INDICE

1. Presentación: La Justicia como servicio público

2. Estructura y contenidos

3. Misión y visión

4. Objetivos

5. Ejes estratégicos y Programas de actuación

5.1 Eje estratégico 1: Un servicio público de calidad

5.2 Eje estratégico 2: Una Justicia profesional y altamente cualificada

5.3 Eje estratégico 3: Una Justicia tecnológicamente avanzada

5.4 Eje estratégico 4: Un servicio público orientado a las personas

5.5 Eje estratégico 5: Una política basada en la colegiación de esfuerzos

5.6 Eje estratégico 6: Fortaleciendo la dimensión jurídica internacional

6. Cronograma

7. Proyección presupuestaria

8. Sistema de seguimiento y evaluación

9. Plan Estratégico: Una realización del Acuerdo Social por la Justicia

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 3

1. PRESENTACION: LA JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO

La modernización de la Administración de Justicia y su acercamiento a los

ciudadanos es un objetivo fundamental en la agenda política de los Gobiernos

durante los últimos años, y de forma decisiva en esta IX Legislatura.

En la apertura de la presente Legislatura, el Presidente del Gobierno en su

discurso de investidura expresó la decida voluntad reformadora del Gobierno

al afirmar que “la reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo

crucial e inaplazable”. Asimismo, el Ministro de Justicia, en su comparecencia

ante la Comisión de Justicia del Congreso (26 de marzo de 2009), fijó como

objetivo prioritario del Departamento mejorar la calidad del servicio público

de Justicia y satisfacer, de este modo, una demanda ciudadana largamente

expresada. Con ese fin, y como medio para lograr esa meta compartida,

propuso alcanzar un gran Acuerdo Social por la Justicia.

El empeño del Gobierno en la modernización de la Administración de

Justicia ha encontrado un amplio apoyo parlamentario. El Pleno del Congreso

de los Diputados aprobó el día 2 de abril de 2009 una resolución que declara

que es urgente impulsar un acuerdo social en materia de Justicia que englobe

al conjunto de los grupos parlamentarios y facilite el consenso con el

Gobierno y todos los agentes jurídicos, y materializarse en un calendario con

un programa de actuación y una inversión concreta.

La puesta en marcha de este proceso es también una aspiración de los

distintos colectivos profesionales a quienes corresponde el funcionamiento

diario de nuestros juzgados y tribunales, y constituye también una prioridad

de las distintas instituciones que tienen atribuidas responsabilidades en su

gobierno, organización y funcionamiento (CGPJ, FGE, CCAA). En este sentido,

hay que destacar el esfuerzo realizado por el CGPJ en la identificación de

áreas claves de modernización, integradas en la denominada Hoja de Ruta

para la Modernización de la Justicia. Las CCAA con competencias transferidas

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 4

en materia de Justicia también están llevando a cabo un importante trabajo

para la progresiva adaptación de nuestra Administración de Justicia a las

necesidades que demanda el desarrollo social y económico de una sociedad

avanzada como la nuestra.

Esta complejidad institucional propia del Sector Justicia, en el que

concurren distintas instituciones con competencias en la materia, unida a la

existencia de una fuerte sensibilización y toma de conciencia sobre el carácter

prioritario e ineludible de la modernización de la Administración de Justicia y,

por último, a la circunstancia de que la Justicia constituye una pieza vital para

nuestro Estado y para la garantía y protección de los derechos de los

ciudadanos, requiere una actuación regida por la prudencia y el consenso.

Estas razones justifican que el MJU haya articulado el impulso del proceso

modernizador de la Administración de Justicia mediante la consecución de un

Acuerdo Social por la Justicia. Este Acuerdo exige que se establezca una

alianza estratégica entre las Instituciones con responsabilidades en esta

modernización: el propio MJU, el CGPJ, la FGE y las CCAA. Asimismo, exige la

participación de los profesionales que prestan sus servicios o colaboran con la

Administración de Justicia, así como de la sociedad civil y del sector privado.

Al tiempo, este Acuerdo exige que se conciban metas realistas y posibles,

al alcance de los esfuerzos compartidos, y articuladas en torno a objetivos

claramente determinados en el tiempo. Para ello, el Acuerdo Social por la

Justicia tiene un punto de partida sólido: la reforma operada por la Ley

Orgánica del Poder Judicial en 2003, así como los importantes trabajos de

desarrollo realizados por las distintas Instituciones durante los años

siguientes. Estos culminan con la modificación de las leyes procesales,

actualmente en proceso legislativo ante las Cortes Generales, modificación

necesaria para que el nuevo sistema pueda operar plenamente.

Partiendo del marco anterior, y asumiendo que el proceso de adaptación

de la compleja organización judicial pueda requerir nuevas modificaciones

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 5

legales, es el momento de actuar sobre una serie de elementos estratégicos

de organización (arquitectura organizativa, recursos humanos y tecnológicos),

de forma que la renovación de cada uno actúe sobre todos los demás,

extendiendo sus efectos beneficiosos al conjunto del ámbito institucional.

Así pues, nuestro objetivo es desarrollar este Acuerdo Social por la Justicia

organizando, con arreglo a un Plan Estratégico de Modernización, los distintos

elementos que permitan, en plazos realistas, que la sociedad española

disponga de un servicio público de Justicia ágil, transparente, responsable,

plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las

necesidades actuales de sus ciudadanos.

La configuración del servicio público judicial ha de consolidarse en un

contexto en el que la Justicia española se enfrenta a diferentes retos, algunos

de los cuales tienen un alto impacto y visibilidad entre los ciudadanos.

Por una parte, y si bien es cierto que la inmensa mayoría de los más de

ocho millones de asuntos que entran en nuestros juzgados cada año se

resuelven en tiempo y forma razonable, también lo es que la opinión pública

mantiene una valoración desfavorable de la Justicia y una imagen de escasez

de medios e insuficiente coordinación entre sus distintas instancias y órganos.

Por otra parte, es conocido el efecto que tiene la Justicia en el desarrollo

de un país y, en particular, el que produce sobre la economía su

funcionamiento no plenamente eficiente. Por ello, en el contexto actual de

incertidumbre, es evidente que la Justicia es un elemento estratégico para la

dinamización económica en la medida en que su funcionamiento eficaz

redunda en un fortalecimiento de la confianza.

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 6

La realidad es que el Estado y las distintas Administraciones territoriales

han venido haciendo un gran esfuerzo para incrementar los recursos

destinados a la Justicia, habiéndose mantenido incrementos presupuestarios

sostenidos del 10% anual durante el último quinquenio. Como resultado, los

recursos que la sociedad española destina actualmente a la Justicia han

experimentado un incremento superior al 50% respecto de los recursos

disponibles cinco años antes.

A pesar de ello, la percepción que se mantiene en la opinión pública sobre

la Administración de Justicia es la de escasez estructural de medios. Las

causas de este desajuste pueden atribuirse al bajo nivel de dotación de

recursos del que se partía y al crecimiento constante en el número de

asuntos, propio de una sociedad avanzada; pero también a problemas

organizativos y deficiencias estructurales que han impedido aprovechar con

eficiencia los nuevos recursos disponibles.

Por estas razones, la modernización de la Administración de Justicia

constituye el eje principal sobre el que van a recaer los esfuerzos para

responder eficazmente al reto planteado. La clave del éxito consiste en la

adecuada combinación de mejoras en la gestión de los medios asignados al

sistema judicial, con reformas normativas, cambios organizativos, mejoras

tecnológicas, redistribución de cometidos. El éxito también depende,

especialmente, de nuestra capacidad para conseguir que los distintos agentes

que participan en la Justicia asuman y hagan suyo el proceso de

modernización.

En síntesis, la modernización de la Administración de Justicia debe

abordarse actuando simultáneamente en diferentes ámbitos: organizativo,

tecnológico, económico, social y normativo. Todos estos factores se articulan

en el Plan Estratégico a través de los objetivos, ejes estratégicos y programas

de actuación incluidos en el mismo.

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 7

La complejidad del reto planteado ha exigido abordar su elaboración

asegurando la formación de las alianzas estratégicas con instituciones y la

participación tanto de los operadores legales como de la sociedad civil. A

estos efectos, se activaron tres líneas de trabajo en paralelo, siguiendo un

esquema de trabajo en círculos concéntricos:

• ALIANZAS INSTITUCIONALES: ampliación de los cauces y procesos

formales e informales de diálogo con el CGPJ, la FGE y con las CCAA con

competencias transferidas y no transferidas en materia de justicia.

Durante esta etapa, se mantuvieron reuniones con sus representantes,

con el objeto de definir metas y programas de actuación:

o En el caso del CGPJ, los ejes y programas del Plan integran con

rigor y precisión las actuaciones consideradas en el Plan de

Modernización de la Justicia aprobado por el CGPJ.

o En el caso de la FGE, se ha atendido especialmente a la integración

en el Plan de los objetivos y metas previstos en el Plan Básico para

la Modernización de los Sistemas e Información del Ministerio Fiscal

aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de noviembre de 2006.

o En el caso de las CCAA, se ha atendido a todos los espacios en que

ostentan competencias, poniéndose especial énfasis en la definición

de procesos de colegiación de esfuerzos en materia tecnológica y en

la interoperabilidad de sistemas.

• CONSULTAS CON OPERADORES LEGALES: establecimiento de un

programa estable de consultas con todos los colectivos profesionales del

ámbito de la justicia incluyendo no sólo a sus estructuras institucionales

sino a sus propias asociaciones profesionales.

• DIALOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL: establecimiento de un programa

estable de consultas con organizaciones no gubernamentales

especializadas en áreas vinculadas a la Administración de Justicia.

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 8

Figura 1: Estrategia de elaboración

Todo ello ha significado que, durante la preparación de este Plan, se hayan

mantenido más de 30 reuniones de trabajo, en las que han participado más

de 200 personas en representación de casi 100 entidades públicas y

organizaciones representativas de la sociedad civil.

- Obtención de acuerdos básicos

Institucionales.

- Elaboración de propuestas

y preparación de documento

base

Socialización del documento base

con actores del Sistema de Justicia

(Jueces, Fiscales, Secretarios

Judiciales, funcionarios judiciales,

Abogados, Procuradores,

Graduados Sociales, otros)

Apertura de un proceso de

socialización con la sociedad civil y

el sector privado

Fase Segunda:

actores implicados

Fase Tercera:

sociedad civil

Fase Primera:

Instituciones

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 9

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

La sistemática aplicada en la elaboración del Plan Estratégico ha partido de

la fijación de la misión y visión del sistema de Justicia y, a partir de las

mismas, de la concreción de los grandes objetivos que quieren alcanzarse

mediante el desarrollo del Plan.

Estos grandes objetivos se plasman en tres grandes políticas que, a su

vez, se concretan en distintos ejes estratégicos, según se puede observar de

forma gráfica en la Figura 2.

Figura 2: Desglose de objetivos, ejes estratégicos, programas de

actuación y directrices de desarrollo

VISION DEL SISTEMA DE JUSTICIA

OBJETIVOS

RETOS

EJES ESTRATEGICOS

POLITICA DE

MODERNIZACION

Objetivos

Programas de actuación

Directrices de desarrollo

POLITICA DE

PROTECCION Y

TRANSPARENCIA

Objetivos

Programas de actuación

Directrices de desarrollo

POLITICA DE

COOPERACON Y

COLEGACION DE

ESFUERZOS

Objetivos

Programas de actuación

Directrices de desarrollo

EJES 1, 2 y 3 EJE 4 EJES 5 y 6

Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 10

Cada uno de estos ejes tendrá sus propios objetivos e indicadores de

desempeño, con la finalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento y

control, que permita retroalimentar el Plan y, en consecuencia, hacer los

ajustes y modificaciones que se consideren necesarios.

Los ejes del Plan son los siguientes:

EE1: Un servicio público de calidad

EE2: Una Justicia profesional y altamente cualificada

EE3: Una Justicia tecnológicamente avanzada

EE4: Un servicio público orientado a las personas

EE5: Una política basada en la colegiación de esfuerzos

EE6: Fortaleciendo la dimensión jurídica internacional

En el conjunto de los ejes estratégicos se agrupan un total de 24

programas y 147 actuaciones, encaminados a procurar el cumplimiento de los

objetivos marcados en los plazos fijados. Cada actuación contará con un

responsable identificable, se planificará en el tiempo y se le asociarán unos

recursos humanos y materiales mensurables y unos resultados a alcanzar en

unos plazos predeterminados.

Las actuaciones que constituyen cada programa, con independencia de sus

posibles interrelaciones, se presentan en este Plan, agrupadas por tipología,

en cinco grandes grupos o áreas de trabajo que se describen seguidamente: