Resumen Ejecutivo

El concepto de Gobierno Abierto ha emergido como un novedoso paradigma de política pública. Surge como respuesta a una ciudadanía más informada y demandante, que busca influir en el diseño y provisión de los servicios que brinda el Estado. La dimensión práctica de los componentes de Gobierno Abierto, como la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, hacen más compleja la implementación de este ideario.

A partir de un análisis de los portales web judiciales de las provincias argentinas, de una revisión bibliográfica, y de la evidencia internacional, este estudio analiza los desafíos políticos de este modelo en la justicia argentina. Además, evalúa los incentivos, barreras y oportunidades con las que debe lidiar la agenda de Gobierno Abierto en los poderes judiciales para que la implementación sea exitosa y posible.

 

 

Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………...	1
I -  INTRODUCCIÓN …………………………………………………………..	4
1.1. La problemática en la Justicia……………………………………………	4
1.2. Hipótesis de la Investigación………………………..…………………...	6
1.3. Objetivos ………..……………………………………………………….	6
1.4. Justificación de la Investigación ……………………………….………..	7
1.5. Alcance de la Investigación …………………………………….……….	7
1.6. Estructura de la Tesis …………………………………………….……...	7
II - GOBIERNO ABIERTO – MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL ……….	9
2.1. Definición de Gobierno Abierto ……….………………………………..	9
2.2. Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. Simetrías y Diferencias ........	11
2.3. Gobierno abierto en el mundo ………... .………………………………..	13
2.4. Antecedentes en la Argentina  ……..……..……………………………..	15
2.4.1. Gobierno Abierto en las Provincias Argentinas …………………..	18
III. LAS DIMENSIONES DE UNA JUSTICIA ABIERTA ……………………	19
3.1. Ideas globales para una Justicia Abierta ………………………………...	19
3.1.1. Beneficios del Gobierno Abierto en la Justicia ….………..………..	21
3.2. Principales Indicadores Judiciales de las Provincias Argentinas ..............	22
3.3. Iniciativas para una Justicia Abierta: Estado del Arte …………………..	29
3.4. Hacia un modelo de Justicia Abierta……………….………....................	33
3.4.1. Transparencia y Acceso a la información Pública ...…..…………...	33
3.4.1.1. Publicación de la Información Institucional ………………….	34
3.4.1.2. Difusión de Estadísticas ………………………………………	34
3.4.1.3. Publicidad de datos jurisdiccionales ………………………….	35
3.4.1.4. Acceso a la Información Pública ……………………………..	36
3.4.2. La Participación Ciudadana en la Gestión Estatal ............................	37
3.4.2.1. Interacción con la ciudadanía…..……………………………...	39
3.4.2.2. Protección de los Derechos de los Ciudadanos ……………….	40
3.4.2.3. Acceso a la Justicia …………………………………………...	41
3.4.3. Control y Rendición de Cuentas en la Justicia ……………………..	41
3.4.3.1. Control Presupuestario ………………………………………..	42
3.4.3.2. Información sobre Compras y Contrataciones ………..............	43
3.4.3.3. Ética y Planes Anticorrupción ………………………………..	43
3.4.3.4. Selección y Desempeño de Magistrados ……………………...	45
3.4.4. Capacidades Institucionales para una Gestión Abierta …………….	47
3.4.4.1. La Incorporación y Uso de las TICs ………………….............	47
3.4.4.2. Contratación y Manejo del Personal ………………………….	48
3.4.4.3. Capacitación en el Paradigma de un GA ……………………..	49
3.4.4.4. Articulación y Colaboración ………………………………….	50
IV – EVALUACIÓN DE LOS SITIOS WEB ………………………………….	52
4.1. Aspectos Metodológicos ………………………………………………...	52
4.1.1. Diseño de la investigación …………………………………………	52
4.1.2. Recolección de datos ……………………………………………….	53
4.1.3. Métricas de la Investigación …………………………………….....	55
4.1.4. Consideraciones éticas ……………………………………………..	58
4.2. Características y Utilización del ICIGAJ ………………………………..	58
4.3. Dimensiones y Variables utilizadas para construir el ICIGAJ ………….	58
4.3.1. Listado de las Variables…………………………………………….	60
4.3.2. Modificaciones en el relevamiento ………………………………...	75
V - ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA JUSTICIA …………………	77
5.1. Resultados de la Medición del ICIGAJ …………………………………	77
5.1.1. Resultados por Ranking ………………………………....................	77
5.1.1.1. Resultados por Cantidad de Variables ………………………..	77
5.1.2. Resultados por Segmentación ……………………….……………..	80
5.2. Puntuaciones por Dimensión ………………..…………………………..	82
5.3. Valor Final del ICIGAJ …………………………………………………	82
5.4. Resultados por Provincia ………………………………………………..	84
5.5. Resultados por Variable …………………………………………………	96
5.6. Resultados por Indicador ……………………………………………….	98
5.7. Detalle completo de las puntuaciones obtenidas ………………………..	99
5.8. Relación del ICIGAJ con el nivel Socioeconómico de las Provincias ….	100
5.8.1. Relación del ICIGAJ con el Índice de Desarrollo Humano ………..	100
5.8.2. Relación del ICIGAJ con el Producto Interno Bruto ………............	103
5.8.3. Relación del ICIGAJ con el Acceso a Internet ……….……………	104
VI.- CONCLUSIONES …………………………………………………………	106
6.1. Transparencia y Acceso a la Información ……………………………….	107
6.2. Participación Ciudadana…………………………………………………	108
6.3. Rendición de cuentas …..………………………………………………..	109
6.4. Capacidades Institucionales ……………………………………………..	109
VII – DESAFIOS Y RECOMENDACIONES …………………………………	111
7.1. Desafíos ………………………………………………………………….	111
7.2. Recomendaciones ………………………………………………………..	111
7.2.1. Transparencia y Acceso a la Información ………………………….	112
7.2.2. Participación Ciudadana …………………………………………...	112
7.2.3. Rendición de cuentas ………………………………………………	113
7.2.4. Capacidades Institucionales ……………………………………….	114
7.3. Tareas complementarias …………………………………………………	116
ANEXO I: 100 Iniciativas de Justicia Abierta del OGP ………………………..	118
ANEXO II: Categorías de Iniciativas para un Gobierno Abierto ……………….	120
ANEXO III: Portales Web analizados …………………………………………..	122
ANEXO IV: Modelo de Portal para los Poderes Judiciales Provinciales ……….	124
ANEXO V: Resultados finales de las variables del ICIGAJ por Provincia …….	125
BIBLIOGRAFIA …………………………………………………….………….	131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. La Problemática en la Justicia.

El sistema judicial argentino está compuesto por el Poder Judicial Nacional en la órbita federal; los Poderes Judiciales de las 23 provincias y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Muchas de estas jurisdicciones poseen Consejos de la Magistratura (con responsabilidad de elegir y disciplinar a los jueces); y Ministerios Públicos: de la Acusación y de la Defensa[1].

Desde hace unos años se habla recurrentemente de la necesidad de modernizar la administración de justicia, ya que según la mayoría de las opiniones, no cumple con las expectativas de la sociedad[2].  Uno de los aspectos de mayor preocupación es la ausencia de políticas sistemáticas que aumenten la confianza en el servicio judicial[3].  Incluso, al mal desempeño del Poder Judicial en las encuestas, se le suman los problemas generalizados de corrupción en la administración pública, incrementando la desconfianza de la ciudadanía respecto de la capacidad real del Estado de hacer cumplir la ley y sancionar los ilícitos. Elena & Pichón Rivière (2012) afirman que en el mediano plazo, esta falta de confianza podría repercutir de forma negativa, derivando en que los conflictos sean canalizados por vías no institucionales, a veces violentas, que favorezcan el crecimiento de la sensación de anomia.  Muchas veces los responsables de la Gestión Judicial cuentan con libertad y discrecionalidad en sus labores diarias, lo que genera una atomización gerencial, que termina por conformar un funcionamiento dispar, heterogéneo e inorgánico en materia organizacional que atenta a la eficiencia en el servicio de justicia (Ferrari, 2016).

Con esta perspectiva y gracias al avance de la tecnología de la información como herramienta clave, surgen necesidades de cambios estructurales en la gestión judicial a fin de conseguir eficiencia procesal y proximidad de la justicia al ciudadano. 

A comienzos del nuevo milenio, ya con una democracia estabilizada, las provincias argentinas comenzaron a recibir créditos internacionales orientados a la modernización de la administración de justicia y a su fortalecimiento institucional.  Los objetivos de las reformas se concentraron principalmente en: mejorar la infraestructura edilicia, implementar sistemas de gestión y planeamiento, incorporar tecnología en la gestión judicial, introducir sistemas de capacitación judicial y fomentar el acceso a la justicia.  En un estudio sobre la transparencia de la justicia en América Latina (Herrero y Lopez 2010), se establece que las administraciones de justicia  avanzaron en varios frentes, introduciendo distintos tipos de innovaciones en sus sistemas de gestión, pero en contadas ocasiones, las reformas apuntaron a revertir la opacidad de las instituciones judiciales o a instaurar mecanismos conducentes a un mejor acceso a la información judicial. En un contexto mundial donde la justicia se enfrenta a diferentes retos de alto impacto y muy visibles entre los ciudadanos, las acciones de coordinación y concertación de políticas para una verdadera “Justicia Abierta”[4] toman verdadera importancia.  Será menester en nuestro país, analizar si los poderes judiciales provinciales han adquirido la fortaleza necesaria, para demostrar una voluntad  de hacer más transparente su gestión y de promover la participación ciudadana. 

La expresión open government, o “gobierno abierto (GA)”[5] se ha estado utilizando en los últimos años para caracterizar una nueva modalidad de vinculación entre la ciudadanía y el Estado.  Se refiere a un esfuerzo global de los países para lograr administraciones más transparentes y abiertas a la participación de sus ciudadanos.  En principio se ha aplicado al Poder Ejecutivo[6], pero la tendencia se está extendiendo cada vez más hacia los otros poderes del estado.  Dado que la justicia presenta particularidades que determinan una observación diferenciada, se deberán realizar adecuaciones a las herramientas aportadas por este nuevo paradigma.

La intervención del Poder Judicial en el sistema político debe ser profunda, influyendo en el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, y en las relaciones entre los distintos actores sociales.  Es necesaria la participación de los poderes judiciales en los procesos de formulación de políticas públicas, en el reconocimiento y protección de derechos, y en el control de los restantes poderes del Estado.  En este contexto las reformas que confluyen con un paradigma de GA, se tornan relevantes por su eventual impacto en el funcionamiento administrativo y jurisdiccional de los órganos judiciales. 

Al observar los Sitios Web de los Poderes Judiciales provinciales como un primer espacio de comunicación con la sociedad, se percibe la necesidad de un mayor desarrollo y fortalecimiento en aspectos correspondientes a una Justicia Abierta, tales como la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y las capacidades institucionales para un GA. 

Esto se confirma porque los Poderes Judiciales realizan insuficientes esfuerzos para comunicar de manera apropiada los casos que resuelven. Ello se origina en el legado cultural de los sistemas de justicia latinoamericanos que históricamente han considerado inapropiado dar explicaciones sobre sus fallos.  El viejo adagio judicial “el juez sólo habla a través de sus sentencias” es un fiel reflejo de la situación imperante. La insuficiencia de información institucional, estadística y jurisdiccional, no ayuda a la transparencia de una gestión.  Incluso cuando los datos existen, su falta de uniformidad y sistematización dificulta su análisis y evaluación.  Por eso, es necesario mejorar tanto la cantidad como la calidad de la información, y trabajar para que se ajuste a los estándares aceptados a nivel mundial.  Un mayor acceso a la información judicial permitiría que la sociedad conozca su funcionamiento y que pueda ejercer funciones de control social, aumentando la confianza en el accionar judicial.  A nivel regional, en 2014, según el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc)[7], el acceso a la información judicial en la Argentina se encontraba por encima del promedio de los países latinoamericanos, pero  lejos de países vecinos como Chile y Brasil, con lo cual todavía queda un largo camino que recorrer.

La ciudadanía tiene derecho a contar con información detallada y disponible sobre el funcionamiento del Estado; sin embargo algunos poderes judiciales no han logrado adaptarse a este tipo de iniciativas.  Gran cantidad de información que permitiría una mejor rendición de cuentas permanece aún oculta a los ojos públicos.  En algunos casos, se desconoce el nivel de desempeño de los juzgados; los retrasos en los expedientes, la situación laboral de los empleados, los conflictos de intereses, y el  tráfico de influencias.  El Poder Judicial con magistrados vitalicios que no se someten a la votación popular, está poco acostumbrado a rendir cuentas sobre la gestión de los bienes públicos (Elena (2014).

La proliferación de propuestas y gente afrontando la modernización del Poder Judicial es una constante en nuestro país. 

Por otro lado, las máximas autoridades judiciales, exhortadas por la participación ciudadana en el diseño de la política pública, deberán adaptar los objetivos que se persiguen y el sentido de las decisiones que se toman a las necesidades de inclusión de la sociedad civil.  La implementación de audiencias públicas o la adopción de políticas de comunicación para difundir y explicar las decisiones de los tribunales, son medidas potencialmente promisorias para promover una mayor confianza entre la ciudadanía y el sistema de justicia.

Sin un cambio cultural profundo resultará difícil arribar a una Justicia Abierta. Por eso es que el afianzamiento de las capacidades institucionales de los Poderes Judiciales, que impactan sobre las conductas y valores, son claves para la apertura pretendida.  Consideraremos la gestión de las TIC´s (Tecnología y Comunicaciones), los recursos humanos y la capacitación, como herramientas apropiadas para desarrollar culturas internas de apertura.  

Al llegar a este punto se tiene que el problema observable es la ausencia de un parámetro estandarizado para la medición de la transparencia y acceso a la información pública a nivel de los Poderes Judiciales argentinos, lo que impide conocer con certeza el avance de los niveles de apertura.  Los poderes judiciales de las diferentes provincias comparten mecanismos de operación y de gestión de recursos humanos similares.  Aunque es difícil generalizar, los problemas mencionados se aplican a toda el territorio nacional.

Con la conformación de indicadores para medir las capacidades institucionales para una gestión abierta en los Poderes Judiciales de las Provincias Argentina, se logrará una descripción más precisa de la situación en la que se encuentran.  Esta información independiente y confiable será muy útil para los hacedores de la política judicial, organizaciones no gubernamentales y público en general.  Al ampliar el acceso a la información judicial se generarán nuevos y mejores vínculos entre la sociedad y la justicia, permitiendo mejorar también las instancias de control.

 

1.2. Hipótesis de la Investigación.

Los Poderes Judiciales provinciales argentinos han desarrollado esfuerzos en reformas para la transparencia y el fortalecimiento institucional de sus órganos y procesos, pero la realidad en el desempeño cotidiano muestra que los mismos no confluyen con el verdadero paradigma Justicia Abierta (Gobierno Abierto).

 

1.3. Objetivos

El objetivo general de la Investigación es construir una metodología que permita obtener un diagnóstico sobre el grado de desarrollo de las iniciativas vinculadas con el paradigma de la Justicia Abierta en el Poder Judicial, identificando las áreas que se deben atender para alcanzar un mejoramiento sustancial en la calidad y transparencia del servicio de justicia.  

Entre los Objetivos específicos se encuentran:

·         Investigar el grado de precisión, confiabilidad y accesibilidad de la información  publicada para la construcción de una Transparencia activa.

·         Estudiar el estado del Acceso a la Información en los Poderes Judiciales y proporcionar recomendaciones para mejorarlo.

·         Realizar un aporte científico en materia de Participación Ciudadana, que pueda ser utilizado por las Administraciones de Justicia provinciales para acercarse más a la sociedad y democratizar más el sistema.

·         Analizar los mecanismos de Rendición de Cuentas de los Poderes Judiciales frente a la ciudadanía y elaborar sugerencias para su fortalecimiento.

·         Analizar la Capacidad Institucional de los servicios de justicia para una Gestión Abierta, que permitan la identificación de fortalezas y debilidades para cada provincia.

 

1.4. Justificación de la investigación.

La importancia de esta investigación, al estudiar la cultura de apertura en los Poderes Judiciales provinciales, radica en servirles de apoyo a los funcionarios y magistrados judiciales para la toma de decisiones.  Además colaborará con los actores de la sociedad, dando a conocer el estado actual del sistema judicial en las provincias.

Como sostiene Oszlak (2013a), en los gobiernos democráticos, la división de poderes y la rendición de cuentas constituyen garantías fundamentales del debido control de la gestión gubernamental. La fragilidad de una democracia puede deberse a la debilidad de los mecanismos de responsabilización[8] de los gobernantes, la falta de disposición ciudadana a ejercer sus derechos de participación y control; y a la insuficiente capacidad de los gobiernos para dar respuesta a las aspiraciones y demandas de la ciudadanía.

De esta manera, la reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable.  Mejorar su calidad de servicio satisfará una demanda ciudadana largamente esperada.  Se aspira a que a través del estudio y análisis de los efectos del paradigma de Gobierno Abierto, se realice una contribución sustancial, que participe en la modernización de la administración de la justicia en la Argentina, a través de la implementación de nuevas estrategias para una gestión abierta como ser: Sistemas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, y Capacidades Institucionales para un GA.

 

1.5. Alcance de la Investigación.

El estudio se focalizará en el análisis de las capacidades institucionales para una gestión abierta de las 23 provincias argentinas y Ciudad de Buenos Aires, a través de sus Sitios Web. El valor científico estará avalado por el examen de los antecedentes y experiencias sobre gobierno abierto en la Administración de Justicia de nuestro país, Latinoamérica y el mundo.

 

1.6. Estructura de la Tesis

El estudio comienza describiendo la problemática en la gestión judicial y expresando la hipótesis que guiará la investigación.

En el siguiente Capítulo,  se da una explicación acerca del Marco conceptual de Gobierno Abierto, que contiene una discusión analítica sobre las capacidades institucionales y sus implicaciones organizacionales.

Luego se desarrolla la teoría sobre las dimensiones para una Justicia Abierta, abarcando una revisión y justificación de los parámetros que serán medidos y el correspondiente estado del arte. 

En el Capítulo IV se define la metodología para evaluar los sitios web y la forma en la que se construirá el Índice de Capacidades Institucionales para una Gestión Abierta, con los detalles y particularidades de su construcción.

Una vez concluida la medición de todos los elementos y elaborado el Índice, se realiza la revisión y estudio de los resultados obtenidos, buscando patrones de comportamiento y cruces entre los mismos.

Por último se procede a elaborar las conclusiones del trabajo de investigación y los desafíos pendientes, señalando las recomendaciones generales y especificas para cada área.

Con respecto a la bibliografía, se ha observado la existencia de pocos libros relacionados explícitamente al tema,  tal vez por las características modernas del paradigma de GA o por el crecimiento constante de portales de Internet que ofrecen información actualizada y gratuita.  El grueso del material de estudio se recuperó de artículos, revistas, papers, y publicaciones de organizaciones, fundamentalmente de diversos sitios web en Internet.

 

 

2.1 Definición de Gobierno Abierto.

Las crecientes demandas ciudadanas de mayor apertura y transparencia en la gestión han comenzado a filtrarse en los gobiernos.  Oszlak (2013a) sostiene que esta corriente es promovida por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que luchan por incrementar los componentes participativos y deliberativos de la democracia. 

El concepto de Gobierno Abierto (GA) se ha venido abriendo paso como una nueva filosofía de gestión que practica y promueve la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; en la formulación y ejecución de políticas y servicios públicos.

Desde hace unos años, los estudios de fortalecimiento institucional del sector público a nivel mundial, estuvieron liderados por las corrientes de la New Public Management (NPM)[9], la Gobernanza y la Accountability[10].  Estos paradigmas de gestión, entre otros, le han servido como base a las máximas autoridades de los Estados para su modernización. 

La NPM, es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de gestión exitosos de la actividad privada (del management) a las organizaciones públicas, que ha tenido un carácter rector en las reformas estatales conocidas como de “segunda generación”[11]. Con esta variante se hace énfasis en la eficacia y en la eficiencia de la capacidad institucional, apelando al fomento de una mayor transparencia y a la instrumentación de prácticas de servicios orientados al ciudadano.  Este fenómeno se inserta en el proceso global de transformación del Estado y se difunde enérgicamente y sin distinción a nivel mundial, como eje central para el cambio y la modernización de las administraciones públicas.  Las ideas propuestas giraban alrededor de la calidad en la gestión pública como herramienta para lograr mayor eficiencia en las instituciones de gobierno, viéndolas como entes competitivos y con la finalidad de que la ciudadanía les reconozca su legitimidad.  Chica Velez (2010) afirma que si bien, esta racionalidad administrativa que ha recurrido en diferentes ámbitos gubernamentales y académicos por más de treinta años, se ha construido desde un enfoque privado lucrativo que emerge de la economía, ha sufrido múltiples mutaciones en su proceso de tránsito y redefinición de lo público. 

Para el caso de Latinoamérica, este modelo perseguía un fuerte componente democrático relativo a la transparencia y la rendición de cuentas que implicaba el compromiso del servidor público no sólo a mostrar evidencia del legal ejercicio de los recursos sino también de la eficacia de su utilización, sobre todo, en impactar positivamente en las demandas más sentidas de una sociedad.  No obstante, como se explica en (Ortega, 2015), el paradigma aparece en nuestra región justo en el marco de la instrumentación prácticamente generalizada del llamado modelo neoliberal que, en aras de alcanzar los necesarios equilibrios fiscales y financieros, condujo a los estados nacionales a tomar medidas drásticas que deterioraron los niveles de bienestar.

En este contexto toma preponderancia el modelo de Gobernanza, que tiene como pivote la participación de la sociedad en el gobierno.  Aguilar (2007) la define como la acción de aprovechar y valorar las capacidades sociales para formular y ejecutar políticas, ya que en las actuales condiciones sociales (nacionales e internacionales) el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente para el desarrollo.  El proceso de la gobernanza, íntimamente relacionado con la capacidad y la eficacia de la dirección de gobierno y su acción en la administración pública, preocupa a la ciudadanía en temas como la calidad de los servicios públicos, la globalización y las desigualdades sociales.  En Haldenwang (2005) se afirma que un problema observado en América Latina, es que no siempre las instituciones públicas se encuentran orientadas al bien común, en consecuencia, la mayoría de los países de la región carece de la preparación adecuada para enfrentar los desafíos de la integración en el mercado mundial y el desarrollo basado en el conocimiento. 

De esta manera, son muchos los retos que los países latinoamericanos deben enfrentar para constituir un nuevo patrón de gobernabilidad que contemple la reconstrucción del Estado y la consolidación de sus democracias.  En este sentido, el valor y los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad (accountability) serán fundamentales para su construcción.  La accountability ha sido conceptualizada por Atkinson (1993), como la obligación de parte de un individuo o de un grupo, de revelar, explicar y justificar las responsabilidades conferidas cuyos orígenes pueden ser políticos constitucionales, estatutarios o contractuales.

La Administración contemporánea ha elevado sus niveles de exigencia hacia la forma de gobernar y gestionar lo público.  Con un marco de experiencias poco convincentes y algunas dificultades que los gobiernos fueron presentando, se fue dando lugar a un reclamo cada vez mayor de la ciudadanía, no solamente de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, sino también de participación y transparencia.  En los tiempos actuales no se concibe un Organismo del Estado que no tenga los siguientes temas como propuestas de mejoras para la gestión judicial: Liderazgo, Control de Gestión, Transparencia y Gestión colaborativa.  Sin embargo, como se ha visto, estos supuestos no son nuevos en el ámbito público. Hace varios años que los gobiernos están preocupados por aplicar muchas de estas premisas, quizás no tan estructuradas como ahora, dentro un mismo paradigma articulador de la cosa pública. Así, el Gobierno Abierto, ha terminado de consolidar muchas de estas iniciativas dentro de un mismo paraguas.  La novedad surge por la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías de información en la vida social de los ciudadanos.

Las primeras iniciativas de apertura –enmarcadas en el concepto de Gobierno Electrónico- estuvieron orientadas más hacia características relacionadas con la tecnología informática y la Web 2.0[12].  El avance hacia verdaderos valores democráticos; como la colaboración de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, y la publicación de información acerca de cómo funciona el aparato de gobierno terminó de conformar el concepto de “Gobierno Abierto”.  Hoy en día, la extensión de estos principios a todos los niveles y poderes del Estado, ya nos permite hablar de Estado Abierto.  

En los años recientes, el GA se ha convertido en un tema destacado en el campo de la administración pública, surgiendo gran interés por explorar en qué medida esta filosofía puede afectar los mecanismos tradicionales de gestión, a través de nuevas formas de participación y empoderamiento ciudadano.  A partir de una iniciativa de los Estados Unidos y un conjunto de países que fundaron la Open Government Partnership (en adelante OGP), en 2011, los gobiernos de más de sesenta países han comenzado a trabajar sobre acciones orientadas a incrementar la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Un GA es aquél que pone a disposición de la ciudadanía el acceso a la información que considera importante, con el objetivo de fortalecer los sistemas democráticos y mejorar la calidad de la eficiencia en la prestación y administración del servicio estatal.  Oszlak (2013a) lo define como aquel que vislumbra una filosofía de gobierno, una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y colaborativa entre estado y sociedad civil.  Estos principios son ejes centrales que comienzan a ser claves para las tendencias hacia un Estado más democrático.  Su progreso va de la mano con el surgimiento de nuevas tecnologías que mejoran las posibilidades de procesamiento de datos, y generan una mayor variedad de canales de comunicación y difusión de la información para su entrega a los ciudadanos[13].  La tecnología ha multiplicado los mecanismos a través de los cuales esas interacciones pueden hoy materializarse.

Los gobiernos democráticos en el mundo, y particularmente en la Argentina, vienen ejerciendo su poder con la lógica de las últimas décadas, sin haber logrado adaptarse, muchos de ellos, a los cambios que demandan las sociedades.  Hoy en día, los gobiernos se enfrentan a una ciudadanía cada vez más informada, que espera mejores servicios y demanda mayor rendición de cuentas de sus gobernantes. En este contexto, el Gobierno Abierto cobra vigor y aparece como una atractiva propuesta para orientar la reformulación de los mandatos democráticos. Como afirma Lopez Egaña (2014), la generación de ambientes colaborativos para el diseño de políticas públicas implica empoderar al ciudadano como corresponsable de la formulación y seguimiento de la gestión.  Se trata, pues, de avanzar sobre concepciones más robustas de democracia.

El nuevo modelo de gobierno abierto ha proporcionado una nueva conceptualización sobre la gestión pública, dando inicio a múltiples debates y desarrollos académicos en torno a los alcances y desafíos que implica.  En el campo de la administración pública significaba un fuerte impacto sobre los procesos de la gestión burocrática tradicional.  Tras el agotamiento de los modelos tradicionales de gestión, el GA acerca un paradigma basado en los principios de transparencia y colaboración que propone trabajar colaborativamente sobre las capacidades del Estado para que tanto los funcionarios públicos  como los ciudadanos aporten soluciones a demandas concretas y se involucren en la tarea de gobernar.  Existen justificadas expectativas sobre una propagación de la filosofía del GA, pero hay que ser cautos, y trabajar contra el deseo de algunos gobiernos que por lo general, optan por el ocultamiento o la manipulación de datos, como medio para mantener su poder[14].

En síntesis, el modelo de Gobierno Abierto se puede entender como una especie de transición del modelo de democracia representativa a la democracia participativa, aprovechando el potencial que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

2.2. Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. Simetrías y Diferencias.

La elevada utilización de sistemas de información y avances tecnológicos de las sociedades modernas ha dado lugar a nuevas demandas de apertura.  La tecnología ha multiplicado abundantemente, la manera en que las interacciones virtuales pueden materializarse.  Sin embargo, un gobierno se considerará abierto si promueve el involucramiento de la sociedad civil en su gestión, sin que la interacción a través de TICs sea una condición necesaria. 

Se debe tener en cuenta que si bien la tecnología se puede adoptar rápidamente entre los usuarios, la instauración de nuevas reglas de juego sobre la manera en que los gobiernos se relacionan con los ciudadanos requiere de una enorme dosis de voluntad política desde el estado para imponerlas, principalmente orientada al convencimiento de funcionarios y administradores.  A propósito, Walter Veltroni (ex alcalde de Roma) sostiene con respecto a la tecnología como una nueva manera de hacer política, que: es algo natural y evidente que esté pasando y está bien que así sea, pero el tema es quién manda detrás de las tecnologías, porque si la política se queda esclava de las redes sociales, pierde[15].

Los usuarios de internet han evolucionado masivamente en los últimos años. De los datos sobre América Latina y el Caribe publicados por el CEJA (2015) se desprende que todos los países de la región han aumentado su número de usuarios en la última década Así, para el año 2004 el promedio de usuarios de internet era de 18,4 por cada 100 personas, mientras que para 2014 esta cifra se incrementó hasta llegar a 51,7 usuarios.  Esto contribuyó a que aparezca con fuerza el concepto de E-Justice (Justicia Electrónica) que busca incorporar las TIC´s en la gestión judicial a fines de aumentar su eficacia en la resolución de conflictos. 

Los términos Gobierno Abierto (open government) y Gobierno Electrónico (GE / e-government) no tienen definiciones muy precisas, y aunque parezcan similares son conceptos distintos.  Cuando Oszlack (2013b) dice que podría concebirse que un gobierno se abra a la participación e involucramiento de la ciudadanía sin la mediación de herramientas informáticas, significa que la Web es importante pero no imprescindible para demostrar la apertura.  Por otro lado, se observa que pueden existir esfuerzos por llevar a cabo desarrollos de software que fortalezcan la gestión gubernamental, pero estos no siempre constituirán un paso decisivo en la dirección de un GA.

Como se sostiene en Oszlak y Kaufmann (2014),  si admitimos que un GA podría serlo sin contar necesariamente con el auxilio de la informática y, simétricamente, un GE podría no ser necesariamente abierto, estaríamos considerando una diferencia entre estos tipos de gestión gubernamental.  El e-government, es aquél que usa las TIC para transformar su relación con la sociedad  a través de una mejor producción de servicios gubernamentales, que generan mayor transparencia, acercamiento al ciudadano y reducción de costos. Estas características, sumadas a un verdadero sentido democrático de apertura constituyen un GA.  Ambos se proponen mejorar el desempeño del sector público, simplificar su gestión y facilitar la vinculación entre estado y ciudadanía, pero el gobierno abierto aunque trasciende al gobierno electrónico, lo incluye.  El GA está avanzando hacia la instauración de un modelo de organización basado en la participación ciudadana.

Jiménez Gómez & Gascó (2012), también hacen una distinción entre los conceptos, sostienen que hay otro elemento que diferencia el gobierno abierto del “tradicional” gobierno electrónico: las herramientas o componentes del gobierno abierto. Efectivamente, si bien, en mayor o menor grado, la transparencia y la apertura han sido objetivos de políticas anteriores, en la actualidad, se cuenta con herramientas tecnológicas que amplían las posibilidades que tiene un gobierno de ser colaborativo, transparente y participativo. La novedad, desde esta perspectiva, no está tanto en los objetivos del gobierno abierto sino en los medios para alcanzarlo.

Las administraciones públicas se han dado cuenta de que la sociedad prefiere interactuar con ellos utilizando un estilo de conversación natural e informal en vez de la lectura de informes o memorias oficiales. Las redes sociales son útiles como herramientas de difusión de la información pública utilizando la tecnología de la Web 2.0.  Con un coste ínfimo permiten transmitir la información y compartirla con la ciudadanía. Pueden utilizarse para compartir información con otras organizaciones públicas, fortalecer la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y fomentar la transparencia.  Estas redes permiten a los gobiernos asimilar los comentarios de los ciudadanos, obteniendo valiosas perspectivas sobre sus pensamientos.

A pesar que se han creado guías de uso para las redes sociales, que abarcan los beneficios y riesgos, su utilización no está exenta de dificultades, por lo que los gobiernos deben ser cautelosos, principalmente en la preservación de cuestiones de seguridad y privacidad[16].  Asimismo, cada red social posee atributos particulares que añaden complejidades. Twitter, por ejemplo, presenta el reto de limitar el contenido de cada mensaje a unos pocos caracteres, lo que no siempre facilita que la información sea clara y comprensible para el público[17].

También ha desempeñado un rol importante en la apertura de los gobiernos, la publicación de la información del sector público en formatos abiertos y estándares que facilitan su acceso y permiten su reutilización[18].  Este acceso libre a los datos facilita el intercambio de la información y su comprensión, promoviendo la innovación, al permitir utilizar los datos en la creación de nuevas aplicaciones que agreguen valor público.  Existe consenso en que los datos abiertos son aquellos datos gubernamentales que son tecnológicamente accesibles para el uso por ciudadanos y que no tienen restricciones legales, económicas o políticas.  La Universidad Externado de Colombia (2014), en su Guía de buenas prácticas en gobierno, define como puntos a considerar en su uso: si el acceso es restringido, si están disponibles en un formato legible, y si se pueden republicar. 

De esta manera, la Tecnología de la Información y la Transparencia pueden ser poderosos aliados: las tecnologías hacen que los datos existentes sean más fáciles de analizar, procesar y combinar como nunca antes, lo que puede abrir la puerta a formas novedosas de auditorías públicas.

Desde la coordinación del Programa Justicia Abierta de Argentina[19], se intenta ser pioneros en implementar las recomendaciones sobre Gobierno Abierto. El Programa trabaja junto a más de 50 instituciones de justicia de todo el país para la publicación de estadísticas en formatos abiertos.  Todo el trabajo puede consultarse en el Portal de Datos de la Justicia Argentina (http://datos.jus.gob.ar).

Al ser un concepto de implementación reciente, todavía existen ciertos retos que tienen que ser superados, como la falta de métricas reales, la falta de indicadores específicos que muestren el impacto de las políticas de publicación y la falta de normalización de mecanismos de publicación de la información.

 

2.3. Gobierno Abierto en el mundo.

Con el comienzo del nuevo milenio se presentaron en distintos países alrededor del mundo, situaciones de éxito gubernamental relacionadas, con la publicación de estadísticas, apertura de datos presupuestarios y participación de la ciudadanía.  Encuestas de todo tipo indicaban que la corrupción caía a medida que crecía la confianza en la administración pública.

Manuel Torino[20] describía los siguientes casos: En 2010 el gobierno británico decidió comenzar a publicar estadísticas de las cirugías de corazón exitosas que se realizaban en los hospitales. Con esa información, los pacientes empezaron a comparar, lo cual incrementó la competencia entre los centros de salud. El resultado: la tasa de supervivencia en este tipo de operaciones mejoró un 50%.  En Brasil, el gobierno abrió sus datos presupuestarios en 2011 y obligó a sus funcionarios a publicar online, en un formato accesible y periódicamente, los gastos de gestión. Por otro lado, Estados Unidos puso el foco en la seguridad: se convocó a los neoyorquinos a que usen sus celulares y cámaras para subir a una plataforma digital accidentes, crímenes y reclamos. Con este programa de seguridad abierta, no sólo la alcaldía de Nueva York empezó a actuar con más precisión y velocidad bajando los índices de delincuencia. También la gente comenzó a auditar el accionar del Gobierno, caso por caso.

El denominador común detrás de los tres ejemplos es el de Gobierno Abierto, un concepto de gestión que tiene como ejes centrales la apertura de datos públicos y la participación ciudadana mediante las nuevas tecnologías, con la idea de mejorar la calidad de vida de la gente y marcarle la cancha al poder político.

Muchos de los países que ya eran fuertes en gobierno electrónico fueron también, los pioneros en impulsar el gobierno abierto.  En 2011, una iniciativa integradora fue formalmente lanzada cuando ocho gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) aprueban una Declaración de Gobierno Abierto, y anuncian los planes de acción de sus países.  De este modo quedó conformada la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), que es un proyecto multilateral que tiene como objetivo afianzar compromisos de los gobiernos, para promover la transparencia, asegurar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Un conjunto importante de países de la región se han ido adhiriendo progresivamente con interés de presentar compromisos a cumplir, y donde gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto.  Desde su creación, la OGP ha pasado de 8 países participantes hasta contar con los 64 países en el año 2017 (de los cuales 15 son latinoamericanos).  Sin embargo ha surgido un alerta: el número en cuanto a países que figuran en el portal de OGP con compromisos presentados, es menor al número de países participantes. Podría parecer entonces, que en no pocos casos la participación se hizo por simple moda.

A pesar de ser considerada la mayor organización mundial en GA, en Oszlak y Kaufmann (2014) se advierte que la OGP no ha sido la cuna de su creación.  Se sostiene que su papel fundamental consistió en ofrecer un gran escenario mundial en el que los países puedan mostrar algunos de los avances que, en esta materia, ya venían realizando. Afirman que su conformación también sirvió como espacio de intercambio, de fijación de criterios, estándares y compromisos, de imitación y aprendizaje mutuo, y de pertenencia a un exclusivo círculo del que, por múltiples razones, conviene formar parte.

Incluso, no todos los países están participando en la iniciativa de OGP, por lo tanto es preciso señalar que el hecho de que un país no esté tomando parte en esta iniciativa, no quiere decir necesariamente que no se estén llevando a cabo medidas que siguen los principios del GA.

A nivel Latinoamérica se destacan las iniciativas del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo) que en los últimos años ha venido presentando una serie de documentos estratégicos conocidos como Cartas Iberoamericanas, con el objetivo de establecer un marco de referencia para fomentar la trasformación y modernización del Estado y la mejora continua de las administraciones públicas de la región.  En materia de gobierno abierto, la propuesta conceptual y práctica es la CIGA[21], que brinda un enfoque acorde a las particularidades del contexto iberoamericano, desarrollando una serie de criterios orientadores para generar políticas públicas de gobierno abierto.  Estas abarcan los tres pilares iniciales, a saber: transparencia, participación y colaboración; pero recogiendo otros aspectos necesarios como la rendición de cuentas, la innovación ciudadana, la calidad de los servicios públicos y la relación del Estado con la sociedad.

 

2.4. Antecedentes en la Argentina.

Las iniciativas para abrir datos públicos y fomentar la participación ciudadana se multiplican por el globo gracias al uso de Internet, y la Argentina no es la excepción.  Para reflexionar sobre la idea de Gobierno Abierto en la región, necesariamente debemos analizar el rol que juega cada una de las partes intervinientes (gobierno, ciudadanía, sector privado, etc.) en los procesos de creación y aplicación de políticas públicas.

Aprovechando que en nuestro país los gobiernos democráticos se vienen sucediendo en forma continuada desde hace más de 35 años, se ha generado un importante grado de confianza y aceptación de la ciudadanía a las reglas del juego, que le dan autoridad al gobierno para administrar el poder. 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Lopez Egaña, 2014) donde se analiza el desarrollo democrático en América Latina, la Argentina relativamente obtiene una buena calificación (Gráfico II-1).

 

América Latina, 2013 (escala 1 a 10)   Gráfico II-1: Índice de Desarrollo Democrático en América Latina. Fuente: Elaboración BID en base a Fundación Konrad Adenauer 2013.

 

En el informe se afirma que en Latinoamérica, a nivel de la institucionalidad democrática actual y de manera bastante generalizada, se puede señalar que los poderes del Ejecutivo gozan de atribuciones bastante fuertes, con mucho mayor protagonismo que los restantes poderes. Además, el reporte señala que los Poderes Judiciales están en gran medida atravesados por problemas de intereses, no logrando la independencia política que requieren tales cuerpos del Estado.  

Esta madurez democrática institucional de nuestro país permite la aparición de otro fenómeno que con una desafiante fuerza se ha instalado como actor clave: la tecnología y su consiguiente revolución digital.  La evidencia regional en esta materia requiere prestarle atención a la revolución digital que está cambiando radicalmente la manera que los ciudadanos tienen para debatir e influir en la esfera pública.

En el Gráfico II-2 se observa el creciente número de usuarios de Internet en la Argentina, que sumando los nuevos usuarios de los últimos 5 años, los niños y los accesos móviles alcanzan los 30 millones.

Usuarios de Internet en Argentina en 2016.

 

Gráfico II-2.  Usuarios de Internet en Argentina.  Fuente Comscore 2017

Estas cifras hablan principalmente de una ciudadanía que usa estas herramientas masivamente en nuestro país y sugiere nuevos canales de interacción con los gobiernos.  La tecnología por tanto es un actor clave que debe ser considerado al momento de entender el tipo de ciudadanía con la que debe lidiar una reforma de Gobierno Abierto.

En los años previos al 2015, a juzgar por la falta de estadísticas oficiales confiables y por el intervencionismo de los organismos de control encargados de auditar el poder político[22], se han observado en nuestro país escasas señales alentadoras de apertura[23].  Una de ellas es la de noviembre de 2012, cuando Estado Argentino manifestó su convicción de trabajar junto con la OGP en la coordinación de acciones con aquellos países que comparten los principios de Gobierno Abierto, elaborando para tal fin un Plan de Acción. Dicha tarea fue llevada a cabo en el marco del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto de la Agenda Digital Argentina, donde participaron organismos del Estado, Universidades, ONGs y grupos de interés involucrados en la temática.  También es de destacar que en ese período se presentaron situaciones paradójicas, a pesar que el Gobierno avanzaba insistentemente con una reforma judicial que vaya en camino a lograr la “democratización” del Poder Judicial, por otro lado, por muchos años se cajoneó la ley nacional de acceso a la información.

A fines del 2015, ya con un nuevo gobierno de distinto color político, se crea bajo la órbita del Ministerio de Modernización, en el marco de las políticas de modernización del Estado, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto dependiente de la Secretaría de Innovación y Gestión Pública, donde se estableció la Coordinación de Gobierno Abierto.  Como resultado se desarrolló un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y se lanzó el Portal Nacional de Datos Abiertos (www.datos.gob.ar).  También se puso en marcha un portal www.comprar.gob.ar, donde se unifican los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado.

En Septiembre del 2016, después de 15 años de espera, se sancionó la Ley 27275 que regula el acceso a la información pública, como herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La norma obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes[24].  Entre las excepciones a la obligación de informar, figura la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. 

Es cierto que otros poderes del estado, como el legislativo y el judicial, no han demostrado aún una voluntad semejante de hacer más transparente su gestión o promover la participación ciudadana, pero existe suficiente evidencia para suponer que la tendencia también se extenderá cada vez más hacia estos otros ámbitos institucionales.  Por ejemplo con esta Ley de Acceso a la Información Pública, donde cada uno de los poderes del Estado deberá crear su propio reglamento de aplicación dentro del plazo de un año de sancionada.

Sobre la temática de corrupción en Argentina, un punto a tener en cuenta es el Índice de Percepción de Corrupción que construye Transparencia Internacional a partir de diferentes consultas a expertos y que mide la percepción de la corrupción en el sector público[25].  Nuestro país se encuentra entre los países percibidos como altamente corruptos, y que reprueban esta materia.  En el 2017, la Argentina ha obtenido 3 puntos más en el índice que en el informe 2016, y esto lo llevó del puesto 95 al 85.  En los últimos años ha avanzado en ciertos aspectos en materia de Transparencia y Lucha contra la Corrupción como con la nueva ley de Acceso a la Información Pública (N° 27275), ley de Colaborador Eficaz (Arrepentido) (N° 27304) y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (N° 27401). Si a esto se le suman ciertos movimientos de intentos de independencia en la justicia, por el momento ocasionales, se podría explicar el pequeño avance en este ranking, sin embargo es un desafío presente, tener una nueva ley de Ética Pública que regule eficazmente la relación de los funcionarios con los recursos públicos

En el Poder Judicial, su máxima autoridad, el Presidente de la Corte Nacional Ricardo Lorenzetti, sostiene que la corrupción existe cuando hay oscuridad, y que la transparencia es la mejor manera de combatirla. “Cuando todo se sabe, cuando todo es controlado, disminuye la corrupción, es difícil, pero es necesario comenzar por ahí” [26].  Incluso, como una muestra en este sentido, ha ordenado desarrollar un portal web orientado a promover el paradigma de GA desde la Corte Suprema (http://datos.csjn.gov.ar/)[27].  

En el presente, las señales son alentadoras, Argentina ascendió 34 puestos y se ubicó en el puesto 20 del Índice Global de Datos Abiertos publicado por la organización internacional Fundación Conocimiento Abierto (Open Knowledge Foundation)[28].  El índice, que se elabora anualmente, constituye la referencia mundial en términos de transparencia y rendición de cuentas y hace foco en temas de Presupuesto, Estadísticas, Compras y Gastos.  Su objetivo es el de fomentar que la información pública esté al alcance de la ciudadanía para promover la participación cívica, lo cual apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

2.4.1. Gobierno Abierto en las Provincias Argentinas

En un trabajo reciente, Acceso a la información pública en las provincias argentinas  (Suaya, n.d), se propone analizar el estado de situación respecto al derecho constitucional de acceso a la información pública.

Entre sus conclusiones establece que salvo escasas excepciones, los portales web analizados no cuentan con la suficiente cantidad de información como para permitir que los ciudadanos puedan no sólo enterarse de las acciones que el gobierno provincial lleva adelante sino también que puedan fiscalizar a la autoridad pública. Sostiene que no se detectó una correlación fuerte entre las variables población y economía; y la cantidad de información disponible en el sitio web.

El estudio incluyó un relevamiento sobre las normativas de acceso a la información pública que hay en cada provincia. En general, las que están en un mejor nivel en este rubro fueron: Tierra del Fuego, CABA, Córdoba y Entre Ríos. En un nivel inferior de información están Misiones, Chubut y Salta; y en el último escalón Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero y Buenos Aires. Tampoco en este caso hubo una fuerte correlación entre el caudal de normativa y la publicación en los portales.

En el plano propiamente del ámbito judicial, cabe mencionar el trabajo realizado por Garavano & Chayer (2015) en formular una Agenda de la Justicia argentina (incluyendo las provincias) para el período 2015 – 2020.  El reto central es un análisis técnico del Estado de Derecho con experiencias comparadas, recreando los principios constitucionales para que el sistema de justicia dé respuestas a las crecientes demandas de la población (imperio de la ley, eficacia y eficiencia).

 

 

3.1. Ideas globales para una Justicia Abierta

Justicia Abierta, como lo define la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su portal de GA, es una iniciativa que apunta a alentar la participación ciudadana en la administración de justicia a través de Internet, promueve la transparencia de los actos de gobierno e intensifica el trabajo en materia de difusión y acceso a la información.

Se ha generado en la ciudadanía de los países de la región una creciente desconfianza sobre la labor del Poder Judicial. Herrero, A & López, G (2010), sostienen que en Latinoamérica existe un importante distanciamiento entre la sociedad y la justicia, que se explica –entre otras causas– por la cultura del secretismo y la opacidad que ha caracterizado a la función judicial; por la falta de conocimiento de la población sobre el funcionamiento de la administración de justicia; y por una marcada injerencia de los demás poderes políticos en la tarea de los jueces.  Asimismo, si analizamos al Poder Judicial a través del tiempo, observamos que se ha caracterizado por ser del tipo burocrático weberiano[29], donde sus decisiones finales aparecen impuestas desde el cumplimiento estricto de las normas, justificándose generalmente en que sus fines son consagrar a la Justicia como un espacio de resolución de conflictos, a veces no cercano al accionar cotidiano de la vida de las personas.   Incluso, en muchos casos, se entiende a la independencia judicial como un derecho de los jueces, más que el derecho de los ciudadanos a un juez independiente. 

El Poder Judicial es una de las instituciones públicas menos sometidas al escrutinio público; donde no existen estrategias sistemáticas de rendición de cuentas para los jueces y funcionarios judiciales, y tampoco una reflexión comprensiva sobre la calidad del servicio de justicia (Elena, 2015).  A su vez, la existencia de particularidades inherentes al ámbito de administración de justicia, como la falta de capital humano gerencial, requiere de especial cautela al analizar el grado de apertura. 

Con esta problemática, más las crisis institucionales que marcaron una desconfianza generalizada en la ciudadanía, la Justicia debe enfrentar el desafío de cambiar la forma de concebirse y de ser concebida por la sociedad. Una ciudadanía informada junto al creciente flujo de información producto de las TIC y la Web 2.0, puede ejercer funciones de control social, permitiendo una mayor confianza en el accionar judicial. 

La correcta implementación de políticas de transparencia, participación, colaboración y datos abiertos permitirá aumentar su legitimidad, brindar un servicio de mayor calidad y fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado y las corporaciones.

El acceso a la información es el derecho fundamental, reconocido por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, que tenemos los ciudadanos de solicitar al gobierno información pública y de obtener respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la medida en que dicha información no sea clasificada como reservada (Ancon, 2009).  Además de la Ley Nacional de Acceso a la Información (N° 27275, sancionada para los tres Poderes en el año 2016), más de la mitad de las provincias cuentan con legislación sobre acceso a la información pública.  Esto significa que se deberá actualizar la información sobre concursos, acuerdos, procesos y sentencias que sean de interés público. 

La información producida por el Estado es un bien público, por eso es fundamental garantizar que sea realmente pública y esté efectivamente disponible.  La adopción por parte de los poderes judiciales de reformas en este sentido, podría afectar positivamente su capacidad institucional, potenciando su legitimidad, su autoridad frente a otros actores políticos y su relación con la ciudadanía.

En el marco de experiencias internacionales relacionadas al concepto de Justicia Abierta, en el sitio web oficial de la OGP (http://www.opengovpartnership.org), Jiménez Gómez, C. (2014), publica 100 iniciativas innovadoras mencionadas en su investigación: “Justicia Abierta: transparencia y proximidad de la justicia dentro del actual contexto de Open Government”.  Señala que estos proyectos se centran en el ámbito de la justicia y permiten vislumbrar un claro impacto positivo en su modernización, a través de la incorporación de la filosofía del Gobierno Abierto y sus principios.  El conjunto de las inciativas se detallan en el ANEXO I al final de este trabajo.   Entre las más representativas podemos mencionar:

 A2J Author®: Es una herramienta de software desarrollada por el Centro de Asistencia Legal de Chicago (USA), que brinda un mayor acceso a la justicia, permitiendo que el ciudadano común se represente a sí mismo y obtenga conocimiento acerca de los tribunales, las oficinas de atención y los procedimientos legales.  Su objetivo es colaborar para que desde las Cortes se publiquen los documentos con una interfase web amigable que permita la interacción del ciudadano con el sistema judicial.

Australian Collaborative Practice Guidelines for Lawyers: El Consejo de Derecho de Australia lleva a cabo una revisión exhaustiva de los impedimentos en la justicia que enfrentan importantes desventajas sociales y económicas en la comunidad. Como uno de sus recursos publica las Guías para abogados, que descubre fallas en el sistema y asegura un acceso equitativo a la justicia.

Éducaloi: Es un portal desarrollado en Quebec, Canadá que tiene como misión ayudar a los ciudadanos a entender sus derechos y responsabilidades legales de una manera educativa.  Es líder en el movimiento para mejorar el acceso a la justicia explicando las leyes en un lenguaje que pueda entender el ciudadano común.  Asimismo, también crea herramientas de educación legal para docentes.

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA:  Tiene el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos de las Américas.  El programa entrena a líderes comunitarios que actúan como mediadores y conciliadores de la Justicia, aliviando la carga de trabajo y los costos.  Los facilitadores resuelven muchos casos más rápidamente y a menor costo que por la vía judicial.

The Guardianship Navigator Project: Es un proyecto que diseña servicios y productos para guiar a una persona común a interactuar con las cortes de California.  Se trabaja con el personal de los tribunales y directores de centros de autoayuda para revisar el proceso actual que los usuarios deben seguir para facilitar la comprensión y obtener una resolución exitosa. Se utiliza un proceso de diseño centrado en el ciudadano para entender qué es la ley y cómo aprovechar al máximo el sistema legal para resolver sus problemas y protegerse de los abusos del sistema.

Subastas judiciales online[30]: A fines de garantizar la transparencia, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) de España (https://subastas.boe.es), ofrece un portal único de subastas judiciales y administrativas, siguiendo la idea de la simplificación administrativa.  Por Ley, se introdujo la forma electrónica única para la subasta notarial derivada de la venta forzosa extrajudicial, que tiene lugar en el portal de subastas.  Entre los objetivos están: Unificar los procedimientos, ahorrar costos, facilitar el procedimiento al usuario, facilitar la búsqueda de información, y garantizar la fiabilidad de las transacciones a través del control de usuarios mediante certificados electrónicos.

 

3.1.1. Beneficios del Gobierno Abierto en la Justicia

Entre las virtudes de la apertura en el ámbito de la justicia se encuentran: Afianzar la independencia, lograr una mayor eficacia y eficiencia del servicio, mejorar la transparencia,  y hacer participar a la sociedad para poder solucionar sus conflictos.

Los beneficios de un GA son variados y complejos, sin embargo uno de los más importantes en este modelo de gestión pública se encuentra en el acercamiento entre gobernantes y gobernados.  Con la ayuda de la tecnología dice Oszlak (2013b), se puede producir un cambio cultural en los gobiernos, siempre que haya una voluntad política existente, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.

Utilizando a sus Portales Web como una valiosa herramienta, se puede lograr una transparencia activa que conecte a los ciudadanos con la Justicia y ayude a ganar la confianza pública perdida.  Sin embargo, para que esta disposición llegue a los usuarios, se deberá garantizar el derecho de acceso a la información, incorporando iniciativas y compromisos que procuren resolver las dificultades de acceso por razones legales o sociales.

Los procesos a través de los cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de establecer mecanismos que influyan en las decisiones de los órganos de la administración pública, a fin de lograr servicios más eficientes y satisfactorios para sus demandas se denomina Auditoría Social.  El ex presidente Obama, en el Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto que promulga en 2009 ha dicho que un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, sobre sus planes de acción, sus fuentes de datos, y sobre lo que puede ser considerado responsable frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y un permanente control social.  Todos estos procesos deben ser acompañados de mecanismos de generación de capacidades que permitan fortalecer a la sociedad civil en el proceso de fiscalización y control de la labor de los funcionarios públicos, en aras de promover la transparencia en el ejercicio de la función pública e implementar mecanismos para combatir la corrupción.[31]

Con la promoción de la participación ciudadana, las políticas públicas se benefician del conocimiento social, se otorga a los gobiernos mejores condiciones de gobernabilidad y hasta se puede conseguir apoyo en ciertas causas a través de una democracia deliberativa.

Ante la necesidad de una mayor eficiencia en el uso de los recursos y de requerimientos de menores tiempos en la resolución de conflictos en los Poderes Judiciales, las capacidades institucionales para un GA,  como la informatización y la capacitación de los recursos humanos permanecen como elementos clave en la modernización de la gestión.

En este contexto, la implementación de reformas de apertura procurará restituir la confianza en las instituciones judiciales, promoviendo una disminución de la distancia entre la sociedad y el sistema de justicia.  La implementación, por ejemplo, de audiencias públicas para las sesiones de las Cortes Supremas, o la adopción de políticas de comunicación para difundir y explicar las decisiones de los tribunales, son medidas potencialmente promisorias para lograr acercamientos y generar confianza.  Asimismo, iniciativas orientadas a mejorar el acceso a la información judicial como declaraciones patrimoniales de los jueces o publicaciones relativas al funcionamiento de las cortes (estadísticas, información presupuestaria, compras) procuran contribuir en la misma dirección.

El Gobierno Abierto tiene importantes implicaciones para las administraciones y requiere de cambios estructurales en la cultura, en los procesos, en la organización en sí misma, y en el modo en que los gobiernos se relacionan con otros actores claves.  Todas estas iniciativas contribuirán para la realización de diagnósticos, la identificación de posibles líneas de trabajo y la instalación de la apertura en la agenda de reforma de la Justicia en la región.

 

3.2. Principales Indicadores Jurisdiccionales de las Provincias Argentinas

Nuestro país, de naturaleza federal, está dividido en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que es la capital de la república y la sede de las autoridades federales. Según lo establece la Constitución Nacional, adopta, para su gobierno, la forma representativa, republicana y federal con sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Este federalismo supone el reconocimiento a la existencia de los gobiernos provinciales, donde cada provincia  dicta su propia Constitución y asegura la administración de justicia, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.

El sistema judicial argentino está compuesto por el Poder Judicial de la Nación[32], y por los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (veinticuatro en total), con varios organismos complementarios.  El sistema judicial argentino está basado en la tradición europea continental de derecho codificado.  Los procedimientos judiciales en general son predominantemente escritos, con excepción de los procesos penales que realizan debates orales[33].

Las denominaciones del Máximo Tribunal en las Provincias Argentinas -que pueden ser utilizados indistintamente en este trabajo- son tres: Corte Suprema de Justicia, Superior Tribunal de Justicia y Tribunal Superior de Justicia.  En la Tabla III-1 se detalla el nombre por cada estado provincial.

DENOMINACIÓN	PROVINCIAS
Corte Suprema de Justicia	Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán.
Superior Tribunal de Justicia	Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.
Tribunal Superior de Justicia	CABA, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz.

Tabla III-1: Denominación de las Máximas autoridades judiciales en las provincias.

 

En cuanto al presupuesto consolidado de todos los presupuestos provinciales y del Poder Judicial Federal, incluido el Ministerio Público Fiscal, en los últimos 15 años fue variando, obteniendo valores entre el 0,5 y el 1 % del Producto Bruto Interno del país.  Para el año 2011, la cifra exacta fue de 18.851 millones de pesos, lo que representó un 1,02% del PBI (Garavano 2014).

El conjunto de datos e indicadores utilizados en esta sección fueron extraídos del Sitio Web de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (JUFEJUS)[34].  La información es variada, en algunos temas está actualizada y es confiable; pero en otros casos está ausente.  Es el caso de los datos sobre el delito y su evolución, donde Garavano (2014) sostiene que es necesario alertar y enfatizar sobre esta alarmante ausencia de información.  Asegura que en este tema, se ha perdido la capacidad de generar información homogénea que permita establecer cuál es la situación y, a partir de ahí, definir los caminos a seguir sobre las políticas de Estado que procuren revertir este fenómeno.

 

Gráficos y Tablas Estadísticas de las Provincias:

Dado que la provincia de Buenos Aires por su tamaño tiene indicadores demasiado altos, en valores absolutos con respecto al resto de las provincias, se diseñaron los indicadores teniendo en cuenta principalmente porcentajes proporcionales.  Los datos fueron extraídos del Portal de la JUFEJUS, y los gráficos son de elaboración propia.

 

Población:

Para dar cuenta de la heterogeneidad demográfica del país, se muestra en el Gráfico III-1 la población de las distintas provincias.

 

Gráfico III-1.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

 

Aquí vemos la gran superioridad que tiene la provincia de Buenos Aires sobre el resto en cuanto a población, donde en relación a la provincia menos poblada (Tierra del Fuego) es casi 90 veces más grande. 

Un indicador muy importante es las cantidad de empleados judiciales que existen sobre el total de la población, que nos permitirá observar cuales son las provincias que ocupan mayor cantidad de Recursos Humanos en la Administración de Justicia, en proporción a su población total (Gráfico III-2).

 

Gráfico III-2.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

Como se observa, se destacan Catamarca y Santa Cruz con el mayor porcentaje.

Similar al indicador anterior, también es importante medir la cantidad de Jueces por habitante que se describe en el Gráfico III-3.

 

Gráfico III-3.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

Aquí observamos que las provincias con valores más altos son La Pampa, La Rioja y Río Negro, mientras que la más eficiente es CABA.

 

Presupuesto:

Aquí se comparan las distintas asignaciones presupuestarias asignadas al Poder Judicial, donde nuevamente se vuelve a observar la superioridad de Buenos Aires en relación al resto.

El presupuesto por provincia del año 2015 para la Justicia (en miles de pesos) se puede observar en el Gráfico III-4.

Gráfico III-4.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015

(Santa Cruz sin datos).

A continuación en el Gráfico III-5, se muestra la Incidencia del Poder Judicial en el Presupuesto Público, donde se observa que Mendoza, Chubut, Neuquén y Córdoba son las provincias que más invierten en la Justicia, mientras que La Rioja la que menos.  No hay datos sobre San Juan y Santa Cruz.

 

Gráfico III-5.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

En el Gráfico III-6, se puede observar la relación entre el Gasto en Justicia y la cantidad de habitantes.

 

Gráfico III-6. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015. (Santa Cruz sin datos)

Tierra del Fuego se constituye en la provincia que tiene el mayor gasto en Justicia por habitante.

A continuación, en el Gráfico III-7 se detalla el Presupuesto destinado a gastos de personal dentro de los Poderes Judiciales provinciales.

 

Gráfico III-7.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

Se observa que la totalidad de las provincias tiene un porcentaje alto en gastos de personal, lo que le quita posibilidades de inversiones en equipamiento e infraestructura. Los datos varían de La Rioja con el 97% a San Juan con el 69% (Santa Cruz sin datos).

Otro indicador importante es la cantidad de Recursos Informáticos como medida de inversión en tecnología (Gráfico III-8), donde se vuelve a destacar Buenos Aires.

 

Gráfico III-8.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

(Santa Cruz y Tucumán sin datos)

 

Con respecto a la actividad jurisdiccional y considerando los principios de eficacia y eficiencia, se muestra en el siguiente gráfico, la relación entre el número de Causas Ingresadas en el año 2015  y las Resueltas en el mismo período.

 

Gráfico III-9.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

Se destacan Corrientes y Santa Fe, aclarando que las causas van ingresando año tras año con un período variado de resolución, por lo que puede observarse algún valor encima de 100.

Como otro importante indicador de Eficiencia, en el Gráfico III-10 se muestran los Gastos por Causa Resuelta por provincia en el 2015. (San Juan y Santa Cruz sin datos)

 

Gráfico III-10.  Fuente: Elaboración propia sobre datos de la JUFEJUS en 2015.

Se observa que Catamarca en un extremo tiene el gasto más alto, mientras Santa Fe es la provincia con mejor perfomance.

Por último dentro del Programa Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo (PNUD), se publicó un Ranking en el año 2017 (Gráfico III-11) que analiza la situación de las 24 provincias argentinas en desarrollo sostenible, como una articulación entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.  En el informe, la Ciudad de Buenos Aires presenta los niveles más elevados de desarrollo económico, debido principalmente a su ingreso per cápita y su porcentaje de fuerza de trabajo con alta educación y calificación.  Al final del ranking se sitúan tres provincias cuya situación es muy crítica: Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Las tres comparten similares características: bajos niveles de desarrollo económico, muy bajos niveles de ingreso per cápita, y bajos porcentajes de fuerza de trabajo calificada.

Más adelantes, en el Apartado 5.3.1 se analiza la Correlación entre el Índice de Desarrollo Sostenible y el ICIGAJ, obtenido en este estudio.

 

3.3. Iniciativas para una Justicia Abierta: Estado del Arte.

Existen numerosas iniciativas en distintos países del mundo, tendientes a lograr una Justicia Abierta, que incluyen temas tales como Transparencia y Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Participación ciudadana y Capacidades Institucionales para un GA.

En los últimos años, muchos países decidieron aplicar estándares de transparencia a sus gobiernos y abrir algunos aspectos de su gestión a los ciudadanos. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership[35]) es una iniciativa multilateral global que busca hacer a los gobiernos más eficientes. Persigue compromisos gubernamentales concretos para promover reformas e innovación a nivel país, en un esfuerzo para incentivar a los gobiernos a ir más allá de sus avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana[36].  Siendo pionera en el paradigma de Gobierno Abierto, ha publicado una lista de 17 tipos de compromisos que reflejan un GA, que se detallan en la Tabla III-2[37]:

 

Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) - 2017                                       Gráfico III-11. Fuente: Naciones Unidas

 

 

1.       ACCESO A LA INFORMACIÓN 10. ESTADO DE DERECHO 2.       DENUNCIANTES 11. GOBIERNO ELECTRÓNICO 3.       FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS 12. LIBERTAD DE PRENSA 4.       GOBIERNO SUBNACIONAL 13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.       PROVISIÓN DE SERVICIOS 14. RECURSOS NATURALES 6.       COMBATE A LA CORRUPCIÓN 15. RENDICIÓN DE CUENTAS 7.       TRANSPARENCIA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 16. TRANSPARENCIA LEGISLATIVA   8.       DATOS ABIERTOS 17. TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 9.       DECLARACIONES PATRIMONIALES

 

Tabla III-2: Compromisos para un GA en la OGP.

Fuente: Oszlak y Kaufman (2014)

 

En el documento “Teoría y práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional” (Oszlak y Kaufman, 2014), observamos una útil categorización de las iniciativas que vienen llevando adelante los países que integran la “Alianza para un Gobierno Abierto”.  Estos autores han relevado las diferentes acciones sobre un GA que vienen llevando adelante los miembros de la OGP.  La propuesta facilita el análisis de posibles patrones comunes entre diversos programas nacionales, lo que permite profundizar la investigación en un tema tan vasto y al mismo tiempo pueden “servir para fundamentar posibles estrategias que los países podrían adoptar en sus futuros esfuerzos para promover el GA, especialmente en aquellos aún no comprometidos con este tipo de iniciativas o en los que están considerando iniciar acciones en este sentido ( Oszlak y Kaufman, 2014 ).

En el Anexo II al final de este estudio, se detalla la clasificación de familias de iniciativas de GA que han sido categorizadas por estos autores en el trabajo reseñado.

El World Justice Project® (WJP), es otra organización independiente fundada en 2006 en Estados Unidos, que trabaja para promover el Rule of Law[38] (Imperio de la Ley) sobre toda la ciudadanía, a fines de reducir la corrupción y evitar las injusticias alrededor del mundo.  Dentro de un sistema de políticas fundadas en estas ideas, incorpora al Gobierno Abierto como un componente fundamental.  De esta manera, a través de un Índice (WJP Open Government Index)[39] que se publica cada dos años (el último es el de Botero & Ponce (2015)), se reporta la apertura de los gobiernos de distintos países, basada en las experiencias y percepciones del público en general y de expertos mundiales.  Esta publicación permite evaluar el grado en el cual los países proveen información oficial a sus ciudadanos, fomentan el compromiso de la comunidad y perfeccionan la rendición de cuentas. 

Las principales dimensiones sobre las que trabaja se describen en la Tabla III-3:

 

o   Leyes publicitadas y Datos del gobierno judicial.

o   Acceso a la Información.

o   Participación Ciudadana.

o   Mecanismos de Queja o Rendición de Cuentas.

Tabla III-3: Dimensiones del Índice WJP

 

El CEPEJ (Council of Europe´s European Commission for the Efficiency of Justice) es otra iniciativa para mejorar la eficiencia y el funcionamiento de la Justicia.  Creado en el 2002, nace como una think tank[40] que busca analizar y establecer estándares de rendimiento judicial para los países de Europa.  Esta organización, en línea con el paradigma de GA, promueve la publicación de información jurisdiccional, estadísticas, y el acceso a la justicia.  El International Consortium for Court Excellence (ICCE), también trabaja en este sentido.  Es un sistema de administración de calidad diseñado para ayudar a las Cortes a mejorar su perfomance.  Consiste en un Consorcio que consta de grupos y organizaciones de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos que se enfoca en áreas de excelencia, eficiencia y transparencia en la Justica. 

El CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas), a nivel Latinoamérica, viene desarrollando desde el año 2004[41] un Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc).  Este indicador tiene por objeto medir el nivel de acceso a la información judicial a través de los Sitios Web de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).  En su trabajo se identifican las categorías de información a ser evaluadas, que luego de procesadas permiten obtener un valor único y comparable que representa el nivel de cumplimiento respecto a una serie de estándares de transparencia activa, gobierno abierto, rendición de cuentas y buenas prácticas tecnológicas.  Para el caso de los Tribunales de Justicia, las categorías evaluadas, su peso relativo para la construcción del índice, y el número de indicadores asociados a cada categoría se muestra a continuación (Tabla III-4).

Descripción Peso relativo en el Índice N° de Indicadores Asociados Existencia de página web 5% 1 Publicación y actualización de sentencias 15% 2 Publicación y actualización de reglamentos 5% 1 Publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes 17,5% 3 Publicación de agenda de Tribunales 15% 1 Publicación de recursos físicos y materiales con que cuentan los Tribunales 5% 1 Presupuesto 17,5% 2 Salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes 10% 4 Publicación de concursos y licitaciones para contrataciones 5% 3 Régimen de acceso y centralización de información 5% 3

 

Tabla III-4. Fuente: CEJA

 

Otro indicador importante, desarrollado en 2012[42] por el CEJA con apoyo del International Development Research Centre (IDRC), de Canadá, es el Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL), que mide el impacto de las TIC´s en el Acceso a la información judicial. El objetivo de este índice es colocarse en el rol de un ciudadano que recurre a un portal web de los Poderes Judiciales, con la finalidad de encontrar información que le permita recibir orientación sobre qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y de esta manera poder resolver su problema.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es otro organismo comprometido con el desarrollo de acciones comunes para el mejoramiento de la administración de la justicia, que une a los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica.  En su XIV edición en el año 2008, se adoptaron las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.  Dichas reglas establecen recomendaciones de utilidad en la actuación de los responsables de las políticas públicas judiciales y operadores del sistema judicial. Las mismas constituyen una guía que invita a reflexionar sobre los problemas efectivos de acceso a la justicia de los grupos más vulnerables y el consiguiente compromiso para implementar políticas públicas que solucionen el mencionado problema a través de la transparencia y eficiencia.

El CIPPEC, ha diseñado un Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas.  Este informe sobre Justicia Abierta, elaborado por Elena & Ecker (2015)[43], analiza y evidencia el nivel de acceso a la información en nuestro país.  Los ejes que tuvo en cuenta se describen en la Tabla III-5.

 

o   Transparencia activa.	o   Participación ciudadana.
o   Producción de datos.	o   Compras públicas.
o   Publicidad y acceso a actos jurisdiccionales.	o   Selección y remoción de magistrados.
o   Interacción con la ciudadanía.	o   Estrategias de capacitación.
o   Código de ética.	o   Sistemas de control.
o   Contratación y manejo del personal.

Tabla III-5. Índice elaborado por CIPPEC

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo Poder en la administración de Justicia en la Argentina, creó en 2012 un Portal de Gobierno Abierto[44]. Se trata de una iniciativa enmarcada en una política de Estado que apunta a los siguientes ejes: Información al alcance de todos, Transparencia de los actos de gobierno, Acceso a la Justicia y Participación de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por otro lado, se promueven los estándares fijados por la Alianza por el Gobierno Abierto, de la que nuestro país es parte desde 2012 a través del programa de reforma integral “Justicia 2020” que, por primera vez en la Argentina, incorpora el concepto de “gobierno abierto” en la justicia..  Los valores fundamentales de la OGP, tenidos en cuenta en el diseño de la metodología de trabajo del Programa Justicia 2020, son: Mejorar la transparencia y el acceso a la información; Incrementar la participación y colaboración ciudadana en las decisiones; Crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas; y Promover la adopción de nuevas tecnologías e innovación.  En el marco de este programa, representantes de los poderes judiciales y ministerios públicos de las 24 provincias de la Argentina han firmado en Octubre del 2016 un convenio interjurisdiccional con el fin de producir datos estadísticos uniformes y publicarlos en un nuevo Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina. El Convenio impulsa un plan conjunto de modernización de los sistemas de información de la justicia, guiado por los estándares de gobierno abierto. Estas acciones buscan mejorar la calidad de la información estadística elaborada por las distintas jurisdicciones.  El Programa Justicia Abierta brindará capacitaciones y asistencia técnica continua, mientras que las instituciones de la justicia se deberán comprometer a producir datos y a sistematizar la producción y recolección de la información.

El Plan de Gobierno Abierto del Poder Judicial de CABA, que con alcance regional la Ciudad de Buenos Aires creó mediante su Consejo de la Magistratura en el año 2013.  En él se establecen los mecanismos necesarios para garantizar una mayor transparencia en la gestión, permitir el acceso a la información bajo los estándares y normas que se fijen y fortalecer los canales de participación ciudadana; con el propósito de consolidar una Administración de Justicia más transparente y accesible.

Los poderes judiciales provinciales suelen publicar, a través de sus sitios en internet, información sobre la gestión: guías de trámites personales, servicios virtuales, datos relacionados con el presupuesto, ejecución, licitaciones, carga de trabajo, y recursos humanos, entre otros.  Será objeto de investigación determinar los grados de avance correspondientes.

 

3.4. Hacia un modelo de Justicia Abierta.

Dada la necesidad de la población de tener injerencia en el Estado para satisfacer sus demandas y la incapacidad de éste para procesarlas, se requiere de una auditoría social que sintetice las dimensiones de apertura -Transparencia, Participación ciudadana, Rendición de cuentas y Capacidades Institucionales de gestión-, y permita configurar un paradigma de gran importancia en la relación entre Estado y sociedad.  La Transparencia da a conocer la dinámica interna del proceso de toma de decisiones, la Participación ciudadana permite la llegada de las demandas sociales, y la Rendición de cuentas denota la responsabilidad de los funcionarios frente a la ciudadanía.

En base a las dimensiones descriptas en el punto anterior –analizadas en profundidad-, y tomando particularmente el trabajo de Oszlak & Kaufman (2014), donde se enumeran las Categorías de iniciativas de un GA, que se detallan en el Anexo II al final de este estudio, se ha realizado un minucioso procesamiento para restringirlas y adaptarlas al mundo de la Justicia.  A continuación, en la Tabla III-6, se enumeran los ejes o dimensiones sobre los cuales el autor ha determinado que transita el Paradigma de Justicia Abierta en las Provincias.

1.      Transparencia y Acceso a la información Pública. 2.      Participación ciudadana en la Gestión Estatal. 3.      Rendición de Cuentas. 4.      Capacidades Institucionales para un GA. Tabla III-6: Dimensiones de  una Justica Abierta Fuente: Elaboración Propia

 

 

3.4.1. Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La transparencia es un valor fundamental para las democracias modernas y funciona como un mecanismo que es el resultado de una forma de administrar el Estado que permita el control y la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas.  En la práctica, como dicen Herrero, A & López, G, (2010), debe abarcar no solamente el empoderamiento de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, sino también los pedidos de acceso a la información pública de una manera amplia.  Este derecho de los ciudadanos a solicitar datos o información debe ser correspondido con la obligación estatal de entregarlos.  Por ser un derecho, está vinculado al desarrollo democrático y regulado en las leyes (transparencia pasiva); diferente a la transparencia activa[45], que es una cualidad de los gobiernos que pueden o no ejercerla, en mayor o menor medida.  Otro elemento de una política de transparencia activa es el de “publicidad”, entendida como las distintas manifestaciones de una política proactiva por la cual se ofrece información relevante al público.

Las reformas de transparencia de las instituciones judiciales son de gran importancia,  contribuyen incluso a generar condiciones para una mayor independencia judicial, al permitir que la sociedad conozca el desempeño de los Jueces, y les otorgue a éstos, mayor autoridad en la toma de decisiones.

En nuestro país en los últimos años se han estado haciendo esfuerzos –no suficientes- para fortalecer una cultura legal e institucional que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos de acuerdo a la Constitución, a los Derechos Humanos internacionales y a los valores democráticos.  La mejora en la Justicia será un objetivo importante en este camino.

Esta dimensión incluye los siguientes aspectos (Tabla III-7):

Ø  Publicación de la Información Institucional Ø  Difusión de Estadísticas Ø  Publicidad de datos jurisdiccionales Ø  Acceso a la Información Pública Tabla III-7: Ejes de la dimensión Transparencia y Acceso a la Información Fuente: Elaboración Propia

 

3.4.1.1- Publicación de la Información Institucional

La estructura orgánica es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de una organización.  La importancia de su publicación radica en que define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos.

La publicación de las Leyes Orgánicas que regulan los Poderes Judiciales es de gran importancia para conocer su funcionamiento interno.  Asimismo, tanto los Mapas como las Guías Judiciales en los Sitios Web serán beneficiosas para todo aquél ciudadano o profesional que desea información de primera mano acerca de una oficina o Juzgado en particular.

 

3.4.1.2- Difusión de Estadísticas

Las estadísticas judiciales son una herramienta fundamental para la identificación de los aspectos fuertes y débiles de los Poderes Judiciales, para el diseño y monitoreo de políticas públicas, y para la rendición de cuentas frente a todos aquellos que están involucrados en el mundo de la justicia, entre los que se encuentran los ciudadanos. Dado que la estadística es información, constituye un instrumento potente para implementar la modernización de la justicia, al poner de manifiesto los problemas detectados y al ayudar a dinamizar los procesos políticos.  Sin embargo, a pesar que las reformas a los sistemas de justicia de nuestro país llevan más de una década, se carece de evaluaciones que nos permitan medir con precisión sus resultados[46].

Una forma de sistematizar y homogeneizar la gran variedad de información relacionada con la operación de los Poderes Judiciales en las provincias, es la elaboración de indicadores que hagan que la información pueda ser compartida y discutida.  La comparación de las diferentes provincias debe ser muy precisa, debido a las distintas interpretaciones y usos de los datos que se puedan presentar.  Su divulgación a la ciudadanía generará oportunidades para que la sociedad civil analice los desafíos en materia de funcionamiento y formulen propuestas de reforma.  Por ejemplo, en nuestro país la gente tiene la percepción de que la justicia es poco ágil. Sin embargo, algunos estudios empíricos podrían indicar lo contrario, que en algunas provincias los tiempos promedio reales para la tramitación de casos no son tan largos como sugieren las encuestas de percepción a la población.

Respecto a la difusión externa, con las crecientes tendencias hacia aumentar la transparencia del actuar de las instituciones públicas, existe cada vez mayor necesidad de mostrar cómo está actuando el Poder Judicial en la tramitación de los asuntos que conoce, a qué costo y con qué calidad.  Asimismo, internamente también es conveniente que todos los estamentos conozcan los aspectos relevantes de la operación de su institución, definiendo el tipo de información a difundir, y de qué manera, a fines de colaborar en el refuerzo de las políticas institucionales.

En esta sección se valora el esfuerzo permanente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) [47], para mejorar la calidad de la información judicial, a través de la publicación de datos e indicadores de las justicias provinciales.  A través del GREPJ - Grupo de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales -, se ha puesto en marcha un proceso de acuerdos técnicos y recolección de estadísticas acerca del movimiento total de Causas ingresadas y Sentencias entre los Poderes Judiciales provinciales.

A partir de estas iniciativas, el Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016, firmó un Convenio con más de 50 instituciones de justicia, que tiene por objetivo promover las acciones conducentes a mejorar la calidad y la transparencia de la información estadística elaborada y publicada en las respectivas jurisdicciones, tanto en lo penal como en lo no penal. Desde el Ministerio y la JUFEJUS, de esta manera, se busca modernizar los sistemas estadísticos, cumpliendo con los estándares de Gobierno Abierto, y unificando los datos nacionales en materia de justicia[48].

 

3.4.1.3- Publicidad de datos Jurisdiccionales

Resulta un requisito indispensable que los superiores tribunales publiquen sus decisiones, permitiendo así que sean fácilmente accesibles para los profesionales del derecho, los tribunales inferiores y la ciudadanía en general.  El trabajo de las Cortes Supremas, al estar ubicado en la máxima jerarquía, gravita con mayor peso que el de los tribunales inferiores. Sus fallos tienen un efecto cascada sobre la jurisprudencia de los restantes tribunales y fijan estándares a ser respetados.  De esta manera, la información jurisdiccional que administran debe ser puesta a disposición del público[49].

La publicidad de información acerca de las sentencias y el acceso a los expedientes judiciales constituyen un gran paso en el camino a una justicia abierta.  La publicidad jurisdiccional, además, colabora con el control sobre la actuación de los tribunales, principalmente por parte de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y otras personas interesadas en el trabajo de la justicia.

Con el compromiso de proporcionar acceso público a la información jurisdiccional a través de un servicio centralizado, la Corte Suprema de Estados Unidos creó PACER -acceso público a registros judiciales electrónicos-  que es un servicio de acceso público por internet que permite a los usuarios obtener información online sobre los expedientes judiciales tramitados en los distintos tribunales[50].

En nuestro país, la mayoría de los PJ provinciales publican las sentencias judiciales a través de sus portales web, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el acceso a su búsqueda y lectura resulte accesible para la totalidad de la sociedad.  Las consultas de ciudadanos sin formación judicial deben ser sencillas a fines de resolverles una problemática en particular, además, las sentencias aparte de dirimir conflictos e impartir derecho, son casos de estudio y enseñanza para todos los actores de la sociedad.  De existir resistencia por parte de los magistrados para comunicar sus decisiones, especialmente en casos de gran trascendencia pública, ésta deberá ser neutralizada por instituciones vinculadas al sector de justicia y al periodismo, con experiencia en la cobertura de temas judiciales[51].

La comunicación es importante en la apertura de la Justicia porque persigue una mayor aproximación en la articulación de los Poderes Judiciales con la sociedad.  En este sentido es primordial la existencia de una oficina de Prensa que se encargue de resumir los servicios ofrecidos, emitir partes de prensa, elaborar folletos explicativos en lenguaje sencillo y ofrecer visitas guiadas.

 

3.4.1.4- Acceso a la información Pública

Por acceso a la información pública se entiende el derecho que toda persona tiene de buscar, solicitar y recibir la información que poseen los organismos del Estado.  En el ámbito judicial, este derecho sirve como mecanismo de combate a la corrupción y como herramienta de equidad e imparcialidad en el acceso a la justicia.

El acceso a la información nace del sistema republicano de gobierno y se define como un derecho humano fundamental, necesario para el desarrollo de los derechos civiles de los ciudadanos, tal como se expresa en la mayoría de constituciones, los tratados internacionales y las leyes. Además, fue reconocido por las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos[52].  Es una herramienta clave, aunque no la única, para incentivar la transparencia en la actividad del Estado a través del control y la rendición de cuentas, toda vez que contar con información adecuada y oportuna conforma un elemento clave para fiscalizar a las autoridades. También resulta un instrumento valioso para permitir un mayor involucramiento de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos.

El actual del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales.  Esta concepción se sostiene en la consideración de que la información pertenece a las personas.  La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno.  Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos. Borinsky (2015, pag.290)

En la última década, distintas organizaciones de nuestro país han impulsado con éxito procesos de reforma orientados a promover la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información pública. Sin embargo, los referidos esfuerzos –cuyo impacto ha variado según el caso– se concentraron principalmente en la órbita del Poder Ejecutivo, marginando a otros actores igualmente relevantes del sistema político. Sólo en los últimos años se ha puesto de relieve la necesidad de extender los intentos de reforma a distintas instancias, como el Poder Judicial y otros organismos de control.  La apertura de datos y la transparencia judicial mejoran el servicio público de justicia, y esto afecta positivamente la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en la Justicia argentina aún falta incluir nuevas instancias para garantizar el acceso a la información, a través de una gestión más sistémica y estandarizada del Poder Judicial. Para eso, es fundamental contar con la decisión política y el liderazgo de las instituciones judiciales relevantes, como las cortes supremas y de los tribunales superiores.

Si bien en la mayoría de los casos, la reglamentación y disposiciones respecto a la publicidad de los procesos judiciales son creadas por ley, existe un campo de acciones en general que los tribunales superiores pueden establecer respecto a los estándares de transparencia y accesibilidad que rigen el accionar de los distintos órganos judiciales.

Frente a este panorama, los poderes judiciales tienen que adecuar su funcionamiento procurando el derecho a la información pública y disminuyendo la percepción negativa frente a la ciudadanía, que en muchos casos relaciona a la justicia con la corrupción, el favoritismo político y la ineficiencia. 

En Argentina, el derecho de acceso a la información pública que incluye a los tres poderes es ley desde Septiembre del 2016 pero su sanción no ha estado libre de resistencia[53]. 

Diez Losada (2007) afirma que el avance de estas normas indica adelantos, aunque aún resta trabajar fuertemente para afianzar prácticas, creencias y cierta cultura que se resiste a la apertura y la transparencia.  Entre las dificultades que el autor encuentra están: Conflictos de interpretación normativa, Falta de capacitación de los Funcionarios, Demanda no cuantiosa de la sociedad, Sitios Web de baja calidad y el factor cultural.

Vale destacar que el acceso a la información pública, como cualquier otro derecho, no es absoluto. Su límite puede estar enmarcado cuando la divulgación de la información puede causar daño a un interés público jurídicamente protegido, o cuando está en juego la vida privada y el patrimonio de las personas.

 

3.4.2. La Participación ciudadana en la Gestión Estatal

El accionar colectivo de la ciudadanía, reclamando participación en servicios como el de Justicia, es una estrategia efectiva, ya que persigue una fiscalización coordinada que maximiza el potencial de los distintos actores individuales.  Se anhela que la justicia tenga un contacto más cercano con la sociedad.  Que el acceso a la justicia sea un derecho palpable. Que las soluciones se expresen con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión.  En su caso, de ser necesario, que los jueces expliquen con capacidad docente las sentencias a la sociedad.  Que las sentencias sean anoticiadas a los ciudadanos a través de los medios de prensa, para que de esta forma la comunidad pueda tener el control ciudadano de lo que hacen los jueces, todo lo cual transparenta la función judicial. Borinsky (2015, pag.13).

Los distintos niveles de la aplicación práctica de la participación ciudadana varían según el grado en que los gobiernos lo permiten, alternando desde la sola provisión de información o consulta de distintas opiniones, hasta un verdadero control ciudadano donde se puedan administrar programas o diseñar políticas.

Oszlak (2013b) dice que los ciudadanos suelen movilizarse y convertirse en actores políticos, cuando sus intereses son afectados, sus derechos desconocidos o sus valores conculcados. De otro modo, la tendencia natural es al free riding (parasitismo).  La sociedad argentina ha encontrado fallas en el sistema judicial, por lo tanto exige cada vez más apertura y participación, en sus intentos por lograr que los Poderes Judiciales sean más transparentes, responsables y eficaces.  El compromiso de algunos ciudadanos en el esfuerzo por trabajar conjuntamente con los Poderes Judiciales, colaborando para  resolver los problemas, le dará otra arista al enfoque que deben tener las políticas de gestión y las actitudes sociales.

Las discusiones preliminares a los fallos importantes y las distintas visiones relacionadas con los procesos de toma de decisiones y su posterior difusión podrían verse ampliamente favorecidas y enriquecidas mediante una mayor apertura de las sesiones y participación de la sociedad.  La celebración de audiencias públicas, ofrece a la comunidad una suerte de instrucción cívica sobre los procesos legales, siendo importantes en su acercamiento a los superiores tribunales, haciendo que la sociedad conozca y comprenda su accionar.

Benedetti y Sáenz (2016) afirman que las convocatorias públicas prometen nuevos modos de pensar y litigar ciertas disputas constitucionales ante el estrado, y anuncian un nuevo rol en la imagen de la Justicia, constituyendo un eslabón clave en un proceso de cambio institucional que incluya una nueva relación entre la sociedad, el derecho y las instituciones formales de justicia.

En el Fuero Penal, está bien visto por la ciudadanía la posibilidad de asistir presencialmente a las distintas audiencias que lleva un Juicio.  Con las provincias que pasaron del sistema inquisitivo al acusatorio a la vanguardia, se han observado grandes avances.  En el mismo camino, el acceso de la prensa a las salas de audiencias orales en juicios de alta trascendencia pública promueve la publicidad y transparencia. 

En algunas ocasiones se puede presentar un conflicto entre el principio de publicidad y la protección del derecho a la intimidad, lo que podría determinar una restricción razonable en la difusión a la sociedad.

Con respecto al monitoreo y examen de la Gestión Judicial, las ONG se convirtieron en actores destacados, que además de evaluar su desempeño, contribuyen significativamente con propuestas de reforma y modernización tendientes a mejorar la transparencia, efectividad y accesibilidad.

Los portales web de gobierno deberán ofrecer al ciudadano la habilidad de socializar e interactuar. En Gil García & Criado & (2017) se sostiene que la comunicación debe ser amplia, dándose entre el gobierno y el ciudadano; y entre diferentes dependencias y organismos, interactuando entre todas.  No se reduce a participación política sino que busca estrechar la colaboración e intercambio de información entre los ciudadanos mediante debates con funcionarios dentro del portal, foros, chats y blogs sobre asuntos públicos.    Normalmente, también se pueden ofrecer medios para comunicarse tanto con el administrador del portal, como con funcionarios del gobierno a través de correo electrónico y redes sociales. Otra opción utilizada a menudo es la oferta de trámites y servicios en línea.

Esta dimensión incluye los siguientes aspectos (Tabla III-8):

 

Ø  Interacción con la ciudadanía Ø  Protección de los derechos de los ciudadanos Ø  Acceso a la Justicia Tabla III-8: Ejes de la dimensión Participación Ciudadana Fuente: Elaboración Propia

 

3.4.2.1- Interacción con la ciudadanía

Los pilares de Gobierno abierto como la transparencia son desafíos que la clase política conoce. La novedad, que significa un cambio de paradigma en la forma de estructurar la gestión, es la dimensión práctica (particularmente en los ámbitos de participación y colaboración) la que reta a los gobiernos a cambiar radicalmente la forma en que se ha venido desarrollando el ejercicio democrático en la región.

Por eso, la presencia de una “ventanilla del ciudadano” en los portales web implicará la apertura de información, generando espacios de participación y una mejora en la calidad del servicio que se brinde, implementando mejores estándares de atención. También en estos portales, se le debe proveer a la ciudadanía de diversos mecanismos que le brinden la oportunidad de aportar su visión sobre los problemas jurídicos.

Las nuevas herramientas informáticas (utilización de internet y la web 2.0) tienen impacto sobre la comunicación entre los poderes estatales y la sociedad, dándose una relación mucho más activa.  En la actualidad existen nuevas posibilidades como son las redes sociales lo que produce un nuevo escenario y obliga a los Poderes Judiciales a innovar para facilitar una mayor participación de la ciudadanía en la gestión pública.  En nuestro país, al igual que en toda América Latina, este fenómeno ha crecido a pasos agigantados.  El gráfico III-12 evidencia el explosivo crecimiento de la red social Facebook en la región entre 2007 y 2012.

 

Gráfico III-12: Crecimiento de Facebook. 

Fuente: Comscore.

Otro mecanismo de participación ciudadana que vuelve la búsqueda de la justicia en una actividad colectiva es el Amicus curiae[54], que permite que en aquellos casos de trascendencia ciudadana, la sociedad aporte una opinión fundada sobre la cuestión debatida en juicio. Este instrumento de participación funciona como un control sobre el Poder Judicial ya que no debe pasar por alto la opinión sin previa explicación. Como ejemplo de aplicación en nuestro país se puede mencionar el caso donde un grupo de abogados se presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para reclamar por personas detenidas a disposición de la justicia, en establecimientos inadecuados y en condiciones de hacinamiento[55].

 

3.4.2.2- Protección de los derechos de los ciudadanos

La sociedad en general demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados[56].

El desarrollo y mejora de los compromisos gubernamentales hacia la sociedad, respecto a la entrega de servicios, ha tenido desde hace mucho su más típica manifestación en las llamadas Cartas Ciudadanas.  Estas Cartas constituyen una herramienta de gestión pública originariamente introducida en Gran Bretaña en 1991, donde se las conoció como Citizen´s Charter. Formalmente, se proponen promover una administración pública responsable, que asegure la transparencia y el derecho a la información a los ciudadanos, motive una actitud colaborativa del servicio civil y ahorre tiempo y recursos del gobierno y sus clientes (Oszlak & Kaufman, 2014).

Un gobierno abierto y verdaderamente democrático, puede establecer por escrito sus intenciones a través de una Carta compromiso con la ciudadanía, que ofrezca información útil sobre su accionar y a tal efecto, que se pueda revisar y controlar.  Esta Carta contribuirá a la formación de una ciudadanía más capacitada en el ejercicio de sus derechos y obligaciones,  quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Justicia y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.  Deberá también prestar especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos, como víctimas de delito, en los supuestos de violencia doméstica y de género, protección de los menores de edad, y las personas que sufran alguna discapacidad[57].

Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado.  Una de las primeras iniciativas en este sentido, fue el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de España del año 2001, que publicó una Carta de Derechos de los Ciudadanos que tenía como objetivo, atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada; y establecer los derechos de los usuarios ante la Justicia.

 

3.4.2.3.- Acceso a la Justicia

Uno de los instrumentos internacionales que prevé el acceso universal a la justicia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dispone: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

A medida que nos adentramos en la problemática del Sistema Judicial vemos que su alcance abarca solamente a una parte de la sociedad.  Los sectores mas carenciados en muchos casos no tienen acceso al sistema de justicia, no conocen sus derechos ni cómo hacerlos valer, debiendo sobrellevar sus conflictos con poca esperanza.  La sensación de inaccesibilidad de esta parte de la población (por diversas razones: económicas, culturales o sociales) lleva a un progresivo desmoronamiento de la confianza en el sistema.  Los sectores vulnerables solicitan cada vez más, servicios de asistencia y patrocinio jurídico gratuito. En algunas provincias existen Centros de Acceso Judicial que proporcionan un primer diagnóstico de las situaciones planteadas y orientan al consultante acerca de dónde acudir y que perspectivas existen para solucionar el problema. Para lograr buenos resultados, estos centros deben trabajar en forma coordinada y articulada.

La evolución de la cultura institucional del poder judicial hacia caminos que mejoren el acceso a justicia requiere de enormes esfuerzos institucionales.  En este sentido, la publicación de los derechos ciudadanos y su efectivo ejercicio de una forma rápida y efectiva garantizarán mayor seguridad jurídica y mayor participación social.  Además, permitirá acortar la brecha existente entre los distintos sectores socioeconómicos, generando una ciudadanía más activa que otorgue mayor legitimidad al sistema social y político.

La JuFeJus, a fines del 2011, organizó un encuentro taller al que fueron convocados funcionarios del sector justicia de las provincias argentinas, con el motivo de elaborar un cuestionario de base para el seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Brasilia[58]. El compromiso de todos ellos estuvo focalizado en recabar la mayor cantidad de información posible a los efectos de dar cuenta del estado de situación respecto del conocimiento e implementación de las Reglas en las distintas jurisdicciones del país.  Los resultados expuestos en Garavano (2014) dan muestra de una buena cantidad de prácticas realizadas y de las muchas acciones pendientes que quedan por delante.  

Una de las vías que han sido utilizadas por las provincias para lograr una justicia participativa abriendo espacios para los ciudadanos, ha sido a través de los denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos (mediación), que se formaron como opción al sistema de justicia formal, y en muchos casos permiten brindar solución a situaciones que no tenían acceso al sistema. 

La presencia de las normas y funcionamiento de la mediación en los portales de justicia, las referencias sobre los Derechos Humanos de los ciudadanos y la publicación de los principales puntos de las Reglas de Brasilia, serán objeto de relevamiento en el trabajo sobre los portales provinciales.

 

3.4.3. Control y Rendición de Cuentas en la Justicia

La rendición de cuentas (accountability) tiene su punto de partida en la responsabilidad del funcionario a través de la información y la justificación de sus decisiones, pero además implica un control a su comportamiento público.  El objetivo en la Justicia debe ser crear un círculo virtuoso a través de la retroalimentación entre el acceso a la información judicial, el seguimiento y análisis por parte de la sociedad civil, y la rendición de cuentas por parte de las instituciones judiciales, (Herrero, A.& Lopez, G., 2010).

De la misma manera, Longo (2003) sostiene que construir sistemas efectivos de responsabilización por el rendimiento en la gestión pública es un empeño al mismo tiempo necesario y difícil. Lo primero, porque es una exigencia social irrenunciable que los gestores públicos rindan cuentas de la eficacia y eficiencia de su actuación, y no solamente de la corrección formal de sus procedimientos. Haciéndolo, se verán además estimulados a mejorar su rendimiento, en lugar de limitarse a velar por no cometer irregularidades o defectos de forma.  La complejidad inherente a la noción de rendimiento hace que la responsabilización, también sea un proceso dificultoso.

Un buen producto para colaborar con la accountability en los sistemas judiciales podría ser un Anuario de Estadísticas Judiciales, donde se vuelque la información de los principales aspectos del sistema y se proporcione una buena base para el conocimiento de sus características y problemas.  Esta Memoria anual resultaría en la expresión básica de la rendición de cuentas que se exige en todo estado democrático a los distintos poderes públicos.  Consiste en un informe que proporciona datos sobre el estado y actividad del sistema judicial que presenta la Corte Suprema y que brinda explicaciones sobre lo que se ha hecho en el año y expresa los medios que se requerirán para llevar a cabo el plan de actividades del año siguiente. Su publicación actualizada en los portales provinciales será de fundamental importancia.

Las auditorías son la ‘vedette’ de una gestión judicial transparente y de calidad.  En palabras de Gerlero (2006, pag.411): “La piedra angular de un sistema de gestión de procesos es el “control”, o verificación de lo planeado, que es requisito indispensable para lograr el éxito con la implementación de un sistema de calidad total. 

Esta dimensión incluye los siguientes aspectos (Tabla III-9):

 

Ø  Control presupuestario Ø  Información sobre compras y contrataciones Ø  Ética y planes anticorrupción Ø  Selección y desempeño de Magistrados Tabla III-9: Ejes de la dimensión Transparencia y Acceso a la Información Fuente: Elaboración Propia

 

3.4.3.1- Control Presupuestario

En nuestro país, los poderes judiciales han sido tradicionalmente poco proactivos en la difusión de la información relativa a su gestión presupuestaria y de compras, impidiendo que la ciudadanía controle la eficiencia en la gestión.  En algunos casos, esta situación ha contribuido a generar una percepción en usuarios y ciudadanos de falta de transparencia. 

Si bien la información presupuestaria posee al menos cierto nivel de publicidad, ya que por ley se publica al menos en el diario o boletín oficial, es importante que la transparencia se promueva en las cuatro fases del presupuesto: Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación[59]. 

A fin de dotar de mayor transparencia y reciprocidad con la sociedad, será bien vista la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, la publicidad del mismo en formato abierto e interactivo y una actualización periódica del presupuesto en base al avance de ejecución del mismo.

 

3.4.3.2- Información sobre compras y contrataciones.

Resulta fundamental que la información sobre compras y contrataciones de los Poderes Judiciales, se publique en los Sitio Web en forma accesible y actualizada. La falta de publicidad y transparencia en estos procesos son factores que permiten espacios de discrecionalidad e irregularidades en el uso de los fondos públicos, propiciando oportunidades para la corrupción.

Asimismo, será importante también, elaborar y publicar anualmente un listado con la cantidad de operaciones realizadas, en donde se discriminen contrataciones vigentes, contrataciones adjudicadas, contrataciones declaradas desiertas y contrataciones abiertas.

En algunos países, por ejemplo, las mismas se publican en el sitio web del Poder Judicial, mientras que en otros se lo hace en un sitio de Internet especialmente dedicado al proceso de compras de los diferentes poderes del Estado.  Por ejemplo se puede analizar el caso de Chile, donde desde el año 2004, está en vigencia una Ley de Compras Públicas, que rige a los tres  poderes del Estado.  Por esta Ley se creó la Dirección de Compras y Contratación Pública, para administrar el sistema electrónico de compras “ChileCompra” (www.chilecompra.cl).  Todas las reparticiones públicas (incluido el Poder Judicial) tienen la obligación de publicar sus anuncios de intención de compras y contratación de servicios en dicho portal.

 

3.4.3.3- Ética y Planes Anticorrupción

El rol del Estado en la lucha contra el flagelo de la corrupción lo posiciona como un actor clave que puede ayudar a mejorar el uso de los recursos públicos, la calidad de las políticas públicas, e incidir en la percepción que los ciudadanos tienen de sus instituciones de gobierno. 

La transparencia y el acceso a la información constituyen una herramienta fundamental para la prevención y el control de la corrupción. Esto se debe a que inciden en la generación de canales de participación y en la identificación de deficiencias de los sectores público y privado que pueden ser ventanas de oportunidad para prácticas corruptas (Dassen & Vieyra, 2012).

En el Gráfico III-13 se observan estas percepciones en los países de América Latina, donde la Argentina obtiene un alto cuarto puesto que demuestra la desconfianza hacia la clase política.

En el Sistema Judicial, nuestra región se enfrenta a problemas de falta de transparencia en su proceso de selección de Jueces y ausencia de sanciones disciplinarias y ejemplificadoras,  sin contar que en algunas provincias no reciben un salario adecuado.  Si a estos inconvenientes se les suman la interferencia política y la falta de estructuras organizacionales adecuadas, se produce una fuente de cultivo a los intentos de corrupción[60]. 

Como sostienen Oszlak & Kaufman (2014), la lucha contra la corrupción se ha convertido en una política central en las estrategias de gobierno abierto y un aspecto privilegiado en los planes de acción que los gobiernos comprometidos con su erradicación, presentan a la OGP.

Gráfico III-13: Percepción de la Corrupción en América Latina.

Fuente BID en base a LAPOP 2010.

 

Existe una variedad de mecanismos ensayados para ello. Por una parte, la adhesión a convenios internacionales y organizaciones regionales creadas para promover iniciativas para desterrar la corrupción. La exigencia de que los funcionarios que ocupan cargos de dirección política presenten periódicamente declaraciones juradas patrimoniales y otras relativas a posibles conflictos de interés, también se ha convertido en un mecanismo crecientemente adoptado por numerosos gobiernos.

Para combatir la corrupción en la justicia, la independencia y la rendición de cuentas son herramientas clave a ser abordadas.  El momento actual es propicio para aprovechar el viento de cola que producen los más de 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y que brinda oportunidades para un cambio[61].  Los poderes judiciales han iniciado, aunque lentamente, algunas reformas tendientes a mejorar su desempeño, al tiempo que desde el Estado y la sociedad civil se han promovido cambios para optimizar su relación con las instituciones del sistema político. En este sentido, resulta fundamental que en un sistema democrático los jueces mantengan su independencia de los demás poderes del Estado, ejerciendo sus funciones sin ningún tipo de intromisión.

Nuestra Nación es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana[62], una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.  Una de las Comisiones de estudio tiene como propósito la Gestión e Investigación de la Ética de los Jueces, a fines de garantizar y mejorar los servicios que presta la administración de Justicia en los estados miembros. 

Un equipo coordinado por Martín Hevia, decano ejecutivo de la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella, en el portal Jusiticiapedia[63], analizó la regulación vigente en la Argentina sobre ética judicial. La conclusión es que existe normativa, aunque ella está dispersa y no alcanza a cubrir la cantidad y variedad de conflictos éticos que pueden enfrentar los magistrados[64].  Tanto Justiciapedia como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)[65], trabajan en una plataforma que recopila y pone en evidencia información valiosa que puede servir para incidir e impulsar reformas pro transparencia en el sistema judicial.

Otra medida en materia de transparencia y ética contra la corrupción de los funcionarios judiciales, es la de las declaraciones patrimoniales, que tienen como fin controlar la evolución de sus patrimonios y evitar así delitos tan frecuentes como el enriquecimiento ilícito.  De este modo, el control de la ciudadanía puede ejercerse mediante la posibilidad de acceder a la información salarial de los integrantes de la Justicia[66].

Cuando el Poder Judicial no lleva a buen término las investigaciones castigando a los culpables, se revela la necesidad de poner en marcha mecanismos alternativos de control impulsados por la sociedad civil. Dichas iniciativas deben apuntar a obtener acceso a los expedientes judiciales donde se investiguen casos de corrupción; asegurando un control adicional respecto del progreso de las investigaciones.

En un ambiente en el que la forma de influir sobre los servidores públicos es a través no sólo de sobornos sino también de amenazas, nuestra región debe estar atenta a los intentos de algunos sectores de favorecer una inmunidad que debilite la lucha contra la corrupción[67].

 

3.4.3.4- Selección y Desempeño de Magistrados

La utilización de mecanismos transparentes y abiertos en la selección de Jueces contribuye al aislamiento de influencias externas indebidas.  Las medidas orientadas a asegurar la independencia de los Magistrados, deben alentarse desde las etapas iniciales de la función judicial, comenzando por los procesos para la selección de magistrados y manteniéndolas en la definición de ascensos y designación de autoridades.  El incremento en la transparencia del proceso de selección de jueces, la posibilidad de permitir la participación de la ciudadanía, y la elaboración previa de un perfil para el cargo, son elementos clave para favorecer la independencia en los concursos.  Esta transparencia ayuda a que la selección de candidatos satisfaga los requisitos de idoneidad, profesionalismo, compromiso con los valores democráticos; y la defensa de los derechos políticos, económicos, y sociales.  En (Transparency International, 2007) se describe cómo se podrían presentar prácticas corruptas: En el Estado que sigue el modelo del derecho civil surgen graves problemas si el proceso de selección y ascenso judicial, supuestamente apolítico y ejecutado en calidad de servicio civil, se ve minado por el uso de criterios de selección políticos. En este sistema, un proceso de nombramiento basado en el clientelismo sería de sumo perjuicio ya que no se cuenta con los controles que existen en la mayoría de sistemas de derecho consuetudinario.

La publicidad también es importante, se debe dar amplia difusión de los concursos a través de los medios de comunicación o internet, incluyendo el listado de interesados y sus antecedentes.[68]  Es fundamental que estos procesos se abran para la participación de grupos de la sociedad civil, Universidades y Colegios de Abogados, para que puedan opinar respecto a los méritos de los candidatos. El mayor involucramiento de la sociedad civil en las instancias de designación de magistrados permite el escrutinio de la ciudadanía y la opinión pública en general. 

Las publicaciones de memorias y estadísticas incorporan información cada vez más detallada proveniente de las causas que se tramitan y del desempeño de los jueces, y hay cada vez un público más atento y exigente respecto a la calidad y oportunidad de dicha información.  A través de estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se garantiza que la justicia responda por sus decisiones y por el uso real de los recursos que le fueron asignados.

Para detectar errores y generar una rendición de cuentas que fortalezca al Poder Judicial, los mecanismos de evaluación de jueces están para otorgar legitimidad y asegurar en gran medida, la confianza de la ciudadanía.  El desempeño de los jueces no debe estar exento de los controles que afectan al resto de las instituciones estatales. La bandera de “independencia” no debe significar la inexistencia del deber de rendir cuentas de la labor que ellos realizan, al contrario, debe ser concebida como la precondición para la imparcialidad en el comportamiento judicial y para garantizar un mejor servicio a la sociedad. Así, la accountability tiene su punto de partida en la responsabilidad del funcionario a través de la información y la justificación de sus decisiones.

Ferrari (2016) afirma que afortunadamente para el Poder Judicial, por tratarse de un Órgano Jurisdiccional, resulta impropio hablar de “competitividad” como se da en las organizaciones del sector privado, porque no se tiene que competir con nadie.  Considera un absurdo pensar que el objetivo pase por competir con otros Juzgados.  Esto da la tranquilidad de que se puede referenciar el desempeño con estándares planificados por el Tribunal mismo, basados en lo que se estima como el que debería ser el rendimiento óptimo.  Un espejo ideal al que se aspira llegar.

Las nuevas tecnologías facilitan la generación y utilización de indicadores de desempeño.  La evaluación desde una perspectiva social, permite verificar las percepciones de los Jueces; y les posibilita responder a las preocupaciones de la sociedad.  Las variables plausibles de ser evaluadas pueden ser: volumen de trabajo; complejidad de los asuntos; cumplimiento de plazos procesales; acumulaciones; uso de nuevas tecnologías; dedicación; capacitación; publicaciones jurídicas; ponencias y participación en seminarios; y docencia.

A fines de mejorar el desempeño de los Jueces, hay consenso entonces en que se los debe evaluar con un sentido colaborativo y no punitivo.  Sin embargo existen algunas experiencias a nivel mundial en este sentido que no siempre fueron triunfadoras.  Por ejemplo, en España, en 1997 se editó el Libro Blanco; que ponía el foco en la evaluación de jueces, su eficacia, calidad, compromiso y desarrollo profesional.  En el 2000 el Tribunal supremo declaró inconstitucional el sistema de incentivos por violar el principio de independencia financiera del Poder Judicial.  Por otro lado, en 2001 en Francia, hubo una Ley Orgánica Financiera, que tenía como objetivo la reducción de costos y vinculaba el presupuesto judicial al cumplimiento de indicadores de rendimiento.  Al tener impacto en las remuneraciones hubo resistencia judicial y en 2006 la eliminaron. 

Los observatorios judiciales son buenas iniciativas impulsadas desde la sociedad civil para el monitoreo del funcionamiento de los sistemas de justicia, permitiendo reconocer objetivamente las contribuciones individuales de cada profesional.

En este proceso, y como una buena medida Anticorrupción, será importante exigirles a los Magistrados sus declaraciones juradas al momento de tomar el cargo y publicarlas en los Sitios Web.  De esta manera, los funcionarios detallarán información sobre sus propiedades, autos, acciones en empresas privadas, activos financieros, ingresos anuales, estado de las cuentas bancarias, y otras informaciones sobre su patrimonio. Se trata de información pública para alertar sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito o de conflicto de intereses a la hora de tomar decisiones.

 

3.4.4. Capacidades Institucionales para una Gestión Abierta.

Para aumentar las capacidades de una justicia abierta, debemos distinguir qué elementos son los que más impactan sobre las conductas, valores y competencias.  Por ejemplo, la informática juega un papel potenciador en un GA, porque facilita el procesamiento y publicación de información en forma ágil, pero no debemos olvidar a los recursos humanos que son quienes gestionan y trabajan dentro del estado.  

Oszlak & Kaufman (2014), sostienen que los magistrados y funcionarios deberán liderar un cambio cultural profundo, caso contrario se hará difícil arribar a la gestión abierta deseada.  Para caminar en esa dirección, las organizaciones deberán garantizar: un buen clima de diversidad de apertura, conducir la modernización desde la máxima autoridad y establecer mecanismos de capacitación.  La difusión de los concursos de selección de personal favorecerá la meritocracia, evitando una imagen de excesiva discrecionalidad.

Esta dimensión incluye los siguientes aspectos (Tabla III-10):

Ø  La incorporación y uso de las TIC’s Ø  Contratación y manejo de personal Ø  Capacitación en el paradigma de un GA Ø  Articulación y Colaboración Tabla III-10: Ejes de la dimensión Capacidades institucionales para una gestión abierta Fuente: Elaboración Propia

 

3.4.4.1- La incorporación y uso de las TICs

Mediante el uso de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones se pueden realizar actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos. La masividad que ha logrado internet ha propiciado el surgimiento de importantes redes y comunidades virtuales que permiten nuevos espacios de expresión y participación ciudadana.  Precisamente, la importancia de la incorporación de las TICs, radica en que constituyen un elemento de retroalimentación importante entre el Estado y la sociedad civil. 

Los accesos de la ciudadanía a los datos y programas gubernamentales deben ser abiertos, sin restricciones y estar presentados en formatos estructurados.  El propósito es la posibilidad de que estos sean divulgados, utilizados y reutilizados por la sociedad en general de manera automatizada.  También puede haber entidades particulares que agreguen valor a dichos datos en función del beneficio ciudadano.

En cuanto a la producción de datos abiertos, su puesta en común no es uniforme. Para resaltar las diferencias, se presenta un listado donde se distinguen diferentes niveles en la puesta en común de los datos. Esos niveles están directamente vinculados con la posibilidad o facilidad de reutilización.  El siguiente listado fue elaborado por Tim Berners-Lee, uno de los inventores de Internet y responsable del proyecto de apertura de datos públicos en Gran Bretaña (Tabla III-7).

En nuestro país, desde la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, se impulsó un Plan de Apertura de Datos, que establece, por un lado, hacer disponible los datos públicos en formatos abiertos que faciliten su acceso, procesamiento, y redistribución. Por otro lado, la obligatoriedad de los diferentes ministerios, secretarías y organismos del Poder Ejecutivo Nacional de elaborar y presentar ante el Ministerio de Modernización su propio plan de apertura de datos.

 

Tabla III-7 –Niveles de reutilización de los datos de Tim Berners-Lee   Fuente: Blog Contenidos Digitales & Propiedad Intelectual

 

Al evaluar los portales Web de los Sistemas de Justicia provinciales, no solamente se debe tener en cuenta la información contenida, sino también características tales como: Legibilidad, Accesibilidad, Tecnología utilizada, Tiempo de respuesta y Diseño Gráfico.

 

3.4.4.2- Contratación y Manejo del Personal

Los Poderes Judiciales presentan algunas características distintivas con respecto a la Administración de un Poder Ejecutivo, entre las cuales podemos citar: son centralizados, tienen un bajo número de organismos, las autoridades no son electivas, y las remuneraciones son fijadas por sus propias autoridades.  Además, no existe un sistema de Profesión Administrativa del estilo del SINAPA[69] .

Unos de los puntos más importantes a tener en cuenta en todo proceso de modernización de la Administración Pública –el Poder Judicial no es la excepción- es el derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos, amparado por la Constitución Nacional[70].  Los cargos de planta permanente están establecidos en las respectivas Leyes Orgánicas, lo que significa que los Magistrados, Funcionarios y Empleados poseen estabilidad en su cargo, mantienen el nivel escalafonario alcanzado, tienen oportunidades en la carrera judicial, y perciben la remuneración habitual a su nivel.

A pesar de esta ventaja trascendental, el estilo burocrático de la justicia argentina está considerado como uno de las menos coherentes y eficientes de los países en desarrollo.  La política de construcción e implementación de un sistema de desarrollo institucional en los Poderes Judiciales provinciales parece adolecer de una serie de deficiencias comunes a la mayoría de las políticas públicas de nuestro país.  Para mejorar esta situación se debe lograr un mayor  involucramiento del Poder Legislativo, las Universidades, los Colegios de Abogados y otros ámbitos de control de la Gestión Judicial.   

Existen áreas que por su misma actividad, requieren de un perfil profesional en sus empleados, lo que ha generado una cultura fuerte en torno al sistema meritocrático.  Por otro lado, existen oficinas con una estructura de carrera basada en la antigüedad y en las características personales del empleado. La falta de una estrategia clara y un liderazgo consistente sobre las políticas de Recursos Humanos, ha provocado que las carreras administrativas bajo principios de mérito no sean las óptimas.

Más allá del marco normativo, una vez lograda la estabilidad, la inamovilidad de los servidores públicos tiende a ser amplia. Los mecanismos formales de movilidad funcional no responden ni están enmarcados en políticas de recursos humanos destinadas a responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. En general responden al interés particular del agente.

En cuanto a los procedimientos y mecanismos de garantía para evitar la arbitrariedad y la politización, las normas en general, deben establecer pautas dirigidas a limitar ese tipo de prácticas, tales como la exigencia de publicación de las convocatorias a concursos, la publicación de sus resultados con los puntajes correspondientes y la aplicación de plazos determinados para los procesos involucrados. Sin embargo, existen brechas entre lo explícitamente pautado por la norma y su práctica cotidiana.

La estructura salarial no incluye aspectos en la remuneración que establezcan un sistema de premios y castigos en relación a desempeño o resultados.

 

3.4.4.3- Capacitación en el Paradigma de un GA

La capacitación del personal judicial es condición necesaria para alcanzar con éxito una reforma judicial que se oriente a aumentar la eficiencia en la gestión judicial y a disminuir los mayores inconvenientes como ser la corrupción o la lentitud en las sentencias.  La sociedad en su conjunto y el propio Poder Judicial deben tener conciencia de su necesidad y conveniencia, asegurándole para que cumpla sus objetivos, los recursos presupuestarios necesarios. 

Cuando se analiza la Capacitación en los Poderes Judiciales, un punto significativo a dilucidar es qué sistema implementar a fines de lograr los mejores resultados.  Para esto, aunque sea complicado, se deberá poseer un sistema que evalúe si las actividades de formación que se dictan, permiten su transferencia a la labor diaria.  Las organizaciones no gubernamentales también pueden colaborar en esclarecer la relación existente entre la capacitación judicial actual y la solución a los problemas que los ciudadanos de nuestras provincias han logrado identificar. 

Los contenidos de los cursos deben ser multidisciplinarios, no solamente jurídicos, abarcando todas las especialidades que los funcionarios de la función judicial necesitan.  La tecnología hoy en día ofrece la posibilidad de cursos online; videoconferencias interactivas a través de Internet, y otros sistemas similares como una Escuela Judicial Virtual. A través de la Web, también se potencia el aprovechamiento integral de las comunicaciones, la cooperación, la respuesta a las dificultades planteadas, y el seguimiento automático de todos los aspectos de la organización del servicio de formación.

La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, como guía de consulta para estas escuelas, es una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco, que contribuye al intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial; facilitando la coordinación de actividades entre sus miembros y planificando actividades conjuntas de capacitación[71].

En la Argentina hay todavía mucho por debatir en lo que a capacitación judicial se refiere, sin embargo en algunas provincias se ha recorrido un trecho importante a partir de la creación de Escuelas judiciales o Centros de Capacitación[72]. Si la formación es o no una obligación de la Institución y por ende un derecho de sus integrantes, y si debe ser suministrada en forma gratuita es un tema que deberá resolver cada Poder Judicial[73].  A fines de alentar a los participantes debe asegurarse que existan métodos de acreditación de puntos en cada capacitación para la carrera judicial.

Todo lo que venimos diciendo confluye en que la elaboración de una política judicial de capacitación de los integrantes de los Poderes Judiciales, adecuadamente pensada y planificada, debe ser ejecutada centralmente (Escuela Judicial), que conduzca el proceso en forma eficiente.  Esa planificación debe recorrer el camino de la identificación de las necesidades, el diseño de los programas, la ejecución de las acciones a seguir y su necesaria evaluación.

Hacia adentro de la Institución, el aprendizaje, lejos de ser una carga debe ser una ayuda para el juez. Este debe percibir que se le añaden herramientas para la realización de su tarea, de manera tal que no vea en su participación una obligación más, sino la satisfacción de una necesidad propia.

 

3.4.4.4- Articulación y Colaboración

La modernización del Estado existe ya como un nuevo paradigma multiplicado en numerosas experiencias internacionales que explica una manera de entender a la gestión gubernamental en relación con sus ciudadanos, y cómo estos conciben al Estado desde sus propios intereses.  El correlato organizacional de esta dinámica de articulación de intereses entre el Estado Moderno y los ciudadanos se materializa en entidades públicas más abiertas a los intereses de la sociedad y a las organizaciones relacionadas en la justicia.  En sentido contrario, la falta de articulación o coordinación entre las políticas públicas de los Poderes Judiciales provinciales es un factor que suele afectar al desempeño de las administraciones.  En este sentido, será especialmente interesante la creación de mecanismos adecuados para avanzar en la articulación de los esfuerzos a realizar para cumplir los objetivos definidos.  Su grado de impacto vendrá dado por el nivel de compromiso que desde las instituciones se adquiera.

Dentro de las tareas de articulación están las de consolidar un sistema integrado de información, creando un banco de datos de uso común por las diversas entidades implicadas en el acceso a la Justicia, tratando de fortalecer y agilizar el trabajo, articulando informes e investigaciones diversas, así como difundir conocimientos actualizados y experiencias innovadoras de hechos positivos para la renovación de la doctrina y de la práctica de la justicia y la seguridad.

Una Red de colaboración judicial cooperativa a nivel nacional, conformada por las Instituciones provinciales debe servir de herramienta igualadora y de distribución equitativa de los conocimientos y las prácticas a todos los integrantes del sistema judicial.

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JuFeJus[74]) está conformada por las Cortes o Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Se creó con el propósito común de contribuir a perfeccionar las respectivas administraciones de Justicia y reafirmar las conclusiones de los diversos encuentros nacionales.  Entre sus objetivos están: Preservar y consolidar la independencia de los Poderes Judiciales, coordinar el intercambio de experiencias, auspiciar y organizar la realización de seminarios, sobre aspectos de interés para la administración de Justicia y promover la publicación de trabajos que contribuya al perfeccionamiento de sus integrantes.  Para promover nuevos diseños de gestión y administración del Poder Judicial, propiciar la Ética, e impulsar la autarquía financiera y su independencia, se han creado distintas comisiones de trabajo que se reúnen periódicamente.  A estos encuentros concurren delegados representantes de las distintas provincias.

Recientemente, la JUFEJUS, ha firmado un convenio referido al Programa de Justicia Abierta conjuntamente con el Ministerio de Justicia de la Nación.  El organismo nacional se comprometió a coordinar el proceso de elaboración y sistematización de un nuevo sistema de estadísticas para la Justicia Argentina; diseñar protocolos técnicos de datos y procesos para su discusión y validación, brindar asistencia técnica a las instituciones que lo requieran para la producción, recolección y sistematización de los datos y desarrollar y mantener en línea un portal de datos abiertos de la Justicia Argentina, conteniendo la información producida por las diferentes provincias y otras que a futuro pudieran adherir en bases de datos de acceso público[75]. 

La publicidad de los distintos tipos de convenios en los portales provinciales indicará el compromiso con la articulación y colaboración.

4.1. Aspectos  Metodológicos

4.1.1. Diseño de la Investigación.

El conocimiento objetivo de los procedimientos que nos interesa estudiar a través de esta investigación, hace necesario el uso de herramientas tanto teóricas -empleo de un enfoque que nos orientará en la forma de abordar nuestro objeto de estudio- como metodológicas, que implicarán el uso de criterios y procedimientos generales que guiarán el trabajo, así como de reglas y operaciones para el manejo de instrumentos de recolección de información empírica que nos permita probar la hipótesis. 

Esta investigación es exploratoria, se ha comenzado con una revisión de los conceptos sobre GA existentes en la literatura y a partir de ahí, se ha dirigido hacia el caso de las justicias provinciales argentinas.  Se ha tenido en cuenta que el diseño e implementación de una política de apertura, para que sea exitoso, requiere ajustarse a las particularidades de cada sistema político y social. 

Para fomentar un sistema judicial más transparente, eficiente e independiente, se diseñará un Índice de Capacidades Institucionales para un Gobierno Abierto en la Justicia (ICIGAJ) de las provincias argentinas, que analizará a través de sus portales web, el nivel de apertura y participación que garantizan los poderes judiciales provinciales (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  El ICIGAJ es un instrumento de diagnóstico cuantitativo que releva, mide y compara las características de apertura en cada sitio web oficial de los Poderes Judiciales provinciales.  No se descarta, para los casos en que sea necesario asegurar la calidad de la información publicada, complementar con consultas a los correspondientes administradores y/o usuarios. 

El índice proveerá rankings y puntuaciones sobre las distintas dimensiones de apertura en la justicia.  Una vez que la información sea recopilada, será examinada y comentada.  Es importante mencionar que el análisis y relevamiento será llevado a cabo bajo estándares de sencillez en aras de contribuir a una investigación que pudiera dar a conocer, para todos los Poderes Judiciales evaluados, respuestas sobre variables simples de relevar, que permitieran ser comparables entre ellas.

El índice a elaborar tomará en cuenta el conjunto de los ejes de apertura descriptos en las investigaciones analizadas –entre ellas, la clasificación utilizada por la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP), el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet elaborado por el CEJA y el Open Government Index del World Justice Project-, descriptos en el Marco Conceptual.  Estas dimensiones se adaptarán a la información observada en los Sitios Web de los Poderes Judiciales argentinos, agregándoles aspectos específicos del funcionamiento de la justicia en nuestra cultura y nuestra región.  Para maximizar la correspondencia y heterogeneidad entre los distintos ejes de apertura en la justicia, se ha determinado que es necesario construir una metodología con categorizaciones propias.

En base a las clasificaciones presentes en distintas publicaciones y a su adaptación a los portales de justicia provinciales, en esta investigación se identifican y desarrollan cuatro dimensiones generales con sus correspondientes variables que analizan las capacidades de gobierno abierto en el Poder Judicial (Tabla IV-1):

Asimismo dentro de cada dimensión se analizarán distintas subdimensiones que incluirán variables sobre los siguientes temas: Publicidad de Datos Institucionales y Jurisdiccionales, Difusión de Estadísticas, Acceso a la Información pública, Interacción con la ciudadanía y protección de sus derechos, Acceso a la Justicia, Control presupuestario, Información sobre Compras, Planes Anticorrupción, Desempeño de magistrados, Uso de las TIC, Gestión de Recursos Humanos, Capacitación y Colaboración.

 

1.      Transparencia y Acceso a la información Pública. 2.      Participación ciudadana en la Gestión Estatal. 3.      Rendición de Cuentas. 4.      Capacidades Institucionales para una Gestión Abierta.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Tabla IV-1: Dimensiones del ICIGAJ

 

El nivel de cumplimiento de los estándares propuestos se evaluará de acuerdo con las mejores prácticas regionales e internacionales.  El rango de la puntuación de las variables irá de 0 a 1 (con 1 indicando la mayor apertura).  Según el grado de desempeño de las variables en conjunto, las jurisdicciones recibirán un puntaje por cada dimensión.  Luego se calculará un promedio general de las distintas dimensiones, que permitirá ponderar el estado de las capacidades para un Gobierno Abierto en cada sistema judicial.  

El Índice será considerado una aproximación a la realidad, y deberá complementarse si se desea mayor precisión, con otros instrumentos cuantitativos y cualitativos.  No obstante, sus derivaciones sí serán una condición suficiente para analizar conductas, tendencias y conclusiones sobre los aspectos estudiados.  

Una vez establecido el Índice con el promedio de las cuatro dimensiones, se lo podrá clasificar de forma tal de poder concluir acerca de la aceptación o rechazo de la hipótesis.

El rango de valores posibles del ICIGAJ variará entre 0 y 100.  A continuación en la Tabla IV-2 se describen las puntuaciones factibles del Índice. 

 

Si el índice arroja un puntaje:	El acercamiento al Paradigma de Gobierno Abierto será:
Entre 0 y 25	Insuficiente
Entre 26 y 50	Escaso
Entre 51 y 75	Aceptable
Entre 76 y 100	Excelente

Tabla IV-2: Acercamiento al Paradigma de GA