INFORMACIÓN & JUSTICIA
Datos sobre la Justicia Argentina
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INFORMACIÓN & JUSTICIA
Categoría: Estadísticas
Autor : Germán Garavano
> ÍNDICE DE VIOLENCIA
> ÍNDICE COMERCIAL
CONTENIDO
1. Presentación Institucional ....................................................... 9
2. Prólogo ................................................................................. 11
3. Informe Justicia Argentina ...................................................... 17
4. Índice de Gráficos y Tablas ..................................................... 43
5. Proyecto “Índices de la Justicia” ............................................. 45
6. Anexo documental .................................................................. 61
7. Bibliografía ............................................................................ 73
AUTORES
INFORME JUSTICIA ARGENTINA
Martín Gershanik
Colaboradores:
Florencia Garavano
Natalia Gambaro
INDICES
Responsables de Área
Cecilia Amil Martín - Criminal Instrucción
Gustavo González Ferrari - Penal Menores
María Fernanda Lesch - Comercial
Adrián Marchisio - Ministerio Público
Colaboradores
José Jiménez - Criminal Instrucción
Analía Ramponi - Criminal Instrucción
Lilian Mercedes Perrini - Penal Menores
Metodología
Liliana Raminger
DIRECTORA DE PROYECTO
Milena Ricci
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Germán C. Garavano
Buenos Aires, 1º de Diciembre de 2003
Agradecimientos
La elaboración del presente informe no hubiese podido realizarse sin el apoyo, experiencia y aportes concretos
de muchas instituciones y personas que desde su ámbito particular de trabajo luchan diariamente por mejorar
la calidad del servicio que prestan y por brindar información sobre temas relacionados con el funcionamiento del
sistema judicial, que como se desprende del trabajo que presentamos, sigue siendo uno de los grandes desafíos
para el proceso de fortalecimiento institucional.
En este sentido cabe mencionar la colaboración brindada desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, través
de la administradora general del Poder Judicial de la Nación, Dra. Cristina Akmentis, de la Sra. Directora a cargo
de la Dirección de Tecnología Dra. Elena M. Campanella y de la Directora de la Oficina de Estadísticas Dra. Graciela
Caccuri y el equipo que se desempeña junto a ella, como así también al Presidente de la Comisión de Administración
y Financiera, Dr. Bindo B. Caviglione Fraga; a los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de los fueros
que integran el Poder Judicial de la Nación, a la prosecretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal Dra. Liliana Castañeda y a la presidenta de la Comisión de Infraestructura
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Dra. María Lilia Gómez Alonso de
Díaz Cordero, como así también al señor Guillermo Iglesias, responsable del área informática de ese fuero.
Agradecemos también el auspicio para la publicación a las siguientes organizaciones: CEJA - Centro de
Estudios de Justicia de las Américas y a su director, Juan Enrique Vargas; FAM - Federación Argentina de la
Magistratura y a su presidente, Dr. Edgardo Albrieu; Fundación Konrad Adenauer y su representante en Argentina,
Sr. Hans Blomaier; Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y a su presidente Jorge Mazzinghi;
a ARGENJUS, y las instituciones que lo componen como la Asociación Conciencia, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Fundación Libra, la
JUFEJUS, entre otras y al Grupo Unidos del Sud que preside Francisco de Narváez.
Queremos mencionar especialmente todas las valiosas críticas y comentarios recibidos por parte del presidente
de la JUFEJUS - Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, Dr. Alberto
Balladini más allá de las divergencias que aún se mantienen respecto de este informe.
Asimismo quisieramos agradecer la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas que
diariamente proporcionan información sobre la justicia a través de sus publicaciones o de sus sitios en internet,
cuya consulta constituye una fuente invalorable de información sobre el funcionamiento del sistema judicial y de
experiencias de reformas e implementación de mejoras en nuestro país y en el mundo. Cabe destacar en este
sentido la labor desarrollada desde el Programa Integral de Reforma Judicial dependiente de la Secretaría de
Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación y en el Ministerio Público, la Oficina
de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales, a la Dra. Cristina González de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
y Asociación Conciencia, entre muchas otras y a los responsables de las estadísticas de los poderes judiciales de
todo el país.
A aquellos profesionales del derecho que mediante su participación desinteresada en foros o redes para el mejoramiento
del sistema de justicia, como ser la Mesa del Diálogo Argentino, o en forma anónima, trabajan para acercar
la justicia a la gente y construir una sociedad mas justa.
Aclaración: La información y opiniones vertidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores
del mismo y no reflejan las opiniones de las instituciones auspiciantes y personas agradecidas y/o mencionadas
en este informe.
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PRESENTACION INSTITUCIONAL
Mucho se ha escrito acerca de la importancia de iniciar, por fin, un verdadero plan de reformas que restablezca
a la Justicia de la Argentina en el sitial que alguna vez tuvo y que lamentablemente ha perdido.
Así, una buena cantidad de Instituciones han contribuido al análisis, al estudio, al esclarecimiento y a las propuestas
como modo de acercar soluciones a diferentes gobiernos y autoridades de los tres poderes de la Nación.
Tras ese esfuerzo, cabe entonces hoy afirmar que la situación de la Justicia, como la de otros problemas del
país, está verdaderamente sobre diagnosticada.
Bajo esta perspectiva y con particular atención a esa realidad, desde la tarea iniciada como parte del Grupo
Unidos del Sud y con un afán de especialización que se enriquezca a la vez con la interrelación y coordinación con
las demás áreas temáticas (Educación, Economía, Reforma del Estado, Salud, Producción y Comercio, etc.) del Grupo,
la Asociación Civil Unidos por la Justicia nació intentando aportar desde un lugar que no resultara sobreabundante
a lo existente ni un “más de lo mismo” que por otra parte bien hecho está a través de la actividad de otras
muy serias y prolíficas instituciones.
Fue entonces un primer tema el determinar el perfil de los partícipes de la nueva organización, y todo se encaminó
a tratar de lograr un “mix” que respondiera a las múltiples facetas que presenta la perspectiva desde la
cual se puede visualizar el problema.
Abogados que ejercen activamente la profesión, padeciendo muchas veces el mal funcionamiento de la Administración
pero convencidos a la vez de cuánta responsabilidad les toca a ellos desde su labor de auxiliares de la
Justicia; Jueces y funcionarios judiciales, que siguen siendo en muchos casos los principales interesados en que
se revierta una lamentable situación que por momentos casi no les permite sentirse orgullosos de su condición;
investigadores puros que, desde la abogacía, las ciencias económicas o los estudios antropológicos o sociológicos
han encontrado la vocación de profundizar una cuestión siempre presente en la historia de las sociedades y miembros
de la Administración Pública que desde diversos Ministerios aportan su visión, concientes de que el rol protagónico
del Estado también se manifiesta –y especialmente– en este servicio a la comunidad y que mucho les tocará
en el proceso de reformas.
Quedaba entonces por determinar el contenido y la impronta que debería acompañar el trabajo a desarrollar
desde Unidos por la Justicia, y todo apuntó a la concentración en análisis prácticos y a la elaboración de propuestas
concretas que permitieran tomar decisiones casi inmediatas a quienes estuvieran dispuestos a llevar adelante
los procesos de reformas.
La contribución a la tarea del Poder Legislativo ha sido desde ese momento uno de los principales cometidos
que se decidió desarrollar, pues nada sino las leyes son, en una sociedad democrática, los puntos de partidas que
permiten a los diferentes interesados en la temática concentrar el debate.
Con fundamento en numerosos estudios, en su mayoría propios pero también de otras organizaciones, se comenzaron
a elaborar entonces diferentes proyectos de ley que permiten hoy tener aportes concretos a difíciles y
urgentes cuestiones como son el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, la situación del Sistema Penitenciario
Federal, las propuestas de reformas institucionales al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento
y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este bagaje de propuestas, algunas de las cuales fueron ya presentadas ante la Mesa del Diálogo Argentino del
Sector Justicia, quieren ser medios idóneos para una discusión que debe superar de una vez la teoría para concentrarse
en hechos conducentes.
En esa misma línea, el otro plano de trabajo elegido por Unidos por la Justicia apunta, con idéntica finalidad, a
la elaboración y puesta en conocimiento de pautas objetivas que permitan la toma de decisiones fundadas y, a la
vez, transparenten el funcionamiento, el desempeño de fueros, jueces y Tribunales, facilite la evaluación y la eficacia
de las reformas que puedan decidirse y objetive el control de gestión que al fin deberá ser uno de los más importantes
cambios a los que debe acceder el sistema judicial.
En efecto, para ello, la decisión en este aspecto ha sido el generar índices y mediciones que, además de contribuir
al logro de los fines arriba mencionados, intente superar el lamentable atraso de las cifras oficiales, permitiendo
a la vez visualizar la realidad de los poderes judiciales provinciales –en nuestro caso– y de otros países del
mundo, para tener datos ciertos que hagan apreciar la verdadera situación relativa de cada uno.
Al mismo tiempo, como un avance específico que pretende echar un poco de luz sobre diferentes campos de
gran importancia, investigadores de Unidos por la Justicia se han detenido en la confección de dos índices que
apuntan al centro de la seguridad jurídica y de la seguridad física, que si bien es obvio que integra la primera, en
este caso preferimos distinguir.
Así, se generó entonces un índice comercial que nos muestra diferentes aspectos de la evolución de la situación
del fuero en la Justicia Nacional, evidenciando los altos niveles de congestión y de litigiosidad y permitiendo
visualizar un panorama que puede agravarse si no se toman las medidas adecuadas (otro importante aporte que
permiten los indicadores, esto es, detectar tendencias que hacen evidente la necesidad de tomar diferentes medidas
para anticiparse a las consecuencias) .
Por otra parte, la confección de un índice que mide la situación de la Justicia Criminal y Correccional de la Capital
y de los Tribunales de Menores permite visualizar aspectos de gran importancia, como la elevada carga de
violencia en los delitos –también evidenciada en los que cometen menores de edad– y la notable cantidad de autores
ignorados –y con ello el bajo nivel de esclarecimiento de los hechos– que exigen también medidas para aumentar
la eficacia de la investigación.
En resumen, Unidos por la Justicia viene a compartir con otras prestigiosas organizaciones la preocupación por
la recuperación de la Justicia aportando análisis y propuestas desde otra perspectiva que esperamos favorezca el
trabajo conjunto y la potenciación de los proyectos.
Al mismo tiempo, nuestra institución no pierde de vista que corresponde al mismo Poder Judicial encabezar el
proceso de reformas, por lo que privilegia también la interrelación permanente y el aporte desinteresado a las diferentes
jurisdicciones de los resultados de los trabajos, en la certeza de que el mutuo esfuerzo construirá el camino
que alguna vez permitirá transitar hacia la recuperación de la confianza, ese valor tan propio de la Instituciones
y que, en el caso de la Justicia, constituye la sangre que da vida y razón a su existencia.
Gustavo Ferrari
Presidente de Unidos por la Justicia
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PRÓLOGO “INFORMACIÓN & JUSTICIA”
Esta recopilación de datos de la JUSTICIA ARGENTINA que fue realizada junto a dos INDICES, uno de VIOLENCIA
y otro de litigación COMERCIAL, por investigadores de UNIDOS POR LA JUSTICIA, tiene como objeto facilitar el
acceso a la información sobre nuestro sistema judicial.
El ejemplar que acompañamos es una primera versión, que esperamos corregir, enriquecer y mejorar con sus
comentarios y observaciones. Este trabajo no pretende abrir juicios de valor, sino simplemente poner a disposición
de los diversos actores del sistema judicial y la propia ciudadanía información “pura y dura” que puedan utilizar
para formar su visión de la justicia desde una perspectiva sistémica. Creemos que se trata de una interesante
herramienta para el Poder Ejecutivo y Legislativo, nacional y provinciales, para los Poderes Judiciales y Ministerios
Públicos, para nuestros amigos de otras instituciones no gubernamentales, abogados, profesores, investigadores,
estudiantes, periodistas y en definitiva para la gente.
Esto no quiere decir que no se hayan realizado ya otros análisis, se cuente con diagnósticos muy precisos y se
siga trabajando en proyectos y acciones concretas basadas en ellos, sino que simplemente en este caso se quiere
poner a disposición de la sociedad la información con que contamos, básicamente a través de la difusión de
indicadores básicos, que son aquellos que luego nos permiten construir -cruzándolos entre si o bien
complementándolos con información específica surgida de relevamientos de campo- indicadores calculados y
diversas variables de análisis para el estudio profundizado de determinada problemática. En este sentido no puedo
dejar de mencionar que siempre he sido crítico de estos indicadores generales (tan usados y requeridos por
organismos internacionales), cuando son utilizados para encarar proyectos específicos que necesariamente
requieren de información mas precisa y circunstanciada como la que figura en varios de los trabajos incorporados
en la bibliografía; sin embargo, tampoco puedo dejar de reconocer su valor a la hora de procurar tener una visión
panorámica sobre la justicia, la que en muchos casos ni siquiera los propios responsables del sistema tienen.
En una primera aproximación podríamos decir que la justicia creció en presupuesto y que gasta mucho
comparada con otros países, pero esto debe ser analizado a la luz del fuerte crecimiento de la litigiosidad, lo cual
demuestra –más allá de las “emergencias económicas”– cierta capacidad de la gente de recurrir al sistema
judicial. También se podría decir que tenemos muchos jueces, pero eso ¿es malo? Seguramente que no. Esta es
parte de la información que se presenta, que afortunadamente abrirá numerosos interrogantes; hay quienes la
usarán para atacar al sistema judicial y quienes para favorecer o repudiar determinados argumentos sobre
cuestiones específicas, pero en definitiva propiciará valiosos intercambios de opinión que permitirán conocer mas
sobre el sistema judicial, uno de los componentes básicos de la democracia y el estado derecho.
La relación entre Justicia e información tiene diversas aristas y todas de ellas son complejas. Tal vez esto esté
relacionado con la tradicional (no) publicidad de las actuaciones y al viejo, aunque en parte todavía vigente dicho
que reza “que los jueces hablan por sus sentencias”. La realidad es que aún hoy existe resistencia en determinados
ámbitos a generar información sobre la justicia.
A esto se le debe sumar una característica propia de los abogados, quienes somos reacios a trabajar con
números e información estadística. Es interesante al respecto señalar que esta no es una particularidad de nuestro
país, sino que en la búsqueda de información “dura” sobre los sistemas judiciales las dificultades se extienden a
otras latitudes. En este sentido, vale destacar que un prestigioso economista que ha realizado importantes trabajos
en la línea del análisis económico del derecho, el Dr. Adrián Guissarri, nos recordó que hace años cuando tuvo que
buscar información sobre el sistema de Justicia en EEUU – el país de las estadísticas según sus dichos- encontró
que ésta era mas limitada y precaria que la que se podía encontrar sobre cualquier otra actividad pública.
Sin embargo, así como desde una perspectiva jurisdiccional la legislación está avanzando hacia la oralización
y publicidad de los procesos, en un sentido institucional se está comenzando a gestar un movimiento que permite
informar qué hace la justicia y en definitiva, las características de su funcionamiento.
Podemos decir que aun hoy, muchos actores del sistema basan sus decisiones sobre la creencia que dice que
“la información es poder” y que cuanto menos gente acceda a ella menos intromisiones habrá en un Poder que se
debe caracterizar por su independencia.
Pero la realidad es que mas allá de la importancia que tiene para el Estado de Derecho y la vida democrática
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la transparencia en la información, lo cierto es que hoy las circunstancias los han superado. Muchos magistrados
y funcionarios no poseen capacidad operativa para procesar o revisar la información que atesoran y en
consecuencia tampoco para oponer luego serios argumentos a las reformas que se promueven desde otros
ámbitos: coyunturales, con criterios políticos y con consecuencias nefastas para el sistema judicial; de su lado,
otros sobresalen por su capacidad para organizar su ámbito de trabajo y por sus esfuerzos en brindar un mejor
servicio e información a la gente marcando un claro ejemplo de hacia donde debe avanzar el sistema y lo valiosa
que puede resultar la información para la gestión diaria de un tribunal o para dar cuenta al resto del sistema y a la
sociedad toda.
La información que produce el sistema judicial (entre ella: los boletines de estadísticas), debe ser útil para el
propio juez y los restantes integrantes del Juzgado, Fiscalía o Defensoría y convertirse en una herramienta básica
para evaluar como se está desarrollando el trabajo cotidiano, comparar, controlar y detectar problemas. También
debe servir a las Cámaras en su rol de superintendencia y en la organización del fuero. Por último los Superiores
Tribunales y Cortes deben contar con información precisa y clara para la toma de decisión que les permita incluso
(no es nada complejo hacerlo) prever cual será la demanda de justicia para los próximos años, preparar al sistema
para hacerle frente y brindar un mejor servicio a la comunidad.
Cabe destacar que en estos últimos quince años, se han realizado en el país y en la región numerosos avances
en la materia, con un esfuerzo concentrado primariamente en diversas ONG’s, como: FORES – Foro de Estudios sobre
la Administración de Justicia, una de las organizaciones pioneras en reforma judicial en Argentina y América Latina,
los del disuelto CEJURA y los interesantes trabajos de Carlos Gregorio; el valioso y fuertemente criticado Informe de
FIEL; los trabajos del Dr. Rafael Bielsa; aquellos que generan las asociaciones de magistrados y la de los propios
Poderes Judiciales y sus áreas especificas en aquellas jurisdicciones donde existen. Debe destacarse entre los
trabajos de FORES aquel realizado bajo la dirección del Dr. Horacio Lynch, denominado “La Justicia en las Provincias”
que completara trabajos realizados por el IERAL bajo la dirección de la Lic. Anahí de Tappatá, para brindar por primera
vez un panorama completo de la justicia de todo el país. En otro sentido es sintomático y debe revisarse la ausencia
de investigación y preocupación sobre estos temas, salvo contados casos, en ámbitos universitarios.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas (JUFEJUS) y el Programa
Integral de Reforma Judicial de la Secretaria de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia ,
Seguridad y Derechos Humanos (ver en línea www.reformajudicial.jus.gov.ar ) han realizado con participación de
algunos de estos expertos de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos como Alfredo Segura, Teresa Comolli,
Adrián Marchisio y otros, un importante trabajo que se vio coronado con la suscripción del Convenio sobre SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA, al que han adherido la casi totalidad de los Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos de la Argentina (ver en línea www.justiciaargentina.gov.ar ).
En esta línea, este hito no solo sirvió de base para un trabajo mas intenso en el país, sino también para los
trabajos que ha impulsado el Centro de Justicia de las Américas –CEJA– (organización que forma parte del sistema
de la Organización de Estados Americanos –OEA–) en la región, que ya ha cosechado sus primeros logros, como
el informe producido por el reconocido catedrático español y precursor en relación a sistemas jurídicos
continentales en la definición de indicadores judiciales, Santos Pastor, denominado “CIFRAR Y DESCIFRAR” y el
informe sobre la Justicia de América que describe en forma bastante detallada los sistemas judiciales de los
países de la región y algunos de cuyos datos hemos usado en este trabajo.
En definitiva, hemos querido poner a disposición la información que tenemos para ayudar en la toma de
decisiones de los actores claves del sistema, para que la gente sepa mas sobre el sistema judicial y sus
características y para que todas aquellos investigadores y personas preocupadas que individualmente o desde
diversas instituciones están trabajando en su mejoramiento cuenten con nuevos elementos para seguir
desarrollando su labor. Como dijimos al comenzar, todavía es un documento en preparación el que esperamos
mejorar con sus comentarios y criticas y con la labor de nuestros investigadores que siguen recopilando y
analizando información de Argentina y la región.
Germán C. Garavano
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Sres. Unidos por la Justicia
Presentes
La Federación Argentina de la Magistratura, entre otros objetivos tiene el de “... promover el constante
mejoramiento de administración de Justicia ... cooperando con cualquier iniciativa tendiente a obtener esos
objetivos.” ( Art. 2 Inc. c) de sus Estatutos) .
El trabajo que hoy se presenta a nuestra consideración constituye un importante aporte a esa finalidad.
Los datos consignados en el estudio seguramente darán lugar a la polémica. Más allá de la discusión acerca
de la metodología empleada en la selección de la información base tomada para la realización del trabajo; de la
fiabilidad de los bancos de datos consultados, y de las asimetrías que se esconden detrás de los stándares de las
conclusiones de todo trabajo de alcance nacional, la empresa está justificada por el solo hecho de abrir el análisis
y la discusión de los problemas de la justicia con una referencia especial: su ubicación frente a dos contextos
insoslayables: el estructural en sentido amplio (relación del costo de administración de justicia con el PBI, con el
gasto público, cantidad de jueces por habitante, etc.) y la vinculación e impacto de la labor judicial en la población
(nivel de litigiosidad, demora, producción de decisiones jurisdiccionales, etc.).
No es posible seguir tratando los problemas de la justicia sin enmarcarlos en la realidad socioeconómica
y cultural. Sólo así podremos diseñar propuestas posibles, para el “aquí y ahora”.
Con estas consideraciones auspiciamos formalmente el presente trabajo, alentándolos a continuar la labor que
el mismo posibilita.
Por nuestra parte lo someteremos a un concienzudo estudio aprovechando sus contenidos y eventualmente
enriqueciéndolo con precisiones o nuevos aportes.
Saludamos a Uds. muy Atte.
Edgardo Juan Albrieu
Presidente
Federación Argentina de la Magistratura
Federación Argentina de la Magistratura
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Buenos Aires, diciembre 17 de 2003
Señores
Unidos por la Justicia
Presente
ARGENJUS es un consorcio formado por las más importantes y representativas Organizaciones
no Gubernamentales e instituciones educativas y científicas de Argentina preocupadas por el mejoramiento del
Sistema de Justicia, para propender a
❖ afianzar la independencia de la Justicia como poder del Estado;
❖ una mayor eficacia y eficiencia del sistema de justicia;
❖ experimentar y analizar sistemas de formación de los recursos humanos del sistema judicial que busquen una
mayor profesionalización y preparación integral, y
❖ solucionar efectivamente los conflictos que se suscitan en la comunidad.
ARGENJUS, a los efectos de cumplir con las finalidades antes mencionadas, realiza por sí y a
través de las entidades integrantes, las siguientes actividades:
1.1. Encarar investigaciones sobre diferentes aspectos referidos a la actividad judicial y al sistema de
justicia en su conjunto.
1.2. Aunar esfuerzos para llevar propuestas a las autoridades respecto de aspectos parciales o generales
de la Reforma Judicial.
1.3. Realizar reuniones nacionales o internacionales en donde se traten temas vinculados con el sistema
judicial.
1.4. Organizar cursos de perfeccionamiento para Jueces, abogados o lideres comunitarios destinados a
mejorar el sistema judicial.
1.5. Organizar campañas de difusión entre la ciudadanía referidas al funcionamiento del Sistema Judicial
1.6. Participar en la implantación y ejecución de reformas tanto legales como materiales (administrativas,
de gestión, etc.) al Sistema Judicial
1.7. Realizar todas las actividades que el Consejo Directivo resuelva llevar adelante en cumplimiento de sus
objetivos.
La investigación por Uds. realizada, que hoy se presenta a nuestra consideración, se enmarca
y constituye un importante aporte al logro de estas finalidades.
Si bien ARGENJUS, por su especial conformación, no puede hacerse cargo de las conclusiones
a las que se arriba en este trabajo, no puede menos que alegrarse por su concreción y apoyar decididamente su
difusión y su multiplicación en nuevas investigaciones complementarias que vayan conformando el mapa judicial
de la república, a partir de mediciones y datos fidedignos y confiables para todos.
La obtención y elaboración de información confiable es un derecho y un deber del Poder Judicial, como
organización básica de nuestro sistema.
Es un derecho en que basar la organización, su racionalidad, justificar su existencia, demostrar
su gestión y controlarla para corregir los posibles desvíos y disfuncionalidades.
Es una obligación hacia la comunidad y los justiciables, de transparentar la gestión de una de
las más altas funciones del Estado.
Es probable que los datos consignados en el estudio cuyo auspicio nos han solicitado y su
interpretación generen debates y polémicas,
Bienvenidos sean. Ese debate sobre las metodologías escogidas, la selección de la información de base utilizada
para la realización del trabajo; la mayor o menor confiabilidad de los bancos de datos consultados, impulsará
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necesariamente todos los esfuerzos, que desgraciadamente de modo asistemático, se vienen realizando en los
distintos Poderes judiciales del país, para modificar un estado de cosas negativo respecto de este tema primordial.
El debate que se produzca, las medidas que se generen a partir del análisis crítico de lo expuesto,
justifican que acompañemos este trabajo con nuestro auspicio a su existencia.
ARGENJUS ha tenido y tiene en este tema una posición proactiva; no se ha detenido a contemplar y comentar los
problemas que aquejan a los Poderes Judiciales, sino que ha abierto el debate y ha contribuido al esclarecimiento de
estos temas, generando los foros y espacios necesarios para su comprensión y elaboración del cambio esperado.
Las reuniones de responsables de estadísticas de los Poderes Judiciales Argentinos realizadas
en Marzo de 2001, y el Taller y Mesa Redonda sobre la Información al Servicio del Gobierno Judicial de Diciembre
de 2003, organizadas por ARGENJUS así lo testimonian.
Con estas consideraciones auspiciamos formalmente el trabajo titulado "Información y Justicia" alentándolos a
continuar la labor que el mismo posibilita.
Saludamos a Uds. muy atte.
Héctor M. Chayer Ramón Gerónimo Brenna
Secretario Presidente
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AUTORIDADES ARGENJUS
Ramón G. Brenna
Presidente
Abel Fleming
Vicepresidente 1º
Héctor M. Chayer
Secretario Tesorero
❖
ORGANIZACIONES ACTIVAS
ARQUIJUS
Asociación Argentina de Arquitectura para la Justicia
ASOCIACION CONCIENCIA
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
ASOCIACION DE MUJERES JUEZAS DE ARGENTINA
FACA
Federación Argentina de Colegios de Abogados
FAM
Federación Argentina de la Magistratura
FORES
Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
FORO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
FUNDACIÓN LIBRA
JUFEJUS
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas
UNLa
Universidad Nacional de Lanús
INFORME JUSTICIA ARGENTINA
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Panorama General1
El sistema judicial argentino está compuesto por el Poder Judicial de la Nación, los poderes judiciales de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una compleja estructura con veinticinco
jurisdicciones o sistemas independientes, en el que a su vez, existen varios subsistemas y organismos
complementarios o auxiliares.
La Justicia Argentina cuenta aproximadamente con 4.106 jueces, 1.142 fiscales y 690 defensores. De este
total, en los poderes judiciales provinciales, incluido el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajan 3.296
jueces, 779 fiscales y 499 defensores, junto con 36.500 empleados2.
La tabla 1 muestra la evolución de la cantidad total de jueces en Argentina a lo largo de la última década, así
como también la distribución entre el Poder Judicial de la Nación y el resto de los Poderes Judiciales de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La última columna de la tabla indica que la cantidad total de
jueces en el país aumentó un 32% de 1992 al año 2000.
Tabla 1 Evolución de la cantidad de jueces en Argentina
1992 1996 2000 Evolución
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 1992 - 2000
Poder Judicial de la Nación 662 21,39% 872 21,64% 810 19,73% 22%
Poderes Judiciales provinciales
y C. de Bs.As. 2.433 78,61% 3.157 78,36% 3.296 80,27% 35%
Total 3.095 100,00% 4.029 100,00% 4.106 100,00% 32%
El ingreso total de causas en Argentina experimentó también un fuerte aumento en la última década, aunque
con mayor intensidad en los poderes judiciales provinciales, donde el incremento fue de un 110% (ver tabla 2). Sin
embargo analizando las fracciones que representan del universo total de causas ingresadas, la relación entre
provincias y nación se ha mantenido relativamente constante.
Tabla 2 Evolución de causas ingresadas en Argentina
1992 1996 2000 Evolución
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 1992 - 2000
Poder Judicial de la Nación 548.097 29,68% 772.456 28,45% 850.859 23,76% 55%
Poderes Judiciales provinciales
y C. de Bs.As. 1.298.902 70,32% 1.942.876 71,55% 2.729.672 76,24% 110%
Total 1.846.999 100,00% 2.715.332 100,00% 3.580.531 100,00% 93%
El avance del gasto público en justicia es otra variable de comparación que resulta importante tener en cuenta
al analizar globalmente la situación de la justicia en Argentina. En este caso, el incremento total que se verificó en
la última década del gasto consolidado en justicia fue de 108,1% (ver tabla 3). Si se toman en cuenta en forma
separada, el gasto en justicia de los poderes judiciales de las provincias aumentó un 114,3% mientras que en el
Poder Judicial de la Nación, incluyendo el Ministerio Público, el incremento fue de 94,3%. Existió entonces una
marcada correspondencia entre el aumento de la litigiosidad y el aumento de la dotación presupuestaria (aún a
pesar de la rigidez de las estructuras) en los poderes judiciales provinciales.
1. Este trabajo tiene como antecedentes, entre otros, a los siguientes trabajos de investigación: Fores - Cacba, “Justicia & Desarrollo Económico”,
Consejo Empresario Argentino, 1998; FIEL “La Reforma del Poder Judicial en Argentina” 1996; Ministerio de Justicia “Plan Nacional de Reforma Judicial”,
(Garavano, G.; Lynch, H.; Scotto, M.; Chayer, H.; Nessi, M.) 1998; Pastor, Santos “Ah de la Justicia” Ed Civitas, Madrid 1990; Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos “Argentina El Sistema Judicial” (Gershanik, M.), 2001; Garavano y Gershanik, Sistema integral de recolección y procesamiento
de estadísticas e indicadores judiciales, Informe Final de Argentina, CEJA, enero de 2003; Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, Consiglio
Nazionale dell Ricerche “European Data Base on Judicial Systems” Francesco Contini (Editor), Edizioni Scientifiche Lo Scarabeo, Bologna, 2000.
2. Fuente: Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público de la Nación y Poderes Judiciales de las provincias, año 2000.
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Tabla 3 Evolución del gasto en Justicia en Argentina
1992 1996 2000 Evolución
Gasto Porcentaje Gasto Porcentaje Gasto Porcentaje 1992 - 2000
Poder Judicial
de la Nación $ 408.700.000 31,07% $ 680.852.161 33,68% $ 794.227.880 29,01% 94,3 %
Poderes Judiciales
prov. y C. de Bs.As. $ 906.700.000 68,93% $ 1.340.808.546 66,32% $ 1.943.480.030 70,99% 114,3 %
Total $ 1.315.400.000 100,00% $ 2.021.660.707 100,00% $ 2.737.707.910 100,00% 108,1 %
Tabla 4 Principales indicadores del Sistema Judicial Argentino3
1992 1996 2000 Evolución 1992 - 2000
Población total 32.615.528 35.219.612 36.037.933 10%
Gasto consolidado en Justicia 1.315.400.000 2.021.660.707 2.737.707.910 108%
Causas cada 100.000 habitantes 5.663 7.710 9.935 75%
Jueces cada 100.000 habitantes 9,5 11,4 11,4 20%
Gasto en Justicia por habitante $ 40,33 $ 57,40 $ 75,97 88%
Gasto por causa ingresada $ 712,18 $ 744,54 $ 764,61 7%
Gasto por Juez $ 425.008 $ 501.777 $ 666.758 57%
La información sobre los distintos sistemas judiciales de Argentina comienza con un análisis de la cantidad de
jueces que actúan en las distintas jurisdicciones, como se puede observar claramente en el gráfico 1, la provincia
de Buenos Aires es el sistema judicial más grande del país con más de mil jueces, superando aún al Poder Judicial
de la Nación que en el año 2000 tenía en total 8104.
Gráfico 1 Cantidad de Jueces - Poderes Judiciales Provinciales y Poder Judicial de la Nación - Año 2000
Fuente: Unidos por la Justicia
En el gráfico 2 se puede observar la distribución de jueces cada 100.000 habitantes en las distintas provincias
y el total para Argentina donde hay 11,4 jueces cada 100.000 habitantes. La última columna del gráfico 2 muestra
la relación pero incluyendo en la Ciudad de Buenos Aires los jueces ordinarios del Poder Judicial de la Nación de
la Capital Federal. Para ver la situación de otros países del resto del mundo ver Tabla 5.
Tabla 5 Jueces cada 100.000 habitantes – Información internacional
Jueces c/ 100.000 habitantes5
Alemania 27,1 E.E.U.U 1,2
Argentina 11,4 España 8,5
Bolivia 9,1 Francia 11,2
Brasil 3,6 Italia 11,9
Canadá 6,48 Panamá 8
Chile 0,7 Perú 6,3
Colombia 7,4 Uruguay 15,5
Ecuador 5,6 Venezuela 6,12
0
200
400
600
800
1000
1200
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
3. El total representa el gasto consolidado en Justicia de Argentina, valor que se repite en la tabla 4.
4. Fuente: Anuario Estadístico Poder Judicial Año 2000, para el año 2002, son 826 Jueces.
5. Fuente: Unidos por la Justicia,World Bank Judicial Sector Indicators (http://www4.worldbank.org/legal/database/Justice/) y CEJA - Centro de Estudios de Justicia
de las Américas –- “Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas 2002-2003” CD-Rom 2003. Direction de l‚Administration générale et de l’Équipement
“Les chiffres-clés de la Justice” Octobre 2000 Sous-direction de la Statistique, des Études et de la Documentation, Paris, 2000; Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari,
Consiglio Nazionale dell Ricerche “European Data Base on Judicial Systems” Francesco Contini (Editor), Edizioni Scientifiche Lo Scarabeo, Bologna, 2000.
21
Gráfico 2 Jueces cada 100.000 habitantes - Poderes Judiciales Provinciales y total Argentina - Año 2000
Fuente: Unidos por la Justicia
El tribunal o juzgado, también conocido como la oficina judicial se distingue por la existencia del Juez (único
responsable del trabajo básico principal), y el resto del personal, que brinda apoyo a la ejecución del trabajo del
juez6. Se define también como la estructura administrativa que sirve de soporte al órgano jurisdiccional propiamente
dicho. Como componentes del Poder Judicial son la unidad mínima de "producción" judicial que aporta la infraestructura
técnica y humana necesaria para la tramitación de los procesos. Existen diversos tipos de oficinas,
según el fin específico que tengan, sean oficinas de apoyo propiamente dicho o distintos tipos de juzgado según el
fuero o materia7. En el gráfico 3 se presenta un indicador que mide la cantidad de empleados (sean de administrativos,
de maestranza o servicios) y funcionarios (secretarios, prosecretarios, etc.) y su relación con la cantidad
total de jueces. Este indicador nos aproxima al tamaño relativo (en cuanto a su utilización de recursos humanos)
de las oficinas judiciales en los poderes judiciales provinciales y en el Poder Judicial de la Nación.
Gráfico 3 Empleados y funcionarios por Juez8
Fuente: Unidos por la Justicia
En el año 2000 se iniciaron en Argentina 3.580.531 nuevas causas; de este total, los poderes judiciales
provinciales recibieron aproximadamente 2,73 millones de causas. Las provincia de Buenos Aires, recibió la porción
más grande con un 30 %, seguida por el Poder Judicial de la Nación, con un 24% del total de causas ingresadas
en el país, mientras que Santa Fe, Córdoba y Mendoza, combinadas, absorbieron un 26% de esta carga de trabajo;
el resto de las provincias combinadas completan el 20% restante (ver gráfico 4).
6. Bielsa, Rafael “El concepto de reforma orgánica del servicio de justicia”, Fundación de Estudios para la Justicia. 1993, Buenos Aires.
7. FORES (Garavano, Germán C., Chayer, Héctor M. y otros) “La problemática de la Oficina Judicial en Argentina” El Derecho, 03/09/1999, Año XXXVII,
Nº 9828.
8. No se cuentan con datos empleados y funcionarios de los poderes judiciales de Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro y San Juan.
0
5
10
15
20
25
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
Argentina
CABA + PJN
0
5
10
15
20
25
30
35
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad. Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
Gráfico 4 Distribución de Causas Ingresadas - Poderes Judiciales Provinciales y Poder Judicial de la Nación - Año 2000
Fuente: Unidos por la Justicia
El gráfico 5 describe cómo se distribuyó en el año 2000 el ingreso de expedientes, en las distintas
jurisdicciones, por Juez. La medición realizada aquí compara la carga relativa de trabajo que enfrentan los jueces
en los poderes judiciales tanto de las provincias como en el Poder Judicial de la Nación.
Gráfico 5 Ingreso de Causas por Juez – Año 2000
Fuente: Unidos por la Justicia
En el gráfico 6 se desagregan las cifras mostradas en el gráfico 4 en la cantidad de causas que ingresaron en
cada una de las jurisdicciones.
Gráfico 6 Causas ingresadas - Poderes Judiciales Provinciales y Poder Judicial de la Nación - Año 20009
Fuente: Unidos por la Justicia
22
P. Jud. de la Nación 24%
Santa Fe 12%
Mendoza 9%
Resto de las provincias 20%
Buenos Aires 30%
Córdoba 5%
0
500
1000
1500
2000
2500
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad. Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad. Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
9. No se registran datos de la provincia de San Juan.
23
Vinculando el ingreso de expedientes con la población de las provincias y el total del país (ver gráfico 7), se
obtiene la tasa de litigiosidad (medida cada 100.000 habitantes). De esta forma vemos que no siempre las
provincias que tienen mayor litigiosidad son necesariamente las mas pobladas, en este sentido, Mendoza, Santa Fe
y Tierra del Fuego son las que muestran niveles más altos de casos por habitante. Al mismo tiempo podemos
observar que la tasa de litigiosidad para Argentina en el año 2000 fue de 9.900 casos cada 100.000 habitantes.
Gráfico 7 Causas ingresadas cada 100.000 habitantes - Poderes Judiciales Provinciales y total Argentina - Año 200010
Fuente: Unidos por la Justicia
En la Tabla 6 se incluye información internacional de la tasa de litigiosidad cada 100.000 habitantes.
Tabla 6 Casos ingresados cada 100.000 habitantes (tasa de litigiosidad) – Información internacional
Casos c/ 100.000 habitantes11
Argentina 9.935 E.E.U.U 12.944
Bolivia 2.669 España 15.713
Brasil 6.018 Guatemala 2.365
Chile 11.086 Perú 1.384
Colombia 2.968 Uruguay 4.714
Ecuador 1.765 Venezuela 1.477
A continuación, en el gráfico 8 es posible observar cómo se distribuye en todo el país, el ingreso de
expedientes, entre las distintas materias. Vale citar a modo de ejemplo una notable excepción es el caso de España
donde la litigiosidad penal es mucho más pronunciada12.
Gráfico 8 Distribución de la Litigiosidad en Argentina
Fuente: Unidos por la Justicia Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
0
5000
10000
15000
20000
25000
10. No se registran datos de la provincia de San Juan.
11. Fuentes: E.E.U.U. Federal Judicial Caseload Statistic, The Federal Judiciary (www.uscourts.gov) y National Center for State Courts, “Court Statistics
Project” (www.ncsonline.org) se excluyen las violaciones graves de tráfico a nivel estatal que suman más de 55 millones de casos; Chile, Corporación
Administrativa del Poder Judicial; España, Consejo General del Poder Judicial (www.cgpj.es) “Informe sobre la Actividad Judicial, Capítulo I Panorámica
de la Justicia durante 2000”; Argentina, Poder Judicial de la Nación, “Anuario Estadístico año 2000” y Germán Garavano y Martín Gershanik,
“Preparación de un sistema integral de recolección y procesamiento de datos para la generación de estadísticas e indicadores judiciales, Informe
Final de Argentina”, CEJA, enero de 2003; Brasil, Supremo Tribunal Federal (www.stf.gov.br) y Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, BNDPJ;
Uruguay, Anuario Estadístico Judicial del año 2000, Suprema Corte, Poder Judicial de Uruguay.
12. Ver Consejo General del Poder Judicial “Informe sobre la Actividad Judicial, Capítulo I Panorámica de la Justicia durante 2000” pag. 372.
Laboral 4%
Civil 46% Penal 47%
Cont Adm. 3%
24
El peso la Justicia Argentina se evidencia en el volumen total de gasto que representa como porcentaje del
Producto Interno Bruto del país. En el año 2002 el gasto consolidado en justicia fue de un 1,09% del PBI (ver grafico
9). El gasto consolidado comprende la suma del gasto del Poder Judicial de la Nación y el total de las provincias;
al respecto vale recordar que más del 85% del gasto es destinado al pago de haberes situación que, debido a
garantías constitucionales expresas, lo vuelve manifiestamente inelástico.
Gráfico 9 Incidencia del gasto consolidado en Justicia en PIB (Real - Año base 1993)
Datos: Secretaria de Política Económica, Ministerio de Economía y Poder Judicial de la Nación
Fuentes: Unidos por la Justicia
Tabla 7 Gasto en Justicia como porcentaje del Producto Interno Bruto – Información internacional
Gasto en Justicia como % del PIB13
Argentina 1,09 Estados Unidos 0,36
Brasil 0,56 Guatemala 0,47
Canadá 0,09 Honduras 1,97
Chile 0,21 México 0,24
Colombia 0,40 Perú 0,28
Ecuador 0,43 Uruguay 0,39
La incidencia del gasto en justicia en el gasto público es otro dato importante para analizar el sistema judicial
argentino. Como se observa en el gráfico 10 el "peso" del gasto en justicia varía entre las distintas jurisdicciones,
llegando al pico máximo en la provincia de Córdoba que destina un 6,33% de su presupuesto público en justicia y
por otro lado, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, sólo representan el 1,65% del gasto del gobierno
nacional mientras que el promedio del país es 4,39%. Si se toma el gasto consolidado, que es la suma del
presupuesto del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gasto
en justicia es del 3,15%, este valor sería el técnicamente correcto (ver tabla 8).
Debe aclararse para profundizar el estudio, que al análisis presupuestario, debe introducirse una restricción en
relación al costo social de los servicios públicos: el financiamiento no es el fundamento exclusivo y excluyente (en
términos económicos la condición necesaria y suficiente) para garantizar óptima calidad en la provisión de los
servicios. La administración de justicia no escapa a esta afirmación como así también que en este caso existen
fuertes restricciones legales (rigidez) al gasto que lo tornan ineficiente14.
1.09%
1.00%
0.99%
0.90%
0.83%
0.79% 0.79%
0.83%
0.79%
0.75%
0.65%
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
Gasto consolidado en Justicia Incidencia PIB (Real)
13. Estados Unidos: Criminal Justice Expenditure and Employment Extracts Program, Office of Justice Programs, US Department of Justice Año 2000.
Canadá: Canadian Centre for Justice Statistics, Justice Spending in Canada, 2000-2001, Cat.85-002-X, Vol. 22, Nro.11México, Brasil: Banco Mundial,
Worldwide Legal and Judicial Indicators, año 2000. Perú Ministerio de Economía y Finanzas, Ley General de Presupuesto del Sector Público, 2002
y Marco Macroeconómico Multianual 2004-2006, Dirección Nacional del Presupuesto Público. Resto de los países: Centro de Estudios de Justicia de
las Américas – Reporte sobre el estado de la Justicia en las Américas.
14. Ver Ministerio de Justicia (Garavano, G.; Lynch, H.; Scotto, M.; Chayer, H.; Nessi, M.) “Plan Nacional de Reforma Judicial”, 1998, Capítulo V.
25
Gráfico 10 Incidencia del gasto en justicia en el gasto público – Año 2001
Datos: Ministerio de Economía, Secretaria de Política Económica
Fuentes: Unidos por la Justicia
Tabla 8 Porcentaje del Gasto público dedicado a Justicia – Información internacional
Porcentaje del Gasto público dedicado a Justicia
Argentina Federal 1,65% E.E.U.U. Federal 0,55%
Argentina consolidado 3,15% E.E.U.U. consolidado 1,22%
Bolivia 1,73% Honduras 7,16%
Brasil 2,13% Guatemala 3,44%
Canadá 0,23% España 0,70%
Chile 0,93% Paraguay 1,58%
Colombia 1,22% Perú 1,59%
Ecuador 1,51% Uruguay 1,64%
Venezuela 1,36%
El Gasto en Justicia por Juez se obtiene al relacionar la cantidad total de jueces en cada jurisdicción con el
presupuesto de los Poderes Judiciales. El dato del presupuesto se obtiene de las leyes generales de presupuesto
que todos los años dictan las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, por lo que se trata de un indicador
que varía anualmente (ver gráfico 11).
Gráfico 11 Gasto en Justicia por Juez – Año 2000
Fuentes: Unidos por la Justicia
A continuación (ver gráfico 12) se incluye en el análisis de la incidencia del gasto en justicia en Argentina, su
distribución por habitante. Este dato se obtiene a partir de las estadísticas de población publicadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)15 y el gasto en justicia de las diferentes jurisdicciones. Este indicador,
junto con los reseñados anteriormente nos permiten obtener una visión de cómo se distribuye el gasto en la
provisión del servicio de justicia en Argentina. En el gráfico 12 la última columna representa el promedio de todo
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
G.C.B.A.
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
Pod. J. y Min.
Pub. Nación
Promedio
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad. Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
P. Jud. de
la Nación
15. www.indec.gov.ar
26
el país que en el año 2000 fue de aproximadamente 76 pesos por habitante. En la tabla 9 se incluye la comparación
internacional de este indicador en valores del dólar estadounidense en el año 2000, adicionalmente se calculó el
valor del gasto en justicia por habitante ajustado a la cotización al momento de esta publicación.
Gráfico 12 Gasto en Justicia por habitante – Año 2000
Fuentes: Unidos por la Justicia
Tabla 9 Gasto en Justicia por habitante – Información internacional
Gasto en Justicia por habitante
(en USD del año 2000)16 Valor actual USD17
Argentina 73,93 24,6
Bolivia 7,7
Chile 10,6
Colombia 9,4
Ecuador 1,8
Perú 4,94
Venezuela 38,7
Justicia y Ciudadanía
A través de los últimos años la imagen de la justicia Argentina ha decaído en forma alarmante, fundamentalmente
como consecuencia de la desconfianza generalizada que existe por parte de la ciudadanía respecto de la
capacidad de este sector para resolver sus problemas, a lo cual se suma la denuncia de algunos casos de corrupción
en el ámbito judicial y el nombramiento de magistrados afines al gobierno de turno en sectores clave durante
la década del ‘90, principalmente la Corte Suprema y el fuero Federal Penal.
La ausencia de canales de vinculación con la ciudadanía es un problema que ha llevado a que exista un total
desconocimiento de los mecanismos que utiliza el Poder Judicial, lo que a su vez deriva en dificultades en el acceso
a la justicia. Esto se tradujo en un descenso abrupto de la confianza, como se observa en el cuadro que transcribimos
a continuación.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdad. Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
S. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
Argentina
16. Fuente: Bolivia: Tesoro General de la Nación – 2000; Chile: Discurso Inaugural del Año Judicial – 2000; Colombia: Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Dirección Nacional de Presupuesto - Sección Justicia; Ecuador: Ley General de Presupuesto para el Año 2000; Perú: Ley General de Presupuesto
para el Año 2000; Venezuela: Ley General de Presupuesto para el Año 2000; Argentina: Ley de Presupuesto - 2000.
17. 1 US dólar = 3 Pesos Argentinos
27
Tabla 10 Confianza en las Instituciones
1984 1991 1995 1999 2000 2001 2002
Iglesia 46% 46% 47% 60% 58% 50% 57%
Sistema de enseñanza 54% 38% 34% 33% 50% 65%
Prensa 45% 27% 34% 38% 42% 36% 48%
Fuerzas Armadas 19% 28% 23% 27% 34% 28% 34%
Policía 24% 26% 23% 24% 24% 17% 30%
Congreso 72% 16% 17% 11% 20% 8% 7%
Grandes empresas 35% 25% 29% 26% 20% 19% 24%
Justicia 57% 26% 26% 21% 18% 12% 19%
Funcionarios públicos 49% 8% 8% 7% 14% 5%
Sindicatos 30% 8% 10% 12% 11% 7% 10%
Partidos políticos 12% 9% 7% 10% 7% 8%
Fuente: Gallup Argentina - Muestras nacionales (Mayo 2002) La Nación
En el cuadro que sigue observamos que, lamentablemente, Argentina, con el 19% apuntado de confianza en la
justicia, se ubica en el último lugar en una lista de 16 países latinoamericanos encabezada por Puerto Rico con el 54%.
Tabla 11 Confianza en la Justicia por país
País Confianza en la justicia año 2002 País Confianza en la justicia año 2002
Puerto Rico 54% México 24%
Costa Rica 48% Chile 22%
Uruguay 45% Venezuela 21%
Colombia 42% Bolivia 20%
España 36% Brasil 20%
Honduras 36% Ecuador 20%
Panamá 28% Perú 19%
Portugal 27% Argentina 19%
Fuente: CIMA – GALLUP (mayo 2002)
Estructura del Sistema Judicial Federal
Como se dijo al comienzo, el sistema judicial argentino está compuesto por veinticinco poderes judiciales
independientes. El Poder Judicial de la Nación es el sistema que funciona a nivel federal y es uno de los poderes
del Estado, creado por la Constitución de la Nación18.
La estructura interna del Poder Judicial Nacional (ver gráfico 13) comprende la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que es la cabeza del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Jurado de
Enjuiciamiento, los Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones.
18. Artículo 108 - Constitución de la Nación.
Gráfico 13 Estructura del Sistema Judicial Federal
El Ministerio Público se ha constituido a partir de la reforma constitucional de 1994, en un órgano independiente
con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la
República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás
miembros que la ley establezca.
28
Corte Suprema de Justicia de la Nación
9 miembros
Consejo de la Magistratura
de la Nación
20 Consejeros
Cámara Nacional de
Casación Penal
12 Jueces
Fuero Criminal y
Correccional Federal
2 Salas - 12 Juzgados
Fuero Penal Tributario
3 Juzgados
Rosario
2 Salas - 8 Juzgados
General Roca
1 Sala - 6 Juzgados
San Martín
2 Salas - 11 Juzgados
Corrientes
1 Sala - 2 Juzgados
Salta
1 Sala - 4 Juzgados
Comodoro Rivadavia
1 Sala - 2 Juzgados
Tribunales Orales
Federales del Interior
33 Tribunales
Justicia Ordinaria de la Ciudad
de Buenos Aires
Justicia Federal de la Ciudad
de Buenos Aires
Justicia Federal del Interior
del País
Fuero Civil
13 Salas - 110 Juzgados
Fuero Laboral
10 Salas - 80 Juzgados
Fuero Comercial
5 Salas - 26 Juzgados
Fuero Criminal y Correccional
5 Salas - 70 Juzgados (Instrucción,
Correccional y Menores)
Penal Económico
2 Salas - 8 Juzgados
Tribunales Orales
30 Tribunales Criminales
3 Tribunales de Menores
3 Tribunales en lo Penal Económico
Fuero Civil y
Comercial Federal
3 Salas - 11 Juzgados
Fuero de la Seguridad Social
3 Salas - 10 Juzgados
Fuero Contencioso
Administrativo Federal
5 Salas - 12 Juzgados
Tribunales Orales Federales
de la Capital Federal
6 Tribunales
Ministerio Público
de la Nación
Procuración General
de la Nación
Defensoría General
de la Nación
La Plata
3 Salas - 8 Juzgados
Mar del Plata
1 Sala - 5 Juzgados
Bahía Blanca
2 Salas - 3 Juzgados
Mendoza
2 Salas - 7 Juzgados
Paraná
1 Sala - 2 Juzgados
Posadas
1 Sala - 2 Juzgados
Córdoba
2 Salas - 6 Juzgados
Resistencia
1 Sala - 3 Juzgados
Tucumán
1 Sala - 4 Juzgados
29
La división en fueros dentro del Poder Judicial de la Nación está dada en función de la materia sobre la cual
los jueces ejercen su competencia (civil, comercial, penal, laboral, contencioso administrativo) y el territorio donde
tienen jurisdicción (Capital Federal o el resto del país). En el Interior del país, las Cámaras Federales no están separadas
por materia, sino que tienen competencia múltiple.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la instancia superior dentro del sistema judicial. Está compuesta
por 9 miembros y ejerce su jurisdicción por apelación en todos aquellos puntos regidos por la Constitución y las
leyes de la Nación y en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos que conciernen a embajadores, ministros
y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte.
El Consejo de la Magistratura, órgano introducido con la reforma constitucional de 1994, tiene a su cargo de la
administración del Poder Judicial y de la selección de los jueces, está compuesto por 20 miembros representantes
de los jueces, el poder legislativo, los abogados, el poder ejecutivo y el ámbito académico y científico. Ejerce
además las acciones disciplinarias, realiza procedimientos para remover a los jueces, dicta reglamentos relacionados
con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y el eficaz servicio de justicia. Está encargado además de organizar la Escuela Judicial.
El proceso de remoción de los jueces, a excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Nacional,
corresponde al Jurado de Enjuiciamiento, el cual se compone de 9 miembros. Los procedimientos son públicos y
orales. Se conforma cada 4 años cuando el Congreso entra en sus sesiones ordinarias. Sus decisiones no pueden
ser apeladas y tienen el efecto de remover a un juez de su puesto.
Recursos Humanos
En el año 2002 los recursos humanos del Poder Judicial de la Nación comprendían 826 jueces, 4.266
funcionarios y 13.713 empleados (ver gráfico 14).
Gráfico 14 Distribución de cargos ocupados por categoría - Poder Judicial de la Nación - 2002
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Con posterioridad a la reforma penal instrumentada en el año 1992, la cantidad de jueces a nivel federal y nacional
se ha mantenido relativamente estable19.
Sin embargo, una de las características de la estructura de recursos humanos del Poder Judicial de la Nación
es la gran proporción de funcionarios y personal de apoyo pero con una escasa cantidad de jueces, que sólo representan
el 4% del total del personal del Poder Judicial, con una relación de más de 21 empleados y funcionarios
por cada juez.
Admin. y Técnicos 58%
Obr. de maestranza y servicios 15%
Funcionarios 23%
Jueces 4%
19. Recientemente se ha creado el fuero penal tributario.
30
Presupuesto
El presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el año 2003 es de $ 693.583.327 (ver gráfico 15) mientras
que para el Ministerio Público20 en el mismo período es de $ 153.711.739. Esta información nos muestran que,
si bien en principio el gasto en justicia ha aumentado significativamente en los últimos años, la calidad del servicio
parece no haberlo hecho en la misma proporción. El detalle desagregado del presupuesto permite afirmar además
que este aumento se ha centrado mayormente en el área administrativa y no en los juzgados21.
Gráfico 15 Presupuesto - Poder Judicial de la Nación - Defensoría General de la Nación - Procuración General de la Nación
Datos: Ley General de Presupuesto de la Nación, Ministerio de Economía y Consejo de la Magistratura de la Nación.
Fuente: Unidos por la Justicia.
La asignación presupuestaria entre las distintas estructuras internas del Poder Judicial no es equitativa; las actividades
administrativas tienen un peso excesivo que representa casi un tercio del gasto total del Poder Judicial
de la Nación,22 mientras que los dos tercios restantes son utilizados para el funcionamiento de la Justicia Ordinaria
de la Capital Federal y la Justicia Federal. En otras palabras, de cada peso que gasta el Poder Judicial, más de
30 centavos son destinados a su administración (ver gráfico 16). Comparativamente, en Estados Unidos, el sistema
judicial federal gasta tan sólo un 3% de su presupuesto en actividades de tipo administrativo aunque con la
salvedad que allí se utiliza un sistema más avanzado de descentralización administrativa.
Gráfico 16 Distribución del Presupuesto del Poder Judicial de la Nación - Año 2003
Datos: Ley de Presupuesto, Ministerio de Economía
Fuente: Unidos por la Justicia
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Poder Judicial Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación
20. Constitución Nacional Artículo 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene
por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás
autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la
ley establezca.
21. Garavano, Germán C, “Gasto y calidad no van parejos” Diario La Nación, 18 de Noviembre de 2000 disponible en: http://www.lanacion.com.
ar/00/11/18/p10.htm
22. Esto puede obedecer a dos administraciones diversas, lo que se agrava pues en el sector justicia nacional, a partir de los cambios institucionales
de 1994, se pasó de una a seis administraciones (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,
Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires).
Asistencia Social 0.4%
Atención de Pasividades 1.8%
Administración General de la CSJN 2.2%
Actividades Centrales 13.5%
Biblioteca y Jurisprudencia 0.4%
Archivo General 0.7%
Pericias Judiciales 3.4%
Justicia Federal 38.6% Mandamientos y Notificacion 2.7%
Activ. Adm. 25.2%
Justicia Ordinaria de la Cap. Fed. 31.3%
Justicia de Casación Penal 1.1% Corte Suprema 3.7%
31
Algo similar parece ocurrir si se analiza la distribución del presupuesto entre los distintos fueros, la cual no obedece
a ningún criterio razonable, sino que está basado en una asignación histórica o política; el 86% del presupuesto
del PJ corresponde a gastos en personal, con lo cual la asignación presupuestaria se vincula a la envergadura
del fuero y a la nula flexibilidad del marco normativo para modificar esta situación desde adentro del Poder
Judicial. Fueros que tienen cargas de trabajo elevadas reciben menos presupuesto que otros en los que esto no se
verifica. Una forma de observar esta diferencia es utilizando un indicador como el costo por expediente ingresado
o resuelto; este simple cálculo muestra la relación entre el presupuesto y la cantidad de expedientes tramitados en
el fuero23. En el caso de los fueros penales, el fuero Criminal y Correccional que es el que más causas recibe y comparativamente
el que tiene el menor presupuesto (ver gráfico 17). En los fueros civiles las circunstancias son análogas
(ver gráfico 18).
Gráfico 17 Costo por causa ingresada - Fueros penales - Cap. Fed. - Poder Judicial de la Nación - 200224
Datos: Poder Judicial de la Nación, Ministerio de Economía, Ley de Presupuesto 2001
Fuente: Unidos por la Justicia
Gráfico 18 Costo por causa ingresada - Fueros civiles - Cap. Fed. - Poder Judicial de la Nación - 200225
Datos: Poder Judicial de la Nación, Ministerio de Economía, Ley de Presupuesto 2001
Fuente: Unidos por la Justicia
Carga de trabajo en el Poder Judicial de la Nación
En los últimos años la situación del Poder Judicial de la Nación se ha ido agravando debido al aumento desigual
de la cantidad de expedientes ingresados en fueros en los que la capacidad de trabajo se encuentra limitada.
Al aumentar la cantidad de nuevos casos, se perjudica al resto de los usuarios del sistema disminuyendo el nivel
de calidad con que se los atiende y aumentando los tiempos de demora en la tramitación de los expedientes debido
a su acumulación. (ver gráfico 19).
$ 2966
$ 278
$ 695
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Fuero Penal Económico Fuero Criminal y Correccional Fuero Criminal y Correccional Federal
$ 525
$ 171
$ 499
$ 121
$ 1.832
$ 216
0
400
600
200
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Fuero Civil Fuero Comercial Fuero del Trabajo Fuero Civil y
Comercial Federal
Fuero Contencioso
Administrativo
Federal
Fuero Federal de la
Seguridad Social
23. No obstante, este indicador debería ser analizado además teniendo en cuenta otra variable que es la diversidad en la complejidad de los procesos
que cada uno de estos fueros trata, ver: Garavano, G. “Justicia Argentina: Crisis y Soluciones” FORES/Universidad Carlos III, Departamento de Derecho
y Economía, Madrid, 1997.
24. Valor estimado para el Fuero Criminal y Correccional Federal por inconsistencia en datos presupuestarios.
25. Vale aclarar que en el caso del Fuero Contencioso Administrativo Federal, hubo una variación significativa con respecto al año anterior, cuando el
costo por causa ingresada era de $1.048, debido al incremento en el ingreso de expedientes relacionados con el “corralito financiero”.
32
Gráfico 19 Movimiento de Expedientes – Poder Judicial de la Nación
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
La acumulación de expedientes en trámite se acentúa en mayor medida en los tribunales federales del interior
del país (ver gráfico 20). Consecuentemente es allí donde se verifican los niveles de demora más altos, llegando
en algunos casos a más de 10 años.
Gráfico 20 Expedientes en Trámite - Poder Judicial de la Nación
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Justicia Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo
La desigual carga de trabajo entre los distintos fueros acentúa aún más las deficiencias de este sistema, pues
coexisten fueros con una carga de trabajo reducida pero con una estructura sobredimensionada mientras que por
el otro lado hay fueros que se encuentran virtualmente colapsados por la abrumadora carga de trabajo que reciben.
A modo de ejemplo, en el Fuero Laboral el ingreso promedio por juzgado en el año 2002 fue de 331 expedientes
mientras que en el Fuero Comercial (ver gráfico 21) esta cifra fue de 5.652 expedientes por juzgado. La
desigualdad está dada como apuntamos, por la diferente estructura de cada fuero y su correspondiente asignación
presupuestaria, por ejemplo, el presupuesto del Fuero Laboral que tiene 80 juzgados de primera instancia es de $
47.268.749 y el del Fuero Comercial con 26 juzgados de primera instancia es $ 27.007.19426.
Adicionalmente vale mencionar que el sistema carece de solidaridad y produce incentivos negativos también
hacia sus empleados y funcionarios que por igual remuneración deben afrontar horarios y cargas de trabajo muy
dispares.
604.000
828.532
966.057
772.456
965.586 865.807 944.041 850.859 802.937
1.080.982
1.141.568 1.560.912
2.734.991
2.610.788
2.442.978
2.348.589
2.195.441
2.009.310
2.910.376
3.168.206
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresados En Trámite
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Justicia Federal Justicia Ordinaria Justicia Federal del Interior
26. Fuente: Ministerio de Economía, Ley de Presupuesto 2003, www.mecon.gov.ar
33
Gráfico 21 Ingreso promedio por juzgado - Justicia Civil - Poder Judicial de la Nación - Cap. Fed.
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
En el ámbito de la justicia Civil una de las principales causas de la congestión en la tramitación de los
expedientes está dada por los procesos en los que se reclaman bajos montos, que absorben la mayor parte de la
dedicación de los jueces. Un claro ejemplo de esto se da en el Fuero Comercial Nacional, en donde los juicios
ejecutivos representan el 66% de los expedientes ingresados (ver gráfico 22). Hoy en día, estos procesos,
relativamente sencillos dada la naturaleza del trámite que requieren, demoran de 2 a 3 años27, afectando la efectiva
realización de los créditos asegurados por títulos ejecutivos, incidiendo directamente en las tasas de interés y en
los niveles de seguridad jurídica28.
Gráfico 22 Distribución de Ingresos - Fuero Comercial - Cap. Fed. – Poder Judicial de la Nación - Año 2001
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Otro problema que incide negativamente es la estructura interna de trabajo de los juzgados. Estas fueron
diseñadas hace más de dos siglos cuando los niveles de litigiosidad eran totalmente diferentes, la tecnología
disponible era otra y los flujos de información eran mucho menores. Hoy en día no es extraño entrar en un tribunal
de primera instancia y ver al personal de Mesa de Entradas cosiendo con hilo y aguja las fojas de los expedientes29.
En este sentido el Fuero Comercial en un esfuerzo por revertir ese colapso (ver gráfico 23) ha puesto en
funcionamiento 6 nuevas secretarías para la tramitación exclusiva de juicios ejecutivos con cierto éxito para
enfrentar la situación de crisis; aunque replicó para estas nuevas secretarías la misma estructura que las demás.
Habría sido quizás esta, una excelente oportunidad para implementar un nuevo modelo de oficina judicial acorde a
este tipo de proceso. Un nuevo modelo que hubiera sido más acertado teniendo en cuenta que este tipo de juicios
requiere una labor administrativa y de manejo de información muy intensiva30.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Civil Patrimonial
(86 Juzgados)
Civil Familia
(24 Juzgados)
Comercial
(26 Juzgados)
Del Trabajo
(80 Juzgados)
Civil y Comercial
Federal (11 Juzgados)
Cont. Admin. Federal
(12 Juzgados)
Seguridad Social
(10 Juzgados)
1999 2000 2001 2002
Ejacutivos 67%
Concursos 18%
Conocimientos 6%
Vinc. Concursos 9%
27. Banco Mundial (Garavano, Germán C.; Chayer, Héctor; Ricci, Milena y Cambelloti, Alejandro) –FORES– “Usuarios del Sistema de Justicia en Argentina”
Buenos Aires, 2000. Ver tiempos de demora grupales, por etapa procesal y por tipo de proceso.
28. La evolución en el ingreso por tipo de procesos, así como los efectos que las principales medidas económicas han tenido sobre la litigación en el fuero
comercial, pueden verse en detalle en el Capítulo 3 del trabajo “Indice de la Justicia” para el fuero Comercial, publicado por Unidos por la Justicia.
29. Garavano, G.; Chayer, H. y otros “La problemática de la Oficina Judicial” El Derecho, 03/09/1999, Año XXXVII, Nº 9828, Ministerio de Justicia “Plan
Nacional de Reforma Judicial” 1998, FORES/CACBA “Justicia y Desarrollo Económico” CEA, 1999; Bielsa, R. “El concepto de la reforma orgánica del
servicio de justicia” en Cuadernos de Fundejus, La Ley, Bs. As. 1993.
30. Lesch, María Fernanda y Garavano, Germán “Secretarías de Ejecución: experiencia y perspectiva” en “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad
en la Argentina”,Tomo III. Edit. Rubinzal – Culzoni, Año 2002.
34
Gráfico 23 Ingreso de expedientes y expedientes en trámite - Fuero Comercial de la Capital Federal - Poder Judicial de la Nación
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Una forma sencilla de medir el grado de congestión en los juzgados, teniendo en cuenta la escasa información
comparable que sobre su funcionamiento se recoge, es a través del análisis del tiempo estimado de tramitación de
los expedientes utilizando un indicador estimado que es la tasa de demora inicial o tasa de congestión. Esta
relaciona la cantidad de expedientes pendientes y resueltos al final del período; el resultado, expresado en años,
muestra cuánto tardaría un tribunal en resolver su "stock" de expedientes pendientes si no ingresara ninguna
causa nueva31 (ver gráfico 24). En fueros como el de Seguridad Social se observa una tasa de 1,5 años mientras
que en el Fuero Civil esta tasa es de 9 años32.
Gráfico 24 Tasa de Demora Inicial - Juzgados Civiles (en años) – Poder Judicial de la Nación – Año 2002
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Justicia Penal
El diagnóstico para los fueros penales es similar, aunque con ciertos matices distintivos. Entre el año 1993 y el año
2002, la cantidad de expedientes criminales aumentó un 41% (ver gráfico 25), pasando de 166.174 casos a 233.845.
Este aumento en la cantidad de delitos debe ser analizado teniendo en consideración que existen altos niveles de subdenuncia
o criminalidad negra33 y otro importante dato que es el porcentaje de estos delitos en los cuales el autor es
ignorado. En el año 2002 según el Anuario Estadístico que publica el Poder Judicial de la Nación34, ingresaron 84.055
expedientes con autor ignorado en los Juzgados de Instrucción y 46.730 en los Juzgados Correccionales.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresados En trámite
0 2
Seguridad Social 1.5
7.0
3.3
1.3
4.4
5.3
11.4
9.4
Cont. Admin. Federal
Civ. y Com. Federal
Del Trabajo
Comercial
Civil Familia
Civil Patrimonial
Civil
4 6 8 10 12 14
31. Para mayor información sobre indicadores de la gestión judicial ver: “Convenio para un Sistema de Información para la Justicia Argentina” firmado
el 6 de Septiembre de 2001. En www.justiciaargentina.gov.ar ; Ministerio de Justicia (Garavano, G.; Lynch, H.; Scotto, M.; Chayer, H.; Nessi, M.)
“Plan Nacional de Reforma Judicial”, 1998, Capítulo V; Garavano, Germán “La Justicia Argentina: Crisis y Soluciones”, FORES/Universidad Carlos III,
Departamento de Derecho y Economía, Madrid, 1997, Inédito.
32. Este registro es elevado ya que los Juzgados de Primera Instancia en el fuero civil de la Capital Federal están divididos en juzgados de familia y
patrimoniales, y los primeros por el tipo de proceso y su no finalización implica una distorsión.
33. Delitos que son cometidos pero nunca denunciados, en la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 delitos (Dirección de Política Criminal del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos)
34. Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, “Estadísticas 2002”, Buenos Aires, Argentina, 2003, pag. 77 y 79.
35
Gráfico 25 Ingreso de causas - Juzgados penales de 1º Instancia - Cap. Fed. - Poder Judicial de la Nación
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
La elevada proporción de causas “N.N.” trae aparejado un alto nivel de impunidad o no castigo frente a la
comisión de diversos ilícitos, pues en su mayoría son causas que se archivan debido a la dificultad para investigar
estos hechos que tienen de las fuerzas de seguridad.
Llegamos así a otra variable de análisis, que es la calidad de respuesta que da el sistema de justicia penal ante
el delito. El análisis de las formas mediante las cuales se resuelven los expedientes en los juzgados criminales
muestran que en el año 2002 casi el 30% de las causas fueron archivadas y otro 45% fueron terminadas de otras
formas35, mientras tanto sólo un 3% de las causas son elevadas a juicio oral (ver gráfico 26). Esta situación se
complejiza si tenemos en cuanta que además hoy en día solo se denuncia el 30% de los delitos que efectivamente
se cometen y cumplen prisión efectiva el 0,6%36.
En los fueros penales se repite la inequitativa distribución del trabajo entre los distintos tipos de juzgados que
afecta también a los fueros civiles (ver gráfico 27). Nuevamente la rigidez del ordenamiento legal impide reordenar
los recursos en forma eficiente según lo requiera la circunstancia, sumando otro factor que afecta el desempeño
de la justicia penal.
Los Juzgados Correccionales, encargados de la investigación y juzgamiento en única instancia de los delitos
menores (con penas máximas inferiores a tres años) tienen una fuerte demanda como se detalla en el gráfico 27
ya son los que registran el mayor número de actuaciones por juzgado, aunque si tomamos por Secretaría es similar
a los de instrucción Si bien estos juzgados procesan una gran parte de los casos que le son sometidos, la mayor
parte de ellos son archivados, desestimados, prescriptos, paralizados, o sobreseídos y tan sólo menos de 0,5 %
son finalizados por sentencia.
Gráfico 26 Fueros Penales - Formas de resolución - Año 2002 - Poder Judicial de la Nación - Capital Federal
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Criminal y Correccional Federal
Instrucción Menores
Correccional Penal Económico
Total
35. Otras formas incluye: Conexidades, acumulaciones de expedientes, contiendas de turno, denuncias repetidas, excusaciones, recusaciones, compensaciones,
devoluciones por nulidad, rechazo del juicio abreviado, aplicación del artículo 76 bis del Código Penal (probation).
36. Garavano, G. y Otamendi, S. “El Rol disuasivo de la Justicia” “, Revista “Colección” Año VI, Número 10, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad
Católica Argentina - Año 2000.
Inc. / Des. 7.78%
Archivo 27.52% Sobreseimiento 10.21%
Elev. a Juicio 3.00%
Prescripción 3.54%
Rebeldías 2.42%
Sentencias Corr. 0.23%
Otras formas 45.31%
Gráfico 27 Ingreso de causas - promedio por juzgado - Fueros Penales de la Capital Federal37
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Luego de ver la forma en que son finalizados la mayor parte de los procesos penales, resulta interesante
compararlo con la cantidad o mejor dicho el porcentaje de los procesos que llegan a juicio oral.
Los tribunales orales fueron introducidos en 1992 a raíz de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación (ley 23.984) y juzgan los delitos criminales (aquellos cuyas penas máximas son mayores de tres
años). Dependen jerárquicamente (en el orden administrativo) de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Existen los Tribunales Orales en lo Criminal -TOC- (30 tribunales), de Menores -TOM- (3 tribunales), en lo
Criminal Federal -TOCF- (6 tribunales) y en lo Penal Económico -TOPE- (3 tribunales). Además de los tribunales
Orales en lo Criminal Federal del interior del país (31 tribunales).
El gráfico 28 es una comparación a través de todos los fueros penales de la Capital Federal y mide el porcentaje
de causas que fueron elevadas a juicio oral sobre el total de causas resueltas en el año.
Gráfico 28 Tasa de Elevación a Juicio – Juzgados Penales de la Capital Federal – Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
El gráfico 28 muestra un significativo aumento en la cantidad de casos elevados a juicio para el año 2002
especialmente en los juzgados de Menores y en los juzgados en lo Penal Económico. Representando un aumento del
80% y del 50% respectivamente con relación al año anterior. Vale sin embargo recordar, que en el 2002, el ingreso de
nuevos expedientes disminuyó 37% en los juzgados de Menores38 y 25% en los juzgados en lo Penal Económico.
En la etapa de juicio encontramos la misma realidad acerca de la asignación de trabajo que se analizara antes,
por ejemplo, tomando el ingreso de expedientes para el año 2002 en esta instancia, se observa que en Tribunales
Orales de Menores reciben en promedio un poco más de cuatrocientos doce expedientes cada uno, los Penales
Económicos no superan las ciento ochenta causas por año y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal reciben
cada uno un promedio de ciento catorce causas por año. (Ver gráfico 29). Por su parte, los Tribunales Orales
Federales del interior del país, los cuales generan un costo similar o incluso mayor al de los Tribunales Orales
Criminales, registran una demanda aun menor de expedientes39.
36
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Crim. Corr. Federal Menores Instrucción Penal Económico Correccional
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Criminal y Correccional Federal Menores
Instrucción Penal Económico
0
5
10
15
20
25
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
37. Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción son los únicos en esta comparación que tienen una única secretaría. El resto de los juzgados
cuentan con dos secretarías por juez, es decir, una estructura el doble de tamaño.
38. Para mayor información sobre la litigiosidad en los Juzgados de Menores ver: González Ferrari, G. Estudio y Proyecto de Ley de Responsabilidad
Penal Juvenil, ProJusticia, Buenos Aires, 2003, inédito.
39. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los casos de los Tribunales Orales Federales de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero que en el
año 2001 recibieron tan sólo 2, 5 y 9 nuevos expedientes respectivamente.
37
Gráfico 29 Ingreso de causas - promedio por Tribunal - Tribunales Orales - Fuero Penal - Capital Federal
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
El gráfico 30 indica el promedio de sentencias que dictan los distintos tipos de tribunales orales en la Capital
Federal. La comparación graficada aquí evidencia una notable diferencia entre los distintos fueros, así por ejemplo
en el año 2002, los Tribunales Orales de Menores con el registro más alto dictaron aproximadamente un promedio
de 110 sentencias por año, mientras que en el otro extremo los Tribunales Orales en lo Criminal Federal dictaron
un promedio de 17 sentencias cada uno.
Gráfico 30 Sentencias promedio por Tribunal – Tribunales Orales de la Capital Federal – Poder Judicial de la Nación
Datos: Poder Judicial de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
A continuación (tabla 12) se analiza en detalle las sentencias dictadas por los tribunales orales tanto de la
Capital Federal como la totalidad de los tribunales orales federales del interior del país. El enfoque de estos datos
es en la cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en los últimos años, así como también en la
cantidad de juicios abreviados realizados. La tasa de condena de los distintos tribunales orales mide el porcentaje
del total de causas resueltas que finalizaron en una sentencia condenatoria y juicio abreviado40.
40. Artículo 431bis del Código Procesal Penal de la Nación: el Juicio abreviado es un procedimiento en el cual el imputado admite la existencia del
hecho delictivo y su participación en aquel.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
TOCriminales (30) TOMenores (3) TOPenalEconomico (3) TOCriminalFederal (6)
0
50
100
150
200
250
300
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
TOCriminales (30) TOMenores (3) TOPenalEconómico (3) TOCriminalFederal (6)
38
Tabla 12 Tribunales Orales – Poder Judicial de la Nación –
Comparación de Sentencias condenatorias y absolutorias, Juicios Abreviados – Tasa de condena
TO Criminales TO Menores TO Penal TO Federales TO Federales
Económico del interior
2002 Causas ingresadas 7.096 1.236 548 688 3.420
Causas resueltas 6.698 946 402 584 2.662
Sentencias condenatorias 1.117 160 91 96 1.423
Sentencias Absolutorias 568 212 74 102 602
Juicio Abreviado 2.493 292 99 146 677
Tasa de Condena 54% 48% 47% 41% 79%
2001 Causas ingresadas 6.421 1.165 364 554 2.963
Causas resueltas 6.304 1.119 329 565 2.344
Sentencias condenatorias 1.030 175 92 77 1.238
Sentencias absolutorias 551 223 87 116 469
Juicio Abreviado 2.437 354 83 138 478
Tasa de Condena 55% 47% 53% 38% 73%
2000 Causas ingresadas 6.065 1.066 343 601 2.884
Causas resueltas 5.192 1.058 302 590 2.139
Sentencias condenatorias 1.119 219 82 89 1.340
Sentencias absolutorias 517 254 71 143 507
Juicio Abreviado 1.932 305 70 172 389
Tasa de Condena 59% 50% 50% 44% 81%
Ministerio Público
En la República Argentina, el Ministerio Público es una institución definida y reglada por la Constitución Nacional
en su art. 120, incorporado en la reforma constitucional del año 1994 y por la Ley Nacional Nº 24.946, en vigencia
desde el 1º de abril de 1998, denominada "Ley Orgánica del Ministerio Público".
Se trata de un órgano bicéfalo constituido por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la
Defensa. El primero nuclea y coordina la acción de los Fiscales y el segundo la de los Defensores Oficiales. Fiscales
y Defensores son magistrados que se desenvuelven en el ámbito del sistema judicial cumpliendo diferentes
funciones de orden legal en los procedimientos judiciales.
En la siguiente tabla es posible ver la evolución de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio Público
en los últimos años.
Tabla 13 Evolución del Presupuesto del Ministerio Público
Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación Total Ministerio Público
1997 $ 81.996.683 $ 33.248.824 $ 115.245.507
1998 $ 88.255.132 $ 35.495.542 $ 123.750.674
1999 $ 98.589.000 $ 43.890.000 $ 142.479.000
2000 $ 99.530.000 $ 45.188.000 $ 144.718.000
2001 $ 100.513.004 $ 47.633.000 $ 148.146.004
2002 $ 100.049.783 $ 46.874.000 $ 146.923.783
2003 $ 105.974.604 $ 47.737.135 $ 153.711.739
Procuración General de la Nación41
La Procuración General de la Nación o Ministerio Público Fiscal, encabezado por el Procurador General de la
Nación, es el órgano encargado de "...promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los
intereses generales de la sociedad.." Esta competencia surge de la Constitución Nacional42 y de la Ley Orgánica
del Ministerio Público43.
El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble
función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve como tal en los
41. Información extraída de: Unidos por la Justicia y FORES (Chayer, Héctor; Scotto, Mariano; Letner, Gustavo; Anadón, Victoria) “Investigación Ministerio
Público Fiscal de la Nación: Diagnóstico y propuestas” Unidos por la Justicia, Buenos Aires, 2002 (inédito).
42. Artículo 120.
43. Ley 24.956.
2002
2001
2000
44. Fuente: Procuración General de la Nación, www.mpf.gov.ar
45. Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto.
asuntos judiciales en los que tiene intervención este cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto
le son remitidas. Es por otro lado el jefe máximo de todos los Fiscales y en tal sentido coordina su accionar,
estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado44.
Gráfico 31 Estructura de la Procuración General de la Nación
En el ejercicio de sus funciones, las fiscalías que integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación también se
encuentran organizadas por competencia, tanto en razón de la materia cuanto por el territorio. Si bien se sigue el
esquema del Poder Judicial de la Nación, el Procurador General de la Nación tiene la facultad de fijar la sede y la
jurisdicción territorial de las fiscalías sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país, además de la facultad
de disponer traslados a otras jurisdicciones territoriales, acorde con la Ley Orgánica.
Analizando en detalle la organización de la Procuración General de la Nación (ver gráfico 32), en la Ciudad de
Buenos Aires, Capital Federal, funcionan tanto Fiscalías Nacionales como Fiscalías Federales, las cuales tienen
distinta competencia en razón de la materia o delitos de los que se ocupan. En el interior del país, la situación es
más clara, ya que sólo existen Fiscalías Federales, las cuales intervienen sólo cuando se afectan leyes federales.
Para el año 2003, el presupuesto de la Procuración General de la Nación fue de $105.974.60445 y su estructura
de recursos humanos incluye 363 Fiscales, 633 funcionarios y 1.147 empleados, totalizando 2.143 agentes.
Gráfico 32 Distribución del Personal según Categoría – Procuración General de la Nación
Datos: Procuración General de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Gráfico 33 Distribución de Fiscales según actuación territorial – Procuración General de la Nación
Datos: Procuración General de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
39
Procuradores Fiscales ante la
Corte Suprema de Justicia
Fiscalías Fueros Penales
de la Capital Federal
Procuración General de la Nación
Fiscalías No Penales
de la Capital Federal
Fiscalías Fueros Federal
del Interior del País
Fiscales 17%
Empleados 53%
Funcionarios 30%
Interior 32%
Capital Federal 68%
40
A partir de la sanción de la ley 25.409 se modificó el Código Procesal Penal de la Nación para incorporar el
artículo 196bis. el cual establece que la investigación de un hecho criminal cuando el autor es ignorado (NN) debe
ser delegada desde el inicio al Ministerio Público Fiscal. En el cuadro que sigue se puede observar la carga de
trabajo de las Fiscalías de primera instancia en todo el país durante el año 2001 y la proporción que representaron
las causas con autor ignorado.
Tabla 14 Carga de Trabajo – Fiscalías de 1º Instancia – Año 2001 – Procuración General de la Nación46
Criminal y Criminal y
Penal Correccional Correccional
Instrucción Menores Correccional Económico Federal Federal Interior
Total ingresos 96.385 6.383 89.162 2.695 7.143 42.014
Ingresos con autor ignorado 64.432 838 45.015 142 2.563 5.204
Porcentaje de NN
sobre total de ingresos 66,85% 13,13% 50,49% 5,27% 35,88% 12,39%
Comenzando en el año 1999 la Procuración General de la Nación emprendió un Plan de Descentralización de
Fiscalías en la Capital Federal y en el Conurbano Bonaerense. El objetivo de estas fiscalías descentralizadas es la
de acercar el trabajo de los Fiscales a la comunidad y así aumentar la efectividad de estos últimos al enfrentar la
criminalidad local. La experiencia ya ha sido probada con éxito en Saavedra y Nuñez.
Defensoría General de la Nación47
La Defensoría General de la Nación o Ministerio Público de la Defensa, es un órgano independiente del Estado
Argentino cuya finalidad es garantizar a todos los ciudadanos el derecho a una asistencia jurídica letrada en forma
gratuita.
Es su función principal la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad, y en especial ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez
que sea requerida en las causas penales. Del mismo modo la ley ordena la actuación del Ministerio Público de la
Defensa en forma obligatoria en los procesos en los que sean parte menores e incapaces. Integra el Ministerio Público
junto con la Procuración General de la Nación, de acuerdo a lo expresado en el artículo 120 de la Constitución
Nacional. Al igual que la Procuración General de la Nación, es un órgano independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera.
A partir de la ley 25.344 de Emergencia Económica y Financiera se incorporaron nuevas funciones a cargo del
Ministerio Público de la Defensa para los juicios en que el Estado es parte. Se establece que en aquellas jurisdicciones
del interior del país en que no hubiere habido designaciones de delegados del Cuerpo de Abogados del Estado
dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación o bien cuando la cantidad o entidad de las causas excedan
razonables pautas para la mejor defensa judicial estatal, la representación judicial del Estado Nacional o sus
entes descentralizados, será encomendada al representante del Ministerio Público de la Defensa con competencia
en el lugar. El Defensor Oficial podrá efectuar designaciones ad hoc para cubrir las vacantes que se suscitaren.
Analizando la actividad de la Defensoría General de la Nación, que se desarrolla principalmente en los fueros
penales, la asistencia jurídica pública es considerada prácticamente la regla, puesto que aproximadamente el 43%
de los casos, en la etapa de instrucción, se valen de la Defensa Oficial, mientras que el restante 57% ha utilizado
la asistencia jurídica privada onerosa. La proporción de casos que utilizan la defensa pública aumenta significativamente
en la etapa de juicio. Investigaciones empíricas48 demuestran que en su tarea de representación de menores,
ausentes e incapaces, la cual tiene una reducida incidencia dentro de la totalidad de tareas que emprende,
vemos que la Defensoría General de la Nación intervino sólo en el 1% de las causas tramitadas en los fueros Civiles,
otro 1% estuvo a cargo de servicios de asistencia jurídica gratuita, que generalmente funcionan a cargo de facultades
de derecho, colegios de abogados y organizaciones sin fines de lucro; por último, el 98% restante de las
causas tramitadas en fueros civiles tuvieron representación jurídica privada.
46. Fuente: Informe Anual 2002, Procuración General de la Nación.
47. Información extraída de Unidos por la Justicia (Chayer, Héctor –director- Ricci, Milena y Otamendi, Santiago y FORES) “investigación Ministerio Público
de la Defensa: Diagnóstico y Propuestas”, Unidos por la Justicia, Buenos Aires, Febrero 2003 Inédito.
48. Banco Mundial (Garavano, Germán C.; Chayer, Héctor; Ricci, Milena y Cambelloti, Alejandro) –FORES- “Usuarios del Sistema de Justicia en Argentina”
Buenos Aires, 2000.
41
Gráfico 34 Distribución del Personal por categoría – Defensoría General de la Nación - 2002
Datos: Defensoría General de la Nación
Fuente: Unidos por la Justicia
Para el año 2003, el presupuesto de la Defensoría General de la Nación fue de $ 47.737.13549 y su estructura
de recursos humanos incluía 191 Defensores Oficiales, 242 funcionarios y 580 empleados.
Gráfico 35 Estructura de la Defensoría General de la Nación
49. Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto.
Empleados Administrativos 47%
Empleados de Maestranza 11%
Funcionarios 22%
Defensores 20%
Defensoría General de
la Nación
Secretaría Privada
Administración General
Dirección General de Prensa
y Difusión
Secretaría de Asuntos
Jurídicos e Institucionales
Dirección General de
Auditoría Interna
Defensorías Públicas Oficiales
de la Capital Federal
Defensorías Públicas Oficiales
del Interior
Dirección General de
Curadurías Oficiales
Tabla 15 Datos resumidos del Sistema Judicial Argentino - Año 2000
Cantidad de Jueces 4.106
Cantidad de Empleados 39.933
Jueces cada 100.000 habitantes 11,4
Empleados por Juez 9,7
Cantidad de Causas ingresadas 3.580.531
Causas cada 100.000 habitantes 9.935
Gasto en Justicia $ 2.737.707.910
Gasto en Justicia por habitante $ 75,97
Gasto en Justicia por Juez $ 666.758
Porcentaje del Gasto público dedicado a Justicia 3,15%
Incidencia del Gasto en Justicia en PIB 1,09%
Resumen Sistema Judicial Argentino
Tabla 16 Datos por Poder Judicial Provincial y Poder Judicial de la Nación – Sistema Judicial Argentino - Año 2000
Incidencia
del Gasto
Causas Causas Causas Causas Gasto en Justicia
Causas Ingresadas Ingresadas Ingresadas Ingresadas del Poder en Gasto
Jueces Empleados Ingresadas (Penal) (Civil) (Laboral) (Cont. Adm.) Judicial Público
Buenos Aires 1.004 9.094 1.051.131 552.212 465.896 32.964 1.265 $ 563.052.000 5,40%
Catamarca 44 457 11.022 2.430 8.190 402 32 $ 21.973.251 3,73%
Chaco 87 1.327 79.196 43.925 31.377 3.693 195 $ 78.724.000 7,85%
Chubut 59 338 34.426 14.832 18.535 1.053 6 $ 40.449.332 6,80%
Cdad Bs. As. 32 457 65.926 5.241 60.685 $ 27.598.660 0,87%
Córdoba 323 2.401 192.111 32.378 142.061 16.853 634 $ 215.000.000 8,59%
Corrientes 117 973 47.847 23.186 21.861 2.800 $ 55.145.000 3,67%
Entre Ríos 146 51.463 25.660 22.618 3.185 $ 61.754.000 4,69%
Formosa 98 828 30.117 19.163 10.376 578 104 $ 41.984.430 5,85%
Jujuy 60 567 31.843 18.498 12.556 789 370 $ 30.693.971 4,29%
La Pampa 49 424 26.184 17.608 8.332 244 32 $ 24.023.530 4,34%
La Rioja 28 353 10.260 5.314 4.367 574 23 $ 18.363.960 2,40%
Mendoza 190 2.286 323.113 136.013 179.209 7.891 229 $ 85.398.950 5,28%
Misiones 70 31.006 22.424 8.582 $ 38.475.000 4,26%
Neuquén 92 868 25.728 14.343 9.534 1.851 $ 41.395.913 3,67%
Río Negro 74 44.628 24.351 17.269 3.008 $ 43.332.522 5,65%
Salta 95 943 98.922 71.650 24.705 2.567 141 $ 36.754.950 3,74%
San Juan 67 $ 28.000.000 3,35%
San Luis 45 440 5.785 2.358 2.460 950 9 $ 18.660.064 2,26%
Santa Cruz 30 488 16.516 8.245 7.821 424 25 $ 27.255.000 3,44%
Santa Fe 316 1.713 432.552 208.611 208.492 15.449 $ 147.204.892 5,67%
S. del Estero 54 874 39.992 17.029 21.423 1.540 $ 23.312.620 3,12%
T. del Fuego 22 192 10.027 5.013 4.481 510 23 $ 18.810.000 4,87%
Tucumán 207 1.263 69.877 34.576 32.781 1.933 587 $ 60.378.000 5,73%
Poder Judicial
de la Nación 810 13483 850.859 256428 279477 20321 41368 $ 646.424.000 1,31%
42
43
Índice de gráficos
GRÁFICO 1 CANTIDAD DE JUECES - PODERES JUDICIALES PROVINCIALES Y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - AÑO 2000 ............................... 20
GRÁFICO 2 JUECES CADA 100.000 HABITANTES - PODERES JUDICIALES PROVINCIALES Y TOTAL ARGENTINA - AÑO 2000 ............................... 21
GRÁFICO 3 EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS POR JUEZ .......................................................................................................................................... 21
GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS INGRESADAS – PODERES JUDICIALES PROVINCIALES Y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – AÑO 2000 22
GRÁFICO 5 INGRESO DE CAUSAS POR JUEZ – AÑO 2000 .................................................................................................................................... 22
GRÁFICO 6 CAUSAS INGRESADAS - PODERES JUDICIALES PROVINCIALES Y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - AÑO 2000 ................................ 22
GRÁFICO 7 CAUSAS INGRESADAS CADA 100.000 HABITANTES - PODERES JUDICIALES PROVINCIALES Y TOTAL ARGENTINA - AÑO 2000 ........ 23
GRÁFICO 8 DISTRIBUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD EN ARGENTINA ........................................................................................................................... 23
GRÁFICO 9 INCIDENCIA DEL GASTO CONSOLIDADO EN JUSTICIA EN PIB (REAL - AÑO BASE 1993) .................................................................... 24
GRÁFICO 10 INCIDENCIA DEL GASTO EN JUSTICIA EN EL GASTO PÚBLICO – AÑO 2001 ..................................................................................... 25
GRÁFICO 11 GASTO EN JUSTICIA POR JUEZ – AÑO 2000 .................................................................................................................................... 25
GRÁFICO 12 GASTO EN JUSTICIA POR HABITANTE – AÑO 2000 .......................................................................................................................... 26
GRÁFICO 13 ESTRUCTURA DEL SISTEMA JUDICIAL FEDERAL .............................................................................................................................. 28
GRÁFICO 14 DISTRIBUCIÓN DE CARGOS OCUPADOS POR CATEGORÍA - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - 2002 ............................................... 29
GRÁFICO 15 PRESUPUESTO - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - DEFENSORÍA GRAL. DE LA NACIÓN - PROCURACIÓN GRAL. DE LA NACIÓN .... 30
GRÁFICO 16 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - AÑO 2003 .................................................................... 30
GRÁFICO 17 COSTO POR CAUSA INGRESADA - FUEROS PENALES - CAP. FED. - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - 2002 .................................. 31
GRÁFICO 18 COSTO POR CAUSA INGRESADA - FUEROS CIVILES - CAP. FED. - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - 2002 ..................................... 31
GRÁFICO 19 MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES – PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN .................................................................................................. 32
GRÁFICO 20 EXPEDIENTES EN TRÁMITE - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ......................................................................................................... 32
GRÁFICO 21 INGRESO PROMEDIO POR JUZGADO - JUSTICIA CIVIL - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - CAP. FED. ............................................. 33
GRÁFICO 22 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS - FUERO COMERCIAL - CAP. FED. – PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - AÑO 2001 ............................ 33
GRÁFICO 23 INGRESO DE EXP. Y EXP. EN TRÁMITE - FUERO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ............... 34
GRÁFICO 24 TASA DE DEMORA INICIAL - JUZGADOS CIVILES (EN AÑOS) – PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - AÑO 2002 ................................... 34
GRÁFICO 25 INGRESO DE CAUSAS - JUZGADOS PENALES DE 1º INSTANCIA - CAP. FED. - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN .............................. 35
GRÁFICO 26 FUEROS PENALES - FORMAS DE RESOLUCIÓN - AÑO 2002 - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - CAPITAL FEDERAL ...................... 35
GRÁFICO 27 INGRESO DE CAUSAS - PROMEDIO POR JUZGADO - FUEROS PENALES DE LA CAPITAL FEDERAL .................................................. 36
GRÁFICO 28 TASA DE ELEVACIÓN A JUICIO – JUZGADOS PENALES DE LA CAPITAL FEDERAL - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ....................... 36
GRÁFICO 29 INGRESO DE CAUSAS - PROMEDIO POR TRIBUNAL - TRIBUNALES ORALES - FUERO PENAL - CAPITAL FEDERAL ........................... 37
GRÁFICO 30 SENTENCIAS PROMEDIO POR TRIBUNAL – TRIBUNALES ORALES DE LA CAPITAL FEDERAL - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ...... 37
GRÁFICO 31 ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN ......................................................................................................... 39
GRÁFICO 32 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN CATEGORÍA – PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN ...................................................... 39
GRÁFICO 33 DISTRIBUCIÓN DE FISCALES SEGÚN ACTUACIÓN TERRITORIAL – PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN .................................... 39
GRÁFICO 34 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍA – DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN - 2002 .................................................. 41
GRÁFICO 35 ESTRUCTURA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ............................................................................................................ 41
Índice de tablas
TABLA 1 EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE JUECES EN ARGENTINA ..................................................................................................................... 19
TABLA 2 EVOLUCIÓN DE CAUSAS INGRESADAS EN ARGENTINA ........................................................................................................................... 19
TABLA 3 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN JUSTICIA EN ARGENTINA ............................................................................................................................ 20
TABLA 4 PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO .......................................................................................................... 20
TABLA 5 JUECES CADA 100.000 HABITANTES - INFORMACIÓN INTERNACIONAL ................................................................................................ 20
TABLA 6 CASOS INGRESADOS CADA 100.000 HABITANTES (TASA DE LITIGIOSIDAD) - INFORMACIÓN INTERNACIONAL ..................................... 23
TABLA 7 GASTO EN JUSTICIA COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO - INFORMACIÓN INTERNACIONAL ................................... 24
TABLA 8 PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO DEDICADO A JUSTICIA - INFORMACIÓN INTERNACIONAL .............................................................. 25
TABLA 9 GASTO EN JUSTICIA POR HABITANTE - INFORMACIÓN INTERNACIONAL ............................................................................................... 26
TABLA 10 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES ..................................................................................................................................................... 27
TABLA 11 CONFIANZA EN LA JUSTICIA POR PAÍS ................................................................................................................................................. 27
TABLA 12 TRIBUNALES ORALES - PODER JUDICIAL DE LA NACIóN -
COMPARACIÓN DE SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS, JUICIOS ABREVIADOS - TASA DE CONDENA ............................................. 38
TABLA 13 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ................................................................................................................. 38
TABLA 14 CARGA DE TRABAJO - FISCALÍAS DE 1º INSTANCIA - AÑO 2001 - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN ..................................... 40
TABLA 15 DATOS RESUMIDOS DEL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO - A ÑO 2000 ............................................................................................... 42
TABLA 16 DATOS POR PODER JUDICIAL PROV. Y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO - AÑO 2000 ..................... 42
PROYECTO “ÍNDICES DE LA JUSTICIA”
CONTENIDO
1. Introducción .......................................................................... 47
2. Objetivos y alcances ............................................................... 47
3. Aspectos metodológicos generales ............................................ 48
4. Área penal – Índice de violencia .............................................. 50
5. Área civil – Índice comercial ................................................... 58
47
1. INTRODUCCIÓN
La década del noventa fue prolífica en el desarrollo de trabajos orientados a relevar las condiciones de funcionamiento
del sistema judicial mediante la utilización de diversas variables relacionadas con la medición de su eficacia,
eficiencia y calidad de respuesta50.
La relevancia de la información que genera el propio sistema, el proceso de identificación de indicadores que
posibiliten la construcción de índices y su utilización como insumo para la toma de decisiones en función de una
política judicial determinada fue anticipada, entre otros, en los “Lineamientos de política presupuestaria, de estadística,
de auditoria y control de gestión” contenidos en el Plan Nacional de Reforma Judicial51, en los trabajos de
Fores - Foro de Estudios para la Administración de Justicia; profundizado en estudios de campo sobre expedientes,
entre los cuales merecen destacarse el trabajo liderado por la Task Manager del Banco Mundial Linn Hammergren
sobre “Usuarios del Sistema de Justicia”, dirigido por Germán Garavano que fue luego replicado en México,
Perú, Brasil y Ecuador y el estudio “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad en Argentina” dirigido
por la Dra. Ana I. Piaggi de Vanossi.
En el ámbito regional el Centro de Estudios de Justicia de las Américas52 - CEJA, solicitó un exhaustivo informe
sobre el Poder Judicial en Argentina, para la creación de un sistema integral de recolección y procesamiento de datos
para la generación de estadísticas e indicadores. Esta organización, con sede en Chile, publicó recientemente
“Cifrar y Descifrar”, un manual para generar, recopilar, difundir y homologar estadísticas e indicadores judiciales
producido por el experto español Santos Pastor Prieto, quien también colaboró con expertos nacionales en la elaboración
del Convenio para un Nuevo Sistema de Información para la Justicia Argentina, impulsado desde el Programa
Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos53.
En el ámbito oficial cabe destacar asimismo el esfuerzo que ha desarrollado la Oficina de estadística del Poder
Judicial de la Nación por mejorar la calidad de los Boletines y series históricas que publica anualmente, autorizando
a partir del año 2003 su difusión por Internet y brindando informes cuatrimestrales sobre ingreso de expedientes
en todos los fueros que integran la Justicia Nacional de la Capital Federal54.
De su lado, el Ministerio Publico Fiscal viene realizando numerosos esfuerzos por mejorar las condiciones de
acceso y producción de información desde la creación de la oficina de Investigación y Estadísticas Político Criminales
en el año 1999 con el objeto de brindar a ese organismo un sistema estadístico propio, de fácil acceso y nutrido
de fuentes autónomas. Su producción puede consultarse en línea en la pagina oficial del Ministerio Público
www.mpf.gov.ar
2. OBJETIVOS Y ALCANCES
Con el objetivo de medir un conjunto de variables con alto impacto en la comunidad, en especial aquéllas mas
fuertemente asociadas al fortalecimiento de la seguridad física y jurídica, se presenta un Índice de Violencia y un
50. Enrique V. Del Carril, Germán Garavano, Santiago Otamendi, Natalia Calcagno, Mariano Scotto, Milena Ricci, Rebecca Ann Bill y Juan María Rodriguez
Estevez “Desempeño e independencia de la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal”, Fores (foro de estudios sobre la administración
de justicia), Buenos Aires, Argentina (abril de 1999); Adrián Guissarri, Milena Ricci, Natalia Calcagno “Recopilación y Análisis de Información
Estadística sobre la Justicia Federal”, Programa de Reforma del Sistema de Justicia -PROJUS- Ministerio de Justicia de la Nación / Banco Mundial
(PROYECTO ARG/98/RO2), Buenos Aires, Argentina (agosto de 1999); Milena Ricci, Martín Gershanik, Natalia Calcagno “Medición de desempeño
en los Juzgados Comerciales de la Capital Federal, período 1992-1998” para la Investigación “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad
en la Argentina” Tomo I, Buenos Aires, Argentina - Editorial Depalma (2000); Héctor Chayer, Milena Ricci “El trámite del proceso ejecutivo y las nuevas
secretarías del fuero Comercial” para la Investigación “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad en la Argentina” Tomo III, Buenos Aires,
Argentina – Editorial Rubinzal Culzoni (2002); Germán Garavano “Monitor Veraz”, Publicación de la Organización VERAZ (EQUIFAX), año 2000; Germán
Garavano (coordinador) “Usuarios del Sistema de Justicia en la Argentina” Banco Mundial (BIRF) – Fores (Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia) Buenos Aires, Argentina (2000); Carlos Mahiques, Jorge Mehaudy, Miguel Kessler, Martín Nessi, Santiago Quian, Héctor Chayer, Milena
Ricci “Optimización de la implementación de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal de la Provincia de Buenos Aires”, Informe preliminar
de la Investigación, en revista Sistemas Judiciales (publicación semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA–) Buenos Aires,
Argentina Año 1, Nº 2 enero de 2002; Germán Garavano, Milena Ricci, Natalia Calcagno, Liliana Raminger “Indicadores de desempeño judicial”, Suplemento
La Ley Actualidad, martes 18 de julio de 2000, Buenos Aires, Argentina. Publicado asimismo en el Boletín del Centro de Capacitación e Investigaciones
“Dr. Manuel A. Saez”, provincia de Mendoza (mayo de 2000), Argentina; Germán Garavano “Justicia Argentina Crisis y Soluciones” Buenos
Aires, Argentina 1997 (inédito); Marchisio Adrián “Los menores de edad infractores de la ley penal”, separata de Nueva Doctrina Penal 2002/B;
Estudio sobre investigaciones con autor ignorado “N.N” en la Ciudad de Buenos Aires. Revista del Ministerio Público Nros. 5 y 8, ver en línea
http://www.mpf.gov.ar/
51. Ver en línea http://www.reformajudicial.jus.gov.ar/materiales/docs.htm.
52. Ven en línea: http://www.cejamericas.org
53. Ver en línea Convenio de Sistema de Información para la Justicia Argentina - 6/09/2001 http://www.reformajudicial.jus.gov.ar/materiales/docs.htm.
54. Resolución 4/03 del 02/07/03 de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
48
Índice Comercial, confeccionados a partir de un seguimiento periódico de los expedientes que ingresan en los Juzgados
Criminales y Comerciales de la Capital Federal.
Se trata de dos herramientas inéditas de capital importancia tanto para el gobierno como para los ciudadanos,
puesto que sirven de insumo para la toma de decisiones y facilitan el control.
El “Índice de violencia” se elaboró a través de un relevamiento de expedientes ingresados en 8 juzgados de
Instrucción y 2 de Menores durante el primer cuatrimestre del año y permite conocer la intensidad de los delitos
cometidos en el ámbito de la Capital Federal. Esto fue posible tras una previa categorización –en delitos violentos,
muy violentos y violentos de poca importancia– de todas las figuras contenidas en el Código Penal. El fuero de Instrucción
constituye una instancia clave a los efectos de esta medición puesto que es allí donde ingresan todas las
conductas cuya pena máxima es superior a los 3 años de cárcel y por consiguiente donde mejor se refleja la incidencia
de los delitos violentos.
Para la elaboración del “Índice Comercial” se tomó como base el año 2000 y se midió la evolución de la demanda
judicial global y por proceso (ejecutivos, quiebras y concursos, ordinarios) de los 26 juzgados que integran
el Fuero Comercial de la Capital Federal. Este trabajo muestra el impacto que las medidas económicas adoptadas
por el gobierno generan en las decisiones de las empresas de mayor envergadura económica del país, las cuales
litigan en esta jurisdicción.
Se pretende asimismo y en consonancia con diversos proyectos orientados en este sentido55, propender al mejoramiento
y sistematización de la metodología de utilización de indicadores en el ámbito de la justicia, más allá de
los fueros y dependencias analizadas.
El seguimiento podrá contemplar en sucesivas etapas la incorporación de otras mediciones complementarias,
como ser las relativas a la capacidad de respuesta del sistema de justicia frente al caudal de trabajo que recibe.
Para una mejor comprensión y fácil lectura del material incluido se presentarán en forma separada los capítulos
correspondientes al área penal y comercial, del mismo modo que se incorpora un capitulo inicial con los principales
indicadores relativos al desempeño del sistema a fin de introducir al lector al conocimiento de las principales
variables que anteceden o –de alguna manera– influyen y condicionan los resultados obtenidos en este trabajo.
A manera de síntesis anticipamos aquí los principales indicadores y el esquema que se utilizará para presentarlos
de aquí en adelante:
A. ÁREA PENAL
Fuero Criminal y Correccional de la Nación (Juzgados de Instrucción y Menores):
- total de causas ingresadas
- clasificación por tipos de delito
- hechos violentos - caracterización
- cantidad de delitos con violencia
- distribución territorial
B. ÁREA COMERCIAL
Fuero Comercial:
- total de causas ingresadas
- tipo de procesos
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES
El proyecto se focaliza en un estudio descriptivo, de carácter cuantitativo y con un alcance temporal diacrónico
(cada cuatro meses), el cual se lleva a cabo por un lado con técnicas de muestreo ad hoc para cada fuero bajo
estudio, en función de las posibilidades de acceso y aplicando un criterio heterogéneo atendiendo a las peculiaridades
de cada uno de los ámbitos relevados; por otro lado se efectuarán mediciones periódicas generales respecto
del total de expedientes ingresados al Ministerio Público y todo el ámbito de la Justicia Nacional y Federal de la
Capital Federal.
Debido a las características del universo de estudio (expedientes judiciales), a los órganos de superintendencia
encargados de administración de esa información y a las posibilidades reales de acceso, se presentaron diversas
alternativas para el relevamiento de los datos:
55. Ver antecedentes, en línea http://www.unidosjusticia.org.ar
49
Expedientes judiciales Modalidad para el relevamiento Confiabilidad de la muestra
Penal de Instrucción Desde el sistema informático. Nivel de confianza: 95.5
Margen de error: +/- 1.68%
Penal Menores De expedientes en los juzgados Nivel de Confianza: 95.5
Margen de error: +/- 4%
Ministerio Público Desde el sistema informático Total de los ingresos
Fuero Comercial Por registros de Mesa General de Entrada de la Cámara Total de los ingresos
Justicia Nacional Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Nación Total de los ingresos
Las modalidades expuestas, que se utilizaron en esta primera etapa –primer cuatrimestre- se irán perfeccionando
en los sucesivos períodos como consecuencia de las tratativas que aún seguimos realizando.
Los aspectos metodológicos particulares a cada una de las áreas bajo estudio se expondrán en los capítulos
correspondientes a cada uno de los fueros.
50
4. AREA PENAL – INDICE DE VIOLENCIA
La justicia penal con sede en la Capital Federal está integrada por los siguientes fueros:
- Criminal y Correccional Nacional que comprende los juzgados Correccionales, de Menores, Instrucción y
Rogatorias.
- Criminal y Correccional Federal.
- Penal Económico.
- Penal Tributario.
Dentro del fuero Criminal y Correccional, la división existente entre los juzgados Correccionales y de Instrucción
está dada por la gravedad de la pena propuesta para los delitos: mientras que en los juzgados Correccionales
ingresan aquellos delitos cuya pena máxima no supera los tres años de prisión, en los juzgados de Instrucción se
tramitan aquellos con penas máximas superiores. De su lado, en los juzgados de Menores se tramitan todas aquellas
causas en las que se vean involucrados menores de 18 años.
La justicia de Instrucción es aquella que ha recibido un mayor incremento en el nivel de denuncias en las última
década, duplicándose el total de expedientes ingresados; considerando los fines y objetivos de la presente investigación
se entiende la elección de este fuero por el hecho de que es donde mejor se aprecian los efectos de
cambios introducidos en materia de política criminal y los niveles de violencia instalados en la sociedad en un momento
determinado.
El fuero de Menores conlleva también un interés particular puesto que refleja una problemática que merece especial
atención por estar íntimamente asociada a las actividades de prevención que cumple el sistema penal y por
el renovado debate frente al incremento de la violencia en la delincuencia juvenil.
4.1 ¿Qué entendemos por delitos violentos?
El concepto de violencia es uno de los más complejos de definir. Siempre importa el uso de una fuerza por parte
de alguien contra otro de un modo abierto u oculto y con el fin de obtener de ese otro algo que, de no existir
esas circunstancias forzadas, no haría o daría. Distintos autores han tratado el tema desde distintas ópticas –filosófica,
sociológica, psicológica, antropológica, política, entre otras– y de una u otra forma se vincula con la posibilidad
de coaccionar al otro, de dominarlo, de obligarlo. Por lo tanto va de la mano con la idea de poderío. Y la fuerza
física es un elemento esencial del poderío. En los estados modernos, es el estado el legitimado para ejercerlo y
fuera de ello, quien lo hace sin autorización viola la ley.
Es posible afirmar que el código penal es el catálogo de la violencia administrada por el Estado que pena al que
violó la prohibición. Tomando en cuenta las conductas allí tipificadas se establecieron tres categorías de niveles de
violencia en base a las cuales se clasificaron luego los expedientes relevados, en función de los siguientes criterios:
CATEGORÍA CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EJEMPLO
Muy violento Delitos contra la vida, la integridad sexual y la propiedad, la mayoría - Homicidio
de ellos con penas mínimas superiores a los 5 años de cárcel. - Violación
Se trata de aquellos hechos que conllevan una gran carga de violencia. - Sustracción de menores
- Robo con armas
Violento Delitos de mediana importancia en función de la pena pero relevantes - Lesiones
en cuanto al aumento de la sensación de inseguridad en la población, - Robo
por implicar ejercicio directo de violencia. - Atentado contra la autoridad
- Privación ilegítima de la libertad
Violentos de poca Residual. Incluye el resto de las figuras penales excluidas en las - Lesiones imprudentes
importancia otras dos categorías. - Hurto agravados
- Abandono de personas
- Calumnias
En la búsqueda de parámetros objetivos de clasificación de la intensidad de violencia contenida en los delitos
criminales –si cabe hablar de objetividad– fijamos una primer categoría dada por los delitos muy violentos, integrada
por aquellas conductas en contra de la vida, la integridad sexual o la propiedad de las personas, que recibían
las penas mas severas.
En la segunda categoría, de delitos violentos, el legislador como conciliador social ha decidido tolerar con pe51
nas más bajas las conductas disvaliosas, aunque socialmente se evidencia un rechazo generalizado frente a ese accionar
delictivo, no por la intensidad en sí misma de la violencia, pero sí por la capacidad de hacer daño, un daño que
multiplicado en épocas de crisis sociales y económicas socava la base misma de la convivencia, como ser los casos
de lesiones, disparos con armas de fuego (aunque no lleguen a provocar lesiones), robo (que por definición implica el
uso de la violencia para sustraer algo) o atentados contra la autoridad, para poner algunos ejemplos.
El tercer grupo, integrado por los delitos violentos de poca importancia, constituye una categoría residual, en
donde la violencia ejercida no ha sido sobre el cuerpo del otro –en términos foucaultianos- o no lo ha sido sobre
su libertad, o bien porque suponen un riesgo mínimo en la convivencia.
4.2 Evolución hechos delictuosos en la Capital Federal
La Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal se compone de cuarenta y nueve (49)
Juzgados con una secretaría cada uno.
El ingreso de las causas para estos Juzgados se ha determinado en forma oficial a través de una grilla vigente
desde el año 1996 y, en principio, válida hasta el año 2005, la cual se adjunta como anexo.
Los Juzgados reciben expedientes a través de dos sistemas:
1. Sorteo efectuado por la Cámara del Crimen
2. Turno con las fuerzas de seguridad divididas en 10 distritos que incluyen:
- 53 Comisarías de la Capital Federal,
- Prefectura Naval Argentina
- Policía Aeronáutica
- Gendarmería
- Servicio Penitenciario Federal
- Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía Federal Argentina
3. Turno con departamentos centralizados:
- Superintendencia de Investigaciones
- Dirección General de Seguridad del Transporte y
- Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos
De su lado, las 53 comisarías distribuidas en el territorio de la Capital Federal, se hallan a su vez agrupadas en
10 distritos que abarcan 5 ó 6 Comisarías cada uno. La Cámara del Crimen ha establecido que son diez los Juzgados
que deben estar de turno por vez, durante quince días y mes por medio. Estos reciben causas tanto del sorteo
de la Cámara como las iniciadas desde las fuerzas de Seguridad.
En el gráfico Nº 1 se observa la evolución de ingresos de hechos delictuosos registrados por distintas dependencias
oficiales:
- Ingresados en juzgados de Instrucción,
- Ingresados en todos los fueros de la justicia penal
- Hechos registrados por la Dirección Nacional de Política Criminal –DNPC- (ingresados por denuncias en comisarías,
gendarmería y prefectura).
Gráfico N° 1 - Evolución Ingreso hechos delictuosos Capital Federal
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuero Instrucción Total fueros penales Dirección Nacional Política Criminal
52
Un fenómeno particular que se está manifestando a partir de la creación de la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido en el ámbito del Ministerio Público, es paradójicamente la dificultad para adecuar en
tiempo real la medición de la proporción de delitos cometidos por autores no identificados con respecto a aquellos
con autor conocido, lo cual se aprecia en el descenso de las curvas que indican la evolución de ingresos en el fuero
de Instrucción y en el total de los fueros penales, que difiere de la tendencia ascendente consignada por la DNPC.
Casi la mitad (46%) de las causas ingresadas al sistema penal de Capital Federal corresponden
al fuero de Instrucción.
En la última década el incremento de causas ingresadas a este fuero alcanzó aproximadamente un 130%. Sin
necesidad de remitirnos a los números finales del índice de violencia, esta cifra ya habla del aumento de la violencia
y la crisis de seguridad.
4.3 Índice de violencia en el fuero de Instrucción
Datos de la muestra:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Enero a abril de 2003
3262 denuncias de delitos criminales
8 Juzgados de Instrucción. Fuero Criminal y Correccional Nacional.
Nivel de confianza: 95.5%
Margen de error: +/- 1.68%
Teniendo en cuenta la forma en que funcionan los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y a fin de garantizar
que la muestra abarque todo el territorio de la Capital Federal, se han relevado 8 juzgados que a lo largo del cuatrimestre
en estudio (enero/abril del 2003) han estado de turno con todas las comisarías, la Superintendencia de Investigaciones, la Dirección
General de Seguridad del Transporte y la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos.
El total de expedientes ingresados a los juzgados de Instrucción en el primer cuatrimestre informados por la Oficina de
Estadísticas fue de 21.320 (al 22/04/2003). Esta cifra incluye aquellos delitos con autor conocido, cargados al sistema informático
de los 49 juzgados de Instrucción.
La muestra de expedientes consiste en la totalidad de casos ingresados durante el primer cuatrimestre de 2003 en los 8
juzgados de Instrucción relevados. Se compone de un total de 3262 expedientes, de los cuales 1763 corresponden a delitos
con autores ignorados y los restantes 1499 a delitos con autores identificados.
Con este dato y, a los fines de calcular el error muestral, se consideró:
La cantidad total de expedientes ingresados en delitos con autores ignorados durante el primer cuatrimestre de 2003 en
las 49 fiscalías de instrucción informados por el Ministerio Publico: 34.760
La cifra total de delitos con autores identificados en los 49 juzgados de Instrucción: 9163. Por falta de estadísticas que
reflejen este dato se estimó dicha cantidad calculando el promedio de expedientes por juzgado (relevados para este estudio).
Es decir, se relevaron la totalidad de los expedientes con autores identificados de 8 juzgados (1499), lo cual arroja un promedio
de 187 casos por juzgado, a dicho producto se lo multiplica por 49, dando una cifra aproximada a la cantidad de expedientes
ingresados en la totalidad del fuero (49 juzgados), en el primer cuatrimestre.
Por lo tanto, el total de expedientes estimados es de 43.923, constituidos por la suma de 34.760 expedientes ingresados
en delitos con autores ignorados y 9163 ingresados en delitos con autores conocidos.
Cabe señalar que técnicamente se trabajó con una muestra probabilística azarosa, pues los expedientes examinados han
sido sorteados para cada juzgado de acuerdo al cronograma establecido de manera oficial por la Policía Federal Argentina.
Considerando que los 8 juzgados en los que se trabajó fueron seleccionados de tal manera que implicaran la totalidad de las
comisarías y demás fuerzas de seguridad en todos los distritos de la Capital Federal, la muestra puede ser entendida como
representativa del total de expedientes ingresados en el 1º cuatrimestre de 2003, con un error del ± 1,68% y y un nivel de
confianza de 95,5%.
Coeficientes de ponderación
Debido a las dificultades apuntadas para obtener la cifra total del universo y las diferencias que en consecuencia se generan
con la muestra en la proporción de las variables se ponderó el total relevado en cada caso de acuerdo con los siguientes
coeficientes:
UNIVERSO % DE CADA TIPO CASOS PROPORCIONALES CASOS POR ESTRATO DE
SOBRE EL TOTAL (SEGÚN TAMAÑO MUESTRA = 3262) LA MUESTRA REAL COEFICIENTE
NN 34760 79 2577 1763 1.4617
CONOCIDOS 9163 21 685 1499 0.4569
TOTAL 43923 3262 3262
53
Los resultados de la observación indican que de cada 100 delitos criminales que tramita la Justicia Nacional,
72 son violentos y muy violentos (Gráfico Nº 2).
Gráfico N°2 - Distribución intensidad de violencia - 1° cuat. de 2003
7 de cada 10 delitos criminales perpetrados en la Capital Federal
son violentos o muy violentos
Si se toma en cuenta este 72% que agrupa a las figuras violentas y muy violentas, un 19% contiene además
una carga extrema de violencia, con penas mínimas superiores a los 5 años, correspondientes a aquellas figuras a
las que no se le otorga el beneficio de excarcelación y donde predomina el robo con armas.
Del total de delitos violentos o muy violentos perpetrados en la Capital Federal,
2 de cada 10 se caracterizan por su contenido de extrema violencia.
Sin embargo, la respuesta que puede dar el sistema penal en estos casos es prácticamente nula, puesto que,
como vemos en el gráfico siguiente, dentro del universo de delitos más violentos, en el 90% de los casos nunca
llega a conocerse al autor del hecho (Gráfico Nº 3). Estos delitos, que en la jerga forense se conocen como “NN”,
son archivados prácticamente sin ningún tipo de investigación.
9 de cada 10 delitos violentos o muy violentos son cometidos por autores
que nunca llegan a conocerse. Esto equivale a decir que la impunidad
en los delitos más graves asciende al 90%.
Gráfico N°3 - Distribución por condición de autor según categoría del delito
Violentos 58%
72% Poco violentos 28%
Muy Violentos 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Poco Violentos Violentos y Muy violentos
Autor Conocido N.N
54
Gráfico N°4 - Distribución delitos violentos y muy violentos
Casi 9 de cada 10 delitos violentos o muy violentos se corresponden
a robos y robos con armas.
En la franja de violencia y violencia extrema, existe un predominio de los delitos contra la propiedad, que alcanza
el 88% entre robo y robo con armas (Gráfico Nº 4). La modalidad de comisión de estos delitos involucra en
muchos casos para el que los sufre una amenaza directa también a su integridad física y psicológica.
Gráfico N°5 - Bienes jurídicos afectados
El resto de las figuras se agrupan en delitos contra la vida y la libertad individual (Gráfico Nº 5). En el primero
de los casos se trata de lesiones y homicidios simples, y en el segundo es llamativa la cifra elevada de apremios
ilegales –actos de abusos o torturas de la autoridad de prevención-. Si bien no pueden comprobarse en todos los
casos, ya que muchos imputados se valen de esto como defensa, sí hablaría de una falla del sistema judicial.
Distribución Geográfica
En cuanto a la distribución territorial de la violencia en la Capital Federal el Mapa Nº 1 indica, para el total de
delitos violentos y muy violentos, cuáles son los distritos que más sufren este fenómeno.
La intensidad de los grises señala la zona donde se registró la mayor cantidad
de hechos según la muestra relevada.
El mapa está divido por distritos, los cuales, como mencionamos mas arriba, agrupan entre 5 y 6 comisarías
cada uno; durante el período relevado éstas estuvieron de turno quincenalmente con cada uno de los 8 juzgados
tomados como puntos muestrales, cubriendo en consecuencia el total del territorio capitalino.
Los distritos 1 –que agrupa los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Constitución y La Bocay
6 –Villa Crespo, Caballito, Flores, Floresta, Villa Gral. Mitre, Villa Santa Rita, Monte Castro, Vélez Sarsfield y Villa
Luro- son los que registran la mayor cantidad de hechos delictivos violentos y muy violentos.
Los distritos 1 y 6 son los que registran la mayor cantidad de hechos delictivos
violentos y muy violentos.
Robo con armas 16%
Otros 6%
Robo 72%
Lesiones 3%
Homicidio Simple 1%
Apremios Ilegales 2%
Otros 6%
Propiedad 88%
Vida 4%
Libertad 2%
55
Mapa N°1 - Total de Delitos Criminales Violentos y Muy Violentos
Si se analiza la distribución territorial solamente para el caso de los delitos muy violentos (Mapa Nº 2), la incidencia
zonal varía levemente, registrándose la mayor cantidad de hechos de este tipo en los distritos 5 –que incluye
Villa Riachuelo, Villa Soldati, Villa Lugano, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Nueva Pompeya- y 1.
Le sigue en intensidad de nivel de violencia el distrito 7 que ocupa la mayor parte del límite oeste de la Ciudad
con la General Paz – Mataderos, Liniers, Versalles, Villa Real, Villa Devoto, Villa Pueyrredon y Saavedra, y la zona
centro-sur correspondiente a los barrios de Almagro, Balvanera, Boedo, San Cristóbal, Parque Patricios y parte
de Constitución.
Total delitos criminales Muy Violentos
Mapa N°2 - Total delitos criminales Muy Violentos
4.4 Índice de Violencia Juvenil
La Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal se compone de 7 juzgados de primera instancia con 3
secretarías cada uno -una de ellas con competencia tutelar- y tres tribunales orales.
Cada uno de los 7 juzgados está de turno durante 7 días corridos con las 53 comisarías y fuerzas de seguridad
de la ciudad, circunstancia que se reproduce a nivel del Ministerio Público Fiscal, que posee asignado anualmente
una fiscalía por cada juzgado de Menores.
El relevamiento fue efectuado en 2 de los 7 Juzgados Nacionales de Menores por períodos quincenales durante
el primer cuatrimestre del año, dejando entre cada uno de los muestreos un espacio de un mes.
56
Los turnos para los juzgados de Menores – a diferencia de lo que sucede en el fuero de Instrucción - son semanales
y con la totalidad de las fuerzas de seguridad que operan en el ámbito capitalino; así cada cuarenta y nueve
días entra en turno el mismo juzgado. La muestra se efectuó controlando un período de catorce días corridos
en los que estuvieron a cargo del turno sucesivamente los juzgados Nº 1 y Nº 2 y ello se repitió a lo largo del cuatrimestre
cada vez que correspondió el turno a esos mismos juzgados.
Datos de la muestra:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Enero a abril de 2003
431 denuncias de delitos que involucran menores
2 juzgados de Menores
Nivel de Confianza: 95.5
Margen de Error: +/- 4%
Detalle de la muestra:
Total de expedientes ingresados a los juzgados de menores en el primer cuatrimestre: 1.509.esta cifra se obtuvo a partir
de la muestra tomada sobre los ingresos en los dos juzgados relevados puesto que tanto la justicia de Menores como la Correccional
carecen de un sistema informático que permita acceder al total de causas ingresadas al fuero en tiempo real.
Los Juzgados Nacionales de Menores en la Capital Federal investigan los delitos criminales –no federales– cuyos
autores sean menores de 18 años de edad.
Gráfico N° 6 - Delincuencia juvenil en relación al resto de los fueros penales
Cabe consignar que este estudio es continuación de lo efectuado de modo piloto por el Dr. Gustavo González
Ferrari, en un solo juzgado durante el período 1998/2001, donde en vez de relevarse una quincena solo se hacía
una semana y dejando por tanto pasar entre un relevamiento y otro un mes y una semana56.
De acuerdo con las estadísticas producidas por el propio sistema judicial para el año 2001, las causas ingresadas
en los Juzgados de menores de la Capital Federal, constituyen aproximadamente el 3 por ciento (3%) del total
de casos investigados por la justicia criminal de la Capital Federal57 (Ver gráfico Nº 6).
Si bien el ingreso de procesos se ha visto reducido ello no ha obedecido a una disminución de la delincuencia,
ni al éxito de la política preventiva, sino a que durante ese período se efectuó una redistribución de competencia para
entender en ciertos procesos que pasaron a la órbita de la justicia de mayores, como es el caso de las causas iniciadas
por infracción a la Ley Nº 13.944 –de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar– y Ley Nº 24.270
-impedimento de contacto de los hijos menores de edad con el padre no-conviviente-. También en ese período se
otorgó intervención a la justicia Criminal y Correccional en los casos en los que menores resultaban víctimas de delitos
a manos de mayores de edad. De este modo hoy se dispone de cifras más cercanas a la realidad respecto a
la incidencia de la actividad delictiva de los jóvenes, que si bien en volumen no es tan alarmante como muchas veces
se lo presenta desde los medios de comunicación, especialmente si se lo confronta con el número de procesos
abiertos por ante los juzgados de mayores, si lo es en la gravedad que presentan los casos, al advertirse un crecimiento
constante de hechos vinculados al ejercicio de violencia en las personas y reiterancia delictiva.-
El aumento del uso de armas en general –propias, impropias, de fuego, blancas, etc–; la indolencia en el trato
con las víctimas; el consumo de alcohol o estupefacientes vinculados a la actividad delictiva; la creciente intervención
en hechos violentos de mayores y menores en coautoría, son manifestaciones palpables en los casos que llegan
a conocimiento de los juzgados.
56. Ver referencias en http://www.unidosjusticia.org.ar. Proyecto Projusticia. Justicia de Menores. Buenos Aires, Argentina 2001.
57. La aproximación de la cifra radica en la incertidumbre para determinar el total en las otras categorías, especialmente en los ingresos a los juzgados
de Instrucción. El porcentaje, podría ser en consecuencia levemente menor.
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
57
Si tomamos en cuenta el universo de delitos que ingresan al sistema penal de menores y teniendo en cuenta
las tres categorías antes mencionadas, el resultado de la medición para el primer cuatrimestre del 2003 nos muestra
que un 62% del total de conductas delictivas son violentas o muy violentas (Gráfico Nº 7), contra un 72% en el
sistema de mayores.
Gráfico N° 7 - Nivel de violencia en el fuero penla de Menores de la Capital Federal - 1° cuat. de 2004
6 de cada 10 conductas delictivas de menores son violentas o muy violentas
Las primeras mediciones referidas al porcentaje de delitos con contenido de extrema violencia cometidos por
menores fueron tomadas en el año 1998, en una investigación llevada a cabo por el Dr. Gustavo González Ferrari.
En ese trabajo se ubicaba a éstas figuras en un nivel del 8% en el año 1998, que trepó hasta el 17.5% en el 2002.
Gráfico N° 8 - Evolución de delitos con violencia en las personas entre 1998 y 2003 en Juzgados de Menores de la Capital Federal
Esta tendencia constante en el crecimiento del índice de violencia en menores parece estabilizarse a partir del
año 2003 (Gráfico Nº 8), muy probablemente con el paquete de medidas iniciadas en la Capital Federal y en su
ámbito inmediato de influencia, la provincia de Buenos Aires: el aumento de controles en el paso de una jurisdicción
a otra, la existencia de mayor cantidad de efectivos en la calle, el retiro de muchos menores de la calle frente
a una también leve estabilización de indicadores económicos en combinación con una mayor incidencia de los
planes de asistencia social.
La tendencia constante en el crecimiento del índice de violencia en menores
parece estabilizarse a partir del año 2003.
Violentos 52%
Poco violentos 38%
Muy Violentos 10%
58
5. ÁREA CIVIL – INDICE COMERCIAL
La Justicia Nacional en lo Comercial se compone de una Cámara Nacional de Apelaciones, dividida en cinco
salas de tres miembros cada una de ellas y de veintiséis juzgados con dos secretarías cada uno.
En 1999 fueron creadas cuatro secretarías de competencia limitada a juicios ejecutivos, dependientes de los
juzgados Comerciales Nros. 10, 12, 16 y 23; en el año 2000 se adicionaron otras dos con idéntica competencia
acotada, dependientes de los juzgados Nros. 2 y 24. Ergo, los juzgados últimamente mencionados funcionan desde
entonces con tres secretarías cada uno, dos de ellas con competencia originaria y la restante con competencia
ejecutiva.
La competencia del fuero está determinada por el Decreto/Ley 1285.58, cuyo artículo 43 bis dispone: “los jueces
nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas
por las leyes mercantiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero.
Conocerán además, en los siguientes asuntos:
a) concursos civiles (actualmente inexistentes después de la sanción de la ley 24522);
b) acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del decreto 15348/46, ratificado por la Ley Nº
12962;
c) juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos atípicos a los que resulten
aplicables las normas relativas a aquellos, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil...”.
Coetáneamente a esta regla de carácter general, una gran cantidad de leyes especiales atribuyen competencia
al fuero Comercial; por sólo mencionar a aquéllas que mayor importancia tienen en la masa crítica que debe
atender el fuero, repárese vgr. en la ley de Seguros Nº 17.418, la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, la Ley
de Concursos y Quiebras Nº 24.522, el decreto Ley de Letra de Cambio y Pagaré Nº 5965.63, la Ley de Cheque Nº
24452, etc.
Otras leyes especiales también otorgan competencia directa a la Cámara respecto de organismos estatales externos
a la órbita judicial, reguladores de ciertas actividades comerciales: vgr. la Inspección General de Justicia (Ley
Nº 22.315), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Ley Nº 24.557), la Superintendencia de Seguros de la Nación
(Ley Nº 20.091), la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº
24.241), la Comisión Nacional de Valores (Ley Nº 17.811), etc.
Finalmente, no puede soslayarse la incidencia que tiene el fuero de atracción concursal, tanto en la cantidad
como en la calidad de las causas que atiende la justicia comercial. Según lo dispuesto por el art. 21 de la Ley Nº
24.522, todos los juicios de contenido patrimonial deben radicarse y continuar su trámite ante el juez donde tramita
el concurso de su deudor (inc. 1), a excepción únicamente de los procesos de expropiación y los que se funden
en relaciones de familia (inc. 2). En otros términos, la competencia originaria de un pleito –vgr. de índole laboral–
debe, con posterioridad a la apertura del concurso o declaración de quiebra del demandado, continuar o
acumularse al respectivo incidente de verificación en sede comercial.
En el fuero comercial el incremento en el ingreso de causas durante la última década fue constante. Según los
datos de la Oficina de Estadísticas de la CSJN en el período comprendido entre los años 1993 a 2002 el nivel de
ingreso de expedientes creció un 220% y el nivel de acumulación un 400% (Gráfico Nº 9).
Gráfico N°9 - Ingreso y acumulación de expedientes en el Fuero Comercial de la Capital Federal (1993-2002)
140,965
477,814
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresadas En trámite
59
Índice Comercial
Datos de la muestra:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Enero a abril de 2003
24048 expedientes ingresados
26 Juzgados de Comerciales. Representa la totalidad del Fuero Comercial de la C. Federal.
Para la elaboración del “Indice Comercial” se tomó como base el año 2000 –inmediato anterior al que se produce
la crisis que desencadena las principales medidas de emergencia- y se midió la evolución de la demanda judicial
global y por tipo de proceso (ejecutivos, concursales, ordinarios) de los 26 juzgados que integran el Fuero Comercial
de la Capital Federal.
La medición comprende la evolución de la demanda judicial global y por tipo
de proceso de todos las causas ingresadas por la Mesa General de Entradas del
Fuero Comercial de la Capital Federal.
Durante el primer cuatrimestre del año 2003 la justicia Comercial recibió el 29%
del total de la carga de trabajo del área civil de la Capital Federal.
El gráfico Nº 10 refleja la proporción de ingresos por tipo de proceso de la totalidad de los 26 juzgados que
componen el fuero. El agrupamiento en estas tres categorías se formula con base en la similitud de los litigios que
cada una comprende en función de la materia y el trámite procesal.
Los procesos ejecutivos comprenden: medidas precautorias, ejecutivos propiamente dichos, ejecuciones especiales,
diligencias preliminares y secuestros prendarios.
Los concursales: concursos preventivos, pedidos de quiebra y pedidos de propia quiebra58.
Los no concursales se integran con: procesos ordinario y sumarísimo59.
Gráfico N°10 - Procesos ingresados al fuero comercial - 1° cuatrimestre 2003
Desde el gráfico Nº 11 se aprecia la variación que ha sufrido cada una de las categorías a lo largo del período
2000/2003. Ciertamente dicha evolución puede considerarse como el resultado de las principales medidas económicas
tomadas durante el período.
Gráfico N°11 - Evolución carga de trabajo por tipo de proceso en el Fuero Comercial de la Capital Federal
No concursales 17%
Ejecutivos 76%
Concursales 7%
83.93% 82.63% 81.62%
75.67%
16.85%
7.40% 8.67% 7.68% 8.70% 11.58% 7.48%
5.80%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2000 2001 2002 2003
Ejecutivos No concursales Concursales
58. No se computan aquí los expedientes que por atracción en los procesos concursales ingresan directamente en los juzgados y que representan
casi el 286% de los ingresos finales en esta categoría, los cuales inciden sustancialmente en el total de la carga de trabajo del fuero.
59. Proceso derogado por ley nro. 25,488 (B.O 22-01-01) incluídos en la categoría de sumarísimos.
60
Los procesos ejecutivos lideran la categoría con mayor cantidad de causas ingresadas,
representando para el 1º cuatrimestre del 2003 un 76% del total, no obstante la
tendencia en baja que muestran los últimos cuatro años.
La suspensión de las ejecuciones durante el año 2002 fue la principal causa de disminución en relación al resto
de los procesos, al mismo tiempo que se incrementaron los procesos ordinarios, principalmente por el ingreso
de juicios de amparo, así como por la complejidad de las cuestiones que impuso en el área de los negocios la legislación
de emergencia.
La demanda en procesos ordinarios aumentó un 69% durante el primer
cuatrimestre del 2003 en relación al mismo período del 2000.
1 cuat. 2000 1 cuat. 2001 1 cuat. 2002 1 cuat. 2003
Ejecutivos 34058 -8,48% -29,17% -46,57%
No concursales 2399 14,80% 43,23% 68,95%
Concursales 3228 -7,34% -64,13% -44,30%
Total 39685 -6,98% -27,64% -39,40%
En procesos ejecutivos y concursales, el ingreso de expedientes durante el
1º cuatrimestre del 2003 bajó un 46% y 44%, respectivamente, en relación al
mismo período del 2000.
De su lado las modificaciones introducidas en ese mismo año en la ley de concursos y quiebras también se ven
reflejadas en la evolución de este tipo de procesos que además de los ejecutivos son aquellos que, si bien marcan
–también– una tendencia decreciente presentan una leve alza, en el último período considerado, habida cuenta el
levantamiento de la suspensión legal de los pedidos de quiebra decidida el año próximo pasado.
TOTAL 2000 TOTAL 2001 TOTAL 2002
Subtotal ejecutivos 110473 1,19% -11,53%
Subtotal otros no concursales 9740 5,37% 54,64%
Subtotal concursal 11408 1,88% -39,12%
Total 131621 1,56% -9,03%
En la última tabla se compara la evolución del total de expedientes ingresados en el fuero en forma anual. El
crecimiento experimentado en la carga de trabajo del fuero en el año 2001 coincide con el período de recesión económica
que desembocó en la crisis de finales de ese año. Los procesos ejecutivos y concursales se incrementaron
levemente sobre un punto porcentual, revirtiendo la tendencia descendente que mostraba el primer cuatrimestre,
en tanto que los no concursales crecieron en mas de un 5%.
En el año 2002, con procesos ejecutivos y concursales suspendidos, la baja fue del 11% y 39% respectivamente,
mientras que los no concursales subieron aproximadamente un 55%. En general se confirma la tendencia que
mostraban los números para el primer cuatrimestre de ese año.
ANEXO DOCUMENTAL
CONTENIDO
I. Planillas de turno de las comisarías de la Capital Federal ....... 63
II. Categorización de figuras penales: poco violentas, violentas,
muy violentas. ..................................................................... 64
III. Detalle sistema informático fuero de Instrucción. ................... 69
IV. Detalle registros de Mesa de Entrada de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. ............ 70
V. Justicia Nacional y Federal de la Capital Federal: proporción
de causas ingresadas por fuero, 1º cuatrimestre de 2003. ...... 71
Anexo I: Planilla de turnos de las comisarías de la Capital Federal
63
Turnos Distrito
Comisaría
Años
Anexo II: Categorización de las figuras penales - Código Penal de la Nación
DELITOS MUY VIOLENTOS
Figura Pena Ref. Código Penal Nacional
1) Delitos contra las personas:
1.a. Delitos contra la vida:
Homicidio simple 8 a 25 años Art. 79
Homicidio agravado (pariente, alevosía,
por dinero, placer, policía, etc) Perpetua Art. 80
2) Delitos contra la integridad sexual:
Violación 6 a 15 años Art. 119
Ambos agravados (grave daño, parientes,
autor enfermo, con armas, 2 o + personas) 8 a 25 años Art. 119
Todas + muerte 15 a 25 años Art. 119
Corrupción de < 13 años 6 a 15 años Art. 125 bis
Corrupción agravada (engaño, amenaza, pariente) 10 a 15 años Art. 125 bis
Ídem. < de 13 años 6 a 15 años Art. 127 bis
Facilitación agravada 10 a 15 años Art. 127 bis
3) Delitos contra la libertad:
Privación para obligar hacer 5 a 15 años Art. 144 bis
Ídem agravada 10 a 25 años Art. 144 ter
Ídem + lesiones graves 10 a 25 años Art. 144 ter
Ídem. + muerte Perpetua Art. 144 ter
Apremios ilegales 1 a 5 años Art. 144 bis
Idem + agravado 2 a 6 años Art. 144 bis
Torturas 8 a 25 años Art. 144 ter
Idem + lesiones permanentes 10 a 25 años Art. 144 ter
Idem + muerte Perpetua Art. 144 ter
Sustracción de menores de 10 años 5 a 15 años Art. 146
Ídem para abandono del país 5 a 10 años Art. 146
4) Delitos contra la Propiedad
Robo con homicidio 10 a 25 años Art. 165
Ídem con armas, en despoblado y en banda, lesiones 5 a 15 años Art. 166
Extorsión 5 a 10 años Art. 168
Secuestro extorsivo 5 a 15 años Art. 170
Ídem, logrando propósito 8 a 15 años Art. 170
Ídem + muerte 8 a 20 años
DELITOS VIOLENTOS
1) Delitos contra las personas:
1.a. Delitos contra la vida:
Homicidio atenuado 3 a 6 años (reclusión) Art. 81
1 a 3 años (prisión)
Instigación al suicidio 1 a 4 años Art. 83
Aborto sin consentimiento 3 a 10 años Art. 85
Ídem + muerte mujer 3 a 15 años Art. 85
1.b. Lesiones
Lesiones 1 mes a 1 año Art. 89
Lesión + debilitamiento permanente 1 a 6 años Art. 90
Lesión + enfermedad 3 a 10 años Art. 91
1.c. Riña:
Si hubo muerte 2 a 6 años Art. 95
1.d. Abuso de armas:
Disparo contra personas sin herirla 1 a 3 años Art. 104
Agresión con arma sin herida 15 días a 6 meses Art. 104
2) Delitos contra la integridad sexual:
Abuso sexual (<13 años / violencia / amenazas /
intimidación) 6 meses a 4 años Art. 119
Ídem. + gravemente ultrajante Art. 120
Abuso sexual de < 16 años 3 a 6 años
Corrupción de < 18 años 3 a 10 años
Facilitar o promover prostitución de < 18 años 4 a 10 años Art. 125
Explotación de prostitución 3 a 6 años Art. 127
Sustraer persona para menoscabar integridad sexual 1 a 4 años Art. 130
Ídem c/ <16 años con consentimiento 6 meses a 2 años
Ídem. < 13 años 2 a 6 años
64
3) Delitos contra la libertad:
3.a. Contra la libertad individual:
Reducción a servidumbre 3 a 15 años Art. 140
Privación ilegítima de la libertad 6 meses a 3 años Art. 141
Ídem agravada (violencia, pariente, simulación
autoridad + de 1mes) 2 a 6 años Art. 142
Amenazas p/ hacer algo 2 a 4 años Art. 149 bis
Ídem con armas o anónimas 3 a 6 años Art. 149 ter
4) Delitos contra la Propiedad
Robo 1 mes a 6 años Art. 164
Ídem en despoblado / poblado y en banda / fractura de pared 3 a 10 años Art. 163
Extorsión atenuada 3 a 8 años Art. 169
5) Delitos contra la Seguridad Pública
Incendio y otros estragos 3 a 10 años Art. 186
Ídem agravado 3 a 15 años Art. 186
Fabricación, suministro de material explosivo 5 a 15 años Art. 189 bis
Portación de arma de fuego de uso civil 6 meses a 3 años Art. 189 ter
Tenencia de arma de guerra 3 a 6 años Art. 189 bis
Acopia de armas 4 a 8 años Art. 189 bis
Ídem de guerra 4 a 10 años Art. 189 bis
Proporcionar arma a quien no tiene autorización 3 meses a 1 año Art. 189 ter
Ídem pero actividad habitual ídem + inhabilitación Art. 189 ter
6) Delitos contra la Administración Pública
Atentado contra la autoridad 1 mes a 1 año Art. 237
Agravada (mano armada, etc) 6 meses a 2 años Art. 238
Resistencia y desobediencia a la autoridad 15 días a 1 año Art. 239
VIOLENCIA DE POCA IMPORTANCIA
1. Delitos contra las personas
1.a. Delitos contra la vida
Homicidio imprudente 6 meses a 5 años Art. 81
Ídem. con + de 1 víctima fatal 2 a 5 años Art. 84
Aborto c/ consentimiento 1 a 4 años Art. 85
Ídem. + muerte mujer 1 a 6 años Art. 85
1.b. Lesiones
Lesión imprudente 1 mes a 3 años Art. 94
1.c. Riña
Si hubo lesiones 1 a 4 años Art. 95
1.d. Abandono de personas
Abandono 2 a 6 años Art. 106
Idem + daño 3 a 10 años Art. 106
Idem + muerte 5 a 15 años Art. 106
Abandono de padres se aumenta 1/3 (máx. y min.) Art. 107
Omisión de auxilio multa Art. 108
2. Delitos contra el honor
Calumnia 1 a 3 años Art. 109
Injuria 1 mes a 1 año Art. 110
Ingreso datos falsos 1 mes a 2 años Art. 117 bis
Proporcionar datos falsos 6 meses a 3 años Art. 117 bis
Ídem. + perjuicio se aumenta _ (máx. y min) Art. 117 bis
3. Delitos contra la integridad sexual
Exhibic. de imágenes pornogr <18 6 meses a 4 años Art. 110
Facilitar acceso a espec. pornogr <14 1 mes a 3 años Art. 128
4. Delitos contra el estado civil
4.a. Matrimonios ilegales
Básica 1 a 4 años Art. 134
Agravada 2 a 6 años Art. 135
4.b. Supresión y suposición del estado civil e identidad
Básica 1 a 4 años Art. 138
Agravada 2 a 6 años Art. 139
Facilitación de básica o agravada 3 a 10 años Art. 139 bis
5. Delitos contra la libertad
5.a. Contra la libertad individual
Irregul. Del funcionario 1 a 3 años Art. 143
Irreg. C/ abuso de autoridad 1 a 5 años Art. 144 bis
Inducción a la fuga // 10 y 15 años 1 mes a 1 año Art. 148
Amenazas 6 meses a 2 años Art. 149 bis
Idem c/ armas o anónimas 1 a 3 años Art. 149 bis
65
66
5.b. Violación de domicilio
Violación de dlio / allanam. S/ orden 6 meses a 2 años Art. 150
5.c. Violación de secretos
Apertura s/permiso 15 días a 6 meses Art. 153
Idem + comunicación 1 mes a 1 año Art. 153
Idem empl. correo 1 a 4 años Art. 154
Viol. Secreto profesional 1 mes a 2 años Art. 157
5.d. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación
Obligar a hacer huelga / lock out 1 mes a 1 año Art. 158
Competencia desleal multa Art. 159
5.e. Delitos contra la libertad de expresión
Impedir o perturbar reunión lícita 15 d. a 3 meses Art. 160
5.f. Delitos contra la libertad de prensa
Impedir o estorbar circul. libro/diario 1 a 6 meses Art. 161
6) Delitos contra la propiedad
Hurto 1 mes a 2 años Art. 162
Agravado (ganado, calamitoso, c/ganzúa o llave,
merc. Transp., auto) 1 a 6 años Art. 163
Sustracción de cadáver p/ hacerse pagar 2 a 6 años Art. 171
Estafas y otras defraudaciones 1 mes a 6 años Art. 172
Idem. Agravadas 2 a 6 años Art. 174
Apropiación de cosa perdida, etc multa Art. 175
Usura 1 a 3 años Art. 175 bis
Idem agravada 3 a 6 años Art. 175 bis
Quebrado fraudulento 2 a 6 años Art. 176
Quebrado culpable 1 mes a 1 año Art. 177
Usurpación 6 meses a 3 años Art. 181
Daños 15 d. a 1 año Art. 183
Idem agravado 3 meses a 4 años Art. 184
7) Delitos contra la seguridad pública
Destrucción de diques, etc 1 a 6 años Art. 188
Incendio culpable 1 mes a 1 año Art. 189
Idem agravado 1 mes a 5 años Art. 189 bis
Atentado contra transp. acuat. o aéreos 2 a 8 años Art. 190
Idem. + desastre aéreo o naufragio 6 a 15 años Art. 190
Idem + muerte 10 a 25 años Art. 191
Entorpecim. de tren 6 meses a 3 años Art. 191
Idem + descarrilam o accid 2 a 6 años Art. 191
Idem. + lesión 3 a 10 años Art. 191
Idem. + muerte 10 a 25 años Art. 191
Arrojar cuerpo contundentes contra tren 1 mes a 1 año Art. 195
Entorpecim. de serv. Públicos 3 meses a 2 años Art. 194
Abandono de servicios 1 mes a 1 año Art. 195
Descarr. etc culposo 6 meses a 3 años Art. 196
Idem. + lesión o muerte 1 a 5 años Art. 196
Interrupción comunic. telegr. o telef. 6 meses a 2 años Art. 197
Piratería 3 a 15 años Art. 198
Idem + muerte 10 a 25 años Art. 199
8. Delitos contra la Salud Pública:
Envenenam. o adulteración de agua, medicm. 3 a 10 años Art. 200
Idem + muerte 10 a 25 años Art. 200
Propagación de enfermedad 3 a 15 años Art. 202
Los anteriores culposos multa Art. 203
Idem. + enfermedad o muerte 6 meses a 5 años Art. 203
Venta s/ receta 6 meses a 3 años Art. 204
Idem. culposo multa Art. 204 bis
Viol. de leyes de Pol. Sanitaria Animal 1 a 6 meses Art. 206
Ejercicio ilegal de la medicina 15 días a 1 año Art. 208
9) Delitos contra el Orden Público
Instigación a cometer delitos 2 a 6 años Art. 209
Miembro de asoc. ilícita 3 a 10 años Art. 210
Jefe de asoc. ilícita 5 a 10 años Art. 210
Asoc. Il. agravada contra vig. de la Const. Nac. 5 a 20 años Art. 210 bis
Intimidación pública 2 a 6 años Art. 211
Idem. c/mat.explosivo 3 a 10 años Art. 211
Incitación a la viol. colectiva 3 a 6 años Art. 212
Apología del crimen 1 mes a 1 año Art. 213
Agrupación c/fin de viol. ideol. 3 a 8 años Art. 213 bis
67
10) Delitos contra la Seguridad de la Nación
Traición 10 a 25 o perpetua Art. 214
Agravada perpetua Art. 215
Conspiración para la traición 1 a 8 años Art. 216
Actos hostiles que motivan guerra 1 a 6 años Art. 219
Viol. de tratados, treguas, salvoconductos 6 meses a 2 años Art. 220
Viol. de inmun. de repr. extranjeros 6 meses a 2 años Art. 221
Revel. de secretos políticos 1 a 6 años Art. 222
Revel. culposa 1 mes a 1 año Art. 223
Ultrajar bandera esc/ himno 1 a 4 años Art. 222
Levantam.o introd. enfortif/buques 6 meses a 2 años Art. 224
Infidelidad diplomática 3 a 10 años Art. 225
11) Delitos contra los Poderes Públicos
y el Orden Constitucional
Atentado contra la vida democr. o la indep. económica
de la Nación 5 a 15 años Art. 226
Agravada c/conducc. militar 8 a 25 años Art. 226
Amenaza de rebelión 1 a 4 años Art. 226 bis
Concesión de fac. extraord/suma pod. pub perpetua Art. 227 bis
Consentim. y colab. en estado de rebelion perpetua Art. 227 bis
Ejecución de mandam. papales s/pase del Gob 6 meses a 2 años Art. 228
Sedición 1 a 6 años Art. 229
Motín 1 a 4 años Art. 230
12) Delitos contra la Administración Pública
Perturbación y estorbo de funciones 15 días a 6 meses Art. 241
Violación de fueros multa Art. 242
Incumpl. de deberes procesales 15 días a 1 mes Art. 243
Falsa denuncia 2 meses a 1 año Art. 245
Usurpación de autoridad 1 mes a 1 año Art. 246
Usurpación de títulos y honores 15 días a 1 año Art. 247
Abuso de autoridad 1 mes a 2 años Art. 248
Omisión o retardo de actos de oficio multa Art. 249
Omisión o retardo de auxilio 1 mes a 2 años Art. 250
Requerimiento indebido de la fza. pública 1 mes a 4 años Art. 251
Abandono del cargo multa Art. 253
Nombram. y acept. ilegal de cargos púb 6 meses a 2 años Art. 253
Violación de sellos 6 meses a 2 años Art. 254
Viol. de medidas de prueba, reg, doc 1 mes a 4 años Art. 255
Cohecho 1 a 6 años Art. 256
Cohecho del Juez 4 a 12 años Art. 257
Admisión y ofrecim. de dádivas 1 mes a 2 años Art. 259
Malversación de caudales públicos inhab. 1mes a 3años Art. 260
Malversación culposa multa Art. 260
Peculado 2 a 10 años Art. 261
Demora injustificada de pago inhab.1 a 6 meses Art. 264
Negociaciones incompatibles 1 a 6 años Art. 265
Exacciones ilegales 1 a 3 años
Idem agravada 1 a 4 años Art. 266
Concusión 2 a 6 años Art. 268
Utilización de datos reservados 1 a 6 años Art. 268 (1)
Enriquecimiento ilícito 2 a 6 años Art. 268 (2)
Omisión de decl. jurada o falsedad 15 dias a 2 años Art. 268 (3)
Prevaricato multa Art. 269
Idem agravado (sent condenatoria) 3 a 15 años Art. 272
Denegación y retardo de justicia Inhab de 1 a 4 años Art. 273
Omisión de persec. y repr. de delinc. Inhab de 6 m a 2 años Art. 274
Falso testimonio 1 mes a 4 años Art. 275
Encubrimiento 6 meses a 3 años Art. 277
Lavado de dinero 2 a 10 años Art. 278
Agravado (asoc. ilícita) 5 a 10 años Art. 278
Evasión de prisión 1 mes a 1 año Art. 280
Favorecimiento a la evasión 1 mes a 4 años Art. 281
Quebrantamiento de inhab 1 mes a 4 años Art. 281 bis
13) Delitos contra la Fe Pública
13.1 Falsificación de moneda, billetes:
Falsificación de moneda 3 a 15 años Art. 282
Cercenamiento. y alterac. de moneda 1 a 5 años Art. 283
Moneda falsa recibida de buena fe multa Art. 284
68
Falsificación de moneda extranjera 1 a 5 años Art. 286
Fabricación o emisión ilegal de moneda 1 a 6 años Art. 287
Falsificación de sellos oficiales y estampillas 1 a 6 años Art. 288
Falsif.de marcas y contraseñas y nros registrad 6 meses a 3 años Art. 289
Restaurac. de sellos usados e inutilizados 15 días a 1 año Art. 290
13.2 Falsificación de documentos en general:
Falsif .material de doc. pública 1 a 6 años Art. 292
Falsif. material de doc. priv 6 meses a 2 años Art. 292
Falsif. de D.N.I., Tit Autom y registro 3 a 8 años Art. 292
Falsif. ideol. de doc. pub 1 a 6 años Art. 293
Idem agravado 3 a 8 años Art. 293
Falso certificado médico 1 mes a 1 año Art. 295
Agravado (para estar internada) 1 a 4 años Art. 295
Falsedad en facturas de crédito 1 a 6 años Art. 298
Falsif., introd.o conserv. de mat. dest a falsificar 1 mes a 1 año Art. 298
13.3 De los fraudes al comercio y a la industria:
Agiotaje, Ofrec.f raud. de efectos y balances falsos 6 meses a 2 años Art. 300
Autorización de actos indebidos 6 meses a 2 años Art. 301
Pago con cheque s/provisión de fondos 6 meses a 4 años Art. 302
Anexo III: Sistema Informático Fuero de Instrucción
69
Número de causa
Fecha de Ingreso
al Sistema
Juzgado
Delito Imputado Inicio Instrucción
Dependencia
de origen
Anexo IV: Detalle Sistema Informático Fuero Comercial
70
Anexo V: Justicia de la Capital Federal - Causas ingresadas primer cuatrimestre del 2003 por Mesa General de Entradas
AREA PENAL
Datos al 22/4/2003
Por demoras en el cómputo de causas N. N. ingresadas al Fuero de Instrucción, se solicitó información complementaria a la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido en el ámbito del Ministerio Público.
Los datos de Menores y Correccional corresponden al informe semestral que confecciona la Oficina de Estadísticas de la CSJN.
AREA CIVIL
Datos: Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
71
Instrucción 46%
C. C. Federal 7%
Correccional 44%
Menores 2%
Penal Económico 1%
Civil 30%
Seguridad Social 10%
Cont. Adm. Fed. 18%
Comercial 29%
Civil y Com. Fed. 4%
Trabajo 9%
Bibliografía
Algunos materiales que se han tenido a la vista para elaborar este trabajo y cuya lectura se recomienda para un análisis con mayor profundidad:
Banco Mundial (Garavano, Germán C.) “Informes Usuarios del Sistema de Justicia en México (2001), Perú (2001), Ecuador y Brasil (2002)”
Materiales de trabajo, Inédito
Banco Mundial (Garavano, Germán C.; Chayer, Héctor; Ricci, Milena y Cambelloti, Alejandro) –FORES- “Usuarios del Sistema de Justicia
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CEJA -Centro de Estudios de Justicia de las Américas –(Pastor S. Maspons L.) “Cifrar y Descifrar – Manual para generar, recopilar, difundir
y homologar estadísticas e indicadores judiciales” CEJA, Santiago de Chile, 2003
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Chayer, Héctor Garavano, Germán C. Otamendi, Santiago Scotto, Mariano y Gershanik, Martín “Unidad Fiscal De Investigación De Delitos
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Buenos Aires”, Buenos Aires, 2002
74
LISTA DE SOCIOS DE UNIDOS POR LA JUSTICIA
• Acosta Güemes, Juan Cruz • Amil Martin, Claudia Milena
• Ayllon, Agustina • Barragat, Sandra Patricia
• Conte Grand, Esteban Javier • Dalla Lana, Hernán
• De Narváez Steuer, Francisco • De Jesús, Santiago
• Ferrari, Gustavo Alfredo Horacio • Fraga, Pablo Héctor
• Gambaro, Natalia • Gamboa, Agustín Christian
• Garavano, Florencia Adria • Garavano, Germán Carlos
• Gaspani, Paulo Horacio • Gershanik, Martín Oscar
• Gonzalez Ferrari, Gustavo Javier • Heim, Andrés
• Izura, Martín • Kessler, Miguel Angel Ramón
• Larriera, Pablo • Lesch, María Fernanda
• Letner, Gustavo Adolfo • Lopetegui, Gustavo Sebastián
• Martínez Cereijo, Pedro Antonio • Nessi, Alan Martín
• Otamendi, Santiago • Palma, Luis María
• Prassolo, Luis Emilio • Quian Zavalía, Santiago
• Ricci, Claudia Milena • Rodríguez, María Fernanda
• Scotto, Martin Oscar • Yuri, Fernand
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