y Weil (2007), el caso paradigmático es el de Enron y los “defectos” de la regulación

de la información corporativa.

3 Se trata, entre otros, de las entidades financieras obligadas, las entidades no financieras obligadas, las unidades

de inteligencia financiera (UIF) y los órganos de investigación judicial.

132 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

Es necesario recordar que las políticas de acceso a la información y de transparencia focalizada tienen

costos. Y estos costos deben considerarse en forma comprensiva, es decir, teniendo en cuenta no solo aquellos

en los que incurren las autoridades de aplicación, sino especialmente aquellos que recaen en los sujetos

obligados a proveer información. Esta es una discusión relevante, en especial cuando se analizan –ya sea en

la etapa de diseño o en la etapa de implementación de la política– los trade-offs entre los distintos sujetos

que forman parte de la relación.

De acuerdo con Fung, Graham y Weil (2007), la discusión sobre los costos de cumplir con las obligaciones

de informar por parte de las empresas privadas (al público o al gobierno), acerca de sus estados financieros,

del contenido de los alimentos, de la disponibilidad de medicamentos para tratar una enfermedad

o de aquello que una regulación específica determine es clave para que el diseño y la implementación de

la política no generen ineficiencias que en definitiva pueden impedir que se alcancen los objetivos que la

política dice promover. 4

Por un lado, la tecnología de la información es un instrumento que reduce los costos de implementación

de una política de transparencia focalizada, al facilitar el acopio, la distribución y el análisis de los datos requeridos.

En el caso de las políticas que obligan a reportar transacciones sospechosas, sería impensable su

implementación, en particular desde la perspectiva de la regulación, si no hubiese sistemas de información

robustos y sofisticados.

Sin embargo, como señala Graham (2002), “la nueva tecnología de información –por más poderosa que

sea– no es una solución en sí misma. Ninguna solución tecnológica puede resolver los problemas de alcance

[de la información a reportar] y veracidad de la información. Tampoco puede mejorar mediciones erróneas.

[…] El diseño y la evaluación de los sistemas de disponibilidad de información deben seguir un proceso

disciplinado. Los legisladores deben medir las ventajas y desventajas de la disponibilidad frente a otras

alternativas para reducir un riesgo dado […], comprometiendo la privacidad personal”.

La definición de la información requerida, su nivel de agregación o desagregación, la oportunidad de

brindarla y cualquier otro requerimiento, indistintamente del soporte físico o electrónico, constituyen una

determinación de la regulación.5 Por lo tanto, si la regulación es imprecisa, o si estima incorrectamente los

riesgos inherentes a un sector, generará no solo costos innecesarios, sino incluso resistencias a políticas

públicas ineludibles para avanzar en beneficios socialmente deseables.6 Por ello, el debido cuidado en la

formulación y aplicación de la regulación, la selección de los incentivos, y el uso preciso de la información

se convierten en elementos clave para asegurar el funcionamiento de la política pública.

Esta compleja relación es la que se plantea precisamente en la prevención del lavado de activos. En

este tema, el Estado –específicamente las agencias reguladoras y de control, denominadas unidades de

inteligencia financiera (UIF)–, las entidades bancarias y las personas que realizan transacciones con estas

están vinculadas a través de reglas que definen un esquema más complejo de información. La relación está

4 Véase, por ejemplo, la discusión relacionada con las obligaciones emergentes de la Ley Sarbanes-Oxley en The

Economist (2005).

5 A lo largo de este trabajo no se hace una distinción entre distintos tipos de regulaciones: leyes, reglamentos, decretos.

A los efectos de las ideas que aquí se exponen, es posible manejarse con un término único.

6 Otro ejemplo de este tipo de situaciones se encuentra en los requisitos de algunas leyes que regulan la obligación

de los funcionarios públicos de completar declaraciones juradas periódicas sobre sus activos y pasivos, inversiones y

fuentes de ingresos, comúnmente llamadas declaraciones juradas patrimoniales. Hay legislaciones que requieren de

parte de dichos funcionarios información que no tiene ningún efecto sobre la prevención de los conflictos de interés

o la determinación de una evolución patrimonial injustificada (enriquecimiento ilícito). Tales requerimientos generan

costos, potencialmente infringen la privacidad y no muestran un beneficio concreto para cumplir con los propósitos de

la política pública (véase Banco Mundial, 2009).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 133

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

determinada en buena medida por los estándares internacionales en la materia. Pero las definiciones más

relevantes tienen lugar en el plano de la regulación, que abarca desde las leyes que buscan armonizarse con

esos estándares, hasta las reglamentaciones especiales, e incluso los formularios que permiten la transmisión

de información entre los actores.7

El origen de estas regulaciones que aplican los países se encuentra en las Recomendaciones (Estándares)

del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental establecido en 1989

por los ministerios y sus jurisdicciones miembros. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la

implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos,

el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.8

Como se sabe, las regulaciones no operan en el vacío. Forman parte de diseños institucionales concretos,

y en este sentido, como señala Goodin (2003:50): “El principal problema aún no resuelto radica en la

adecuada integración de los aspectos de información y los incentivos”.9 Así, la promesa de la transparencia

focalizada –como sostienen los creadores del concepto– debe ser tomada con cautela para evitar que se

convierta en una propuesta frustrante.

El conocimiento que tengan las entidades financieras de sus clientes, y concretamente del origen de los

recursos que depositan en los bancos, les permite a distintos actores del sistema, en principio, prevenir y

eventualmente investigar posibles maniobras de lavado de activos. En este marco, las políticas de transparencia

focalizada pueden desempeñar un rol importante.

La regulación del lavado de activos y el sector financiero10

Si bien no existe una única definición para el lavado de activos, en general se estipula que se trata de

cualquier proceso mediante el cual se intenta legitimar los recursos originados en actividades ilícitas, ocultando

su origen. Una definición más precisa señala que es “el proceso mediante el cual actores criminales

intentan ocultar el origen y la titularidad de los recursos originados en sus actividades ilícitas. Cuando este

proceso se realiza en forma exitosa, les permite a los actores criminales mantener el control y la disposición

de tales recursos en forma legal y legítima” (Pieth y Aiolfi, 2003).

Masciandaro (2007) define al lavado de activos como la actividad criminal autónoma cuya función económica

principal es transformar activos líquidos de origen ilícito, o su poder de adquisición potencial, en un

poder real de adquisición que puede ser utilizado para el consumo, el ahorro, la inversión o la reinversión.

7 Véase, en este volumen, la referencia al estudio de la GAO.

8 Según señala el GAFI, originalmente, las 40 Recomendaciones del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los

usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. En

1996 se revisaron las Recomendaciones por primera vez a fin de tratar las crecientes tendencias y técnicas de lavado

de activos y ampliar su campo más allá del lavado proveniente de las drogas. En octubre de 2001 el GAFI expandió

su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego ampliadas

a Nueve) Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En 2003 las Recomendaciones

del GAFI se revisaron por segunda vez y, junto con las Recomendaciones Especiales, fueron avaladas por más de 180

países. Hoy son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento

del terrorismo (ALA/CFT).

9 Sobre este punto véase también Sparrow (2000).

10 El texto de las Recomendaciones se encuentra disponible en http://www.gafisud.info/pdf/NUEVASRECOMENDACIONESDELGAFI-

esp.pdf.

134 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

Las maniobras de lavado de activos afectan el desarrollo del sector privado, puesto que las decisiones

de inversión no se ajustan a consideraciones comerciales. Ello además implica riesgos financieros para las

instituciones bancarias, ya que genera el ingreso y la salida de grandes cantidades de dinero, lo que puede

afectar la liquidez y solvencia de las entidades. Estos movimientos de capital, al no estar vinculados al comportamiento

de las variables macroeconómicas, pueden incluso desestabilizar los sistemas financieros de

economías relativamente pequeñas, e incluso llegar a afectar sus sistemas de pagos. Como señala Albrecht

(2001), el problema de las ganancias ilegales desplaza el centro de atención al “riesgo que pueda sufrir la

economía legal a través del dinero ilícitamente obtenido. Por esta razón, se exige necesariamente a estas

medidas que protejan la economía legítima y el comercio legal ante las inversiones de dinero ilícito que

deforman la libre competencia”.

Los efectos en la economía han sido documentados por autores como Arnone y Borlini (2010), quienes

afirman que “los lavadores de dinero frecuentemente se valen de empresas ficticias, que mezclan recursos

legítimos con aquellos que provienen de actividades ilegales con el propósito de ocultar el origen de estos.

En la medida en que estas empresas ficticias se benefician del acceso a una cantidad significativa de fondos

ilegales, adquieren la capacidad de subsidiar sus actividades legitimas por debajo del costo financiero del

mercado, adquiriendo para sí ventajas indebidas frente a sus competidores y distorsionando el funcionamiento

de la competencia en general”.

El problema no solo tiene una dimensión local. Autores como Masciandaro (2007), Unger (2007), y

Chong y López-de-Silanes (2007), entre otros, argumentan que, en un contexto de creciente globalización

de la actividad económica y financiera, el lavado de activos puede ampliar esos riesgos y distorsiones. Las

jurisdicciones con menor desarrollo de sus sistemas financieros, o con políticas laxas para la supervisión

de los flujos de capital, pueden padecer consecuencias negativas, y no solo para su sistema financiero y

económico.

Rawlings y Unger (2005) también muestran que en los países relativamente pequeños o altamente

dependientes de los flujos financieros, que han optado por buscar el crecimiento a través de su posicionamiento

como centros financieros internacionales o centros offshore y cuya economía depende de la actividad

financiera, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo puede llevar a distorsiones significativas

del mercado. En algunos casos, a fin de flexibilizar las regulaciones, se producen situaciones

subóptimas y así se facilita la posibilidad de lavar dinero, con los consecuentes efectos negativos que esto

conlleva. La experiencia indica que aquellas jurisdicciones que han flexibilizado sus sistemas regulatorios

atrayendo así el dinero ilícito, en determinado momento han enfrentado un problema de reputación que ha

traído como consecuencia una reducción del volumen de negocios y, por lo tanto, importantes fluctuaciones

en el nivel de empleo.

Si bien existen múltiples formas de lavado de activos (denominadas tipologías),11 prácticamente todas

ellas pueden interpretarse como transferencias de fondos. Como señala Takáts (2007) la transferencia en

sí misma no es el problema. Estas transferencias son socialmente perjudiciales “porque están relacionadas

con y se realizan para facilitar un delito”. El delito que más comúnmente se asocia al lavado de activos es el

tráfico de drogas,12 actividad que a nivel de la venta al consumidor final genera un gran volumen de dinero

en pequeñas denominaciones, el que a su vez debe ser ingresado de algún modo a una entidad financiera,

sin que se detecte su origen, a fin de iniciar el proceso de blanqueo. 13

11 Para una lista de las tipologías comúnmente aceptadas por la comunidad internacional y los países miembros del

GAFI, véase http://www.gafisud.info/pdf/TipologasRegionales2010final.pdf.

12 Véase, por ejemplo: http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/.

13 Para conocer algunos detalles de este negocio, consúltese Levvitt y Dubner (2005).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 135

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

El proceso de blanqueo tiene tres etapas: colocación, estratificación u ocultamiento e integración o

inversión. En la primera se busca ingresar los recursos de origen ilícito al sistema financiero. En la segunda

se trata de ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante transferencias entre distintas jurisdicciones

(con alguna plaza offshore incluida en el camino), préstamos a entidades vinculadas o maniobras comerciales

fraudulentas. La última etapa le permite al blanqueador invertir recursos cuyo origen ilícito es muy

difícil de determinar en la economía formal. Dadas las características del proceso de blanqueo, a medida

que avanzan sus etapas es cada vez más difícil determinar el origen ilícito de los recursos. Del mismo modo,

se explica la importancia de contar con medidas adecuadas para intervenir en la primera fase y reducir las

oportunidades de que los recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen por primera vez al sistema

financiero.14

En efecto, este tema está específicamente regulado por los Estándares del GAFI, mediante diversas

Recomendaciones, pero en especial a través de las Recomendaciones 10 y 20.

Recuadro 6.1

Recomendación 10 del GAFI: Debida diligencia del cliente

D. Medidas Preventivasa

Debida Diligencia y Mantenimiento de Registros

Recomendación No. 10, Debida Diligencia del Cliente

Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con

nombres obviamente ficticios.

Debe exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de Debida Diligencia del

Cliente (DDC) cuando:

(i) establecen relaciones comerciales;

(ii) realizan transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral aplicable designado (USD/EUR

15,000); o (ii) están ante transferencias electrónicas en las circunstancias que aborda la Nota Interpretativa

de la Recomendación 16;

(iii) existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; o

(iv) la institución financiera tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación

sobre el cliente obtenidos previamente.

14 Las Recomendaciones del GAFI no solo alcanzan a las entidades financieras. También tienen el deber de debida

diligencia y reporte de las denominadas Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, a las cuales se aplican

principios similares. (Véanse las Recomendaciones 22 y 23, entre otras).

Continúa

a. Disponible en http://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_New_Standards.pdf.

136 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

Recuadro 6.1

Recomendación 10 del GAFI: Debida diligencia del cliente (continuación)

El principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo la DDC debe plasmarse en ley.

Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de DDC, ya sea mediante ley o

medios coercitivos.

Las medidas de DDC a tomar son las siguientes:

(a) Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos o información

confiable, de fuentes independientes.

(b) Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario

final, de manera tal que la institución financiera esté convencida de que conoce quién es

el beneficiario final. Para las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que

las instituciones financieras entiendan la estructura de titularidad y de control del cliente.

(c) Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se

pretende dar a la relación comercial.

(d) Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones

llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean

consistentes con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial

y el perfil de riesgo.

Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen cada una de las medidas de DDC bajo

los párrafos (a) al (d) anteriores, pero deben determinar el alcance de tales medidas utilizando un

enfoque basado en riesgo (RBA) de conformidad con las Notas Interpretativas de esta Recomendación

y la Recomendación 1.

Debe exigirse a las instituciones financieras que verifiquen la identidad del cliente y del beneficiario

final antes o durante el curso del establecimiento de una relación comercial o al realizar transacciones

para clientes ocasionales. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que

completen la verificación tan pronto como sea razonablemente práctico luego del establecimiento

de la relación, cuando los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se manejen

con eficacia y cuando resulte esencial para no interrumpir el curso normal de la actividad.

Si la institución financiera no pudiera cumplir con los requisitos aplicables en los párrafos (a) al

(d) anteriores (sujeto a la modificación acorde al alcance de las medidas partiendo de un enfoque

basado en riesgo), se le debe exigir a ésta que no abra la cuenta, comience relaciones comerciales

o realice la transacción; o se le debe exigir que termine la relación comercial; y debe considerar

hacer un reporte de operaciones sospechosas sobre el cliente.

Estos requisitos se deben aplicar a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras

deben aplicar también esta Recomendación a los clientes existentes atendiendo a la importancia

relativa y al riesgo, y deben llevar a cabo una debida diligencia sobre dichas relaciones existentes

en los momentos apropiados.

La recomendación 20, sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas, señala que si una institución financiera

sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad

criminal, o están relacionados con el financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir, por ley, que

reporte con prontitud sus sospechas a la UIF.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 137

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

Estas dos recomendaciones no son las únicas que cubren termas pertinentes al propósito de este análisis.

Otras Recomendaciones ponen el énfasis en la necesidad de la coordinación interinstitucional para que

la información que surja de este proceso, pueda integrarse con la que producen o reciben otros organismos

públicos relacionados con temas vinculados al lavado de activos. 15

El Fondo de Actividades Anticorrupción financió en Chile un mecanismo mediante el cual la Contraloría

General de la República, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado establecieron los

procesos y sistemas para: i) promover que las tres entidades responsables de controlar la corrupción en la

administración pública de Chile compartan de manera efectiva y oportuna información sobre investigaciones

de actos de corrupción de carácter penal y administrativo en la función pública; ii) facilitar el acceso

de los ciudadanos a información sobre la investigación de denuncias de delitos y faltas administrativas,

o el resultado de investigaciones sobre los mismos, considerando las limitaciones legales que rigen en la

materia; y iii) fortalecer las capacidades técnicas de las tres entidades involucradas para la investigación y

el juzgamiento de delitos y faltas administrativas de corrupción en la función pública.

En el caso de las Recomendaciones del GAFI también se enfatiza la importancia de este tipo de cooperación.

Los Estándares resaltan la necesidad de que la agencia con la responsabilidad primaria de analizar

información de transacciones sospechosas, es decir la UIF, se vincule con los órganos de investigación y

persecución penal en los requerimientos que pudieran surgir del análisis de dicha información. Del mismo

modo, otros organismos –por ejemplo, los registros de sociedades– deben integrase de manera eficaz en

estos procesos, a fin de asegurar que la información de las sociedades comerciales se acumule y administre

de modo eficiente para maximizar la capacidad de análisis de posibles estructuras societarias que se pueden

prestar a maniobras ilícitas.16

15 Las Recomendaciones 2, 29, 30 y 31 se refieren a este tema. A continuación se citan editados los párrafos relevantes.

“2. Cooperación y coordinación nacional. “Los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas,

la UIF, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto

a nivel de la formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les

permitan cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo y la

implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos”.

“29. Unidades de Inteligencia Financiera. “Los países deben establecer una UIF que sirva como un centro nacional

para la recepción y el análisis de: a) reportes de operaciones sospechosas y b) otra información relevante del

lavado de activos, de los delitos determinantes asociados y del financiamiento del terrorismo, y para la comunicación

de los resultados de ese análisis”.

“30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas. “Los países deben asegurar que

las autoridades del orden público designadas tengan responsabilidad para desarrollar las investigaciones sobre

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro del marco de las políticas nacionales ALA/CFT”.

“31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas. “Al efectuar investigaciones sobre el lavado

de activos, los delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes

deben ser capaces de obtener acceso a todos los documentos e información necesaria para utilizarlos en esas

investigaciones, así como en procesos judiciales y acciones relacionadas. Ello debe incluir la facultad para exigir

la presentación de los registros en poder de las instituciones financieras, las APNFD y otras personas naturales o

jurídicas, para la búsqueda de personas y lugares, para la toma de declaraciones de testigos, y para el embargo

y la obtención de evidencia”.

16 Véase por ejemplo la Recomendación 24:

“24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. “Los países deben tomar medidas para impedir

el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países

deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de

las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.

Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario

final y el control por las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos plasmados en las Recomendaciones

10 y 22”.

138 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

El contenido de estas Recomendaciones se encuentra reflejado en las regulaciones que han promulgado

prácticamente todos los países miembros del GAFI, con variaciones según cada caso. Las Regulaciones especifican

en detalle los requisitos de información que las entidades financieras deben solicitar a los clientes

para depositar fondos y también hay otras reglas y otros procesos que definen cómo y en qué condiciones

las entidades financieras deben informar al regulador (es decir, a la UIF) que se han percatado de que están

frente a una transacción sospechosa.

Masciandaro (2005) ha resaltado la importancia de asegurar que las regulaciones que se adopten e

implementen respeten criterios de calidad suficientes para evitar efectos opuestos (deliberados o no) de

las políticas de prevención del lavado de activos.

En este proceso, la entidad financiera debe completar un reporte de transacción sospechosa. En las

entidades financieras más complejas, pueden intervenir varios funcionarios en el proceso. Sin embargo, en

un esquema simplificado, el primer empleado que detecte irregularidades con respecto a las transacciones

de un cliente le debe informar a un oficial de cumplimiento, quien utilizará criterios más específicos para

determinar si corresponde reportar la transacción a la autoridad de aplicación. 17

En las regulaciones más modernas la determinación del oficial de cumplimiento combina factores objetivos

y subjetivos. No se trata de una lista de verificación basada en disyuntivas. Es necesario que los

elementos objetivos se combinen con un análisis de determinación del riesgo antes de que se proceda a

comunicar la situación a la autoridad de aplicación, tal como se señala en la Recomendación 10, literal (d),

del GAFI.

Los procesos de administración de información de reportes de transacciones sospechosas se rigen mediante

reglas de reserva y confidencialidad, las cuales adquieren diferentes características según los países.

Hay al menos dos argumentos evidentes para ello. El primero es que la información que colecta la entidad

financiera y su análisis no constituyen –ni deben constituir– una investigación. Una entidad financiera

no tiene ninguna facultad ni autoridad para decidir si una persona ha cometido un delito. Su función se

limita a determinar bajo ciertos parámetros si existen indicios de que una transacción financiera puede

eventualmente constituir una situación que la ley describe como posible maniobra de lavado de activos.

Estos indicios, una vez que se completa una investigación independiente, pueden mostrar que la sospecha

no tenía entidad y por lo tanto no estaba conectada con una maniobra delictiva. Bajo la misma perspectiva,

si bajo un proceso de investigación independiente se demostrara que la información que recogió la entidad

financiera era indicativa de la posible comisión de un delito, existe un segundo argumento a favor de

la reserva. Bajo el primer supuesto, se busca proteger la reputación y la privacidad de las personas. En el

segundo supuesto, se busca evitar que la disponibilidad de información alerte a los posibles autores de una

maniobra de lavado que sus transacciones están siendo analizadas.

Tal como sostienen Ezequiel Molina y Juan Cruz Vieyra en otro capítulo de esta publicación en lo que

se refiere al Observatorio del Gasto Público en Brasil,18 es posible que Fung, Graham y Weil no consideren

las regulaciones del lavado de activos como un modelo estricto de transparencia focalizada. En parte, la

obligación de poner la información a disposición de la autoridad de aplicación proviene de un estándar (las

Recomendaciones del GAFI y las leyes que consecuentemente se adoptan), pero también esta obligación

contiene al menos dos elementos centrales de las políticas de transparencia focalizada: i) la regulación se

17 Una descripción gráfica de este proceso se encuentra en GAO (2009:13).

18 Para el análisis de esta actividad financiada por el Fondo de Actividades Anticorrupción y los demás proyectos que

forman parte de esta iniciativa, véase el sitio http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondofiduciario-

para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 139

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

basa en “actividades que surgen de ponderar costos y beneficios, e incentivos positivos y negativos”, y ii)

el uso de la información como uno de los instrumentos críticos para definir el mejor curso de acción (Fung,

Graham y Weil, 2007:46-49).

Otro elemento adicional permite considerar a las políticas que regulan los reportes de transacciones

sospechosas como parte de una política de transparencia focalizada. Estas regulaciones también tienen

un componente de comunicación. Las “señales” –de acuerdo con la terminología de Fung, Graham y Weil–

provienen de diversas actividades que aparecen en el proceso: se inician con el análisis de riesgo que se

requiere para determinar qué tipo de clientes y eventualmente qué transacciones pueden requerir un monitoreo

intensivo y en todo caso un reporte. Las “señales” también se verifican en la aplicación de los criterios

de las UIF que reciben información de las entidades financieras y deciden si procede transformar un reporte

en el sustento para solicitar una investigación penal. Y, finalmente, la “señal” definitiva se confirma una vez

que un proceso penal con todas sus garantías –inclusive las de publicidad– establece si se ha producido un

delito.

Este modo de comprender la regulación no debe escindirse del análisis del costo. Un buen ejemplo de

este tema es el que se encuentra en el informe de la GAO (2009:4):

Desde el año 2000 hasta el año 2007 los reportes de transacciones sospechosas por parte

de las entidades que reciben depósitos creció de aproximadamente 163.000 por año a

649.000 para el mismo período; los representantes de las agencias de regulación, oficinas

de investigación y el sistema bancario que fueron entrevistados por la GAO atribuyen este

fenómeno a dos factores. Primero, la introducción de sistemas automatizados de monitoreo

que permiten un mejor nivel de detección de indicadores de transacciones sospechosas

que el monitoreo manual. Segundo, las acciones penales que se siguieron en algunos casos

paradigmáticos llevaron a que las demás instituciones del mercado fueran más cuidadosas

en el análisis de los clientes y sus transacciones.

Estas conclusiones coinciden con algunos de los temas aquí planteados. Primero, el uso de la tecnología de

la información puede introducir una mejora en la capacidad de prevención, pero trae también aparejado

un incremento en los costos de procesamiento ulterior de la información. Segundo, se confirma la hipótesis

de que la combinación de esta mayor capacidad con la habilidad de transformar la información en casos y

eventualmente en sanciones incrementa la “señal” a favor de una mayor prevención por parte de aquellos

que están en el primer eslabón de la cadena.

El BID y las actividades de apoyo para la prevención

del lavado de activos

El Banco ha desarrollado diversas actividades para apoyar a los países en sus esfuerzos para prevenir el

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y especialmente para asistirlos en la aplicación de medidas

para el análisis y la evaluación de la implementación de las Recomendaciones del GAFI. La División

de Mercado de Capitales y Sector Financiero es la responsable de estas cuestiones en el Banco y, dado el

carácter complejo del tema, trabaja estrechamente con otras divisiones, en especial la División de Capacidad

Institucional del Estado.19

19 Existen diversos estudios acerca de las características de este problema en la región. Entre los más recientes véase

140 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

Las primeras iniciativas del BID partieron del Departamento Legal y estuvieron dirigidas principalmente

a generar productos de conocimiento y capacitación. En los últimos años el trabajo del Banco se ha

expandido a fin de responder a la demanda creciente de los países para fortalecer la integridad del sistema

financiero. El Banco ha preparado tanto operaciones de préstamo como de asistencia técnica específica.

En el primer caso, como parte de las operaciones de préstamo dirigidas al sector financiero, se incluye

periódicamente un componente específico de apoyo a las autoridades respectivas en la implementación de

medidas coherentes con los requerimientos de las Recomendaciones. 20

En otras ocasiones, se ha generado una experiencia relevante a través de operaciones de asistencia técnica

mediante las cuales se enfocan aspectos específicos de las necesidades de los países en esta materia.21

Así, por ejemplo, se puede requerir fortalecer la supervisión bancaria, mejorar la capacidad de las UIF,

adoptar marcos regulatorios adecuados y del mismo modo desarrollar registros públicos o sistemas de información,

entre otras intervenciones. Por otra parte, estos requerimientos pueden provenir de entidades

de supervisión financiera, o más específicamente de las unidades que tienen la responsabilidad primaria de

implementar medidas de prevención de lavado de activos y actividades terroristas.22 Pero también, como lo

indica la experiencia reciente del Banco, pueden provenir de entidades responsables de temas que guardan

una vinculación directa con dichas cuestiones. Este es el caso, por ejemplo, de las solicitudes relacionadas

con programas de seguridad ciudadana, una vez que las autoridades de aplicación de estas políticas reconocen

que el tema de la criminalidad en ese sector también recurre a maniobras de lavado de activos. Otro

ejemplo emerge del campo impositivo, en el cual también se pueden identificar relaciones con el lavado de

activos.23

Más recientemente el BID, con el apoyo del Fondo de Actividades Anticorrupción, ha organizado su

programa de asistencia a través de tres áreas de trabajo que se encuentran relacionadas entre sí:

• Evaluaciones y estrategias nacionales.

• Fortalecimiento de la capacidad institucional y la reforma regulatoria.

• Producción de conocimiento y difusión.

El primer componente abarca las actividades encaminadas a ayudar a los países en el diseño y la implementación

de un Plan de Coordinación Nacional y para aplicar un enfoque basado en el riesgo, tal como se

define en las Recomendaciones del GAFI.24 El segundo se centra en la creación de capacidad institucional,

apoyando principalmente actividades relacionadas con el fortalecimiento del marco legal y normativo, y la

mejora de la capacidad del Estado para detectar, prevenir y sancionar las actividades de blanqueo. Median-

La Red y Konrad-Adenauer-Stiftung (2012).

20 Por ejemplo, 1498/OC-DR, GY-L1016.

21 Por ejemplo, ATN7926-PR, ATN/SF-7597-GY, ATN/SF-10851-GU, ATN/MT-9513-RG, ATN/SF-11444-GY, ATN/AA-

12125-RG, ATN/MT-7884-RG, ATN/MT-7968-RG, entre otros. El Banco pone a disposición del público la información

relacionada con sus operaciones en su página Web: www.iadb.org.

22 No todos los países siguen el mismo arreglo institucional en cuanto a la ubicación de estas unidades. En algunos

casos forman parte de las superintendencias financieras y en otros dependen de un ministerio o una secretaría.

23 El tema se menciona en “Fortalecimiento de un Marco Sistémico para Combatir la Corrupción”: “Finalmente, dentro

del sector financiero, el Banco apoya los esfuerzos de las entidades de supervisión y reglamentación bancaria para

luchar contra el lavado de dinero y los delitos financieros. La creciente actividad del Banco ligada al financiamiento

de los órganos de supervisión bancaria, tanto en el ámbito nacional como subregional, deberá incluir componentes

para brindar entrenamiento en estas áreas”. El tema se retoma en el Plan de Acción para el Apoyo a los Países en sus

Esfuerzos por Combatir la Corrupción y Fomentar la Transparencia (PAACT).

24 Véase la Recomendación 1 en http://www.gafisud.info/pdf/NUEVASRECOMENDACIONESDELGAFI-esp.pdf.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 141

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

te el tercer componente se apoyan las actividades encaminadas a aumentar la producción y difusión de conocimientos

y mejores prácticas para detectar, prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento

del terrorismo.

Más concretamente, el primer componente se basa en dos áreas separadas, pero estrechamente vinculadas

entre sí: una relacionada con el desarrollo y la aprobación de un Plan de Coordinación Nacional, y

otra asociada al desarrollo y a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, según lo solicitado por las

normas del GAFI. Cada una de estas áreas requiere una evaluación específica.

El segundo componente está preparado para apoyar la revisión y actualización del marco jurídico y

reglamentario (regulaciones) conforme a las normas del GAFI, y prestar asistencia para la revisión de leyes,

estatutos y reglamentos con el fin de introducir modificaciones y actualizaciones cuando sea necesario

para cumplir con tales requisitos. Este componente también se centra en la implementación de sistemas de

información y sistemas para mejorar la capacidad de supervisión del Estado en general, y de los organismos

directamente responsables de detectar, prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del

terrorismo, en particular.

Por último, el tercer componente está relacionado con la producción y difusión del conocimiento como

instrumento para mantener la capacidad técnica de los beneficiarios. Este componente es particularmente

importante, dado el cambiante contexto en el que se opera con las cuestiones relativas al lavado de activos,

que requiere una actualización periódica del conocimiento.

Como hemos visto anteriormente, para el caso de Guatemala, un ejemplo de esta línea es la operación

“Herramientas de Información para Mejorar la Capacidad de Prevención de Lavado de Activos”.

El objetivo de este proyecto es apoyar el fortalecimiento y la sostenibilidad del sistema de supervisión

financiera y no financiera de Guatemala a través de la optimización de la Intendencia de Verificación Especial

(IVE).25 Los objetivos específicos del proyecto son: i) fortalecer la calidad y el conocimiento del marco

regulatorio relativo a la supervisión de Asociaciones y Profesiones no Financieras Designadas (APDNF); y

ii) mejorar la plataforma tecnológica de modo que permita el ejercicio de las funciones de supervisión de

la IVE, incluida la recepción, concentración y administración de información, y la generación de reportes y

estadísticas a nivel nacional.

Esta operación se relaciona con una experiencia anterior del Banco, denominada “Apoyo a la Superintendencia

de Bancos de Guatemala”. Con esta primera operación, la IVE implementó un programa intensivo

de capacitación para que su personal se actualizara en las técnicas, los conocimientos, los procedimientos

y la planificación del trabajo para realizar investigaciones forenses y rastreos de activos a nivel nacional e

internacional, derivados de transacciones sospechosas y posibles ilícitos, así como de empresas y personas

vinculadas a dichas transacciones. Al mismo tiempo, la evaluación del GAFI, así como los informes de avance

respectivos, indicaban la oportunidad de mejorar tanto los sistemas de administración de la información

como la regulación de las APDNF en los términos de la ley de Guatemala y bajo los principios del GAFI.

El nuevo proyecto tiene varios elementos innovadores. Primero, pone el acento en la administración y

gestión de la información como una herramienta de mejora de la fiscalización. Segundo, esta gestión de la

información debe llevarse adelante en un contexto de riguroso control, a fin de garantizar la privacidad propia

de un sistema de este tipo, al tiempo que se pueda compartir aquella información que permita tanto a la

IVE como a otras agencias públicas maximizar su capacidad de fiscalización de las maniobras de lavado de

activos y financiamiento del terrorismo. Al mismo tiempo, se busca actualizar la regulación de las APDNF,

como un sector cada vez más relevante para la prevención del lavado de activos.

25 De este modo se designa en Guatemala a la UIF.

142 Banco Interamericano de Desarrollo

Roberto de Michele

En particular, este proyecto procura equilibrar los temas de la regulación de las entidades no financieras

alcanzadas por la ley con la implementación de sistemas de información que permitan garantizar el

máximo de efectividad en la prevención, con los más altos niveles de protección de los datos. En este sentido,

las propias características del Fondo de Actividades Anticorrupción lo convierten en un instrumento

óptimo para responder a estos desafíos.

En términos de Fung, Graham y Weil (2007), el proyecto intenta responder a los desafíos para la implementación

adecuada de una política de transparencia focalizada de la siguiente forma:

• Intenta cerrar la brecha de información que puede asociarse a riesgos explícitos o implícitos.

• Busca facilitar el uso de la información para generar estadísticas que permitan conocer mejor los

efectos de la política y eventualmente introducir mejoras.

• Busca proveer de medios que permitan un uso práctico de la información.

• El sistema de información mejorará la capacidad de análisis y decisión de los agentes.

• Los proveedores de información podrán reducir riesgos y eventualmente mejorar su actuación.

Algunas consideraciones finales

Las políticas de transparencia focalizada tienen el potencial de ofrecer una manera efectiva de administrar

riesgos y mitigar las consecuencias negativas de los problemas sociales, como el lavado de activos.

El ejercicio de generar una política de prevención del lavado de activos es una tarea de diseño institucional.

Al definir las instituciones como “un sistema de información, reglas de decisión e incentivos”,

Schelling (1984:32) abrió una parte importante del diálogo cada vez más complejo e interesante en el que

las consideraciones económicas, legales y políticas deben conjugarse para lograr la mejor de las opciones

de diseño institucional posibles, aun si se tiene en cuenta la visión de quienes, como Komesar (1997:5),

sostienen que “la elección del diseño institucional es siempre una elección entre alternativas imperfectas”.

La propuesta de transparencia focalizada de Fung, Graham y Weil (2007:10) capta correctamente este

punto de vista: “Nuestro enfoque multidisciplinario reconoce que las políticas de transparencia surgen de

los compromisos de un mundo real, antes que del análisis abstracto e impoluto de la política pública, y que

los sistemas de incentivos resultantes son dinámicos y evolucionan a partir de las tensiones de los intereses

políticos y económicos de las partes afectadas”.

Uno de los desafíos más importantes de la agenda futura es el ejercicio de evaluación que se iniciará

en 2013 a partir de los Nuevos Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Estos nuevos Estándares

que adoptaron los países del GAFI resaltan específicamente la importancia del uso de la información como

apoyo a las actividades de prevención y sanción. También presentan recomendaciones más precisas y en

algunos casos más exigentes.

Para que los países puedan involucrarse en forma constructiva en este proceso, será necesario aprovechar

la experiencia acumulada y al mismo tiempo articular los enfoques innovadores que pueden ofrecer,

enfoques como el de transparencia focalizada, combinados con los usos que brindan los avances de la

tecnología de la información.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 143

PARTE

2

Capítulo 6 - Uso de la información e integridad del sistema financiero

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146 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

La integridad del Programa Tasa al Ahorro

Construyendo Sociedad (TACS) y la

participación directa de múltiples actores

en el desarrollo de la política pública de

vivienda requieren la información como

insumo prioritario para reducir

la incertidumbre, elevar la confianza

y promover la transparencia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 147

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

Capítulo 7

Promoción de la transparencia focalizada en la

gestión del acceso a la vivienda en Colombia:

el caso del Programa TACS

Marcela Restrepo Hung

Introducción1

Al igual que ha sucedido en varios países de América Latina y el Caribe, por más de 30 años el Estado colombiano

ha sido objeto de reformas enmarcadas en procesos de modernización, orientados a optimizar

la acción de la institucionalidad en relación con las metas de desarrollo, calidad de vida y bienestar de la

población. Al mismo tiempo, se buscó elevar los niveles de legitimidad y confianza en la institucionalidad

estatal y los gobiernos que la lideran.

Los postulados de este proceso fueron: más eficacia y eficiencia, modernizar procesos y procedimientos,

y procurar aumentar los niveles de racionalidad en la acción del Estado. Sin embargo, la región incorporó

las variables de transparencia e integridad en la gestión del Estado recién hace unos 15 años, a raíz de

la identificación de la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y la paz.

Las promulgación de las convenciones anticorrupción –tanto la de la Organización de los Estados Americanos

(OEA, 1996) como la de las Naciones Unidas (2003)– derivó en una cascada de desarrollos normativos

e institucionales de los países signatarios. La mayor trayectoria en el tema la tiene, por ejemplo,

Chile, que ya desde finales de la década de 1990 ha presentado iniciativas que abarcan desde la adopción

de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) hasta la conformación de grupos de trabajo

y el diseño de políticas públicas y arreglos institucionales tendientes a prevenir y sancionar los hechos de

1 Ponencia presentada en el panel “Abriendo los gobiernos para la gente: políticas de transparencia focalizada para

una mejor distribución de servicios públicos y rendición de cuentas en la región de América Latina y el Caribe (ALC)”,

en el marco de la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), realizada en Brasília, Brasil, entre el 7 y el 10

de noviembre de 2012. Este trabajo integra el análisis, las reflexiones y las propuestas de investigación e intervención

del equipo de trabajo e investigación del Área de Sector Público de la Corporación Transparencia por Colombia, con la

participación especial de Ana Paulina Sabbagh, Sandra Martínez y Ana María Páez Morales.

148 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

corrupción.2 Le siguen Colombia y Bolivia, que iniciaron procesos institucionales en ese sentido a principios

de la década de 2000.3

Estas decisiones, necesarias pero preliminares, señalan el comienzo del recorrido institucional y social

al que obliga la lucha contra la corrupción. Las decisiones políticas recién ahora empiezan a dotarse de

mecanismos institucionales, ya que hace menos de 10 años que se establecieron requisitos indispensables

como los siguientes:

• Equilibrio de los poderes públicos.

• Controles eficientes al poder.

• Autorregulación como componente de la gestión al desempeño.

• Sistemas meritocráticos.

• Acceso a la información pública.

Hoy en día se reconoce que estos temas no sólo afectan positivamente la agenda anticorrupción sino la

agenda de la calidad de la democracia y el buen gobierno. El éxito en la gestión pública en relación con los

sistemas de compras y adquisiciones, los sistemas de planificación, evaluación y control interno, la gestión

del talento humano, la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el acceso de los

ciudadanos a los bienes y servicios del Estado muestra no sólo capacidades eficientes de ejecución sino

capacidades éticas y de integridad pública.

Justo en este momento, Colombia está pasando de los enunciados generales a los diseños institucionales.

Así, en 2010 fue la primera vez que un Plan de Desarrollo Nacional contempló un capítulo dedicado al buen

gobierno, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción e incluyó lineamientos relativos a la información

pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno en línea (DNP, 2010). Entre los arreglos

institucionales, se destacan: el Estatuto Anticorrupción (Congreso de la República, 2011), la creación de la Se-

2 Algunas huellas institucionales de Chile en la lucha contra la corrupción han sido las siguientes: la formación de la

Comisión Nacional de Ética Pública, 1994; la firma y ratificación de la Convención Anticorrupción de la OEA, 1996-97;

la Ley de Probidad Administrativa/ creación de auditoría interna/ declaraciones de intereses/ inhabilidades para el

ingreso al servicio público, 1999; el Estado pasa a formar parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación

de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), 2001; la modernización del Estado (transparencia

presupuestaria, procedimientos administrativos, nuevo trato laboral, transparencia límite al gasto electoral, reforma

al sistema de compras), 2003; las reformas constitucionales para elevar a nivel constitucional temas como: la publicidad

de las declaraciones de bienes y patrimonio, la auditoría externa y la protección al denunciante, 2005; la

transparencia activa y publicidad de la información, 2006; el programa de capacitación en probidad y transparencia,

2008; la Comisión Asesora Ministerial para la probidad y la transparencia, 2008; la Ley de Acceso a la Información

Pública, 2008 (OEA, 2012).

3 Las huellas institucionales en el caso boliviano abarcan: la firma y ratificación de la Convención Anticorrupción

de la OEA, 1996-97; la creación de la Secretaría de la Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales, 2002; la Red

Institucional Anticorrupción, 2003; el proyecto de ley de acceso a la información pública, 2006; la política pública

anticorrupción asociada al Plan de Desarrollo Nacional, 2007; el proyecto de ley del código de ética, 2007; la creación

del Ministerio de la Transparencia, 2008; el proyecto de ley de lavado de activos, 2008; el Plan Integral Anticorrupción,

2009. En el caso colombiano, cabe mencionar: la firma y ratificación de la Convención Anticorrupción de la OEA,

1996-97; la creación del Órgano Asesor del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, 1998-2000; el Programa

de Renovación de la Administración Pública, 2003; los Pactos por la Transparencia y el Mecanismo Auditorías

Visibles, 2003; el Plan de Capacitación a Empleados Públicos y el Sistema de Capacitación y Estudios del Ministerio

Público, 2005 (OEA, 2012).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 149

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

cretaría de la Transparencia (Presidencia de la República, 2011a) y el establecimiento de la Agencia de Contratación

Estatal (Presidencia de la República, 2011b), al tiempo que se diseña la política pública nacional contra la

corrupción y se suscribe la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Hay otras iniciativas en proceso

de diseño, mientras que todas las anteriores se encuentran en sus primerísimas fases de implementación.

En este contexto, desde 1998 la Corporación Transparencia por Colombia ha venido desarrollando reflexiones

y metodologías conducentes a lograr un proceso de gestión integral y armónica con los principales actores

que se ven involucrados en la lucha anticorrupción y la promoción de la transparencia. El trabajo articulado de

las tres áreas de gestión dentro de la Corporación (sector público, sector privado y ciudadanía) ha permitido

determinar que muchas de las preguntas y respuestas en materia de lucha contra la corrupción se encuentran

en los diseños y las capacidades institucionales y que la opacidad, la precariedad de los procesos y la ausencia

de controles –y de autocontroles– se constituyen en estructuras de oportunidad para la acción de los corruptos.

A partir de las mediciones del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, tanto a nivel nacional

como departamental y municipal,4 se ha identificado que, además de remover imaginarios y valoraciones

culturales contrarias a la integridad y la transparencia, es necesario desarrollar capacidades pro transparencia

e integridad en la gestión cotidiana y estratégica del Estado. Dicho de otra manera, la gestión

transparente del desarrollo involucra, por un lado, formas innovadoras de hacer las cosas, como nuevos

movimientos en los procesos y nuevos actores. En clave de transparencia es un ritmo diferente para el

funcionamiento del Estado, una conjugación que redescubre las posibilidades de las relaciones entre los

actores estatales y no estatales que reinventan lo público en escenarios de transparencia e integridad.

De acuerdo con este antecedente, en 2011 la Corporación Transparencia por Colombia presentó ante el

Fondo de Actividades Anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto “Promoción

de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia: el caso del Programa Tasa

al Ahorro Construyendo Sociedad (TACS) del Fondo Nacional del Ahorro”,5 que tiene como propósito garantizar

el acceso a la información en el proceso de gestión y de obtención de resultados del Programa TACS

del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a través del diseño y desarrollo de herramientas para la producción y

difusión de información pública a todos los actores vinculados al Programa. Se trata de un ejercicio piloto

que vincula actores estatales, privados y ciudadanos.

Este proceso estará liderado por la Corporación Transparencia por Colombia, específicamente en el

área del sector público. Tendrá como beneficiario al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que es una entidad

estatal, y como financiador al BID. El propósito es que la experiencia y la voluntad de las tres instituciones

mencionadas se conjuguen para delinear y poner en funcionamiento diseños institucionales y herramientas

que permitan innovar en la gestión de un programa de vivienda, dotando al Estado y a la sociedad de instrumentos

prácticos que expresen las apuestas por el acceso a la información como un derecho y uno de los

requisitos indispensables de la lucha contra la corrupción.

4 Se trata de un instrumento de evaluación de la institucionalidad estatal colombiana que identifica riesgos de

corrupción administrativa y niveles de transparencia. Es una iniciativa de control social liderada por la Corporación

Transparencia por Colombia, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad para

garantizar la integridad y la transparencia en la gestión pública. La iniciativa evalúa entidades nacionales desde 2002,

departamentales a partir de 2003 y municipales desde 2004.

5 El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad pública colombiana creada en 1968 con el fin de administrar las cesantías

de los empleados públicos y trabajadores oficiales. En 1998 se transformó en una empresa industrial y comercial

del Estado, de carácter financiero y también de carácter especial, lo cual le permitió ampliar su cobertura al sector

privado. Su propósito está directamente relacionado con los fines del Estado, especialmente en lo que se refiere al

derecho de todos los colombianos de tener una vivienda digna y de acceder a la educación.

150 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

La construcción de viviendas en Colombia ha sido un proceso que ha involucrado desde los intereses

de los constructores y de los dueños de los predios, y las valoraciones políticas y tecnocráticas de gobernantes

y funcionarios, hasta la necesidad del ciudadano de satisfacer su anhelo y su derecho de poseer una

vivienda propia. Históricamente, muchas de las transacciones que implica el proceso han estado marcadas

por la opacidad y por altos niveles de discrecionalidad, situación que ha terminado por favorecer intereses

económicos y políticos que han distorsionado el propósito central de garantizar una vivienda.

La gestión del desarrollo en Colombia, que se ha caracterizado por prácticas clientelares, encuentra

en la ausencia de información –en cada uno de los momentos del proceso– una oportunidad perversa para

elevar los niveles de exclusión y pobreza, al tiempo que introduce fallas en las regulaciones del mercado y

por ende en la capacidad de respuesta del Estado a los ciudadanos. Por ello, transparentar los procesos bajo

el principio de la máxima publicidad es fundamental para este proceso, más aún cuando se trata no sólo de

recursos que el gobierno nacional pone a disposición sino también de recursos propios de los ciudadanos

(ahorros) que buscan acceder a viviendas dignas; por ende, se debe vigilar que haya mecanismos probos,

transparentes y efectivos.

En este capítulo se presentan el contexto, las reflexiones y las apuestas de este proyecto que apenas empieza.

Más sobre el contexto institucional colombiano

Riesgos de corrupción y acceso a la información

en entidades colombianas

El principio de la máxima publicidad en los asuntos públicos es uno de los pilares de la transparencia y la

lucha contra la corrupción. Una mejor y más abundante información pública contribuye con la participación

ciudadana, el control social y el institucional –preventivo y posterior– sobre la función pública, y posibilita

identificar riesgos y hechos de corrupción. La información permite a las instituciones y actores sociales

reducir el margen de incertidumbre y discrecionalidad frente a las definiciones de aspectos fundamentales

para la vida de los ciudadanos, favoreciendo la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes y servicios públicos,

y reduciendo los espacios de oportunidad para las prácticas corruptas.

De acuerdo con los resultados de la medición del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, la

oferta de información pública actual no responde a las necesidades de información de la ciudadanía ni a

aquellas relacionadas con la lucha contra la corrupción. La evaluación de los datos vigentes de 2008-09 a

nivel nacional, departamental y municipal así lo evidencia.

La evaluación de los niveles de transparencia de las entidades involucra en la metodología tres factores

o componentes de análisis: i) sanciones, ii) visibilidad y iii) institucionalidad.6 El factor de visibilidad es el

6 Los factores se definen así: i) sanción: incluye el examen de los fallos y sanciones relacionados con conductas asociadas

a lo que nuestra legislación considera corrupción; ii) visibilidad: es la posibilidad de acceder a la información

de la entidad por parte de la ciudadanía en general o de los interesados en particular y iii) institucionalidad: abarca

un escenario de reglas, controles y procedimientos claros y conocidos por los funcionarios. Además, se evalúan de manera

independiente la eficiencia en la gestión de las oficinas de Control Interno Disciplinario en cuanto a la atención

oportuna y eficiente de las denuncias presentadas por la ciudadanía (Corporación Transparencia por Colombia, 2010).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 151

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Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

factor que tiene las más bajas calificaciones, con un promedio agregado de 59,6/100;7 los municipios y las

contralorías territoriales8 muestran los promedios más pobres, mientras que en el nivel nacional se aprecia

una calificación más alentadora (véase el gráfico 7.1).

Gráfico 7.1

Índice de transparencia de las entidades públicas, promedio por factor, 2008-09

ITM ITD ITN ITC Promedio todas

69,7

51,1

57,6

71,8

59,5

67,3

87,7

76,8

73

85,35

51,05

63,7

78,63

59,61

65,4

10

0

30

20

50

40

70

60

90

80

Control y sanción

Visibilidad

Institucionalidad

Fuente: Cálculos del equipo de investigación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas; Corporación

Transparencia por Colombia.

Nota: Las calificaciones van de 0 a 100 puntos, siendo 0 la peor calificación y 100 la mejor.

ITC = Índice de Transparencia de Contralorías.

ITD = Índice de Transparencia Departamental.

ITM = Índice de Transparencia Municipal.

ITN = Índice de Transparencia Nacional.

7 Abarca las entidades nacionales –de las tres ramas del poder público–, los departamentos, las contralorías territoriales

y los municipios.

8 Órganos de control fiscal territorial.

152 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

Al promediar las calificaciones de todas las entidades evaluadas, dentro del factor visibilidad (véase el

gráfico 7.2) se observan las deficientes calificaciones en acceso a la información, trámites, quejas y reclamos

y publicidad en la contratación. Todas dan muestra del débil cumplimiento del principio de máxima

publicidad en la gestión pública y de las acciones de transparencia activa. Sólo el indicador de rendición de

cuentas señala algún nivel de aplicación. Al igual que en el gráfico 7.1, estos indicadores muestran peores

calificaciones en los niveles territoriales y mejores a nivel nacional. Sobre esto es importante señalar que

la institucionalidad territorial del Estado colombiano representa más del 90%, por lo menos en lo que a

gobierno se refiere.

Ahora bien, en cuanto a la información presente en sitios Web sobre la oferta de bienes y servicios

del Estado prestados por el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, el municipio, se encontró la calificación

más baja de toda la evaluación: 18,1/100 puntos. Tan sólo en el tema de subsidios de vivienda, el

77,7% de los municipios evaluados no publica información general del programa, el 86% no lo hace para

los criterios de elegibilidad y un 95,9% no publica los listados de beneficiarios (véase el cuadro 7.1) (Ana

Paulina, 2011).

Gráfico 7.2

Promedios de los indicadores del factor visibilidad, 2008-09

Audiencia pública

de rendición

de cuentas

Acceso a la

información

Trámites

Quejas y reclamos

Publicidad en la

contratación

0 10 20 30 40 50 60 70

63,9

56

52,6

52

51,2

Fuente: Cálculos del equipo de investigación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas; Corporación

Transparencia por Colombia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 153

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2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

Cuadro 7.1

Publicación de información sobre subsidios para la viviendaa en el sitio Web municipal, 2008-09

(en porcentaje)

Entidades evaluadas

(total = 148)b

Información general Criterio de elegibilidad Listado de beneficiarios

Porcentaje de entidades

que publican

información

22,3 13,5 4,1

Porcentaje de entidades

que no publican

información

77,7 86,5 95,9

Fuente: Índice de Transparencia Municipal (ITM); Corporación Transparencia por Colombia; cálculos del equipo de

investigación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas.

a. Subsidios para viviendas de interés social que benefician a los sectores de menores ingresos.

b. De las entidades evaluadas, 27 son capitales departamentales.

¿Cuáles son las razones que explicarían este comportamiento? El punto de partida es la carencia de

sistemas de información eficientes, al igual que de procesos de gestión documental y de archivos. La capacidad

del Estado para producir información pública se ve limitada. Los datos del Índice señalan que las entidades

apenas han avanzado en el diseño y la operación de sistemas de información en materia de gestión

administrativa, presupuesto, contabilidad, archivo, recursos humanos y contratación. Pocos han sido los

avances en los sistemas de información de los aspectos misionales como salud, educación, agua potable,

vivienda, etc., a pesar de que hay marcos normativos y fiscales que garantizan la existencia de estos sistemas

de información. Seguidamente, es claro que existen algunos datos y registros, que si bien no constituyen

información lo suficientemente procesada y depurada, reposan en los anaqueles físicos y virtuales del

Estado. Sin embargo, muchos de estos datos son —en el mejor de los casos— sólo para uso exclusivo de los

organismos del Estado o de los órganos de control y no para el uso ciudadano, ya que su lenguaje no es útil

ni accesible para este último.

Finalmente, Colombia no ha desarrollado una institucionalidad ni mucho menos una cultura a favor de

la garantía del acceso a la información pública. Recién en la actualidad (después de cinco años de insistencia

ciudadana)9 se está estudiando un proyecto de ley de acceso a la información pública10 que permita: i)

actualizar la actual legislación sobre información pública, llevándola del registro administrativo a un bien

público y a un derecho, y ii) integrar y articular piezas normativas dispersas y confusas. A partir de este

panorama se puede observar:

9 Iniciativa de la Alianza de Organizaciones Sociales “Más Información Más Derechos” conformada por la Corporación

Transparencia por Colombia, Dejusticia, Ocasa, Fundación para la Libertad de Prensa, Proyecto Antonio Nariño.

10 La Alianza presentó un texto a consideración del Congreso de la República, después de varias conversaciones,

análisis y estudios (incluso con el gobierno nacional); el Senado y la Cámara aprobaron el texto que se concertó. En la

actualidad se revisa su constitucionalidad.

154 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

• Déficit de información en medio de un “cementerio” de datos.

• Pocos y deficientes insumos informativos para tomar decisiones, ya sean de política pública para

los gobiernos o de calidad de vida para las personas.

• Confusión y conflicto entre los diferentes tipos de información (pública, reservada, confidencial).

• Acceso asimétrico a los datos y a la información pública.

• Uso abusivo de la información pública por parte de actores estatales y/o privados para beneficios

particulares.

• Vulneración del derecho a saber.

Sobre el tema de la vivienda y el Programa TACS

Uno de los principales desafíos en materia de lucha contra la corrupción al que se enfrentan los Estados

de manera permanente es la disminución del riesgo de corrupción y la promoción de la transparencia en

la provisión de los servicios sociales. La oportunidad de adquirir vivienda digna en Colombia es una de las

grandes deudas históricas del Estado con relación a este tema.

En la actualidad el 63% de los colombianos paga un arriendo, más de un 40% habita en viviendas

inadecuadas y para 2011 se proyectó un déficit cercano a las 4.300.000 viviendas (Econometría, 2011:3).

Esto responde a una serie de problemas estructurales en el diseño de la política pública relacionados con

el esquema financiero excluyente para la adquisición de vivienda, la falta de ingresos de los hogares, la

imposibilidad de acceder al crédito de la banca hipotecaria y el incremento de los costos de los inmuebles

y de los terrenos (Econometría, 2011:24-25).

A lo anterior hay que sumar los bajos niveles de acceso a la información pública en materia de vivienda

en Colombia, todo lo cual ha permitido la emergencia de hechos y riesgos de corrupción, de la siguiente

manera:

• Imposibilidad de conocer los criterios que motivan la toma de decisiones que afectan la gestión

de los asuntos públicos. La opacidad dificulta identificar la influencia de intereses privados en

la elaboración de las políticas públicas de vivienda, los pliegos de condiciones para licitaciones

públicas de construcción de inmuebles, o los criterios técnicos para adjudicar proyectos de inversión.

• Aumento de la discrecionalidad en la gestión y adjudicación de subsidios, lo cual se traduce en

inconvenientes por parte de los ciudadanos para acceder de manera equitativa a los beneficios,

y en el uso político y electoral de los subsidios.

• Mala calidad de los inmuebles: el desconocimiento de los materiales de construcción pactados en

los contratos de obra repercute en las condiciones estructurales de las viviendas.

• Incidencia indebida de intereses políticos, económicos y de actores ilegales en la asignación de

los usos del suelo y en los procesos de urbanización.

• Sobrecostos o adiciones injustificadas en los contratos: los ciudadanos y los órganos de control no

cuentan con información oportuna que les permita contrastar la planificación del proceso contracGobierno

abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 155

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

tual con la ejecución efectiva de los contratos para alertar sobre riesgos o hechos susceptibles de

verificación. Normalmente, la pérdida de recursos públicos se determina al final del proceso.

• Falta de oportunidad de las acciones ciudadanas: los sistemas de información con los que cuenta

el Estado, y que son de acceso ciudadano, no ponen a disposición información completa, oportuna

y de calidad que apoye los procesos de control social.

• Incoherencias entre la planificación de la contratación, el proceso de contratación y la ejecución

contractual, así como también falta de publicidad de los mismos. Este fenómeno ha aumentado

la interferencia de agentes corruptos en las diferentes etapas de la contratación e imposibilita el

control social efectivo y de calidad.

• Percepción de opacidad en la gestión pública: la falta de información y la incertidumbre generada

por el fenómeno debilita los lazos de confianza entre los ciudadanos, el Estado y el sector público,

lo cual incide en la credibilidad y legitimidad de las instituciones.

Las apuestas del gobierno y del Fondo Nacional del Ahorro

El sector vivienda en Colombia

De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, “todos los colombianos tienen derecho

a una vivienda digna”. En ese sentido, la provisión de vivienda debe considerar tanto las disposiciones

macroeconómicas y de financiamiento como los elementos atinentes a la calidad de las viviendas: materiales,

espacios, acabados, acceso a vías de transporte, espacio público y servicios públicos domiciliarios.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) es la entidad encargada de formular, adoptar, dirigir,

coordinar y ejecutar la política pública, y los planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano

planificado del país, incluidas las condiciones de acceso y financiamiento de la vivienda y de prestación de

los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.11

De manera general, el país ha adoptado medidas institucionales para desarrollar ofertas habitacionales

enfocadas en los sectores más pobres de la población mediante las figuras de la vivienda de interés social

(VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP). Para este tipo de viviendas interviene el Estado mediante

la construcción directa y/o el otorgamiento de subsidios. Para otros tipos de vivienda, el Estado interviene

mediante la regulación y reglamentación del mercado.

Las entidades asociadas para el desarrollo y la operación del sector de vivienda involucran a otros actores,

como el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter),

el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF).

Por otra parte, un componente importante para fortalecer el marco institucional del sector corresponde

a los procesos de concertación de la política de vivienda con el sector privado y las organizaciones de la

sociedad civil (OSC), lo cual aporta legitimidad y credibilidad a la acción de las entidades públicas.

Finalmente, el actual gobierno, a través del Plan de Desarrollo Nacional, se ha propuesto construir un

millón de viviendas, para lo cual ha instado al MVCT y al FNA a diseñar e implementar un nuevo esquema

que haga viable dicho objetivo. Estas entidades han propuesto varias iniciativas, entre las cuales se destaca

11 Creado mediante el Decreto Nro. 3.571 del 27 de septiembre de 2011.

156 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

–para efectos del presente documento– la creación por parte del FNA del modelo de financiamiento Tasa

al Ahorro Construyendo Sociedad (TACS),12 que se basa en el ahorro programado como fundamento para la

adquisición de vivienda en los estratos 1, 2 y 3.13

El modelo Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad

La propuesta TACS busca que proyectos de vivienda de interés social liderados por constructores e inversionistas

puedan ponerse a disposición de los ciudadanos que ahorran para adquirir vivienda en el FNA. Por

eso, esta iniciativa involucra acciones público-privadas para la garantía del derecho a la vivienda y además

incluye entidades del sector financiero. De acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico del FNA los

actores prioritarios en la cadena de provisión de vivienda son seis: ahorradores, inversionistas, constructores,

propietarios, organizaciones financieras y entidades otorgantes de subsidios, tanto públicas como

privadas (FNA, 2011).

Para la gestión óptima de este modelo, el gobierno nacional acaba de dotarlo de una base normativa

contenida en la Ley Nro. 1.537 de 2012, “por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”. Esta ley tiene como objetivo

señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y

la confluencia del sector privado para el desarrollo de los proyectos de VIS y VIP.

Los nueve capítulos y los 66 artículos que la componen abordan disposiciones generales y específicas

en torno a los lineamientos para el desarrollo de la política de vivienda en Colombia, lo cual incluye, entre

otros aspectos, la asignación de subsidios y la habilitación de suelos urbanizables para el desarrollo de viviendas.

En ese sentido, el capítulo 2 establece y regula los instrumentos necesarios para que las familias de

menores recursos accedan a una vivienda digna; el capítulo 3 define el proceso de aplicación y legalización

de los subsidios (artículo 24) y el capítulo 4 trata la articulación de la política de vivienda con los recursos

de la VIP rural, incluidos los valores del subsidio y la atención a sectores afectados por desastres naturales

(artículos 31 y 32). Asimismo, el capítulo 4 desarrolla todas las disposiciones atinentes a los estímulos y

exenciones para el acceso a la vivienda, y detalla en el artículo 37 la opción de ahorro a través del leasing

habitacional, que otorga piso legal a las TACS.

La integridad del modelo TACS y la participación directa de múltiples actores en el desarrollo de la política

pública de vivienda requieren la información como insumo prioritario para reducir la incertidumbre,

elevar la confianza y promover la transparencia. A la fecha, el modelo apenas ha comenzado el diseño de

sistemas de información destinados a facilitar el control y la toma de decisiones a los diversos actores. Este

proceso contribuirá a fortalecer y mejorar estas herramientas, no sólo con el fin de generar información

para la gestión del modelo sino también para hacer realidad la participación de los diversos actores.

12 El modelo financiero TACS busca llevar soluciones de vivienda a los colombianos que pagan arriendo en el país. El

objetivo de la iniciativa es trabajar con el sector de la construcción para tener una oferta de vivienda nueva, destinada

al arriendo con opción de compra, de manera que los colombianos que actualmente pagan arriendo puedan “estrenar”

vivienda sin la necesidad de pagar una cuota inicial, y al cabo de un tiempo aplicar para convertirse en propietarios

de la misma.

13 Colombia tiene una estratificación socioeconómica que se extiende del 1 al 6: 1 corresponde a los sectores de

menores ingresos y 6 a los de mayor capacidad adquisitiva.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 157

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

Propuesta de intervención para la garantía del acceso a la información

en el Programa TACS

La propuesta de intervención tiene una duración de 18 meses, en los cuales se busca dotar a la entidad de

un mecanismo para difundir la información pública sobre el desarrollo y los resultados del Programa y permitir

la participación activa de los diferentes actores involucrados (sector privado, ciudadanía y entidades

públicas del orden nacional, departamental y municipal), lo cual contribuirá a:

• La transparencia en la selección de constructores y en la adquisición de predios e insumos para

la construcción.

• La promoción de la transparencia y la integridad en un modelo de gestión público-privado.

• La difusión de información a los actores involucrados para que participen de manera adecuada y

eficiente en el proceso.

• La selección transparente de ahorradores que serán los compradores de las viviendas.

Para lograr esto, es necesario desarrollar acciones tendientes a fortalecer, en primer lugar, la capacidad de

la entidad del Estado, y luego, la de los actores privados y los ciudadanos, a fin de que se produzca y se exija

información pública. En clave de transparencia –como se planteó anteriormente– implica el aprendizaje y la

conjugación de nuevos movimientos en el proceso de gestión pública y la intervención de nuevos actores.

Esto implica acciones tendientes a la sensibilización y formación de actores, diseños institucionales para

producir y brindar información, y herramientas prácticas con capacidad de funcionar en el día a día de la

gestión administrativa y misional de las entidades (véase el gráfico 7.3).

Gráfico 7.3

Programa TACS:

apuesta de intervención

Garantía en el acceso a la información pública de calidad para los actores que

intervienen en el proceso TAC, priorizando la información a los beneficiarios

Valoración

positiva de los

actores estatales

y no estatales

frente al derecho

de acceso a la

información

Diseños

institucionales

para la garantía

del derecho

de acceso a la

información

Herramientas

prácticas

(utilización de TIC)

158 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

En términos prácticos el proyecto incluye tres componentes:

1. Diseño de un software de plataforma Web de acceso público que fortalezca las capacidades institucionales

de los diferentes actores del Programa TACS, a través de la difusión de información

para la toma de decisiones en espacios de transparencia y probidad.

2. Desarrollo, implementación y validación del software de plataforma Web.

3. Sensibilización y capacitación de los actores involucrados en el uso de la plataforma y en la utilidad

de la información contenida como herramienta de prevención de la corrupción y acceso a

la información.

Estos componentes se traducen en las siguientes actividades:

Componente 1

Elaboración

del marco

conceptual y

contextual de la

relación entre

vivienda, acceso

a la información

y transparencia.

Caracterización

participativa de

las necesidades

de información

por cada uno de

los perfiles de

los actores.

Elaboración

de la matriz

de procesos

de la gestión

documental

para garantizar

producción,

disponibilidad,

calidad y acceso a

la información.

Diseño técnico

y gráfico del

software en

clave ciudadana

(requerimientos

del sistema y

alcance técnico

de la plataforma).

Componente 2

Desarrollo

técnico y

gráfico del

software.

Verificación

de la operatividad

del

software.

Elaboración

de manuales

de operación

del software.

Elaboración

de metodologías

y planes.

Realización de

pruebas piloto

de despliegue

y validación.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 159

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

Componente 3

Lanzamiento

oficial de la

plataforma Web.

Creación e implementación

de una

campaña publicitaria

de difusión

nacional.

Formación de

actores en el uso

de la plataforma y

utilidad de la

información.

Perspectivas y retos de la intervención

Este planteamiento se sustenta en el enfoque que la Corporación Transparencia por Colombia y sus investigadores

han venido elaborando a lo largo de varios años de análisis y reflexión continua sobre la transparencia

como una de las vías para luchar contra la corrupción.14

Se señala entonces que la acción de informar, publicitar y difundir los asuntos que competen a la gestión

de una entidad da cuenta de la existencia de principios institucionales que se recogen en normas y de la

voluntad política de las autoridades públicas, que se expresa en la difusión de información a la ciudadanía

a través de diversos medios como los sitios Web de los gobiernos, las audiencias públicas de rendición de

cuentas, la intervención del gobierno en diferentes espacios de diálogo, la participación de la ciudadanía y

la publicación de los procesos de gestión a través de boletines y carteleras locales. Las acciones dirigidas

a proporcionar información pueden estar marcadas por la transparencia activa o por la demanda de transparencia.

Por lo tanto, las entidades públicas y las autoridades deben desarrollar las siguientes capacidades

(CIDH, 2006):

1. Capacidades institucionales para producir y gestionar información pública:

• Normas internas (resoluciones, circulares). Identificación de la información pública, reservada

y confidencial que produce la entidad (señalando fuentes, tipos de datos, políticas

de retención).

• Sistemas de gestión documental, de archivos, de información administrativa y misional,

ya sean físicos o electrónicos.

14 La base del enfoque que se presenta aquí se encuentra en Restrepo Hung (2010) y en los documentos de metodología

y resultados del Índice de Transparencia Nacional, Departamental y Municipal elaborados por el equipo de

investigación de la Corporación Transparencia por Colombia disponibles en www.transparenciacolombia.org.com.

160 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

• Procesos y procedimientos para la producción de información (vinculación integral: todas

las dependencias).

• Dependencias, funcionarios e instancias de gestión (especializadas en coordinar el proceso

de producción y entrega).

• Autoridades, servidores, grupos de interés sensibilizados y formados en el derecho de

acceso a la información.

• Vinculación de las iniciativas institucionales de producción y difusión de información a

los procesos de control y sistemas de gestión de calidad.

• Dotación de recursos económicos para el desarrollo del acceso a la información.

2. Capacidades y habilidades para brindar información a la ciudadanía, ya sea de manera proactiva

o por demanda. Esto involucra:

• La definición de medios y canales para la difusión de información pública bajo el principio

de la transparencia activa.

• La definición de medios y canales para la entrega de información pública por petición de

los ciudadanos.

• El diseño y la adopción de mecanismos para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

• El desarrollo de los componentes de gobierno electrónico.15

Por otra parte, en lo que corresponde a los ciudadanos y actores privados, como las OSC, es necesario:

• Saberse sujeto del derecho de acceso a la información pública.

• Conocer las obligaciones de las entidades públicas o de aquellas que ostentan sus funciones en

relación con la garantía del acceso a la información.

• Tener conciencia e interés para escrutar las conductas administrativas y gubernamentales, involucrándose

en el análisis y la valoración de los asuntos públicos.

Finalmente, es necesario reiterar que la información disponible, completa, pertinente y oportuna sobre el

manejo de los asuntos públicos cumple una doble función:

• Obliga a las autoridades públicas a sistematizar y organizar tanto el proceso como los resultados

de su gestión, involucrando de antemano la posibilidad de que otros –en este caso los ciudadanos–

se enteren del curso de los asuntos públicos en la administración municipal y el gobierno.

• Implica que la información de los asuntos públicos esté en manos de los ciudadanos, y ese es el

vehículo para la intervención en la toma de decisiones que competen al desarrollo y al bienestar

colectivos.

15 En Colombia se denomina “gobierno en línea”. Los componentes que se contemplan son: información, interacción,

transacción, democracia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 161

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

El acceso efectivo a la información pública se constituye en el medio para democratizar la relación entre

las autoridades públicas y los ciudadanos y es uno de los ingredientes para el buen funcionamiento del

sistema de pesos y contrapesos, de controles y balances, entre actores con recursos y poderes diferentes

dentro de la sociedad. Por esta vía se realizan aportes para la construcción de la transparencia en los procesos

de gestión, avanzando en la recuperación de la confianza del ciudadano en el sistema político, al tiempo

que se estimula el autocontrol institucional, todo lo cual contribuye a legitimar la acción institucional y a

reducir los riesgos de corrupción.

En este sentido, el proceso de intervención que se inició en 2012 busca contribuir con la construcción

de esta nueva forma de gestionar lo público, donde la intervención de diversos actores requiere información

para lograr niveles eficientes de gestión con altas dosis de confianza.

Recuadro 7.1

Los retos de la intervención

Este proyecto debe tener la capacidad de promover la gestión y difusión de información pública

por parte de los diversos actores –no todos estatales– que intervienen en la gestión del programa

TACS. En este escenario, los principales retos son:

1. Diseñar y operar un modelo de gestión de la información pública que supere la lectura reduccionista

(el acceso a la información pública se resuelve a través de la publicación acrítica de los

datos/ informes que se producen en el proceso de gestión) y se amplíe a una concepción integral

de la gestión documental.

2. Procurar que el FNA transforme su voluntad política en capacidad técnica para producir y brindar

información pública sobre el proceso TACS, a través del desarrollo y establecimiento de procesos,

procedimientos, instancias y responsables.

3. Hoy en día el Estado colombiano reconoce la importancia de desplegar medidas para la generación

de información pública, como pieza clave para la toma de decisiones de política pública. El

reto es que el FNA considere que, además, la información pública debe contribuir a que los actores

del sector privado y los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones.

4. Romper el paradigma de que la información pública sólo es una obligación de las autoridades

públicas. Los actores del sector privado que cumplen funciones públicas también están obligados

a proporcionar este tipo de información.a

5. Lograr la participación activa de representantes del sector privado (constructores, financistas,

dueños de predios, etc.). Es claro que este tipo de actores aún no identifica su obligación de brindar

información pública cuando interviene en procesos de gestión pública.

6. Vincular de manera activa –si es el caso– a los gobiernos locales y departamentales de los sitios

donde se desarrollen las TACS. Ellos, como representantes legales de los territorios, deben apoyar

y promover esta iniciativa.

7. Estimular, por parte de los ciudadanos, el uso de la información, así como el de los medios y

canales que se diseñarán en el marco del proyecto.

Continúa

162 Banco Interamericano de Desarrollo

Marcela Restrepo Hung

Recuadro 7.1

Los retos de la intervención (continuación)

8. Diseñar y adoptar protocolos para brindar información pública que garanticen el acceso a la

información sin lesionar el “secreto comercial” ni los datos personales. Los primeros se relacionan

con los intereses de los actores privados y los segundos corresponden a los intereses de los

ciudadanos.

9. El diseño debe tener la capacidad de proporcionar información comprensible y oportuna a

todos los actores priorizados; por ende, en su fase de consulta, debe tener la capacidad de identificar

y entender las dinámicas y necesidades de los actores en su diversidad.

a. A la fecha se encuentra en revisión en la Corte Constitucional el Proyecto Nro. 156 de 2011 del Senado

y el Proyecto Nro. 288 de 2012 de la Cámara “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”. En esta propuesta,

que surgió de la sociedad civil (Alianza Más Información Más Derechos) se plantea: “Artículo 5: Ámbito

de aplicación […] (c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública,

que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del

servicio público”.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 163

PARTE

2

Capítulo 7 - Promoción de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en Colombia

Bibliografía

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OEA (Organización de los Estados Americanos). 1996. Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), 29 de

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––––––––. 2012. Curso Mecanismos y Estrategias para la Promoción de la Transparencia y la Integridad (ed. 5). Notas

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Restrepo Hung, M. 2010. Riesgos de corrupción administrativa y pobreza en 22 municipios capitales colombianos. Maestría

en Sociología. Bogotá: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de

Ciencias Sociales.

164 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

Contar con información de calidad

y en forma oportuna permite hacer más

eficiente y eficaz la toma de decisiones

en los procesos de planificación, diseño,

construcción, explotación y fiscalización

de las obras públicas; disminuir los

riesgos financieros y de operación en la

prestación de los servicios y dar cuenta a las

autoridades y a la ciudadanía en general

de la gestión de las obras y de los servicios

comprometidos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 165

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

Capítulo 8

Transparencia y control

de la obra pública en Chile

Sonia Tschorne Berestesky

Introducción

En este capítulo se presenta la experiencia en el diseño y la implementación de un Sistema de Fiscalización

de las Obras de Infraestructura Pública, en el marco del Programa de Modernización Institucional que se

ha llevado a cabo en el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP), a partir de 2006. La componente de

fiscalización responde a la necesidad de lograr una mayor transparencia y un mejor control de la gestión

en el sector de la infraestructura pública, con especial énfasis en la fiscalización del cumplimiento de los

contratos de obras, incorporando a los usuarios y a la ciudadanía en general en la evaluación, el control y el

mejoramiento de la calidad de servicio que estas obras prestan.

A partir de las últimas décadas del siglo XX, con la globalización de la economía y el avance en las comunicaciones,

el sector de la infraestructura comenzó a desempeñar un rol fundamental en el desarrollo de

los países y sus economías. La provisión y gestión de la infraestructura son indispensables, tanto para estimular

la productividad y competitividad de las actividades económicas y la integración internacional, como

para fortalecer el desarrollo social y el crecimiento con equidad. En esta tarea, adquiere especial relevancia

el rol del Estado para garantizar eficiencia, transparencia y equidad en las decisiones de inversión pública

y como ente regulador, facilitador y promotor de la inversión privada.

Las obras de infraestructura pública se caracterizan por estar asociadas a una elevada magnitud de

inversión y porque generan un alto impacto social y territorial que puede afectar positiva o negativamente

la calidad de vida de sus habitantes en los territorios en que se emplazan. Su capacidad de provocar cambios

estructurales en los mercados de suelo, produciendo importantes ganancias de capital, sumado esto

a la interacción de múltiples actores públicos y privados, tanto en lo concerniente a la toma de decisiones

como a la gestión de las obras públicas, impone al Estado el desafío de diseñar e implementar políticas,

mecanismos y prácticas que promuevan la transparencia, la autorregulación y el acceso a la información

en el sector.

El desarrollo de iniciativas de transparencia, junto con la implementación de modernos sistemas que

garanticen el acceso amplio a la información en el ámbito de las obras públicas, constituye una herramienta

eficaz para enfrentar los principales desafíos que presenta el sector a fin de garantizar una industria sana y

competitiva y mejorar la calidad de los servicios públicos, disminuyendo los márgenes de discrecionalidad

y de corrupción en la gestión pública y minimizando las asimetrías de información entre los diversos agentes

que intervienen en la generación y operación de las obras de infraestructura pública.

166 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

Por otra parte, contar con información de calidad y en forma oportuna permite hacer más eficiente y

eficaz la toma de decisiones en los procesos de planificación, diseño, construcción, explotación y fiscalización

de las obras públicas; disminuir los riesgos financieros y de operación en la prestación de los servicios

y dar cuenta a las autoridades y a la ciudadanía en general de la gestión de las obras y de los servicios

comprometidos.

El capítulo está estructurado en tres partes. La primera da cuenta del contexto político e institucional

del sector de infraestructura en Chile cuando se inició el Proceso de Fortalecimiento Institucional y exhibe

un diagnóstico de los problemas más relevantes que se enfrentaban en el sector de infraestructura en ese

momento. En la segunda parte se presentan las principales iniciativas desarrolladas en el Programa de

Modernización Institucional, en el marco de la transparencia y de la creación de sistemas de fiscalización e

información. En la tercera parte se exponen los principales resultados obtenidos en la implementación del

Sistema de Fiscalización, las lecciones aprendidas y los desafíos futuros.

Contexto

A partir de 1990, con la recuperación de la democracia, los gobiernos de la Concertación dieron inicio en

Chile a un proceso de modernización institucional del sector público a fin de abordar las políticas y los

efectos del régimen liberal autoritario en la privatización de la actividad económico-productiva, la reducción

del tamaño del Estado y la disminución del gasto público, que afectaban fuertemente al sector de la

infraestructura.

Entre los principales desafíos que enfrentó la administración pública cabe mencionar el mejoramiento

de la gestión interna y el acercamiento del ciudadano al quehacer del gobierno. Este cambio cultural profundo

se tradujo en la implementación de iniciativas de transparencia y probidad para fortalecer la confianza

pública, reducir los espacios para la discrecionalidad y la arbitrariedad, reforzar el respeto a las instituciones

y afianzar la cultura democrática.

Por otra parte, con el retorno a la democracia, se puso en evidencia una ciudadanía más activa y participativa

en relación con los temas de interés público, más consciente de sus derechos y con crecientes

demandas de acceso a la información, de transparencia y de calidad en la gestión pública.

En el ámbito de la infraestructura pública, se inició un significativo esfuerzo destinado al crecimiento y

mejoramiento de las obras públicas a fin de atender los retos del país en la materia. Durante la década de

1980 el Estado de Chile invertía anualmente menos de lo requerido para mantener los caminos, puertos y

aeropuertos, mientras que la demanda de nueva infraestructura aumentaba. Las pérdidas económicas en

competitividad debidas a las carencias en materia de infraestructura eran importantes y afectaban principalmente

a los sectores más dinámicos de la economía (en 1995 se estimaba un déficit de infraestructura

de US$11.080 millones, cifra equivalente a US$ 18.996 millones en la actualidad) (Castro Fernández et al.,

2009).

A partir de 1991 se decidió ampliar las fuentes de financiamiento de las obras públicas hacia el sector

privado, mediante el Sistema de Concesiones de Obras Públicas, que incorporaba la capacidad de inversión

y de gestión del mencionado sector en la construcción y operación de la infraestructura que el país requería.

Así, en 1991 se promulgó la Ley de Concesiones (Ley Nro. 19.068). Las concesiones de obras públicas

aseguraron el equilibrio necesario en el gasto fiscal, pues mediante el financiamiento privado y el pago

de peaje por parte de los usuarios –bajo el concepto de que el que usa paga– se incrementó fuertemente

la inversión en obras públicas, con lo cual mejoró la competitividad del país y se generaron importantes

ahorros públicos y privados.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 167

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

Estas alianzas público-privadas se dirigieron a la provisión y al financiamiento de grandes obras de

infraestructura vial, aeroportuaria y de edificación pública, que se caracterizan por su gran envergadura e

impacto territorial y social, su alto nivel técnico y su cuantiosa inversión. Entre 1993 y 2009 se logró una

inversión superior a los U$11.500 millones y se adjudicó un total de 55 contratos, lo que permitió revertir

en parte el déficit de infraestructura (MOP, 2010).

Paralelamente a la implementación del Programa de Concesiones, entre 1995 y 2009 el MOP aumentó

la inversión fiscal histórica en infraestructura en más de 2,5 veces, con la intención de fortalecer la competitividad

del país, potenciar el desarrollo productivo de los territorios, mantener el empuje de las exportaciones

de bienes y servicios a nivel regional e implementar programas de infraestructura social destinados

a mejorar directamente la calidad de vida de la población.

La asociación público-privada trae consigo una nueva forma de proveer, gestionar y operar la infraestructura

pública; se incrementa el número de agentes que intervienen en los procesos de planificación,

producción y explotación; el usuario de la obra pública concesionada comienza a pagar por su uso, y se

produce un cambio importante en la radicación de responsabilidades en la etapa de explotación, ya que el

concesionario pasa a ser el responsable de la obra pública y el MOP queda como subsidiario.

Además, la nueva forma de generar infraestructura con financiamiento privado, obliga al MOP a constituir

un equipo profesional y técnico de alto nivel, para ser la contraparte del sector privado en estas

obras; y a fin de eliminar posibles asimetrías en las capacidades profesionales y técnicas, requiere también

que se pueda contar con un perfil distinto al perfil histórico existente en la administración pública. Es así

como se constituye una unidad de concesiones, altamente especializada tanto en los temas técnicos de la

construcción como en lo relativo a la gestión económica y financiera de las obras. Sin embargo, a la luz de

los resultados dentro del Ministerio, este desafío se debió abordar con la implementación de las reformas

institucionales y organizacionales necesarias para su buen funcionamiento.

De este modo, en los años noventa el sector de infraestructura enfrentó el desafío y la urgencia de generar

más y mejores obras públicas, diseñar e implementar la interacción con el sector privado en la provisión

y operación de las obras concesionadas, entregar una mejor calidad del servicio a los usuarios de las obras

públicas, y brindar más y mejor calidad en la información tanto a los actores que intervienen en la generación

y administración de la infraestructura pública, como a la ciudadanía, que debe conocer los procesos,

productos y servicios que ofrece el sector.

En este marco, una vez que se hubo reconocido al sector de infraestructura como un eje fundamental en

el proceso de desarrollo económico y social en Chile, y al MOP como el responsable de la planificación, la

construcción, el mantenimiento y la operación de esa infraestructura, se hacía urgente y necesario impulsar

un proceso de modernización que permitiera responder de forma adecuada a los nuevos desafíos, en términos

de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos y de establecer mecanismos de mayor transparencia

con la incorporación de procesos de rendición de cuentas en la gestión de la infraestructura pública.

168 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

Diagnóstico del sector de la infraestructura pública

En el año 2005 se realizó un diagnóstico que dio cuenta de los principales problemas organizacionales y de

gestión del sector de infraestructura, a saber:

• Falta de coordinación de políticas públicas producto de una articulación insuficiente con otros

actores territoriales relevantes en materia de infraestructura.

• Confusión en los roles y mecanismos de decisión, en los procesos de planificación, construcción

y fiscalización.

• Existencia de una cartera de proyectos fragmentada, fruto de visiones corporativas diversas dentro

del Ministerio.

• Trabajo en base a “contratos individuales” y no en base a “proyectos”, con los consiguientes

problemas de coordinación, pérdida de la información en las etapas de vida de una obra y fallas

de gestión.

• Falta de compromisos explícitos de niveles de servicios ante los usuarios y la ciudadanía en

general, salvo algunas definiciones que habían sido incorporadas en los contratos de obras concesionadas.

• El sistema de contratación y de regulación no daba cuenta de una fiscalización extra situ basada

en el análisis de riesgo y en la creación de incentivos para la autorregulación de las sociedades

concesionarias y las demás empresas contratistas que participaban en la industria de la infraestructura.

• Ausencia de una cultura de rendición de cuentas, falta de evaluaciones ex post y falta de control

de riesgo en los proyectos de obra pública.

Por otra parte, ante el éxito del programa de concesiones en cuanto a la cantidad de obras ejecutadas y su

alta calidad técnica, se revelaron importantes falencias en materia de:

1. Fiscalización de los contratos, principalmente en su fase de explotación, una vez que se

materializa la obra y comienza la prestación del servicio:

• Debido a la magnitud y especialización de los nuevos contratos en que se incorpora la

operación de la obra.

• Por el cambio de radicación de responsabilidades, ya que el concesionario pasa a ser el

responsable directo.

• Debido a la nueva tipología de las obras y su impacto en el territorio: de carreteras abiertas

con libre tránsito a autopistas confinadas con control de acceso.

• Por las nuevas exigencias de la comunidad, ya que se trata de obras por las cuales los

usuarios pagan directamente.

2. Modificación de los contratos:

• Por su magnitud, que provoca grandes dificultades en la adjudicación de proyectos completos,

lo que supone necesariamente una estructura especial para hacer frente a los

cambios en los contratos por insuficiencias en los proyectos. (Este elemento puede aparecer

en la fase de construcción así como en la de prestación del servicio.)

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 169

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

• Por su extensión en el tiempo, por el aumento de las exigencias de infraestructura y/o de

un mejor servicio, las obras se deben adaptar permanentemente a mayores exigencias.

3. Estructura para enfrentar el nuevo estilo de gestión:

• La figura del Inspector Fiscal tradicional en el MOP es inadecuada: esta siempre estuvo

pensada para supervisar la construcción, que es acotada en el tiempo y está circunscrita

a un nivel de inversión menor. En este caso, la Inspección Fiscal de explotación es a largo

plazo, se relaciona no con obras sino con servicios, y su cobertura es muy superior a lo

que era en la experiencia pasada.

• No se consideraron los recursos económicos necesarios para solventar este nuevo tipo de

fiscalización: la asignación de estos se realiza como si fuese la Inspección Fiscal de una

construcción tradicional.

4. Manejo de la información entre los agentes públicos y privados: en este caso, se teme la

captura del regulador ante asimetrías en la información.

Estos elementos de diagnóstico son los que originan la necesidad de mejorar la fiscalización en la etapa de

explotación de las obras públicas concesionadas.

Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio

de Obras Públicas

Con el propósito de resolver las dificultades que enfrentaba el mencionado Ministerio en materia de institucionalidad,

gestión e información, se inició un importante proceso de fortalecimiento institucional, que

se tradujo en un Programa de Modernización que contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial

y con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que tenía el propósito principal de mejorar

las áreas estratégicas de la gestión del Ministerio a fin de instalar nuevas prácticas y desarrollar capacidades

que permitieran atender los cada vez más exigentes requerimientos de infraestructura del país y de la

ciudadanía.

Los objetivos del Programa de Modernización Ministerial se enfocaron en un cambio en el modelo de

gestión, para pasar de un modelo centrado en la construcción de obras a otro orientado hacia la prestación

de servicios a los usuarios de la infraestructura. Así, se definieron los siguientes objetivos:

• Fortalecer la planificación con un enfoque territorial integrado.

• Mejorar la calidad del servicio prestado a través de la definición de estándares y niveles explícitos

por tipo de obra y proyectos.

• Establecer una gestión integrada de proyectos de infraestructura.

• Fortalecer el rol de fiscalización de las obras y de los contratos para garantizar el cumplimiento

de los niveles de servicio comprometidos.

• Fortalecer las capacidades organizacionales y el desarrollo de las competencias técnicas y profesionales

necesarias para responder a este proceso de transformación institucional.

170 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

De acuerdo con estos objetivos, en 2006 el Ministro de Obras Públicas resolvió crear la Coordinación de

Fiscalización de Obras Públicas con un doble propósito. Por una parte, diseñar y establecer la Superintendencia

de Obras Públicas, como un órgano independiente encargado de velar por la calidad de los servicios

que presta la infraestructura pública y por la protección de los derechos y deberes que tienen los ciudadanos

respecto de ella. Por otra parte, fortalecer los mecanismos de fiscalización y control de los proyectos

y contratos, para garantizar el cumplimiento de los estándares y niveles de servicio comprometidos en las

obras públicas y generar condiciones que resguarden los equilibrios económicos y técnicos de los intereses

del ámbito de las obras públicas en función de la existencia de asimetrías en las unidades ejecutoras, sociedades

concesionarias y/o contratistas y de los usuarios y la ciudadanía.

En atención al encargo encomendado, a fines de 2007 ingresó en el Congreso el proyecto de ley para

la creación de la Superintendencia de Obras Públicas, y comenzó a discutírselo en el Parlamento. Paralelamente

se trabajó en el diseño y la implementación de un Sistema de Fiscalización de las Obras Públicas,

lo que permitió enfrentar las principales dificultades que tenía el Ministerio en materia de fiscalización,

relacionadas con:

• El hecho de que la fiscalización estuviese basada en el control de insumos y procesos, más que en

los resultados y en la verificación de la calidad del servicio entregado.

• El hecho de que la fiscalización se centrara principalmente en aspectos de la infraestructura y

obligaciones administrativas, sin considerarse los indicadores y criterios para la fiscalización del

cumplimiento de los servicios a los usuarios.

• La concentración de la función de fiscalización en la persona del Inspector Fiscal, con los consiguientes

riesgos en materia de integridad y gestión objetiva.

• La falta de criterios comunes y de instrumentos para enfrentar la fiscalización y la evaluación

integral de la industria.

• La inexistencia de información unificada para la fiscalización de los contratos, que permitiera

conocer y actualizar el inventario de las obras, sus exigencias y cumplimientos, así como entregar

información a los distintos usuarios de la industria de la infraestructura y a la ciudadanía en

general y a quienes ejercen el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En el cuadro 8.1 se resumen los principales problemas detectados en 2006 en relación con el rol de fiscalización

en el MOP, además de las propuestas que se formularon y que constituyen los pilares del nuevo

modelo de fiscalización de las obras públicas.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 171

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

Cuadro 8.1

Diagnóstico y propuestas en materia de fiscalización de obras públicas

Situación actual Situación propuesta Conceptos clave

Objeto de la

fiscalización

- Fiscalización de

insumos, procesos y

procedimientos.

- Fiscalización de

resultados

Calidad del servicio

Manejo de la

información

- Inexistencia de un

sistema único de

información.

- Uso de distintas fuentes.

- Falta de normalización.

- Inexistencia de un

inventario único y de

una base documental

confiable.

- Manejo de la información

como factor clave en los

equilibrios del negocio.

- Base de datos única.

- Base interoperable a

través de documentos

electrónicos y protocolos

de información

específicos para cada

grupo de interés: MOP,

operador, IF, usuarios,

etc.

Base de datos única

Interoperabilidad

Verificación del

cumplimiento

contractual

- Estándares insuficientes

y en algunos casos faltos

de objetividad (criterio

de la IF).

- Dificultad para

determinar

incumplimientos y

en algunos casos

imposibilidad de hacerlo.

- Estándares de servicio

suficientes y siempre

objetivos.

- Mejoramiento de los

contratos de concesión

para la fiscalización y

aplicación de sanciones.

Estándares

explícitos

Mejoramiento

de contratos

Inspección Fiscal (IF) - Falta de respaldo en un

sistema de información

confiable.

- La responsabilidad recae

toda en el IF y no puede

verificarse la información

que recibe.

- Dificultades para prevenir

situaciones de riesgo.

- Información proveniente

del sistema de

autocontrol del

operador, en formatos

establecidos.

- IF enfocado en la

inspección selectiva del

proyecto, el análisis de

riesgos y la aplicación

de sanciones.

Autocontrol

Inspección selectiva

Análisis del riesgo

Continúa

172 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

Cuadro 8.1

Diagnóstico y propuestas en materia de fiscalización de obras públicas (continuación)

Situación actual Situación propuesta Conceptos clave

Evaluación de la

calidad del servicio

- Escasos ejercicios de

evaluación, más allá

de la verificación de

los cumplimientos

contractuales.

- Plataforma de

evaluación permanente,

con énfasis en la mirada

integral del negocio,

más allá de los contratos

específicos. Énfasis en el

análisis de satisfacción:

ciclo de calidad.

Ranking

Establecer puntos de

referencia

Mejora continua

Satisfacción

del usuario

Rol del usuario - Inexistencia de una

política referente al rol

de los usuarios en las

OO.PP. en la fase de

explotación.

- Los reclamos de

los usuarios no se

sistematizan ni se

vinculan a la gestón de

los proyectos.

- El usuario es parte del

negocio y tiene sus

derechos y deberes. Su

opinión es relevante para

evaluar la calidad y la

gestión de los proyectos.

Usuario protagonista

El modelo de fiscalización de obras públicas

Para el modelo de fiscalización desarrollado se consideraron los siguientes componentes:

La Inspección Fiscal. Como contraparte del MOP en los contratos, es responsable de verificar el cumplimiento

de las exigencias contractuales en los campos técnico, financiero y administrativo, para lo cual

cuenta con una asesoría externa de apoyo a esta función y tiene como una de sus fuentes la información

estadística, técnica y de servicio que entrega el operador según las exigencias establecidas en los contratos.

El Sistema de Fiscalización. Desarrollado a través de una plataforma Web, permite contar con una base de

datos interoperable sobre los contratos en explotación, que contempla el registro y la revisión del inventario

de los elementos de las obras, de los servicios, y las inspecciones selectivas realizadas por la Inspección Fiscal

en base a los registros estandarizados. Además, el sistema mide un conjunto de indicadores de gestión previamente

definidos que entregan información oportuna, a través de reportes sobre la operación de los contratos,

los que son de interés para la Inspección Fiscal, el Ministerio, los operadores, los usuarios y la ciudadanía.

La implementación de este sistema se inició con los contratos de las obras viales, de aeropuertos y corredores

de transporte público urbanos concesionadas que se encontraban en etapa de operación u explotación.

Esta decisión se tomó de acuerdo con el volumen de recursos que se habían invertido en los últimos

años a través del Sistema de Concesiones, la necesidad que existía de incorporar mejoras en el servicio en

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 173

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

varios de los proyectos existentes y la proximidad del plazo de término de muchas de estas concesiones,

sumada al posterior proceso de relicitación que habría de realizarse.

El Sistema de Fiscalización contempló el desarrollo de herramientas informáticas de apoyo a la Inspección

Fiscal de Obras y la redefinición de los procesos de recolección, verificación y análisis de la información,

con el propósito de favorecer la detección oportuna de problemas de modo que se pueda actuar de

manera preventiva antes de producirse incumplimientos contractuales, y además de establecer prioridades

frente a situaciones de emergencia que ponen en riesgo la calidad del servicio a los usuarios.

La información generada a través del Sistema de Fiscalización se traduce en indicadores internos de

gestión que permiten evaluar el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, así como también

el desempeño de la industria de la infraestructura pública a través del establecimiento de puntos de

referencia (benchmarking), con lo cual se fortalece el rol fiscalizador y regulador del Ministerio.

La aplicación de este Sistema de Fiscalización trajo como resultado mejoras sustantivas en la gestión

técnica, financiera y de calidad del servicio en las obras concesionadas, al clarificarse y explicitarse los roles

que debían cumplir los distintos actores que intervienen en la infraestructura y al definirse las exigencias de

cumplimiento que era necesario incorporar en los contratos. Esto ha permitido contar con una mejor calidad

de información para aplicar sanciones y multas en caso de incumplimientos, para enfrentar procesos de negociación

en el caso de haber modificaciones en los contratos y para la mejora continua de las obras.

La evaluación de la satisfacción de los usuarios. Este componente del Modelo de Fiscalización de Obras

Públicas contempló la construcción de modelos de evaluación de satisfacción de usuarios específicos para

cada una de las siguientes tipologías de obras concesionadas: viales urbanas, viales interurbanas, aeropuertos

y proyectos de conectividad en zonas aisladas. Con el desarrollo de estos modelos, de tipo cuantitativo-predictivo,

ha sido posible conocer las variables que más determinan la satisfacción de los usuarios por tipo de obra,

con sus respectivos peso específico o ponderadores, a partir de lo cual se evaluaron los principales proyectos

y contratos que actualmente se encuentran en etapa de explotación. A la fecha se cuenta con resultados sobre

la evaluación de calidad percibida para cada variable y de satisfacción global por contrato.

Con la implementación de este modelo de Fiscalización de la Obra Pública ha sido posible optimizar la

labor de control, seguimiento y evaluación de los contratos y a partir de allí, adoptar decisiones oportunas

ante situaciones de riesgo de incumplimiento, y aplicar sanciones cuando correspondiere.

Por otra parte, con la información obtenida se han podido introducir mejoras en las bases de licitación

de nuevos proyectos, donde se incorporaron indicadores y estándares de servicio objetivos, lo que ha permitido

perfeccionar los procedimientos para la aplicación de sanciones o multas. Asimismo, se han definido

las obligaciones de los operadores respecto del inventario de bienes, obras y servicios, así como la actualización

periódica de dichos inventarios, entre otras cuestiones.

En cuanto a la fiscalización, se implementaron procedimientos estandarizados para definir muestras

válidas y representativas con el objeto de realizar la fiscalización selectiva en el terreno; se estandarizaron

los procedimientos para el registro, el análisis y la gestión de los reclamos y consultas de los usuarios; y

se realizaron aportes para reorientar el rol de las Asesorías a la Inspección Fiscal de Explotación, lo que se

tradujo en un nuevo modelo de contrato.

A partir de los resultados de las evaluaciones de satisfacción de los usuarios, se definieron planes de

mejoras vinculadas a la operación de las obras y de los servicios, a fin de corregir los aspectos considerados

deficientes, con lo cual se establecieron obligaciones para los operadores y para los inspectores fiscales de

los contratos evaluados.

174 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

A nivel gubernamental, la información proporcionada por el Sistema ha sido incorporada en los distintos

instrumentos de evaluación de desempeño y de control de gestión, tanto de los directivos y funcionarios

responsables como de las direcciones ministeriales respectivas, en virtud de lo cual, en una primera etapa,

se construyeron las bases de datos y se determinó la trazabilidad de estos últimos y, en una segunda etapa,

se establecieron las metas de resultados y se realizaron su respectivo seguimiento y su evaluación.

Proyecto Superintendencia de Obras Públicas

La iniciativa legal que ingresó en el Congreso Nacional a fines de 2007 se encuentra aún en su primer trámite

legislativo, y es necesario destacar que al inicio del actual gobierno se le retiró el carácter de suma

urgencia que tenía.

El diseño institucional de la Superintendencia de Obras Públicas se construye a partir de la necesidad

de que exista una agencia regulatoria independiente, económicamente autónoma y técnicamente competente,

con mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia que prevengan los favoritismos en la

fiscalización y regulación. El proyecto se construye sobre la base de las siguientes ideas fuerza:

1. Exigir ciertos niveles de servicio.

El proyecto se funda en la obligación de que las obras públicas consideren cuáles son los niveles de servicio

exigibles durante su etapa de explotación. Los nuevos proyectos de obras públicas concesionadas han

ido incorporando cada vez más niveles de servicio exigibles durante su etapa de explotación, situación

que también ha comenzado a establecerse para las obras que administra directamente el MOP. Esta nueva

exigencia constituye una innovación esencial, que surge de la idea de satisfacer la necesidad ciudadana de

contar con obras públicas que presten sostenidamente los servicios para los que fueron construidas.

2. Responder a las necesidades del usuario.

La existencia de ciertos niveles explícitos de servicio en las obras permitirá que los usuarios puedan exigir

la prestación de un servicio de calidad. Para que los usuarios puedan ejercer este derecho, es indispensable

que conozcan en detalle lo que pueden y deben exigir al utilizar las obras públicas. Por eso, el proyecto de

ley contiene mecanismos que permitirán proporcionar toda la información necesaria, además de fiscalizar

y supervisar el adecuado cumplimiento de estas obligaciones por parte del prestador y del Ministerio.

Como contrapartida del reconocimiento del derecho de los usuarios a exigir los niveles de servicio de una

obra pública, es importante destacar que la protección del patrimonio es una obligación de todos; por eso,

se establece que los usuarios y la ciudadanía tienen el deber de usar las obras de acuerdo con las normas

establecidas y evitar comportamientos que puedan dañarlas.

3. Asegurar el cumplimiento del nivel de servicio.

Como las obras públicas deben prestar un nivel de servicio adecuado, y dados los altos costos que su control

impone a los usuarios, la responsable de dicha función sería la Superintendencia de Obras Públicas. Este

nuevo organismo se encargaría de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio que la obra pública

debe mantener durante su etapa de explotación. Para lograr este objetivo, la Superintendencia tendría

como principal función la fiscalización de los concesionarios y del MOP, en lo atinente al cumplimiento de

aquellos niveles expresamente comprometidos. La creación de la Superintendencia impone la separación

de dos roles: el de explotación de la obra pública, que queda radicado en el MOP y el de fiscalización de los

niveles de calidad explícitos, que queda radicado en la Superintendencia. En este sentido, la fiscalización

de la calidad del servicio constituye un cambio de paradigma de primordial importancia.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 175

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

Objetivos de la Superintendencia

En primer lugar, la Superintendencia deberá asegurar que los niveles de servicio que presten las obras

públicas a los usuarios durante su fase de explotación sean los establecidos en los contratos o en los instrumentos

respectivos.

Del mismo modo, corresponderá a la Superintendencia promover y cautelar el respeto a los derechos

tanto de los usuarios de las obras públicas como de quienes se vean afectados por ellas.

Finalmente, la Superintendencia velará por que la información relevante sea de fácil acceso y que esté

disponible de forma veraz, oportuna y actualizada.

Funciones de la Superintendencia

1. Fiscalización de la calidad de servicio.

La Superintendencia representa un sistema autónomo de fiscalización y constituye un paso importante en la

modernización del sector. El modelo propuesto separa la fiscalización de los niveles de servicio de la fiscalización

del contrato, en la etapa de explotación. De esta forma, se busca contraponer los intereses de las unidades ejecutoras,

de los concesionarios y de los contratistas, con los de un ente autónomo que vela por el cumplimiento de

los niveles de servicio, con lo cual se genera un sistema de frenos y contrapesos (check and balance).

2. Protección de los usuarios y afectados.

En relación con los usuarios, la Superintendencia de Obras Públicas debe velar por el respeto de sus derechos,

así como también por los de la ciudadanía en general. De esta forma, se le asigna la facultad de resolver las denuncias

que le formulen los particulares sobre eventuales incumplimientos en cuanto a los niveles de servicio

comprometidos para una obra pública. Comprobado aquel incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas

por la presente ley. También, corresponderá que la Superintendencia resuelva los reclamos que le formulen los

usuarios de las obras públicas, o la comunidad, cuando sientan afectados sus derechos o intereses legítimos, por

causa de actos u omisiones ejecutados por entidades públicas o privadas a cargo de la explotación de una obra

pública.

3. Transparencia y generación de información.

El proyecto de ley establece la obligación de los sujetos fiscalizados de entregar la información que les sea

requerida y por los medios que determine la Superintendencia, para el desarrollo de sus funciones. Estas

disposiciones son producto de la convicción de que el mejor aliado de la fiscalización es un flujo abundante

de información hacia los usuarios, la ciudadanía y los mercados. Por ello, junto con las obligaciones de los

prestadores, también se establecen funciones específicas de la propia Superintendencia, destinadas a producir

información general y analítica, así como para su publicidad y difusión.

De acuerdo con el rol central que en este proyecto tienen los usuarios, se establece que las empresas y

los organismos encargados de explotar las obras públicas deben desarrollar –según la normativa instaurada

por la Superintendencia– estudios de la percepción del usuario con respecto a la calidad del servicio de

las obras en explotación, y difundir sus resultados. Sobre esa base, la Superintendencia deberá elaborar un

ranking de satisfacción de los usuarios respecto de las obras públicas en explotación más relevantes.

En términos de la generación de información, también se contempla que anualmente la Superintendencia

realice un informe dirigido al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados, donde consigne el

176 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

desempeño que hayan tenido los prestadores –privados y públicos– en las áreas sujetas a su fiscalización.

De esta forma, el proyecto contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas pública (accountability)

de la gestión de los prestadores.

En el proyecto se ha previsto que la totalidad de los informes emitidos por la Superintendencia sea

publicada en su página Web, con lo cual se propiciaría la transparencia del sector. En este mismo sentido,

se introduce una norma tendiente a regular el cabildeo (lobby).

4. Regulación económica de las obras concesionadas y otros contratos.

Se asigna a la Superintendencia de Obras Públicas un rol en la regulación económica de las obras concesionadas,

como una forma de perfeccionar los procedimientos de modificación de contratos cuando no es

posible aplicar el mecanismo competitivo de la licitación. Se espera así perfeccionar los procedimientos de

modificación de los contratos de concesión, incorporando una perspectiva técnica, especializada e independiente

para contribuir a fortalecer la concesión de obras públicas que tanto ha aportado al desarrollo de

la infraestructura en el país, y para ello se proponen las siguientes funciones:

• Informar a las autoridades respecto del impacto de la modificación de los contratos –tratándose

de obras concesionadas– en: i) los niveles de servicio originalmente comprometidos, ii) la valoración

de las inversiones por realizar y iii) el respeto de la proporcionalidad de las prestaciones

económicas mutuas acordadas y de las estructuras y los niveles tarifarios previstos. Además,

informar al Ministerio sobre los ajustes tarifarios o de cualquier naturaleza que corresponda

efectuar a las condiciones establecidas en los contratos, especialmente si se corresponden con

los mecanismos, procedimientos y factores originalmente pactados. Todo lo anterior configura

un marco que evita que se realicen modificaciones injustificadas en los términos de la concesión

ganada por la empresa del sector privado durante la ejecución del contrato.

• La Superintendencia desarrollaría estudios de mejores prácticas, estableciendo un punto de

referencia en la formulación de las bases para las licitaciones, renegociaciones, estructuras de

costos de obras públicas y mecanismos de protección a los usuarios, entre otros ítems. La posibilidad

de efectuar comparaciones entre las cuestiones antes presentadas y que estas se hagan públicas

contribuye a proveer información indispensable para la toma de decisiones, con lo cual el

mercado se vuelve más transparente y los mecanismos de adjudicación se hacen más eficientes.

• Informar acerca de las bases de licitación y del reglamento de servicio de la obra.

• Pronunciarse respecto de las bases de licitación de contratos de conservación u operación de

obras públicas y sobre sus modificaciones, cuando existan exigencias asociadas al cumplimiento

de determinados niveles de servicio, aunque no se rijan por la ley de concesiones.

5. Aplicación de sanciones.

Se propone un régimen de sanciones que podría aplicar la Superintendencia de Obras Públicas en el cumplimiento

de sus funciones. A estos efectos, podría aplicar sanciones a las personas naturales o jurídicas sujetas

a su fiscalización, por el incumplimiento o la infracción de lo establecido en la ley, en su reglamento, en sus órdenes

e instrucciones, y en los demás instrumentos cuya fiscalización le corresponda. Es importante destacar

que, paralelamente a la definición del proyecto de ley, se trabajó en las bases conceptuales, procedimentales

y organizacionales que permitirán su rápida implementación para cuando el proyecto sea aprobado.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 177

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

Demanda de información en el sector de infraestructura pública

La demanda de información en materia de infraestructura pública va en aumento, debido al impacto que

generan estas obras en el desarrollo territorial y productivo del país. A esto hay que agregar el interés que

la infraestructura pública suscita en la ciudadanía, y en especial en los usuarios de las obras públicas concesionadas,

quienes deben pagar una tarifa por el uso de las mismas, situación que en los últimos 20 años

se ha incrementado considerablemente con la consolidación de este sistema en Chile.

Por otra parte, existen factores que obligan al Estado a responder a la ciudadanía garantizando una

gestión eficiente, eficaz, de calidad y con acceso oportuno a la información.

Por lo anterior, en 2008 el MOP definió una política de relación ciudadana que fortalece la participación

activa de la comunidad en las distintas etapas de vida de los proyectos, a través de la implementación

de diferentes estrategias e instrumentos, como condición clave en el proceso de modernización del Estado

y de profundización de la democracia. En este contexto, el MOP ha reconocido la relevancia de establecer

relaciones receptivas y gestionar adecuadamente los requerimientos y compromisos que recibe y adquiere

de todas las partes interesadas durante el ciclo de vida de un plan, programa o proyecto de inversión. El

criterio para determinar a los usuarios se basa en un enfoque de actores relevantes:

• Actores de la comunidad: este concepto abarca la ciudadanía, los usuarios, los beneficiarios y

los afectados por las acciones del MOP, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), funcionales

y territoriales, tanto formales como informales.

• Actores privados: este concepto se refiere a los sectores productivos y a las organizaciones que

representan sus intereses, como los prestadores de servicios, las empresas y sociedades extranjeras,

las universidades, los centros de formación técnica, etc.

• Actores públicos: en este caso se consideran los municipios y todos los entes del Estado, incluidos

los propios servicios del MOP, que intervienen en la provisión de un servicio o producto.

• Actores políticos: abarca a los representantes formales de la ciudadanía en razón del sistema

democrático, como los parlamentarios.

• Organismos internacionales.

La metodología para definir e identificar a estos actores se encuentra en el Manual de Participación Ciudadana

del Ministerio, en el que se explican los lineamientos y métodos para establecer los procesos de

consulta y participación ciudadana con la comunidad durante el desarrollo de un plan, programa o proyecto

de inversión en infraestructura. Esta metodología determina la forma en que se debe abordar la participación,

tomando en cuenta la escala de trabajo, la tipología de los actores, el grado de incertidumbre, y el tipo

de información. Mientras más alto sea el nivel de decisión (de una política, un plan o un programa), más

agregada será la información, menor la escala de trabajo y mayores las incertidumbres. Cuando se trata de

proyectos, la escala de trabajo es local, la información es específica y las incertidumbres son menores.

Por otra parte, se definió una estrategia de relación del Ministerio con sus clientes y usuarios, en la cual

se estableció una visión integral para los ámbitos de atención ciudadana, que apunta a mejorar los procesos

vinculados a la gestión de la información con el fin de conocer mejor a los clientes y usuarios, analizar sus

necesidades con mayor precisión, fortalecer los servicios más demandados e incluir de manera pertinente

y oportuna los requerimientos que se capturan mediante los diversos canales de comunicación, en función

de la definición de planes, programas, proyectos y normas. Esto contempla la adecuación de los actuales

procesos del sistema de atención ciudadana bajo la norma internacional ISO 9001:2000.

178 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

Además, para facilitar la difusión de información se implementó un portal Web institucional, que cumple

con las demandas y exigencias que Chile ha definido en materia de transparencia y confiabilidad de la

información, desafíos establecidos para todo el sector público a través de la Ley Nro. 20.285 de Transparencia

de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que entró en

vigencia en 2009. A partir de la puesta en marcha de esta ley, fue necesario fortalecer en el Ministerio las

áreas de atención ciudadana y todos los procesos que permiten responder a las exigencias de transparencia

activa y de acceso a la información pública.

Principales resultados obtenidos en Chile en la implementación

del enfoque del servicio en la infraestructura y en el Sistema de

Fiscalización de Obras Públicas

Como consecuencia del trabajo realizado por el MOP para orientar su gestión hacia la prestación de servicios

que satisfagan las necesidades de los usuarios y de la ciudadanía, se han realizado una serie de iniciativas

que permiten instalar este nuevo enfoque.

1. Modificación de la Ley de Concesiones.

En esta ley se incorporó como obligación del concesionario el cumplimiento de los niveles exigidos de servicio

y de los estándares técnicos durante toda la vigencia del contrato. En la tramitación del proyecto de

ley se presentaron dificultades por cuanto el esfuerzo institucional se centró en el cambio de paradigma en

relación con el sentido de las concesiones y no en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a una virtual

paralización del proceso de concesiones entre 2006 y 2008.

Para cumplir con este propósito, se requería la introducción de otros perfeccionamientos, a la luz de la

experiencia acumulada, a objeto de aumentar la transparencia de los contratos, resguardar las condiciones

de libre competencia y equidad en la adjudicación de los mismos y hacer posible que el Estado, por medio

del MOP, contase con herramientas suficientes para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones

y deberes. Con todo ello, se busca que los proyectos concesionados presten a los usuarios un servicio adecuado,

que tenga el menor impacto posible en el presupuesto fiscal y una tarifa eficiente.

Junto con lo anterior, y dado que el mecanismo de resolución de controversias consagrado en la legislación

adolecía de ciertas deficiencias, se introdujeron algunos ajustes a fin de garantizar la adecuada y

pronta solución de los conflictos jurídicos que pudieran tener lugar durante la concesión, resguardando con

ello el normal avance de las obras y el bienestar social.

2. Definición e implementación de estándares y niveles de servicio.

En relación con la tarea de identificar los servicios por prestar según el tipo de obra, con sus respectivos

atributos de calidad, indicadores y estándares de servicio, a la fecha se cuenta con una propuesta

para las nueve tipologías siguientes: aeropuertos, edificación pública, obras viales urbanas e interurbanas,

conservación de caminos pavimentados, aguas lluvias, hospitales, infraestructura para la pesca artesanal,

proyectos de conectividad marítima, lacustre o fluvial, y agua potable rural. Estas propuestas se han ido

incorporando paulatinamente en licitaciones de nuevos proyectos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 179

PARTE

2

Capítulo 8 - Transparencia y control de la obra pública en Chile

3. Fiscalización de contratos de concesión.

Se crea el sistema de gestión para la fiscalización de contratos de obras públicas en etapa de explotación,

con una implementación gradual en obras concesionadas viales interurbanas, urbanas, corredores de transporte

público y terminales aeroportuarias, en virtud de lo cual se obtienen los siguientes resultados:

• De un total de 59 contratos de concesiones, se están fiscalizando 37 a través del sistema (20 viales

interurbanos, seis viales urbanos, dos corredores de transporte público y nueve aeropuertos)

y, a partir de allí, se están generando más de 100 reportes para diferentes usos. Cabe destacar

que esta misma metodología está siendo desarrollada para la gestión e inspección de los 1.700

sistemas de agua potable rural del país.

• El seguimiento oportuno de la gestión de contratos permitió que tan sólo en 2009 se cobraran 43

multas por incumplimiento, por un total de US$770.000, y que se detectaran otras 576 multas

por un monto de US$5.660.000.

• Además, esta plataforma se utilizó como sistema de información para el catastro de las emergencias

asociadas al terremoto ocurrido en Chile en febrero de 2010, de modo que se pudo responder

y atender esta situación de forma más oportuna y eficiente.

4. Sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios de obras públicas.

Durante 2009 y 2010 se realizaron estudios de evaluación de la calidad de los servicios percibida y de satisfacción

de los usuarios de los principales proyectos de obras concesionadas. Como ejemplo, algunos de

los principales resultados obtenidos en la primera evaluación de obras viales fueron los siguientes:

• La seguridad es el principal valor o condición que relevan los usuarios, con un 64% en carreteras

concesionadas, un 40% en autopistas urbanas concesionadas y un 78% en el caso de los usuarios

de carreteras no concesionadas.

• El tiempo de viaje sólo resulta el valor más importante para los usuarios de autopistas urbanas (44,5%).

• Las autopistas urbanas, en general, son las obras más apreciadas; en segundo lugar se ubican las

carreteras interurbanas concesionadas y, por último, con bastante rezago, las carreteras interurbanas

no concesionadas.

• En las carreteras interurbanas los atributos evaluados más negativamente se relacionan con la

seguridad vial, como cercos que impiden el paso de personas y animales en la vía, iluminación

deficiente, falta de barreras de contención laterales y centrales, etcétera.

Lecciones aprendidas y desafíos futuros

Las políticas públicas que se implementen en materia de transparencia y fiscalización, tanto a nivel global

como sectorial, deben ser asumidas como políticas de Estado, y por lo tanto deben contar con el consenso

y el compromiso de la sociedad en su conjunto y con el apoyo de todos los sectores políticos para que se

continúe con su aplicación a través de los gobiernos que se sucedan.

180 Banco Interamericano de Desarrollo

Sonia Tschorne Berestesky

A la luz del caso chileno, en el diseño y la implementación de programas de mejoramiento institucional

que impliquen cambios profundos en la forma de llevar adelante la gestión en los servicios públicos, hay que

considerar como uno de los principales factores de riesgo la posibilidad de que haya cambios en la conducción

política y/o técnica de las instituciones o del programa, por cuanto en esos casos se corre el riesgo de que se

sufran modificaciones en los enfoques y en las prioridades para atender la problemática planteada.

Como factor de éxito en el desarrollo del Programa de Fortalecimiento Institucional de Chile y en la

incorporación de mecanismos de transparencia y control en el sector de infraestructura, se debe mencionar

la creación de una unidad altamente especializada, profesionalmente fuerte y organizacionalmente comprometida,

lo que demostró ser un elemento fundamental para obtener importantes avances y logros.

Además, la incorporación de metas específicas de cumplimiento en los instrumentos gubernamentales de

evaluación del desempeño y de control de gestión de los organismos institucionales puede ayudar a garantizar

su continuidad. Junto con ello, es importante establecer componentes que impliquen logros por etapas y plazos

asociados, cuyos resultados se puedan visualizar tempranamente en los avances de la hoja de ruta planificada.

Asimismo, en materia de recursos humanos resulta indispensable incorporar un acompañamiento de

especialistas en el proceso de transformación institucional, considerando una fuerte estrategia de gestión

del cambio, tanto para ayudar a minimizar las barreras naturales que siempre surgen dentro de la organización

como para difundir los avances, logros y resultados y darlos a conocer a los distintos actores involucrados,

comprometiéndolos en el proceso.

Por último, un factor clave en el caso chileno fue contar con la participación y el apoyo técnico y financiero

del Banco Mundial y del BID, instituciones que se constituyeron en socios estratégicos del proceso de

modernización del MOP, puesto que los compromisos contraídos por el Estado de Chile con dichos organismos

garantizaron la sostenibilidad de la asignación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda.

Uno de principales desafíos que hay que considerar es que se debe contar con la voluntad política de

las autoridades del gobierno para seguir avanzando en la concreción del proyecto de Fortalecimiento Institucional

del MOP, con la asignación de los recursos técnicos, humanos y financieros que permitan continuar

aplicando las herramientas creadas a fin de avanzar en la consolidación de los instrumentos regulatorios

del sistema de contratación y fiscalización de las obras públicas, y para contar con un sistema integral que

asegure una mayor transparencia y un mejor control en el sector.

Otro gran desafío pendiente es la creación de la Superintendencia de Obras Públicas, para lo cual hay

que convencer a los representantes del MOP y de Hacienda, a fin de comprometerlos en la necesidad de

abordar las actuales falencias que se mantienen en los ámbitos de la regulación, de la fiscalización y de la

información acerca de las obras públicas, principalmente en el caso de las concesionadas. Los actuales mecanismos

para la transparencia del sector son insuficientes, ya que no alcanzan a constituir un sistema, el

que recién se verá completo cuando se apruebe el proyecto de ley y se implemente su institucionalización.

Bibliografía

Castro Fernández, R. et al. 2009. Concesiones: agenda para 2020. Santiago de Chile: Libertad y Desarrollo.

MOP (Ministerio de Obras Públicas de Chile). 2010. Programa de concesiones 2009-2010. Santiago de Chile: MOP.

 

 

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 183

PARTE

3 Reflexiones finales 185

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

184 Banco Interamericano de Desarrollo

“

”

El objetivo principal de esta publicación

ha sido dar algunas ideas de qué es lo que

hemos aprendido tras la implementación de

estas políticas de transparencia focalizada

en los países latinoamericanos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 185

PARTE

3

Reflexiones finales

Reflexiones finales

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

El creciente empoderamiento y la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, en gran

medida impulsados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha abierto canales

importantes para entender la transparencia como herramienta de política pública a través de la cual se

puede mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que se brindan. El objetivo principal de esta publicación

ha sido dar algunas ideas de qué es lo que hemos aprendido tras la implementación de estas políticas

de transparencia focalizada en los países latinoamericanos.

Para ello, los autores de los distintos capítulos han compartido las valiosas experiencias llevadas a

cabo en seis países de la región, tocando temas como la asignación de los subsidios al sector privado, el

control y monitoreo del gasto público, la transparencia en las industrias extractivas, el lavado de dinero, la

asignación de créditos para la vivienda, y la transparencia en proyectos de infraestructura. Nuestro objetivo

en estas reflexiones finales no es repetir las conclusiones de cada uno de los capítulos, sino plantear

algunos temas transversales que se pueden aportar a la agenda de gobiernos y organismos de apoyo a nivel

regional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Las iniciativas de seis países, presentadas en la segunda parte, constituyen sólo algunas de las acciones

para promover la transparencia que el Fondo de Transparencia viene apoyando en la región. De allí, consideramos

que es posible extraer algunas lecciones que los lectores pueden encontrar relevantes. Para ello,

en primer lugar, recordemos quiénes son los usuarios de la información y cuáles las entidades objetivo en

el marco de las iniciativas de transparencia focalizada en cada caso (véase el cuadro).

Iniciativas de transparencia focalizada:

usuarios de la información y entidades objetivo, por países estudiados

País Usuarios Entidades objetivo

Argentina Ciudadanos, organizaciones

de la sociedad civil,

medios de comunicación y

organismos de control.

Secretaría de Transporte, Secretaría de

Energía, Oficina Nacional de Presupuesto,

Unidad de Coordinación y Evaluación de

Subsidios al Control Interno.

Brasil Funcionarios del gobierno

federal.

Ministerios y secretarías del gobierno

federal.

Continúa

186 Banco Interamericano de Desarrollo

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

Iniciativas de transparencia focalizada:

usuarios de la información y entidades objetivo, por países estudiados (continuación)

País Usuarios Entidades objetivo

Chile Ciudadanos, organismos de

control y organizaciones de

la sociedad civil.

Ministerio de Obras Públicas y empresas del

sector privado.

Colombia Ciudadanos, gobiernos

locales, empresas del sector

privado y organismos de

control.

Fondo Nacional del Ahorro.

Ecuador Ciudadanos, organizaciones

de la sociedad civil y

organismos de control.

Empresas del sector privado, Ministerio

de Energías no Renovables, Ministerio de

Minas y Petróleos, empresas petroleras del

sector público y privado, algunos gobiernos

municipales.

Guatemala Superintendencia de

Bancos, en particular la

Intendencia de Verificación

Especial (IVE).

Entidades financieras y Asociaciones y

Profesiones no Financieras Designadas.

En segundo lugar, tomando en cuenta el modelo de transparencia focalizada descrito en el capítulo

1, enumeraremos algunos elementos que podrían orientar la implementación actual y enriquecer

el diseño y la implementación de futuras políticas de transparencia focalizada en la región.

1. El éxito de las políticas de transparencia focalizada empieza con una adecuada definición del objetivo

que la política busca subsanar. La transparencia focalizada pretende crear incentivos para que se

suministre información a un grupo de usuarios a fin de que estos puedan tomar decisiones informadas. Por

lo tanto, para que las políticas de transparencia focalizada tengan valor agregado en el mejoramiento de

las políticas públicas, deben partir de una adecuada identificación de los riesgos que se desea reducir o

mitigar, así como de las capacidades de los usuarios de información.

Para ilustrar la importancia de este punto, podemos utilizar el caso brasileño expuesto en el capítulo 4.

En este caso, la Controladoria-Geral da União (CGU) de Brasil identificó que la falta de análisis de la información

sobre el gasto público a nivel federal generaba riesgos de corrupción y malversación de los fondos

públicos. Este diagnóstico llevó a esta agencia a adoptar una política de transparencia focalizada que se

concentró en desarrollar una herramienta (el Observatorio del Gasto Público) que permitiera al gobierno

fortalecer la eficiencia de las actividades de auditoría y que, al mismo tiempo, proveyera a los gestores

públicos información que los ayudara a evitar vulnerabilidades y riesgos.

Si la CGU no hubiese identificado correctamente el propósito de la política que se instrumentó a través

del Observatorio del Gasto Público, se podría haber concentrado, por ejemplo, en solicitar más información

a las entidades correspondientes, y este mayor flujo de información, en lugar de reducir los riesgos identificados,

habría podido incluso aumentarlos al socavar el apoyo de las dependencias del gobierno federal

hacia el órgano de control interno, el cual si bien cumple funciones de supervisión y auditoría, es visto cada

vez más como un asesor técnico en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar riesgos.

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 187

PARTE

3

Reflexiones finales

2. La comunicación durante el proceso de implementación de la política de transparencia focalizada es

un elemento primordial para su éxito y sostenibilidad. El suceso o fracaso de las políticas de transparencia

focalizada está estrechamente relacionado, por un lado, con la percepción de los usuarios sobre el

impacto que la información acerca de las políticas en cuestión pueda tener para la toma de decisiones, y por

el otro, con la percepción de las entidades objetivo sobre los beneficios que para ellos pueda traer el mayor

y mejor flujo de información. Por eso, comunicar o socializar abiertamente las bondades de la información

que proveen las políticas de transparencia focalizada contribuye a crear un círculo virtuoso que simplifica

la coordinación entre los usuarios así como también favorece la sostenibilidad de la política en el tiempo.

Para ilustrar la importancia de la comunicación podemos mencionar el caso chileno y el caso ecuatoriano

expuestos en esta publicación. En Ecuador, los seminarios y sesiones de socialización y validación

en los que se presentaron los nuevos estándares de transparencia para la industria extractiva ayudaron a

que cambiaran las percepciones de los diversos usuarios de la información, de tal manera que estos reconocieron

que la mayor y mejor disponibilidad de información podría beneficiarlos directamente al reducir

los mensajes contradictorios que existían. En cuanto al caso chileno, la mayor información proveniente del

Sistema de Fiscalización de Obras Públicas permitió que el sector privado, que es uno de los usuarios de

la información en esta iniciativa, pudiera tomar decisiones de manera informada, lo cual contribuye a un

mercado más transparente y a que los mecanismos de adjudicación de las obras de infraestructura sean

más competitivos.

3. La coordinación entre los actores involucrados en el proceso de generación y uso de la información

es uno de los grandes retos de las políticas de transparencia focalizada. La existencia de múltiples actores

en el ciclo de la política de transparencia focalizada (sean usuarios o proveedores de la información)

hace que el cambio exitoso en el comportamiento, que soluciona la asimetría inicial de información, esté estrechamente

ligado a la existencia de mecanismos de coordinación entre los actores involucrados. En otras

palabras: la información que se pone en el dominio público como resultado de una política de transparencia

focalizada sólo será útil para lograr un objetivo de política pública si los usuarios de la información deciden

cambiar colectivamente su proceso de toma de decisiones. Como contrapunto, en el caso en que haya más

de una entidad objetivo de la política, para que la generación de información sea la adecuada, es necesario

que todas las partes que la producen lo hagan según los estándares apropiados, en la cantidad justa y por

los medios adecuados.

El caso de Guatemala, presentado en el capítulo 6, nos permite aclarar mejor este punto. De acuerdo

con lo expuesto, podemos concluir que en el ámbito de las regulaciones del lavado de activos, los cambios

de conducta por parte del sector financiero y no financiero, “en tanto guardianes de la economía legal”,

dependerán, entre otros factores, de cómo cooperen entre ellos.

Si hay un grupo de entidades financieras que no cooperan y, por ende, no recolectan información valiosa

sobre la identidad y actividad económica de sus clientes, ni reportan operaciones sospechosas a la

Intendencia de Verificación Especial (IVE), esto atraerá a clientes “lavadores” de activos hacia ellas, creando

un incentivo negativo para las entidades que desean cumplir con los requerimientos legales. En efecto,

estas últimas pueden tomar el riesgo de no realizar preguntas “incómodas” a sus clientes y de no reportar

operaciones sospechosas, pues el costo de oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta que los clientes

lavadores van a otra ventanilla, es más grande que los beneficios. En el caso del lavado de dinero, un mecanismo

implícito de coordinación que puede alinear los incentivos de los generadores de información es la

percepción de que existe una unidad de inteligencia financiera (la IVE) con la capacidad de supervisión y

un sistema de monitoreo eficiente, así como también con la capacidad para investigar y sancionar a quienes

no cumplan con los requerimientos de información.

188 Banco Interamericano de Desarrollo

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

4. Para lograr el cambio en la conducta de las entidades generadoras de información es importante

contar con un sólido compromiso institucional. Las políticas de acceso a la información y la transparencia

focalizada generan costos tangibles e intangibles, principalmente para las entidades que deben proveer

la información. Los primeros surgen de la labor de recolección –o del desarrollo, en algunos casos– y del

procesamiento de los datos requeridos, así como del análisis y de la distribución, de acuerdo con parámetros

y estándares que sean relevantes para los usuarios. Los segundos derivan de la necesidad de cambiar

la cultura organizacional, pasando de la opacidad a la apertura al dar acceso a la información. Estos son

costos hundidos para la entidad que provee la información, es decir, es necesario incurrir en ellos y no son

recuperables; sin embargo, si existe apoyo institucional y este se comunica de manera proactiva, es posible

que la entidad identifique ganancias a largo plazo que resulten en un beneficio neto, lo que contribuye al

cambio de comportamiento, a la implementación de la política de transparencia focalizada y, en el largo

plazo, a su sostenibilidad.

El caso brasileño puede servir para ilustrar esta idea. La información generada por el Observatorio del

Gasto Público suscitó una respuesta institucional contundente que se manifestó en cambios en la conducta

de la propia CGU y de diversas entidades del sector público, las cuales se beneficiaron de la información

provista. Como se indica en el capítulo 4, un ejemplo concreto ha sido la adopción de una regulación referente

a la utilización de tarjetas de crédito corporativas. Esta regulación fue el resultado de que el Observatorio

identificara en el sistema vulnerabilidades que generaban riesgos de ineficiencias y corrupción, y

su adopción por diversas instituciones estuvo en parte relacionada con el apoyo institucional que se le dio

al Observatorio.

5. En el ciclo de acción de las políticas de transparencia focalizada, la participación activa de las organizaciones

de la sociedad civil es un factor clave. En las políticas de acceso a la información de primera

generación se considera que el ciudadano es el usuario último de esta información. En cambio, como se

mencionó en el capítulo 1, las políticas de transparencia focalizada definen a los usuarios de la información

en un espectro más amplio, ya que pueden incluir, además de los ciudadanos, a las organizaciones de la

sociedad civil (OSC), a los sindicatos, a entidades públicas y a los medios de comunicación.

Es frecuente encontrar situaciones en las que, si bien los ciudadanos consideran relevante determinada

información, perciben cierta opacidad y creen que esto les atañe directamente, pero por diversas razones,

incluida la percepción de que sus esfuerzos no serán efectivos, sumada a los retos de coordinación antes

mencionados, no la demandan. Es en entonces cuando las OSC pueden convertirse en un factor catalítico,

identificando situaciones en las que la falta de información puede implicar un riesgo, promoviendo la

transparencia focalizada como una solución para manejar el riesgo y actuando como entes coordinadores

de los diversos intereses de los actores. Así mismo, pueden contribuir a cambiar la percepción de los ciudadanos

y de las entidades a cargo de la difusión de información. Este último elemento ayuda a subsanar

los problemas que genera el funcionamiento de los arreglos institucionales y constituye un respaldo para la

sostenibilidad de las políticas de transparencia focalizada.

En el caso colombiano presentado en el capítulo 7, por ejemplo, fue una OSC, Transparencia por Colombia,

la que en un contexto de cambio coyuntural –marcado por la llegada al poder de un nuevo gobierno–

impulsó, en coordinación con el gobierno colombiano, una política de transparencia focalizada. Esa política

estaba orientada a subsanar la falta de información en materia de vivienda, problema que Transparencia por

Colombia identificó y que, según la organización, generaba riesgos de corrupción, ineficiencia y desigualdad.

La experiencia del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

(CIPPEC) en Argentina, que se expone en el capítulo 3, también nos sirve para ilustrar la importancia de

las OSC en el ciclo de política de la transparencia focalizada. En este caso, la política buscaba aumentar la

rendición de cuentas en materia de subsidios al sector privado, específicamente en el sector de transporte,

de productos agrícolas para alimentos de consumo masivo y del gas. Pese a que los cambios asociados a la

política de transparencia focalizada pueden ser considerados como marginales, especialmente si se toma

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 189

PARTE

3

Reflexiones finales

en cuenta la respuesta institucional por parte de las entidades objetivo, CIPPEC logró interesar a otros

usuarios, como los medios de comunicación, para que ellos continuaran con el esfuerzo de cambiar percepciones

y conductas a fin de lograr una mayor transparencia y mejorar la rendición de cuentas.

Por último, sin perjuicio de los aprendizajes específicos que nos han dejado cada uno de los casos

presentados en esta publicación, quisiéramos utilizar este espacio de reflexiones para plantear algunos

temas adicionales –y también de carácter transversal– que pueden aportar información para la agenda de

transparencia y/o ayudar a identificar algunos de los desafíos más importantes en la región.

La efectividad de las políticas de transparencia

y la importancia de medir sus resultados

Para lograr la efectividad en las políticas que a lo largo de estas páginas hemos denominado de transparencia

focalizada, el BID toma en cuenta la voluntad y la capacidad de múltiples actores estratégicos que

participan en distintos procesos para promover la transparencia en los países, incluidos el sector público, el

sector privado y la sociedad civil. Cada uno de los casos presentados en la publicación nos demuestra que

no basta con canalizar una determinada política a través de uno u otro actor, sino que es preciso identificar

los incentivos y capacidades de oferentes y demandantes de información, y de gestores y destinatarios de

las políticas de transparencia y acceso a la información.

Para ello, hay que analizar cuidadosamente las visiones, demandas, expectativas y capacidades que posee

cada uno de los actores, y a su vez capacitarlos, construir o consolidar voluntades, y lograr acuerdos y compromisos

tácitos o explícitos. El diseño, la aplicación y el monitoreo de las políticas de transparencia deben

realizarse sobre la base de diagnósticos y puntos de partida que luego permitan la medición de los resultados

de las intervenciones. Sin embargo, ¿cómo medimos la efectividad de las políticas de transparencia? En materia

de esfuerzos de medición, en los últimos años la agenda de gobernabilidad pasó de considerar que no era

factible tener indicadores a experimentar una explosión de ejercicios de medición,1 a tal punto que cada vez

que se estructura una iniciativa de transparencia, existe el riesgo de desarrollar una nueva métrica.

En este sentido, uno de los retos para las organizaciones y los gobiernos que se encuentren en la fase de

diseño de una política de transparencia focalizada es evitar la trampa de generar indicadores como si estos

fueran el objetivo último de la intervención, y no uno de los medios para alcanzar un cambio en el ciclo de

política pública. Para evaluar el efecto de estas políticas es necesario contar con una combinación de indicadores

que permitan entender los arreglos institucionales nacionales, y las fortalezas y debilidades de las

instituciones públicas nacionales relevantes,2 con indicadores que posibiliten evaluar aspectos específicos

relacionados con la política en cuestión.3

1 La cantidad de indicadores es tal que algunas organizaciones han empezado a construir un inventario de esfuerzos

de medición. Véase, por ejemplo, el portal GAP creado por el Centro de Gobernabilidad Democrática del Programa para

el Desarrollo de las Naciones Unidas (http://www.gaportal.org/) y el portal GATEway ideado y puesto en marcha por

Transparencia Internacional (http://gateway.transparency.org).

2 Ejemplos de estos ejercicios son el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana

contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (http://www.oas.org/juridico/

spanish/mesicic_intro_sp.htm), el Reporte de Global Intengrity (http://www.globalintegrity.org/report), y el programa

de Public Expenditure and Financial Accountability (http://www.pefa.org/dashboard).

3 El monitoreo de acuerdo con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las industrias

extractivas en Ecuador, presentado en el capítulo 5 de esta publicación, es solo un ejemplo de este tipo de mediciones.

190 Banco Interamericano de Desarrollo

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

Esta combinación de indicadores puede considerarse como una integración vertical de información,

puesto que analizan información pertinente al contexto nacional con información específica de un sector

o una institución. La integración vertical de indicadores permite trazar un panorama amplio para entender

el efecto de la transparencia focalizada en un contexto particular. En este sentido, es importante buscar el

equilibrio adecuado de métricas que alimenten el diseño de la política y permitan su monitoreo y evaluación.

No en todas las áreas de política la tarea de identificar y diseñar indicadores requiere el mismo esfuerzo.

Por ejemplo, es posible que en lo que atañe a la transparencia en materia de educación y salud exista

mayor información que en temas relativos al cambio climático, simplemente porque esta última agenda es

más reciente. Esperaríamos que los compromisos adquiridos por muchos países en el marco de la Alianza

para el Gobierno Abierto (AGA) facilite la tarea, al aumentar el flujo de información disponible para los

diversos actores.

Así, el análisis de iniciativas existentes permite tomar en cuenta algunos elementos que, en materia de

medición, podrían ser considerados por los usuarios y proveedores de información. Primero, es importante

empezar por establecer claramente cuál es la falla que se intenta solucionar en el sistema, cuáles son las necesidades

del grupo de usuarios que se busca atender con la política, cuáles son los diferentes actores que

intervienen en los procesos y cuáles los incentivos que tienen para divulgar o no la información. Segundo,

una vez que se identifican estos elementos, es necesario establecer –teniendo en cuenta el ciclo de acción

de la política pública– qué se quiere lograr con la medición y cómo se va a usar la información resultante

para producir el cambio de comportamiento que se busca con la transparencia focalizada. Finalmente,

vale la pena preguntarse si la medición en cuestión tiene un valor agregado o si existe ya la información

necesaria para alcanzar los objetivos deseados. Este alto en el camino es relevante para el proceso, puesto

que –como se ha discutido a lo largo de esta publicación– más información no implica mayor transparencia.

Construir sobre cimientos sólidos:

efectiva implementación de las leyes de acceso a la información,

modernización de los archivos públicos y fomento de capacidades

en los niveles subnacionales de gobierno

Pese a que esta publicación se ha concentrado en las políticas de acceso a la información de segunda

generación o de transparencia focalizada, consideramos importante recordar que el debate sobre la implementación

de iniciativas de acceso a la información de primera generación, entendidas como aquellas que

buscan la sanción y el cumplimiento de las leyes de transparencia y acceso a la información, no está cerrado,

particularmente en nuestra región. Los gobiernos y la sociedad civil de los países de América Latina

y el Caribe (ALC) han demostrado un creciente interés en fomentar el derecho de acceso a la información,

incorporándolo en los ordenamientos legales y, en algunos casos, creando organismos encargados de la

supervisión y de que se haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. En la última

década, más de 10 países de la región han sancionado leyes de acceso a la información, en el entendimiento

de que estas leyes constituyen piezas clave para que los usuarios de información cuenten con un amparo

ante las jurisdicciones que existen para defender este derecho.

Sin embargo, la efectiva implementación de estas leyes sigue siendo uno de los mayores retos de la región

(Baena y Vieyra, 2011). Existen aspectos clave sobre los cuales los países en cuestión tienen mucho trabajo por

delante, por ejemplo: la definición y aplicación de conceptos como el de transparencia activa; el funcionamiento

óptimo de los organismos que supervisan el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información;

la aplicación de sanciones en caso de infracción a estas normas; el dictado de instrucciones generales

para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 191

PARTE

3

Reflexiones finales

de la administración del Estado (y el requerir que estos ajusten sus procedimientos y sistemas de atención al

público a dicha legislación), y la resolución de los reclamos por denegación de acceso a la información.

Además, existen algunas condiciones necesarias para la promoción de la transparencia en la función

pública que impactan directamente en la implementación efectiva de las leyes de acceso a la información.

Si bien en este espacio no pretendemos dar una mirada que abarque la totalidad de estas condiciones, nos

permitimos llamar la atención sobre dos condiciones que consideramos centrales en el marco de la modernización

de la gestión pública: la eficiencia de los sistemas de archivos y las capacidades institucionales en

los niveles subnacionales de gobierno.

En cuanto a los sistemas de archivos, cada día más países de la región reconocen que la apuesta por la

transparencia es solamente simbólica si no está acompañada por procesos que apunten a mejorar la calidad

de la gestión de los archivos de los organismos de la administración pública. En este sentido, un desafío

para los países de la región es garantizar el ciclo de vida de los documentos que llegan y salen de la administración

pública.4 Muchos de los países de ALC se encuentran en una transición de los archivos físicos a

los electrónicos, aprovechando las oportunidades que proveen las nuevas TIC, potenciadas por la creciente

facilidad de extender la cobertura y el acceso a Internet. Esto se ve reflejado en los compromisos para

fomentar datos abiertos y gobiernos electrónicos, tal como se recoge en el capítulo 2 de esta publicación.

En lo que respecta a los niveles subnacionales de gobierno, los desafíos de transparencia son aún más

amplios y la discusión es más incipiente, ya que los procesos de descentralización en muchos países de la

región han trasladado a los niveles subnacionales de gobierno responsabilidades con recursos limitados.

Esto sin contar que existen además legislaciones con roles y funciones duplicados, con lo cual el reto de la

rendición de cuentas se torna más complejo. En ese sentido, Taryn y Rehm (2008) enfatizan que la calidad

de los datos fiscales y el acceso del público a esos datos son factores cruciales para promover la transparencia

y la rendición de cuentas a nivel subnacional.

Sin embargo, es también en este nivel donde existen mayores oportunidades, debido a la cercanía que

hay entre el ciudadano y el ámbito público, y tanto la sociedad civil como los gobiernos de ALC han iniciado

esfuerzos para transparentar la gestión presupuestaria subnacional y mejorar su control. El interés por

fortalecer la transparencia en los niveles subnacionales de gobierno ha sido recogido tanto por las OSC

como por los gobiernos.5 En el caso de la sociedad civil, se pueden mencionar la Iniciativa de Integridad

Subnacional de la organización Global Integrity6 a partir de la cual se están apoyando países de la región

como Argentina, Ecuador, Guatemala, México y Perú, y la Iniciativa para la Transparencia presupuestaria a

nivel subnacional,7 que lleva adelante la International Budget Partnership, y a partir de la cual se realizaron

estudios piloto en países de la región como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.

En el caso de los gobiernos, esta preocupación ha sido recogida por países como Argentina, Bolivia,

Brasil y Colombia, entre otros. En Brasil, por ejemplo, la CGU, que es el órgano encargado de la supervisión y

del cumplimiento de las disposiciones de la recientemente aprobada ley de acceso a la información pública,

ha observado que el fortalecimiento de las capacidades en los niveles subnacionales es uno de los mayores

desafíos en la implementación de la ley.

4 A modo de ejemplo es útil atraer la atención sobre los esfuerzos que está llevando adelante el Consejo para la

Transparencia de Chile para diagnosticar y caracterizar el estado y la gestión de los archivos públicos en más de 700

organismos públicos que están obligados por la Ley de Transparencia. Para mayor información, véase http://www.

consejotransparencia.cl/se-inicia-diagnostico-a-archivos-publicos/consejo/2012-02-08/113239.html.

5 El Comité de Expertos del Mesicic ha realizado recomendaciones a los gobiernos para que implementen los compromisos

internacionales a nivel subnacional (por ejemplo, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela).

6 Para más información consúltese http://www.globalintegrity.org/local.

7 Véase http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Subnational-Synthesis-Paper_final.pdf.

192 Banco Interamericano de Desarrollo

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

Coordinación de iniciativas y estándares de transparencia a nivel

regional: desafíos y oportunidades en el marco de la AGA

De creación reciente, la AGA plantea el desafío de pensar cómo se complementarán y coordinarán las acciones

que se definen en los Planes de Acción de Gobierno Abierto, así como la información que los países

miembros reportan a esta Alianza, frente a otras iniciativas regionales y globales de evaluación entre pares

o los esfuerzos de cooperación que se gestan en convenios y convenciones suscritos por los países. Estas

iniciativas o esfuerzos diagnostican, dan recomendaciones o evalúan a los países sobre cómo implementar

mejor los compromisos internacionales, estándares y buenas prácticas, en áreas que están vinculadas a la

AGA. Para mostrar a qué nos referimos, a continuación, para cada uno de los cinco desafíos de la AGA, listaremos

ejemplos de los otros mecanismos existentes de cooperación o de evaluación entre pares:

1. Mejoramiento de los servicios públicos. A solicitud de los países, la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza diagnósticos de gobernabilidad y diagnósticos

sectoriales, entre los que se encuentran el gobierno electrónico y la innovación para una

mejora en los servicios públicos. La metodología de estos diagnósticos incluye un proceso de

revisión entre pares.

2. Incremento de la integridad pública. Entre los mecanismos de seguimiento de las convenciones

cabe citar:

• La Convención Interamericana contra la Corrupción (del Mesicic).

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

• La Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros (de la OCDE).

• La Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción.

• El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

(GAFI).

• El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), para dar seguimiento a la Convención del

Consejo de Europa contra la Corrupción.

• La Iniciativa Anticorrupción del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económico para la región Asia/Pacífico.

3. Gestión más efectiva y eficiente de los recursos públicos. Cabe mencionar al Programa de Gasto

Público y Rendición de Cuentas Financiera (PEFA, por sus siglas en inglés), que diagnostica la

condición del gasto público, y los sistemas de compras públicas y de control financiero. A nivel

subnacional, es destacable la metodología de Evaluación Rápida y Plan de Acción para la Mejora

de la Gestión Pública Subnacional (RAAP, por sus siglas en inglés) que aplica la Unidad de Gestión

del Sector Público del Banco Mundial.

4. Creación de comunidades más seguras. En esta categoría, se agrupan temas de seguridad pública,

desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil. Pueden mencionarse la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que implicó la

adopción de compromisos concretos por parte de los gobiernos para reducir las emisiones de gases

a fin de aplacar el calentamiento global. En el área de seguridad pública, sobresale el mecanismo de

revisión de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado

y sus tres protocolos. En ALC es destacable el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que

funciona en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA-CICAD).

Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe 193

PARTE

3

Reflexiones finales

5. Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas del sector privado. Para

incrementar la rendición de cuentas del sector privado, existen iniciativas en las que se involucran

especialmente los gobiernos y también la sociedad civil, como la Iniciativa de Transparencia en las

Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la

Construcción (COST, por sus siglas en inglés). Vale mencionar también el proceso por el cual las empresas

se comprometen voluntariamente a implementar los 10 principios del Pacto Global de las Naciones

Unidas en las áreas de derechos humanos, legislación laboral, protección ambiental y anticorrupción.

Para cada uno de estos retos, los gobiernos –y en menor medida el sector privado y las organizaciones

sociales–, movilizan esfuerzos destinados a buscar y reportar información sobre los marcos legales e institucionales,

y estadísticas que reflejen los resultados obtenidos. Responden cuestionarios, reciben visitas

de delegaciones de otros gobiernos u organizaciones, o de la sociedad civil, a fin de ser asistidos en la

evaluación o en los diagnósticos, y luego se trasladan a otros países en representación del propio. Como

resultado de estos procesos de revisión, se redactan informes de país que luego son utilizados para diseñar

planes de acción que sirvan como guía en la implementación de las recomendaciones recibidas, abriendo

una oportunidad de encuentro entre el AGA y dichos planes, de modo que estos últimos recojan, sino todo,

al menos algunas acciones derivadas de las recomendaciones. La calidad de las mismas dependerá de

distintas variables: la calidad de las personas que realizan la evaluación o los diagnósticos, el grado de receptividad

del funcionario que representa al país analizado,8 el volumen de trabajo en función del número

de países intervinientes o de la cantidad de información que deben analizar.

Ante este panorama, en lo que a reportes se refiere, es necesario que cada país se organice para coordinar

lo que se informa en uno y en otro mecanismo, a fin de no duplicar esfuerzos de recursos humanos y

presupuestarios, y no contradecirse. Para ello, es preciso que existan oficinas de planificación de las políticas

públicas en cada país, cercanas a los centros de poder, a fin de que se tomen decisiones políticas que

promuevan las coordinaciones necesarias entre los distintos organismos técnicos, y asistan en el diseño de

los planes de acción en forma coherente, con la priorización adecuada y la apropiada secuencia a corto,

mediano y largo plazo.

Por otra parte, consideramos que la sociedad civil tiene que aprovechar la gobernabilidad compartida de la

AGA para colocar en un espacio políticamente más visible temas que son analizados en los mecanismos de cooperación,

y nuclear distintas organizaciones no gubernamentales entre sí a fin de maximizar su incidencia; por

ejemplo, ligar a aquellas entidades que se dedican a promover la integridad y la institucionalidad con las que

promueven la protección del medio ambiente, o se dedican al desarrollo de políticas de seguridad. Para todo

ello, la AGA deberá pasar en los próximos dos o tres años por su prueba más dura: la de su propia consolidación.

En los párrafos precedentes creemos haber planteado algunas de las tendencias y desafíos clave que

tienen por delante los países de ALC en lo que respecta al diseño y a la implementación de políticas de

transparencia focalizada y de gobierno abierto. La capacidad de los gobiernos de la región para traducir

estos modelos en políticas públicas concretas será determinante en la construcción de sistemas de gestión

pública modernos, más eficientes e íntegros, y con un enfoque pro ciudadano. Por su parte, el sector privado

y la sociedad civil deben aprovechar la creciente disponibilidad de información para empoderarse

como agentes de cambio, instalando la importancia de la transparencia en la agenda pública, sobre todo en

aquellos países donde existen sectores en los que aún reina la opacidad, y concientizando a los ciudadanos

acerca de las maneras en que el uso de la información pública incide como un factor clave en la toma de

decisiones cotidianas, en particular en lo que se refiere a la utilización de los servicios públicos.

8 En ocasiones, los funcionarios no conciben estos mecanismos de cooperación como tales, por lo que actúan como

abogados defensores de sus países; por el contrario, hay representantes de países que buscan contar con recomendaciones

de calidad, para luego ellos avanzar en la agenda de reforma de la política pública en cuestión.

194 Banco Interamericano de Desarrollo

Nicolás Dassen, Juanita Riaño y Juan Cruz Vieyra

Bibliografía

Baena, P. y J. C. Vieyra, “Acceso a la información y políticas de transparencia focalizada”. Nota técnica Nro. 321.

Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Taryn, P. y D. E. Rehm, 2008. Manual de transparencia fiscal. Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.

 

Instituciones para la gente

El aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción son pilares

de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo. Después de cuatro años

de operación, el Fondo de Transparencia ha ganado reconocimiento dentro

y fuera del Banco por ser un instrumento catalizador de innovación y buenas

prácticas en materia de acceso a la información y transparencia focalizada.

Luis Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

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