La discusión, gracias a la calidad de los participantes, resultó muy animada y me alegro y

congratulo de que mi trabajo haya permitido esas intervenciones y de que no haya

funcionado como enervante de la discusión. Algunas de las críticas, sin embargo, estaban

dirigidas a un trabajo distinto al que yo había intentado presentar: la falta de material

empírico para contrastar la hipótesis de mi trabajo, la existencia de algunos abogados,

aislados o en grupo, que esporádicamente habían asumido lo que podría ser llamado

derecho de interés público, eran críticas que pensé podría levantar y responder en una nueva

versión. No me di cuenta hasta bastante después que hacerlo equivalía a llevar este artículo

poco menos que a la categoría de una tesis doctoral, y que ello no era necesario.

En un total acuerdo con mis críticos creo que, de acordar en una definición, sería intersante

emprender una búsqueda de las instancias en las que el derecho de interés público se hizo

presente en nuestro país, si las hubo, y cuales fueron sus consecuencias, si las hubo. (El

adjetivo “esporádicas” aplicado a esas instancias me resulta casi necesario y me pregunto si

acaso hablar de una práctica esporádica del derecho de interés público no es cometer una

2

contradicción. Pero estoy entrando ya en una discusión que estoy intentando promover en

otros y no desarrollar en estas líneas).

Lo que aquí publico es un conjunto de intuiciones no contrastadas, que sin embargo parecen

apoyarse unas a otras, intuiciones que en los pasillos del seminario fueron acompañadas por

miradas aprobadoras de quienes compartían esas mismas intuiciones conmigo. Muchos

colegas se identificaban con las diversas partes de mi artículo y apreciaban mi cuidado en

hablar sólo de Argentina, pero afirmaban que lo mismo podía ser dicho de otros países de

Latinoamérica y por las mismas razones que yo propongo aquí.

Presento ahora este artículo a los lectores en casi la misma versión en que fuera presentado

en el seminario y con el mismo espíritu de lograr con él un amplio y acalorado debate sobre

un tema que me parece fundamental en muchos aspectos. En principio, para la

caracterización de la ética profesional del abogado, el rol de los tribunales en la democracia

y fundamentalmente, la manera en la que estamos formando a nuestros futuros líderes en

nuestras facultades de derecho, entre otros que se rozan con estos y que aquí apenas esbozo..

Introducción.

En Argentina, a pesar de que la Constitución Nacional afirma que todos los

habitantes de la Nación son iguales ante la ley, los inmigrantes ilegales carecen del derecho

al debido proceso. Una norma contenida en un decreto-ley del último gobierno militar1

permite al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de

Migraciones, allanar domicilios sin orden judicial. El gobierno del Presidente Menem

legitimó este decreto-ley regulándolo y manteniendo aquella norma2. Los inmigrantes así

detenidos3 quedan a disposición del Poder Ejecutivo, sin que un juez intervenga en ningún

momento. El Ejecutivo no está obligado a notificar al consulado del país de origen del

inmigrante, ni a proveerle un traductor cuando ello sea necesario para que entienda qué le

está sucediendo.

1 Decreto ley 22.439.

2 Decreto reglamentario 1023/94.

3 En lugar de la palabra "detenido" las autoridades utilizan "retenido", ya que la primera

supone un arresto ordenado y controlado por un juez.

3

Las asociaciones que se ocupan de la situación de los inmigrantes tampoco conocen

estas normas. En general aquellas no conocen el marco jurídico que se aplica. Su tarea

consiste básicamente en asistencia social en salud (cuando se les niega atención en los

hospitales públicos) o en educación (cuando se les niega el diploma a los niños que

completaron su escuela primaria). Ejercen presión a través de notas a las autoridades,

persuasión y contactos personales. Carecen en general de servicio jurídico, dado que no

sienten que lo necesitan. Aún si conocieran el derecho y estuvieran dispuestas a trabajar

jurídicamente, como los abogados no les ofrecen sus servicios gratuitamente, ni las

asociaciones cuentan con dinero para pagar honorarios y tienen miedo de que la acción

judicial sea la causa de una deportación, tampoco acudirían a la ley en busca de protección.

Los inmigrantes se encuentran entonces en una situación de indefensión total: si

acuden a un abogado, se delatan. Si se violan sus derechos, no se entera ni su cónsul, ni su

familia. Ante la eventualidad de convertirse en víctimas de la persecución estatal, no

entienden cuál es su situación procesal, por no hablar nuestro idioma, o por carecer de

defensa legal, o por ambas. No existe siquiera la obligación de que un juez controle la

legalidad de semejante procedimiento dado que es la parte interesada (el Ejecutivo) la que a

la vez crea la norma, la aplica y la interpreta sin control. El poder público ni siquiera sufre la

exposición que podría provocar una academia jurídica crítica, en el caso de que ésta existiera.

La práctica política argentina permitió la creación de estas normas. La primera, el

decreto-ley, a través de la voluntad de un poder totalitario que creaba normas sin control,

sensible a ideologías xenófobas y a la previsible presión de las corporaciones interesadas en

la prohibición de la entrada de extranjeros (sea por motivos ideológicos, religiosos o

económicos). La segunda, ya en democracia, a través de un reglamento del Ejecutivo que

asume semejantes poderes eludiendo los mecanismos democráticos que obligan a la

discusión pública y cediendo a las mismas presiones corporativas que subsisten como lobbies

más allá del cambio de sistema.

La práctica de la participación cívica permitió la permanencia de estas normas. En

efecto, la falta de una forma de participación que sea conciente de sus derechos y que los

ejerza eficazmente permite, por omisión, la continiudad de estas prácticas inconstitucionales.

Cierta concepción del derecho y del rol de los abogados impide que estos

profesionales asuman deliberadamente estas causas, y sólo atiendan las que "les llegan".

4

Asumiendo, como las asociaciones de ciudadanos, un rol pasivo, permiten la subsistencia de

estas normas.

El Derecho de Interés Público

En el Reporte del Simposio sobre Derecho de Interés Público en Europa del Este y

Rusia organizado por la Fundación Ford y el Instituto para Políticas Constitucionales y

Legislativas de Budapest realizado entre el 15 y el 20 de 1996 en el Queen Elizabeth House

de Oxford, Inglaterra se afirma:

“Definir el derecho de interés público es una tarea difícil. De hecho, sería más sencillo

definir lo que el derecho de interés público no es. El derecho de interés público no es un

área del derecho en el sentido tradicional. No es derecho público, no es derecho

administrativo, no es derecho penal, no es derecho civil. Al mismo tiempo, cubre todos

esos campos.

...Estamos usando el término para referirnos a una forma de trabajar con el derecho y a

una actitud hacia el derecho. Más aún, llevar casos selectos a los tribunales es una

estrategia importante del derecho de interés público, pero no la única. El derecho de interés

públco puede también incluir la reforma del derecho, la educación jurídica, el

entrenamiento en alfabetización jurídica o servicios d asistencia legal. Tampoco es un

ámbito sólo reservado a abogados: el derecho de interés público también incluye al lobby,

investigación, la educación pública y otras actividades que no requieren necesariamente

capacidad técnica.

No tenemos una definición más precisa en mente. El significado de un término como el de

“derecho de interés público” se encuentra inevitablemente influenciado por la cultura

jurídica y política de la sociedad en la que se utiliza. Esto es así porque el concepto de

“interés público” se basa en presupuestos culturales y filosóficos sobre el derecho y la

sociedad...”4

Estos “presupuestos culturales y filosóficos” en los que se basa el concepto de

“interés público” y también el de “derecho de interés público” en la Argentina son los que

voy a discutir en el presente trabajo.

4Reporte del Simposio sobre Derecho de Interés Público en Europa del Este y Rusia organizado por la Fundación Ford y el Instituto para

Políticas Constitucionales y Legislativas de Budapest realizado entre el 15 y el 20 de 1996 en el Queen Elizabeth House de Oxford,

Inglaterra. El autor agradece especialmente a Roberto Saba, participante del Simposio mencionado, el haber acercado este iluminador

working paper.

5

La tesis de mi trabajo consiste en mostrar que en la Argentina no existe la práctica del

derecho de interés público (DIP), por que no existen los “presupuestos culturales y

filosóficos” que lo hacen posible. Lo que no equivale a sostener que el derecho de interés

público es algo que falta. Mi intención es indicar que, aunque no existe en nuestra tradición

pública, la práctica de defender jurídicamente causas de impacto grupal no falta como una

falla de esa tradición sino que está ausente porque le es necesariamente ajena. Y que si se la

considera valiosa es porque se presupone, como veremos, una concepción diferente del

derecho y de lo público. Y, más aún, que si por ventura se la quisiera fundar en la Argentina,

se debería tener en cuenta que ella no puede existir sola, y que se deben modificar arreglos

institucionales centenarios y concepciones fuertemente arraigadas de nuestra práctica política,

cívica y jurídica para hacerla posible.

Populismo elitista, pluralismo conservador y constructivismo.

Para responder a la pregunta sobre las causas de la inexistencia del DIP en la

Argentina voy a comenzar proponiendo tres visiones distintas del concepto de "interés

público". Comienzo de esta manera porque creo que la posibilidad de que exista el DIP en

cualquier sociedad depende de la posición que en ella se tome acerca de la existencia del

"interés público" (la cuestión ontológica) y de la forma en que se lo conoce (la cuestión

epistemológica). En este sentido, el DIP es parasitario de una cierta visión del interés público

y de la democracia. Con la descripción de estas visiones no busco impedir la discusión acerca

de cuál es la más conveniente sino que, al contrario, intento fomentarla. Voy, además, a

mostrarlas en su encarnación argentina, ubicando tres diferentes concepciones de la política

de acuerdo a su posición sobre las cuestiones de la existencia y del conocimiento del interés

público. Lo que intentaré probar aquí es que la sociedad argentina, tanto en su cultura política

y en su práctica de participación ciudadana, como en su concepción del derecho y del rol del

abogado, asume (de manera un tanto paradójica) en forma simultánea, dos visiones del

interés público que rechazan la idea del DIP y deja de lado una tercera que lo hace posible.

Se ha sugerido que la Argentina es un país dual que ha oscilado entre "...dos visiones

del mundo. Por un lado, la tradición liberal basada en los principios universales de

secularismo, progreso fundado en el mérito, crítica de las tradiciones y escepticismo sobre la

legitimidad de los grupos corporativos (las fuerzas armadas, la iglesia y los sindicatos). [y]

6

Por otra parte, la tradición conservadora que favorece una visión de la sociedad de tipo

orgánica, cerrada, defensora de las instituciones sociales tradicionales."5

Esta oscilación popperiana6, tiene en la Argentina una peculiar forma de encarnarse.

Así, la cultura política falló en la instauración de una tradición liberal y quedó atrapada entre

dos posiciones7: una claramente conservadora y otra que, aunque liberal en sus intenciones

originales devino en conservadora a través de diversas claudicaciones.

La primera ha sido llamada populismo conservador o caudillismo o criollismo.

Supone una visión orgánica de la sociedad contraria a los derechos individuales y basada en

una visión holística que privilegia intereses de entidades supraindividuales como las

corporaciones, el ser nacional, etc., y que confía en que las decisiones públicas correctas se

toman en base de los intereses y deseos del caudillo.

El populismo conservador responde afirmativamente a la cuestión ontológica del

interés público y epistemológicamente asume lo que Nino llamaría una posición elitista8. El

elitismo epistemológico moral consiste en afirmar que un individuo puede llegar a decisiones

valorativamente correctas a través de la sola deliberación personal, sin importar el resultado

5 Nino, Carlos S. Radical Evil on Trial, en prensa, Yale University Press.

6 Popper, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós, Buenos Aires: 1985.

7 Ya en los comienzos de la historia argentina, en la Junta de Mayo de 1810 se podía

identificar claramente estas dos visiones: "A un lado de la falla estaba la élite

morenista, jóvenes soñadores que querían hacer de su país una vidriera de la

civilización occidental. En el campo político sostenían un gobierno fuerte y unificado

con base en Buenos Aires, postura que más tarde los identificó como unitarios.

Aunque simpatizaban con algún tipo de proteccionismo, en general preferían una

política liberal de libre comercio... Provenían de las clases altas que vivían de sus

rentas y educaban a sus hijos en Europa. Vivían mirando al norte, leyendo a autores

franceses e ingleses...Los avergonzaba la existencia de las atrasadas provincias

argentinas con sus caudillos y sus gauchos mestizos y analfabetos. Por supuesto en

tanto estudiantes del pensamiento europeo, se llenaban la boca con proyectos de

formación de una república democrática, y repetían ideas ilustradas de igualdad y

fraternidad universales. Pero la suya era una democracia peculiarmente

antidemocrática, cuyos dirigentes eran más príncipes filósofos que representantes

salidos del pueblo.

"Al otro lado de la falla estaba la mezclada oposición al morenismo, primero llamada

saavedrismo, después criollismo, que desconfiaba de la élite intelectual porteña y solía

sentirse más cómoda con el gobierno personalista centrado en un rey, dictador o

caudillo, que con un gobierno institucional, fácil de dominar por los mejor educados en

hábitos europeos. Los criollistas provincianos temían la hegemonía porteña y en

general sostenían la autonomía provincial, posición que más tarde los identificó como

federalistas. Además, mantenían un interés paternalista en las clases bajas, temían los

compromisos políticos y económicos con el extranjero y simpatizaban con los intereses

provincianos..." (Shumway, Nicolás. La Invención de la Argentina, trad. por César Aira,

Buenos Aires: Emecé Editores, 1993: 0-61)

8 Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis Filosófico, Jurídico y

Politológico de la Práctica Constitucional, Astrea, Buenos Aires: 1992, pág 204.

7

de la deliberación pública. En el caso del interés público el populismo afirma que existe un

interés diferente a los meros intereses privados (tesis ontológica) que se conoce a través de la

deliberación privada de un solo individuo: en este caso, el caudillo (tesis epistemológica). El

caudillismo de la guerra civil y de la restauración rosista, el hiperpresidencialismo de la

práctica constitucional a partir de la Constitución de 1853, la legislación por decreto del

ejecutivo, los golpes de estado, el fenómeno peronista, son algunos de los ejemplos más

notorios de populismo elitista que vivió la Argentina.

Por otro lado encontramos la visión liberal que, en su versión vernácula, se presenta

en extremo deficitaria. Ella afirma en teoría las libertades individuales pero en la práctica la

niega. Así, deja de lado la decisión individual manifestada colectivamente resistiendo la

inclusión en las decisiones públicas de las mujeres, de los inmigrantes y de la clase obrera, o

a través de fraudes electorales o simplemente apoyando golpes de estado (déficit

democrático). Es insensible a las desigualdades entre los individuos (déficit social). Para

alcanzar soluciones liberales en lo económico negocia los principios protectores de la persona

(déficit de la autonomía personal). Y para lograr el control de la Nación impuso al interior un

injustificable liderazgo desde Buenos Aires (déficit federal)9.

El liberalismo deficitario tiende, de esta forma, a marginar a las mayorías (y a las

minorías menos favorecidas) de la decisión pública pero, a diferencia del elitismo que

promueve la visión populista utiliza un concepto pluralista10 del interés público. Esta

concepción afirma que el interés público es el resultado de la libre competencia de intereses

privados. Estos intereses se entienden como privados en un doble sentido: porque han sido

conformados en privado y porque ante el cuestionamiento de su legitimidad es lícito afirmar

9 Nino, Carlos. Fundamentos... págs.110-152.

10 Ver Nino, Carlos S. Fundamentos..."Algunos autores, sobre todo Robert Dahl (A

Preface to Economic Democracy...) remontan esta visión de la democracia a ´El

Federalista´, sobre todo a los artículos de Madison. Ella consiste en sostener que el

valor de la democracia radica en que ella asegura que ninguna facción, grupo de

interés o partido prevalece sobre otros, llegando a dominar perdurablemente todos los

resortes del poder...(ella) es muy limitada: a lo sumo el pluralismo provee un

fundamento negativo sobre el valor de la democracia. Es una forma de evitar la tiranía.

... Cuando el pluralismo pretende dar cuenta de (los) méritos positivos de la

democracia en general cae en ...justificaciones utilitaristas o economicistas...Como es

evidente, los que más riesgos corren de que su autonomía no sea atendida bajo

instituciones democráticas que funcionen según la óptica pluralista son aquellos que

tienen menos posibilidades de participar en las competencias entre las elites, porque

no pertenecen a grupos con poder económico, capacidad organizativa o poder

coactivo. De este modo la concepción pluralista de la democracia es profundamente

desigualitaria..." pág 200-202.

8

en su defensa, con categoría de razón válida, el mero hecho de que constituye el interés de

alguien que lo quiere satisfacer. Además, sostiene que la búsqueda de consenso no es el fin

de la práctica política, sino que este consiste, simplemente, en alcanzar el fin propio de la

forma más económica posible11.

El pluralismo, por lo tanto, responde también afirmativamente a la cuestión de la

existencia del interés público. Pero, a diferencia de la posición holista del populismo, afirma

que el interés público es aquel que resulta de las luchas entre los múltiples intereses privados,

y que ésta es la única manera de conocerlos, es decir permitiendo la libre competencia de los

intereses privados. La Argentina de hoy es un excelente ejemplo de esta visión.

Si le sumamos el pluralismo a los déficits que caracterizan al liberalismo argentino,

nos queda conformada una visión profundamente conservadora: una práctica política

excluyente y a la que sólo unos pocos acceden, dado que para formar parte de la lucha de

intereses que plantea el pluralismo se debe pertenecer a las clases privilegiadas.

La participación de los ciudadanos en la Argentina también ha oscilado ente estas dos

concepciones: o la búsqueda de un líder autoritario, o constituirse en un grupo de presión más

en la lucha de intereses que plantea el pluralismo.

Institucionalmente, ambas visiones tienen algo más en común. El elitismo y el

pluralismo comparten el mandato institucional de que las decisiones, una vez tomadas por los

órganos legitimados para ello, no deben ser modificadas, controladas o supervisadas por

ningún otro actor social. La decisión, de la manera que se tome, es final. El elitista por

definición no dialoga, y el pluralista conservador sólo permite el diálogo a quienes tengan

poder para acceder a él.

Un corolario de ambas concepciones, por lo tanto, consiste en que tanto el elitismo

como el pluralismo conservador coinciden respecto de la no intervención del poder judicial

en las decisiones sociales. En efecto, ambos prohíben legislar a los jueces. Este mandato de

no intervención judicial es el que con mayor claridad y consistencia muestra que el DIP no

puede existir en un ambiente monopolizado por estas visiones de lo político. Ellas afirman

que cuando el caudillo, o la coalición triunfante, llega a una decisión, ella no puede ser

torcida o manipulada por otra agencia pública. El Poder Judicial existe para aplicar las

11 Para una comparación entre pluralismo (o teoría de los grupos de interés) y

neorrepublicanismo (de la que fueron tomados los rasgos del pluralismo en el presente

trabajo), ver Kronman, Anthony. The Lost Lawyer. Failing ideals of the Legal

Profession, Harvard University Press, 1995, págs. 28-34.

9

decisiones así tomadas a los casos particulares en forma neutral, sin interpretarlas. De lo

contrario, se corre el riesgo que sea otro tirano: el juez, o una nueva facción a través del

Poder judicial quien, burlando los mecanismos de la democracia así entendida se haga,

ilegítimamente, con el poder. Quienes proponen la existencia del DIP, al proponer una

presencia activa de la actividad jurisdiccional están, así, atentando contra la división de

poderes (entendida jerárquicamente, y no coordinadamente12) y contra la democracia.

En lo que sigue voy a suponer, en cambio, una tercera visión. Esta visión hace honor

a la tradición liberal y supone una idea de interés público que valora la discusión pública

como la mejor forma de llegar a acuerdos sociales. Una posición que cree en la existencia del

interés público y que afirma que la forma de conocerlo es a través de la discusión pública que

tienda a llegar a consensos, amplia, no discriminatoria, y en la que participan todos los

afectados por la decisión a tomarse. Y entiendo que la discusión pública que tiende al

consenso es mejor porque no sólo permite acuerdos mejores por más estables sino también

mejores por moralmente superiores. Esta es, mutatis mutandi la idea del constructivismo que

afirma "...que la validez de los principios morales intersubjetivos está dada no por el

consenso que es resultado de la discusión moral sino por la satisfacción de los presupuestos

procedimentales y sustantivos de esa discusión... la participación de todos los afectados por

las soluciones que se proponen maximiza la probabilidad de que la que resulte aceptada sea la

solución válida, en el sentido de que sería aceptable en condiciones ideales de imparcialidad,

racionalidad y conocimiento de los hechos relevantes."13

Es la concepción constructivista de la democracia la que permite justificar la práctica

del DIP. Esta práctica es una herramienta eficiente en el sentido que facilita la entrada de los

afectados a la deliberación publica, garantizando una mayor imparcialidad, permite analizar

críticamente los argumentos, garantizando una mayor racionalidad de la discusión, y contar

con un procedimiento probatorio sofisticado que garantiza en mayor medida el conocimiento

de los hechos relevantes.

12 M. Damaška, Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure, 84 Yale

Law Journal, 480, 1975.

13 Nino, Carlos. Fundamentos..., pág 203. Para otras visiones constructivistas

dialógicas ver Ackerman, Bruce, Social Justice and the Liberal State, Yale University

Press, New Haven: 1980. Habermas Jürgen, Etica del discurso. Notas para un

Programa de Fundamentación, Temis, Barcelona: 1985. Apel, Karl Otto..., Sunstein,

Cass, Law´s Republic,YALE LAW JOURNAL, 1988, No. 8, Michelman, Frank, Beyond the

Republican Revival, YALE LAW JOURNAL, 1988, No. 8.

10

Desde un punto de vista institucional, entonces, esta visión rechaza la idea de una

separación de poderes jerárquica, ya que la concibe como un diálogo entre diferentes

funciones. Tanto los poderes considerados tradicionalmente "políticos" como el poder

judicial tienen un papel que jugar en este diálogo. En este sentido no hay poder silencioso, ni

neutral.

Desde un punto de vista político, entonces, se debe entender a la práctica del DIP

como aquella que hace un uso intensivo de las normas jurídicas y de los procesos

jurisdiccionales con la finalidad de hacer realidad los valores, derechos y obligaciones que los

protagonistas del debate público se autoimpusieron y de garantizar que ese debate se

desarrolle conforme los dictados de una democracia participativa.

Una concepción del derecho y la formación de los abogados en la Argentina.

Antes de plantear la concepción del rol del abogado consistente con una visión que

niega la intervención judicial en la democracia, (una concepción que justifica la pasividad de

mis colegas respecto de la defensa de causas de interés público) haré explícita la concepción

del derecho que las visiones elitista y pluralista presuponen y mostraré que esta concepción se

hace operativa a través de una determinada forma de enseñar derecho, que es su consecuencia

necesaria. La idea es mostrar que la forma en que los abogados aprenden su profesión

determina, coincide, o al menos no cuestiona la convicción de que en materia de interés

público los abogados no tienen nada que hacer. Más aún, no deben hacer nada.

La concepción a la que me refiero concibe al derecho como un sistema de normas

aplicables neutralmente por el juez. Este sistema carece de indeterminaciones semánticas o

sintácticas y es completo y consistente (carece de lagunas y de contradicciones). En su

aplicación no intervienen la voluntad del juzgador sino una mera operación intelectual.

La teoría política que sustenta a esta concepción del derecho es una teoría que

podríamos llamar "napoleónica". La idea es que, dado que la legitimidad del poder surge de

la voluntad popular, la división de poderes estructura una jerarquía entre ellos que privilegia

al poder legislativo (en el pluralismo) o al ejecutivo (en el elitismo populista) por sobre los

otros dos. Así, dado que la decisión del poder preferido es la única legitimada popularmente,

los otros poderes no pueden traicionarla so pena de convertir a la democracia en una tiranía

(de los jueces, en el caso del poder judicial).

11

Para ser consistente con esta concepción los jueces no deben poder interpretar las

normas a su arbitrio sino que deben aplicarlas, como dije, neutralmente. El sistema

continental creó un instrumento que supuestamente permite a los jueces y a los súbditos

conocer la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes, para cada conflicto

que se les presente. Este instrumento son los códigos, una especie de manuales cívicos que

todo aquel que sepa leer puede comprender para actuar en forma legalmente correcta, y

democráticamente autoimpuesta.

Resulta claro entonces que el rol de las facultades de derecho no es otro que hacer

conocer a los alumnos el contenido de esos códigos de la forma más detallada posible, y por

lo tanto, las clases no pueden ser planificadas de otra manera que en forma de conferencia

magistral, como monólogos en los cuales el profesor describe el contenido de esos códigos.

Los manuales que los estudiantes deben conocer son, sencillamente, Códigos comentados y

sistematizados. Los exámenes consisten en repetir las clases que repiten los manuales que

repiten los Códigos para demostrar que se los ha aprendido de memoria. Es perfectamente

razonable entonces que en nuestras escuelas de derecho no existan bibliotecas, ni

investigación, ni profesores de dedicación completa, ni discusión. Ser un buen abogado, o un

buen juez, es conocer bien la ley y aplicarla correctamente. La valoración culmina con la

decisión del legislador, y la discusión, cuando la hay, solo se da en el Congreso.

Existe, sin embargo, una actitud alternativa de los profesores de derecho, que llamaré

actitud cínica. Los alumnos de derecho la conocen perfectamente. Es la actitud del profesor

que, en un alto en su clase dogmática, cuenta relatos de guerra tribunalicia, en los que expone

su descreimiento de las normas escritas y su capacidad de transitar los pasillos de la justicia

exitosamente. Es decir, conoce a la persona correcta que le conseguirá una ventaja, sabe

cuándo, cómo y a quién hacer un alegato de oreja para obtener resoluciones favorables, sabe

en qué café reunirse y qué ropas vestir para lograr sus objetivos. Repite varias veces que la

mitad de la biblioteca le da la razón a nuestro cliente y la otra mitad se la niega, y luego de

dejar a su auditorio perplejo y con temor a jamás lograr tal nivel de manejo de la profesión,

vuelve a afirmar que el derecho son las normas que él está dictando (que requerirá que se

repitan en los exámenes) y que los jueces que no las aplican se equivocan, y carecen de la

proverbial independencia de todo juez que se precie.

A pesar de sus cultores actuales la actitud cínica proviene de una prestigiosa y

vivificante teoría jurídica que no tuvo demasiados seguidores en el ámbito del derecho

12

continental. Esta teoría se conoce con el nombre de realismo jurídico y surgió a comienzos de

siglo en los Estados Unidos, en particular en las Universidades de Columbia y Yale. Esta

escuela albergó a autores muy disímiles pero que tenían como común denominador la crítica

del formalismo jurídico y una concepción diferente de la interpretación de las palabras de la

ley.

En efecto, esta escuela o movimiento, afirma la creencia en que las palabras de la ley

son pasibles de múltiples interpretaciones dados sus problemas semánticos y sintácticos, a los

que hoy podemos agregar los problemas de tipo lógico de los que adolecen los sistemas

jurídicos (como su falta de completitud y consistencia). Esta creencia explica que los realistas

coloquen a los jueces en el centro de atención, dado que son ellos los que en definitiva dirán

qué dicen las leyes cuando las apliquen a un caso determinado en sus sentencias.

Esta posición es sin dudas epistemológicamente superior a la dogmática. A esta altura

de las cosas, resulta obvio que las palabras del lenguaje natural adolecen de los

inconvenientes apuntados, y que la univocidad de las normas es un ideal imposible, utópico

en el peor de los sentidos14.

A pesar de ser marginal en nuestras escuelas de derecho, esta posición (con su mezcla

de realismo y escepticismo ético) cuestiona el mandato elitista y pluralista que prohibe a los

jueces legislar, en el sentido que no pueden no hacerlo, y afirma que cuando el juez legisla

(cuando elige valorativamente entre las diferentes interpretaciones posibles) hace política. Es

decir, el juez interpreta, y no hay forma racional de saber cual es la interpretación correcta.

Parece, entonces, que existe una división del trabajo en la enseñanza del derecho:

dogmatismo para los futuros jueces y cinismo para los futuros abogados.

Sin embargo ambas visiones, en su interpretación vernácula, impiden el desarrollo del

DIP, y en lo que sigue trataré de mostrar por qué.

La Profesión. Los Abogados y el Interés Público.

En Argentina la defensa de causas de interés público carece de prestigio. El trabajo

gratuito del abogado es virtualmente inexistente. El prestigio de un profesional viene dado

por su capacidad en el manejo eficiente del derecho para llevar adelante los fines predefinidos

14Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge,

Mass, 1977. Law’s Empire, Harvard University press, Cambridge Mass, 1984.Ross, Alf,

Sobre el derecho y la justicia, Bs. As. Eudeba, 1963. Alchourrón, Carlos E. y Bulygin,

13

por sus clientes. Ser abogado de grandes bancos o de corporaciones multinacionales es signo

de alta calificación profesional y de prestigio, mientras que la defensa gratuita de derechos

civiles es desacreditada como una labor marginal. Y, dado que el DIP incorpora la discusión

valorativa de los fines a lograr a través del caso, se lo califica como una actividad poco

jurídica, meramente política.

Esta caracterización del prestigio profesional es consistente con las dos concepciones

del rol del abogado que surgen de las formas de enseñar derecho que describí en el apartado

anterior.

En la Argentina, por ejemplo, la tradición inquisitiva en el derecho penal, impone a

los abogados el rol de auxiliares del juez en la búsqueda de la verdad. En efecto, ella es ajena

a la idea de la solución de un conflicto jurídico a la manera adversarial de una confrontación

entre dos opiniones y sofisticación retórica. En cambio, regula el conflicto de manera tal que

el proceso se convierte en una investigación acerca de la verdad desde la posición

supuestamente neutral y plena de conocimiento jurídico que asume el juez.

El rol del abogado como auxiliar de la justicia no deja lugar para la elección

valorativa de las causas. No hay selección porque no hay causas más importantes que otras y

no hay voluntad que haga posible la selección dado que el abogado es un mero instrumento

de la voluntad popular que aclara y corrige desviaciones del aparato judicial para que la

voluntad del pueblo, expresada en los códigos, se aplique al caso concreto, neutralmente.

Respecto de la concepción cínica, ella afirma una concepción del rol del abogado a la

que David Luban caracteriza como "la visión dominante"15 y que sostiene:

1) que hay una distinción entre moralidad del rol y moral común, que permite que

actos calificados como inmorales por la moral común puedan ser no sólo facultados por la

moral del rol sino incluso obligados por ella,

2) el principio que obliga a ejercer un celo extremo para defender la posición del

cliente (principle of partisanship), y

3) el principio de irresponsabilidad que afirma que el abogado no carga con ninguna

responsabilidad moral por las metas elegidas por cliente ni por los medios utilizados para

alcanzarlas (principle of nonaccountability).

Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Bs. As.,

Astrea, 1974.

15Luban, David. Lawyers and Justice. An Ethical Study. New Jersey, Princeton

University Press, 1988.

14

Esta concepción del rol del abogado cabe perfectamente dentro del sistema

adversarial ya que la defensa de una causa cualquiera se debe asumir con el celo prescripto

por la visión dominante y la decisión valorativa final, tanto acerca de los hechos como acerca

del derecho queda en manos del jurado y de diversas instancias de magistrados. La

responsabilidad sobre el contenido valorativo de la causa que se defiende se traslada así del

abogado al poder judicial y al pueblo, diluyendo, cuando no ignorando, la responsabilidad

moral del abogado respecto de las causas que defiende. Se defiende así cualquier causa que

se confía a su capacidad profesional.

Otra vez nos encontramos ante una malla cerrada en la cual no "falta" el interés

público sino que los elementos de la concepción de su rol no permiten identificar un espacio

en el cual los abogados se sientan inclinados u obligados a asumir la representación de causas

por su contenido. Ambas concepciones predican la pasividad como actitud profesional frente

a la justicia.

Cuando las visiones negadoras del DIP justifican su posición: La objeción desde la

democracia pluralista.

En ambos sistemas, tanto en el adversarial de la visión dominante (que en la

Argentina coincide con algunos rasgos de la visión cínica del derecho) como en el

inquisitivo, no existe la posibilidad de que un abogado utilice el derecho como un

instrumento para hacer realidad una agenda política. En el caso de que se proponga la

participación en causas de interés público en forma regular, las posiciones mencionadas

levantan una serie de críticas diversas16. Dado que las críticas que pueden provenir del

16 Las otras críticas posibles son las siguientes:

Si el derecho de interés público es financiado con dinero del gobierno el primer

argumento crítico afirma que no se debe usar dinero de impuestos que paga gente que

está en contra de las causas que se persiguen para, justamente, que se defiendan

esas mismas causas con su propio dinero.

El segundo argumento es que la selección de causas afecta la igualdad respecto del

acceso a la justicia. Si los abogados que asumen causas de interés público eligen

determinadas causas y otras no, las causas de menos impacto quedan libradas a su

propia suerte y lejos de la posibilidad de lograr una efectiva defensa jurídica.

El tercer argumento es que los abogados que asumen la defensa del interés público

convierten a sus clientes en meros instrumentos para llevar adelante su agenda

política.

Los dos primeros argumentos, se dirigen contra los defensores del interés público

financiados por el estado. El argumento impositivo, cuando se desarrolla con un poco

de sofisticación, colapsa en el argumento de la objeción democrática, y por lo tanto lo

trataré junto con ella. El argumento de la igualdad tiene como respuesta el hecho de

que los recursos escasos. y cuando los recursos son escasos se deben seleccionar las

15

elitismo populistas son relativamente fáciles de contestar o por lo menos poco interesantes,17

analizaré, siguiendo fielmente a Luban18, la más importante: la crítica desde la democracia

pluralista.

La objeción afirma que es incorrecto que quienes no puedan lograr sus fines a través

de los medios democráticos normales (políticas de grupos de presión, procedimientos

legislativos, la elección de un presidente que comparta los mismos fines) frustren la voluntad

democrática obteniendo en los tribunales lo que no pueden obtener en la lucha política. Esta

objeción nos lleva nuevamente a la discusión con el pluralismo y a analizar las fallas del

proceso legislativo que este supone.

Como ya dije, los presupuestos de esta visión son dos: uno se refiere a los jueces y

otro a los legisladores. Respecto de los jueces se afirma que ellos no son nombrados para

legislar, y respecto de los legisladores, que no reciben un mandato acerca de qué legislar, sino

que deben reaccionar a las presiones que las asociaciones intermedias (intermedias entre el

legislador y el ciudadano) ejercen sobre ellos y en favor de sus propios intereses. Esta visión

que parece antidemocrática no lo es en realidad, afirman sus defensores, dado que se justifica

cuando se muestra que estos grupos de interés compiten entre ellos y anulan sus excesos

mutuamente.

El problema de la objeción democrática se encuentra en la teoría política en la que se

asienta. En efecto, las fallas del proceso legislativo que no asume el pluralismo hacen

necesaria la intervención judicial, cancelando el presupuesto que niega o prohíbe el activismo

de los jueces. De esta forma, el hecho de que los jueces interpretan se vuelve fundamental al

causas conforme algún criterio de maximización de esos recursos. No resulta arbitrario

entonces que su aplicación se decida conforme el mayor impacto social que causen

las causas que se defienden.

Respecto de la objeción de la utilización del cliente como herramienta para llevar

adelante una agenda política, como en el caso en que los clientes se reclutan por su

pertenencia a una determinada clase, o porque su caso ejemplifica mejor que otros

algún problema social, o porque tiene mayores posibilidades de triunfar que otros de su

misma clase, la objeción de la utilización del cliente como un medio se anula cuando el

cliente asume voluntariamente el caso jurídico como parte de su propia lucha política.

En este caso su consentimiento opera como un permiso para ser utilizado como un

arma para terminar con una práctica social que se entiende disvaliosa. Los ejemplos

de "clientes heroicos" no abundan pero cuando existen son emocionantes y luminosos.

Op. cit. nota 15.

17Aunque últimamente en la Argentina se hayan vuelto a escuchar críticas a la

democracia desde el elitismo en el sentido de que la democracia es lenta y poco

eficiente y que un presidente actuando por decreto es un instrumento mejor. Ver,

como crítica, el artículo de Roberto Saba sobre decretos de necesidad y urgencia y

el fallo Peralta de la Corte Suprema Argentina, inédito.

16

verificarse formas legítimas de activismo judicial. Como consecuencia, y según se verá de

inmediato, es a partir de esta conjunción de circunstancias que se requerirá la existencia de

abogados que asuman la práctica del derecho de interés público para forzar la intervención

legítima de los jueces en los procedimientos democráticos.

El primer problema que se le presenta a la concepción puralista de la democracia es la

violación de los derechos de las minorías. El pluralismo, al dejar en manos del libre mercado

de la lucha política la definición de los ganadores, permite que los grupos que ganen sean

aquellos con mayor poder económico, capacidad de organización o poder coactivo19 Las

minorías que carecen de estas ventajas en la lucha política permanecen silenciosas, incapaces

de hacer llegar sus demandas o defender sus intereses, y menos aún de influir en la toma de

decisiones públicas que las afectan, y que violan sus derechos constitucionales. Para este

problema aún los pluralistas han admitido que se debe hacer una excepción y permitir la

intervención de los jueces quienes, en su carácter de funcionarios relativamente alejados del

juego político son capaces de intervenir en él para impedir que esta falla del pluralismo

permita que se violen los derechos de las minorías silenciosas.20

El segundo problema es, en cambio, el de las mayorías silenciosas. Las legislaturas,

cuando reconocen las presiones de los grupos de interés, prefieren aprobar menos leyes (pero

con mayor control y un análisis más estricto) que más leyes (cantidad que puede ser el

resultado de eficientes presiones sin control). Al aprobarse menos leyes (a través de la

creación de arreglos institucionales como el bicameralismo, mayorías calificadas, dictámenes

previos obligatorios de las comisiones parlamentarias, etc.) puede suceder que las minorías

frustren intereses de las mayorías utilizando estos mismos mecanismos. La tarea de procurar

que esto no suceda recae nuevamente en el Poder Judicial. Una nueva excepción en el

esquema pluralista de la democracia.

El tercer problema consiste en una restricción a la capacidad misma de los grupos de

interés para participar del juego político, la restricción que suponen los problemas de acción

colectiva. M. Olson afirma el teorema siguiente: "Cuanto más grande sea el grupo, menor

será la posibilidad de que pueda proveer una cantidad óptima de algún bien público”.21 Una

18Luban, David. Lawyers and Justice... pág. 358-391

19Nino, Carlos. Fundamentos...pág. 202.

20 Op. Cit nota 15

21 Olson, Mancur, Jr. The Logic of Collective Action:Public Goods and the Theory of

Groups. Revised ed. New York: Schocken Books, 1971, pág 35.

17

ley general es un bien público. Un agente racional asumirá costos -tanto de organización

como de recolección de la información relevante- para lograr un bien público en la medida en

que esos costos sean menores que los beneficios que obtenga con ese bien público. Dado que

los bienes públicos importantes (como una ley, o la ejecución de una ley ya legislada, o la

regulación que la hace operativa) son muy costosos de obtener, una persona invertirá en un

bien público en la medida en que otros lo hagan, con lo que los costos decrecerán para todos.

Pero cuando todos invierten, a medida que disminuye el impacto colectivo de cada

contribución individual aumenta la posibilidad de que cada uno piense que su costo no es

significativo y que, si deserta del grupo gana más porque el bien público será de todas formas

obtenido y sus costos serán nulos. De generalizarse esta conducta nadie invertirá con lo que

los intereses de todos se frustrarán. Esto es lo que se denomina el "problema del free rider".

Este problema explica en parte el silencio de las mayorías silenciosas y de las minorías que

carecen de recursos o cuyos intereses son difusos.

Los problemas de la acción colectiva constituyen la tercera excepción al principio de

no intervención judicial que asume el pluralismo. Y es este problema el que mejor justifica la

existencia de la práctica del DIP. Si se me permite la aparente confusión verbal, es de interés

público la práctica del DIP porque ella misma es un bien público (porque crea bienes

públicos: mejores interpretaciones normativas, mejores leyes de las cuales todos se pueden

servir a menores costos, etc. y porque todos pueden usar la práctica misma).

Estas tres excepciones desdibujan de tal forma al pluralismo que en definitiva lo

convierten en la teoría dialógica del interés público que afirmé al comienzo como la única

capaz de justificar la práctica del DIP. La preocupación por la presencia en la deliberación

pública de los afectados (tanto de las mayorías como de las minorías silenciosas) que se logra

reduciendo los costos de organización y de información y que tiende a una mayor

imparcialidad, la confianza en el proceso legal como una práctica de análisis crítico de

argumentos que tiende a promover una mayor racionalidad en la discusión, y el contar con

un procedimiento de recolección de evidencias que garantiza mejor que otros el conocimiento

de los hechos relevantes hacen del derecho de interés público no sólo el resultado necesario

de una concepción particular de la democracia, sino también una de sus mejores estrategias.

La falta de este tipo de práctica democrática, en realidad, la existencia de una práctica

que la niega, explica la ausencia del DIP en la Argentina. Optar por hacerlo realidad

18

requeriría una serie de cambios en los “presupuestos culturales y filosóficos” (e

institucionales) tal que cierto escepticismo se encuentra justificado.