LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y LA EXPERIENCIA DE LAS AUTONOMÍAS
PROVINCIALES EN EL RÍO DE LA PLATA.
EL CASO DE TUCUMÁN
por GABRIELA TÍO VALLEJO
RESUMEN
Notice: Undefined property: stdClass::$tabs in /home/todomark/gestionjudicial.com.ar/plugins/djcatalog2/pagebreak/pagebreak.php on line 131
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA DE LAS AUTONOMÍAS PROVINCIALES EN EL RÍO DE LA PLATA. EL CASO DE TUCUMÁN
Categoría: Gestión Judicial
Autor : Varios
El artículo plantea los problemas que enfrenta la administración de justicia
en Tucumán entre 1820 y 1840, un periodo de transición entre los ordenamientos
coloniales y la construcción del estado provincial y en el escenario de la disolución
del poder central en el Río de la Plata. La investigación explora el proceso de
desmantelamiento del cabildo y el crecimiento de las atribuciones del Gobernador,
las difi cultades planteadas por la ausencia de instancias de apelación fuera de la
provincia y la escasez de letrados. A través del estudio de expedientes de la sección
judicial del crimen del Archivo Histórico de Tucumán, se estudian las relaciones
entre justicia lega y justicia letrada y entre la jurisdicción ordinaria y la acción de
los jueces territoriales.
PALABRAS CLAVE: Administración de justicia. Tucumán. Justicia lega. Justicia letrada.
Jurisdicción ordinaria. Jueces territoriales.
ABSTRACT
This article introduces the problems that Tucumán’s administration of justice
poses between 1820 and 1840, which was a transition period between colonial rules
and the creation of a provincial state and the scenario of the dissolutions of the Rio de
la Plata central power. This investigation explores the town council dismantling process
and the increase of the Governor power, the diffi culties rose from the absence of
an appeal system outside the province and the limited number of attorneys. Through
a study made about the fi les located in the judicial crime section from the Tucuman
Historical Archive, we studied the relation between the informal justice and the formal
justice and between ordinary jurisdiction and the territorial judges’ actions.
KEYWORDS: Administration of Justice. Tucuman. Informal Justice. Formal Justice.
Ordinary jurisdiction. Territorial Judges.
Revista de Historia del Derecho, Núm. 36, 2008, pp. 365-398.
366 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Sumario:
1. Introducción. 2. Los veinte en Tucumán. La justicia es tucumana.
3. La ausencia del cabildo, la organización de la justicia y la relación
entre los poderes. 4. Los gobernadores y la justicia. 5. Justicia lega
y justicia letrada, justicia rural y justicia urbana. 6. Consideraciones
fi nales.
1. Introducción
En 1853 Alberdi escribía en su Derecho Público Provincial Argentino
acerca de los principios que deberían regir la organización
institucional de las provincias1. En un balance de los ordenamientos
provinciales desde 1820, señalaba los “males” que atentaban contra
esos principios:
• Las provincias mostraban un ordenamiento institucional de estados
soberanos autónomos, habiendo equiparado órganos y atribuciones
que habían sido establecidos para el poder central, a sus símiles
provinciales. Tuvieron sus propias milicias y ejércitos, acuñaron
moneda, legislaron sobre aduanas, establecieron contribuciones.
• De resultas de ello los poderes ejecutivos provinciales tomaban las
atribuciones de los ejecutivos nacionales adquiriendo poderes desmesurados.
• Las legislaturas provinciales se habían convertido en cuerpos extraordinarios
y constituyentes por tiempo indefi nido, capaces de
otorgar estos poderes extraordinarios al poder ejecutivo.
• Buena parte de estos “vicios” eran consecuencia de la desaparición
de los cabildos. La policía y la justicia de primera instancia
fueron quitadas al pueblo, representado por cabildos de su elección
inmediata, y entregados a comisarios, a jueces de paz y a jueces
de primera instancia, elegidos y con atribuciones designadas por
el gobierno. Todo ello daba al Poder ejecutivo provincial un poder
omnímodo2.
1 JUAN BAUTISTA ALBERDI, Derecho Público Provincial Argentino, Buenos Aires,
La Cultura Argentina, 1917.
2 Sobre las ideas municipalistas de Alberdi se ha escrito profusamente. Un
análisis y una puesta al día de este tema a partir del “Derecho Público Provincial”
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 367
El contexto de la construcción de los estados provinciales en los
veintes está marcado por la doble crisis de la monarquía y de un poder
central en el Río de la Plata, por el eclipse de los espacios de representación
comunes a las provincias, y, al mismo tiempo, por la extinción
de los cabildos. Hablar de un vacío institucional es, sin embargo, impreciso.
Asistimos en estos años a la coexistencia de las viejas instituciones
coloniales con las revolucionarias y a diversos intentos de una
organización común.
La equiparación que señala Alberdi de los órganos centrales a los
provinciales, que puede verse en la adaptación de constructos constitucionales
como el Reglamento de 1817 o la Constitución de 1819
al ordenamiento provincial, tiene importantes consecuencias en la
construcción de los tres poderes. San Miguel, una ciudad con una experiencia
histórica de subordinación a la capital de Intendencia, apenas
superada por su papel protagónico en la guerra de independencia y el
Congreso de 1816, se transforma en un estado autónomo.
En el ámbito de la justicia, que hemos utilizado como observatorio
del proceso, ello implica una serie de problemas: la carencia de instancias
superiores de apelación, la escasez de personal preparado para
las distintas funciones, la coexistencia de ordenamientos jurídicos, la
adaptación forzada de los reglamentos constitucionales pensados para
un gobierno central a la realidad de la provincia autónoma.
Antonio Annino ha señalado la interrelación que se dio durante
la crisis imperial entre soberanía, representación y justicia3. En el Río
de la Plata, al no aplicarse la constitución de Cádiz, la continuidad
de la justicia no fue de la mano del municipalismo, no tuvo el mismo
itinerario. La retroversión de la soberanía en las instancias del poder
vecinal tuvo protagonismo en la primera década revolucionaria y luego
los estados provinciales capitalizaron la herencia municipal.
en I. SANJURJO DE DRIOLLET, La organización político-administrativa de la campaña
mendocina en el tránsito del antiguo régimen al orden liberal, Buenos Aires, Instituto
de Investigaciones del Derecho, 2004. No discutiremos aquí la imagen que Alberdi
proyecta de los cabildos coloniales a los que adjudica caracteres democráticos o modernos,
nos interesa aquí la descripción de las situaciones provinciales.
3 ANTONIO ANNINO, La ciudadanía ruralizada. Una herencia de la crisis imperial,
Jornada Internacional de Debate. Los historiadores y la conmemoración del Bicentenario,
Rosario, octubre de 2006.
368 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Con la doble crisis, de la monarquía y la disolución de un poder
central en el Río de la Plata, los distintos niveles de la justicia retrovierten
también en las soberanías provinciales. Si el camino natural de la
retroversión de la soberanía había sido, en otras regiones de América,
el de los cabildos, ¿cuál era el derrotero que debía recorrer la atribución
judicial sin cabildo? ¿Tomarían los ejecutivos provinciales atribuciones
que entraban en franca oposición con el principio de división de
poderes?
La justicia era un atributo del poder de los reyes que participaba
del carácter múltiple y fragmentado de la concepción de la soberanía
propia del antiguo régimen. Si bien en el proceso de concentración del
poder real las monarquías europeas habían logrado centralizar la justicia,
sobrevivían diversos fueros, y atribuciones judiciales eran tradicionalmente
desempeñadas por distintos cuerpos. Mientras la baja justicia
era atribución del cabildo, la alta justicia era desempeñada por las
audiencias por delegación del poder real. Los confl ictos que se plantean
entre el Cabildo de Buenos Aires y la Audiencia en las primeras épocas
de la revolución en que todavía se juraba fi delidad al rey, muestran que
el tema de la justicia era esencial al problema de la soberanía4.
Sin embargo, en la disputa sobre los poderes lo judicial tuvo un
papel menor. Marcela Ternavasio habla de una “devaluación” de la
justicia que no sólo tiene que ver con el predominio del racionalismo
jurídico en los referentes doctrinales sino que es consecuencia de las
prácticas nacidas de la crisis revolucionaria. La urgencia está puesta en
el problema de la legitimidad y básicamente en la disputa entre poder
ejecutivo y legislativo5. No hay grandes reformas en torno a la justicia
en los primeros años después de la revolución y defi nitivamente la reforma
de la baja justicia no estaba en la agenda revolucionaria6.
4 MARCELA TERNAVASIO, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de
la Plata, 1810-1816, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 77 y ss.
5 Marcela Ternavasio sostiene que la noción de división de poderes intentó
resolver los confl ictos derivados de la coexistencia entre una pluralidad de cuerpos
e instituciones heredados del periodo colonial y los nuevos gobiernos creados por la
revolución. TERNAVASIO, ídem, pp. 175 y 177.
6 ALEJANDRO AGÜERO, “La justicia penal en tiempos de transición. La república de
Córdoba, 1785-1850”, en CARLOS GARRIGA (Coord.), Historia y constitución. Trayectos
del constitucionalismo hispano, Inst. Mora, México, 2008 (en prensa).
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 369
Aunque los primeros fervores revolucionarios rechazaron el orden
jurídico de la monarquía, el nuevo régimen contempló la permanencia
de anteriores leyes o disposiciones7. El reglamento del 17, la norma
de mayor vigencia en estos años, adoptaba una posición moderada,
disponiendo que
Hasta que la constitución determine lo conveniente, subsistirán todos
los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones
generales y particulares del antiguo gobierno Español, que no estén
en oposi[ci]ón directa, o indirecta con la libertad e independencia de
estas Provincias, ni con este Reglamento y demás disposiciones que
no sean contrarias a él, libradas desde veinticinco de mayo de mil
ochocientos diez8.
Así, veremos reaparecer intermitentemente en el caso tucumano,
por ejemplo, la Ordenanza de Intendentes.
En la nueva concepción racionalista e iluminista, la noción de ley
como fuente del sistema jurídico adquiere una relevancia extraordinaria.
Basar el nuevo orden sobre el valor absoluto de la ley implicaba
desplazar a la costumbre como fuente y a los jueces de la actividad
interpretativa de la ley9. El absolutismo legal aparece expresado en los
primeros reglamentos de justicia de la década del 10. La idea de supremacía
de la ley y del legislativo como intérprete está contenida en el
reglamento del 17, por ejemplo cuando determina que “Toda sentencia
en causas criminales, para que se repute válida, debe ser pronunciada
por el texto expreso de la ley”10. Sin embargo, a continuación autoriza
7 VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, Las ideas jurídicas en la Argentina, siglos XIX-XX,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Tercera edición, 1999.
8 Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817
(Dictado por el Congreso de Tucumán para las Provincias Unidas de Sudamérica el
3 de diciembre de 1817).
9 Sobre la concepción moderna del orden jurídico, PAOLO GROSSI, Mitología jurídica
de la modernidad, Madrid, Trotta, 2003. Y para contrastarla con la tradición
colonial, VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, El poder de la costumbre. Buenos Aires, Instituto
de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001.
10 Desde luego “el texto expreso de la ley” no son necesariamente los ordenamientos
jurídicos originados en la revolución sino también las leyes de indias
vigentes.
370 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
al juez a apartarse del texto legal pues determina que esa obligación
no deroga las leyes que permiten la imposición de penas a su arbitrio
según la naturaleza y circunstancias de los delitos, ni impone la observancia
de aquellas que por atroces e inhumanas ha proscrito o moderado
la práctica de los tribunales superiores11.
En la práctica, la supervivencia del ordenamiento jurídico colonial,
la continuidad de jueces legos en las funciones sobre todo de baja
justicia y “el poder de la costumbre”, constituirían serios escollos a la
construcción de un “absolutismo legal”. Por otra parte, como señala
María Rosa Pugliese, “el concepto tradicional de la justicia, como valor
trascendente al orden jurídico no desapareció del imaginario colectivo
ni del universo de muchos juristas”12.
Si la justicia lega parecía a los ilustrados una rémora del pasado y
secuelas de este desprecio pueden leerse en los expedientes judiciales,
para algunos juristas la justicia lega tenía un contenido popular. Pugliese
ve alguna señal de ello en los conjueces legos que forman parte
de los tribunales; se refi ere por ejemplo al Tribunal de Justicia de 1812.
Sin embargo, en el caso tucumano, la aparición de los conjueces en
algunos tribunales ad hoc en los años veinte, parece estar más cerca
de la idea notabiliar del “juicio de los pares” (“vecinos honrados”) que
de una nueva idea de justicia popular republicana.
No hay que exagerar el vigor de la supremacía de la ley en las
culturas jurídicas locales, no sólo por la supervivencia de un concepto
tradicional de la justicia sino por cuestiones prácticas. La escasez de
abogados fue un límite para la sustitución de una justicia lega por la
justicia letrada13. El reemplazo de los jueces legos por los letrados es-
11 JOSÉ MARÍA DÍAZ COUSELO, “Pensamiento jurídico y renovación legislativa”,
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Nueva Historia de la Nación Argentina, vol. 5,
2000.
12 MARÍA ROSA PUGLIESE, “La administración de justicia”, en Nueva Historia de
la Nación Argentina cit., vol. 5.
13 Los historiadores del derecho coinciden en que la escasez de abogados fue un
obstáculo para la organización de la justicia e incluso para la aplicación del principio
de división de poderes. Véase VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI y EDUARDO MARTIRÉ, Manual
de instituciones argentinas, Buenos Aires, Macchi, 1996. CRISTINA SEGHESSO DE LÓPEZ
ARAGÓN, “Los poderes públicos y su funcionamiento (1810-1853)”, Nueva Historia de
la Nación Argentina cit., vol. 5.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 371
taba implícito en la tendencia del racionalismo jurídico, en un sistema
de derecho basado exclusivamente en la ley. Si el juez estaba obligado a
aplicarla, no podía menos que conocerla. Tampoco la fi gura del asesor
letrado llenaba este vacío ya que se había demostrado en la práctica que
éste se adueñaba del proceso14.
Estas son algunas cuestiones que nos proponemos analizar para
el caso de Tucumán en los años 20, década de grandes cambios en que
después que los jefes del ejército revolucionario y el congreso abandonen
la ciudad, se irá conformando un estado provincial autónomo. En
ese proceso marcado a fuego por la guerra, desaparece el Cabildo de la
ciudad de San Miguel y se desdibuja la presencia de un poder central
en Buenos Aires.
2. Los veinte en Tucumán. La justicia es tucumana
La década del 20 es quizás uno de los periodos más desconocidos
de la historia de Tucumán. Los continuos cambios de gobierno, el
estado de guerra permanente y la interrupción de algunos procesos
institucionales, se refl ejan en la documentación no sólo en lo que “se
dice” sino en ausencias y discontinuidades. Las luchas entre dos caudillos
provinciales, Javier López y Bernabé Aráoz, mantienen en vilo
a la provincia hasta el 24, después los confl ictos seguirán entre López
y Lamadrid. Entre 1826 y 1832, Facundo Quiroga invade la provincia
tres veces; derrota a Lamadrid en El Tala, en el Rincón de Valladares
y en la Ciudadela y otras tantas vuelve Lamadrid al gobierno o a los
pronunciamientos. Desde 1819 los gobernadores se reemplazan unos
a otros según las constelaciones de alianzas y enfrentamientos de facciones
militares y provinciales.
Sin embargo, en medio de tanto caos hay un proceso institucional
que va avanzando, por una vía de ensayo y error.
La Sala de Representantes comenzó a sesionar en mayo de 1822.
Una vez establecida esta junta por elecciones generales de ciudad y
campaña, quedaba claro que era ella la depositaria de la soberanía del
14 PUGLIESE, “La administración...” cit.
372 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
pueblo”15. La legislatura provincial, fue la institución que refl ejó el
triunfo de los mecanismos de elección de representantes mientras el
gobernador corporizaba, aunque no siempre, la “mayoría” dominante
en las fuerzas militares de la provincia. Las dos vertientes de cambio
que se habían originado en el proceso de la revolución, los mecanismos
liberales de representación y la militarización provocada por la guerra,
encarnaron en estas dos instituciones que protagonizan la vida provincial
desde la desaparición del cabildo.
La lectura de las actas de la Sala de Representantes nos muestra
una imagen de cierta continuidad institucional; salvo en un par de ocasiones
en que ésta se disolvió, ya por propia voluntad como un acto de
oposición al gobierno, ya por determinación del gobernador16.
Si, por otra parte, nos centramos en la fi gura del gobernador, las
recurrentes crisis muestran la otra cara de la política, el ámbito de
acción de las facciones y caudillos. Los enfrentamientos involucraban
simpatías y animadversiones políticas, motivos personales, lealtades
y rivalidades alimentadas en la guerra de independencia, y también
heridas económicas, que cada grupo buscaba cauterizar una vez en
15 Así en octubre de 23, el Cabildo afi rma que no tiene facultad para entender
sobre la validez o nulidad de los actos electorales que corresponde “privativamente a
la Junta como depositaria de la Soberanía del pueblo...”, Archivo Histórico de Tucumán,
Actas Capitulares, 1823, f. 325. Acerca de la extinción del cabildo en Tucumán,
véase mi artículo “Presencias y ausencias del Cabildo en la construcción del orden
provincial: el caso de Tucumán 1770-1830”, Araucaria núm. 18, segundo semestre de
2007, pp. 236-265.
16 En junio de 24 la Sala suspende sus actividades “devolviendo sus poderes y
facultades al Pueblo” y deposita en el gobernador López las facultades establecidas en
el reglamento de 17, funciona irregularmente hasta noviembre en que hay nuevas elecciones.
Durante la segunda ocupación de la ciudad por Quiroga, en 1827, se disuelve
la Sala en julio y se reinstala en diciembre. Mientras tanto, para las atribuciones del
gobernador rige la Ordenanza de Intendentes. Durante la tercera invasión de Quiroga,
desde noviembre de 1831, hay una “laguna” de dos meses en las fuentes.
Ante los pronunciamientos el mecanismo suele ser el siguiente: la sala devuelve
sus atribuciones al pueblo y se elige una nueva. Después del triunfo de López sobre
Aráoz en 23 se elige una nueva sala, también en mayo de 1825, tras el levantamiento
de José Manuel Helguero y en diciembre del mismo año después del triunfo de Lamadrid
sobre López en La Ciudadela. Como caso anómalo, el gobernador Manuel Lacoa
destituye a toda la administración anterior en enero de 1829, la nueva sala nombra gobernador
a Xavier López. Sección Administrativa, Actas de la Sala de Representantes.
Véase también: CARLOS PÁEZ DE LA TORRE, Historia de Tucumán, Plus Ultra, 1987.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 373
el poder, infl igiéndole más daño al adversario. Los empréstitos, las
requisas militares, los cambios en el funcionariado tanto civil como
militar, muestran una vida social y política azarosa. Los gobernadores
hacen referencia a la violencia cotidiana, fruto de la “anarquía” cuyos
peligros ellos prometen extirpar. Entre 1822 y 1832, la provincia tuvo
diecinueve gobernadores.
De estos dos ámbitos de poder, el de la legislatura encarna la
continuidad, la legalidad; pareciera que la lucha política no se da allí;
el confl icto se resuelve en el otro ámbito, el del gobernador y las facciones.
La frecuencia de los levantamientos militares no determina
necesariamente la ausencia de una legalidad institucional. La legislatura,
que goza de una continuidad aceptable, legitima los cambios en el
poder ejecutivo y una vez puestos en funcionamiento les da también un
marco de legalidad permitiendo que el periodo no sólo sea una sucesión
de golpes militares sino también una fase de organización del estado
provincial y de incorporación de las normas y prácticas liberales a los
nuevos estados.
Durante 1823 la Sala de Representantes fue despojando al cabildo
de sus atribuciones. Organizó la justicia en tres instancias y reunió los
propios a las rentas provinciales. El 29 de marzo de 1824 la Sala de representantes
declaraba la extinción del Cuerpo municipal “habiéndose
tomado en consideración de que el Cuerpo municipal, era insignifi cante,
y sin objeto a quien consagrar sus funciones el Gobierno.”
3. La ausencia del cabildo, la organización de la justicia y la
relación entre los poderes
Los primeros pasos en la construcción del estado provincial se
dan a partir del desmantelamiento del Cabildo y la redistribución de
sus funciones. La división de poderes, es sólo una expresión de deseos.
La Junta de representantes reúne el poder legislativo y, en su versión
ampliada, el constituyente. Pero ejerce además atribuciones de distinto
orden: crea y suprime empleos, fi ja sueldos, elige al gobernador,
establece tribunales, interviene en las elecciones aprobando actas o
estableciendo tachas en las elecciones de jueces, etc.
374 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Las funciones del viejo cabildo se repartieron entre el poder judicial
y el departamento de policía que se organizó también en estos años.
El poder judicial comenzó a tomar forma en sus tres instancias. Los
alcaldes ordinarios renunciaron a sus empleos y fueron reemplazados
por jueces en lo civil y criminal, se mantuvo el cargo de Procurador
general con las atribuciones de defensor de pobres y menores reuniendo
además las que tenía el Síndico del Común. Los propios y arbitrios
de la ciudad pasaron a la masa común de Hacienda. Los gastos de los
asesores que llamasen los alcaldes para las causas civiles serían pagados
por las partes, y en las causas criminales serían cubiertos por los
abogados que residieran en la Provincia sin honorarios, siempre que el
reo fuera tenido en el concepto de pobre; no podían excusarse por la
ley sobre cargas públicas17.
A fi nes de 1823 se había establecido un tribunal de alzadas de la
provincia integrado por tres vecinos nombrados por el gobierno con
conocimiento de la sala de representantes. El máximo nivel de apelación
de la provincia era el Tribunal Superior de la Provincia, integrado
por el gobernador y los individuos que él mismo eligiese de una lista
de presentación de dos vecinos de probidad y juicio propuesta por las
partes, con lo que el gobernador conservaba el poder judicial de apelación18.
El Tribunal Superior conocía en todos los recursos de segunda
suplicación, nulidad e injusticia notoria, en lo civil y en lo criminal.
Estos recursos habían estado reservados al Consejo de Indias durante
la colonia y fueron heredados por el poder ejecutivo19. Al desaparecer
con la revolución las instituciones de la monarquía y luego, con la
caída del poder central, las de la nación, los poderes provinciales van
absorbiendo todas estas instancias de poder20.
17 Actas de la Sala de Representantes, 29 de marzo de 1824.
18 De hecho en la tradición colonial los gobernadores actuaban en instancias de
apelación sobre todo en los territorios alejados de una Audiencia como era el caso de
Tucumán. TAU ANZOÁTEGUI y MARTIRÉ, Manual... cit.
19 Ibídem.
20 Seghesso de López Aragón hace notar que el caso de los recursos de segunda
suplicación, nulidad e injusticia notoria, fue el primer vacio de relevancia que se presentó
en el marco jurisdiccional: “desde 1810 el camino en búsqueda de una autoridad
a quien asignar el conocimiento de los mismos deambuló hacia el ejecutivo y hacia
comisiones ad hoc hasta que fi nalmente, con la frustrada carta de 1819, esta última
instancia quedó en manos de una Alta Corte” en SEGHESSO, ob. cit., p. 86.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 375
En 1824 se intentará ordenar las atribuciones de los alcaldes de la
hermandad de la campaña, a pesar de lo cual seguirán siendo siempre
ambiguas y amplias y permanecerán como funcionarios judiciales,
vehículos de gobernabilidad, agentes electorales, policiales, militares,
intermediarios sociales y territoriales21. No obstante sus atribuciones
específi camente judiciales aparecían limitadas por su naturaleza de
delegación y por el nivel de causas. Podían intervenir en casos de Real
Hacienda de hasta 50 pesos y actuaban en las causas civiles y criminales
sólo como delegados de los jueces ordinarios para presentar las
causas a los jueces. La reglamentación ponía el acento en que “el conocimiento
en causas civiles que tienen los alcaldes de hermandad no
sea por ley sino por medio de derivación o delegación de las que tienen
los alcaldes ordinarios”22.
El Reglamento de justicia de 1825 establecía que el poder judicial
residía originariamente en la Provincia y declaraba su independencia
respecto del ejecutivo y legislativo. A pesar de esta declaración, la
relación con la Sala de Representantes era estrecha, no sólo porque
nombraba al cuerpo de jueces, sino porque el reglamento imponía una
seria limitación al negarles a los jueces la facultad de interpretar la ley
obligándolos a consultar a la sala en caso de dudas23. El artículo 3 establecía
que “De ninguna manera es permitido a los Jueces interpretar la
Ley y en los casos dudosos consultaran a la Legislatura de la Provincia
para obtener de ella las explicaciones o ampliaciones convenientes”24.
Según Seghesso de Aragón esta fuerte restricción de la potestad judi-
21 En los últimos años numerosas contribuciones de la historiografía han mostrado
la amplitud de atribuciones que adquieren en esta época estos funcionarios que
Halperin Donghi llamaba “autoridades locales de aplicación”. La justicia en la campaña
ha sido estudiada en distintas provincias, entre otros, Salvatore, 1994, Ternavasio,
1995, Cansanello, 1995, Tío Vallejo, 1998, Garavaglia, 1999, Gelman, 2000, Fradkin
y Barral, 2003, Sanjurjo, 2004, Romano, 2002-2006, Molina, 2007, Agüero, 2008.
22 Sección Administrativa, vol. XXX, fol. 54, junio 11 de 1824.
23 ABELARDO LEVAGGI, Orígenes de la codifi cación argentina: los reglamentos de
administración de justicia, Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino,
1995. La prohibición de que los jueces interpretaran la ley aparecía en los reglamentos
de 1811 y 1817 y también en 1813 en el proyecto de la comisión ofi cial que sostenía
que “los jueces deben juzgar por el texto expreso de la ley. Toda interpretación o
arbitrariedad es un crimen del que responderán personalmente”.
24 Actas de la Sala de Representantes, p. 144.
376 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
cial, que categorizaba a la interpretación como un delito, estaba cifrada
en una desconfi anza hacia el juez y en una sobrevaloración de la ley
que se enmarcaba en el mundo ideológico del racionalismo jurídico25.
El cuerpo de jueces estaba formado por los jueces en lo civil y
criminal, el procurador –que sólo tenía voto consultivo–, y el juez de
Alzadas26. Este cuerpo de jueces nombraría a los alcaldes de la hermandad
de los distintos partidos y a los alcaldes de barrio de la ciudad.
La lista de individuos elegidos pasaba para su aprobación a la sala de
representantes que podía rechazar y proponer otros nombres, el cuerpo
judicial debía elegir entonces a otro candidato27.
El reglamento establecía los procedimientos para el juzgado del
Crimen, indicando que toda sentencia debía ser acompañada de dictamen
de letrado; de las sentencias del juez del crimen podía apelarse
directamente al tribunal que designara la sala. Por lo demás, quedaba
sujeto a lo prescripto por el Reglamento del 17.
En 1826 una ley de la Sala de Representantes complementaba la
organización de la justicia. Se reconocían tres instancias de apelación
en las causas criminales y civiles, de 1ª y 2ª nominación y de apelación.
De la sentencia de los jueces de 1ª instancia se apelaría directamente
25 SEGHESSO, ob. cit., p. 87. Ternavasio, en cambio, dice que se trataba de una
fórmula retórica que hacía eco del nuevo clima de ideas pero que “carecía de una
traducción institucional capaz de ponerla en acto”. TERNAVASIO, Gobernar... cit., p.
163. Véase también la refl exión de Díaz Cosuelo sobre el Reglamento del 17 acerca
de este punto en el artículo citado.
26 La fi gura del Juez de Alzadas aparecía ya en el Reglamento de 1817 pero en ese
caso se establecía el nombramiento por el Director Supremo de un Juez de Alzadas
para cada provincia, con sueldo y carácter de letrado.
27 Las actas de la Sala muestran casos en que la Sala cuestionaba a algunos jueces
electos. En 1825 la Sala no aceptó a uno de los electos “a quien se gradúa inapto por
ser algo fatuo; y para llenar este vacío hay otros varios sujetos de conocida providad
como es Don José Antonio San Martín y Marcelino López; en el de Chicligasta Don
Feliz Cabezas no sabe leer ni escribir...Don Joaquín Zelaya es hombre de bien y de
bastante instrucción; en el de los Leales Don Manuel Rentería es nuevamente reelecto
y se le conceptúa cansado de servir y si es del agrado de VH reponerlo hay dos
sujetos que son don Antonio Brito y Don Francisco Campero...” De estos individuos
propuestos por la sala sólo uno es nombrado luego por el cuerpo de jueces. Sección
Administrativa, t. XXXI, fol. 19.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 377
al Juez de Alzadas28. Si fuera revocada la sentencia de 1ª instancia por
el juzgado de alzadas, habrá lugar al recurso de súplica sólo cuando se
trate de causas de más de cien pesos. El recurso de súplica se presentaría
ante el mismo juez de alzadas quien conocerá en la causa asesorada
por los jueces de 1ª nominación que no hayan intervenido en la causa y
“dos vecinos honrados” nombrados por las partes. Se mandaría pedir
asesoría dentro o fuera de la provincia sólo en las causas en que lo
reclamen al menos dos de los conjueces. Quedaban abolidos los casos
de corte y las apelaciones por injusticia notoria29. Se establecía la vigencia
de esta ley “hasta la designación de tribunales por la autoridad
nacional”.
Toda tentativa de organización o de incipiente independencia del
poder judicial se vio obstaculizada por la escasez de abogados y la
necesidad de que el juzgado de apelación fuera ocupado por un letrado;
los confl ictos entre las provincias y los vaivenes del poder central
difi cultaban la apelación fuera de la provincia.
Gobierno y representación hallaban un “cuello de botella” a su
desarrollo en la carencia de ciudadanos dispuestos y capaces de ejercer
las funciones públicas. Los ciudadanos con instrucción eran pocos y
las necesidades del gobierno muchas, sólo los puestos de gobernador y
asesores y secretarios tenían buenos sueldos. El funcionariado era una
carga pública, así tuvo que establecerlo por ley la sala de representantes
ante las asiduas renuncias de jueces, procuradores, representantes30.
Las nuevas instituciones provinciales exigían ciertos requisitos de
instrucción y experiencia para las distintas funciones de representación
y la cobertura de los cargos de los poderes. Las posibilidades de elección
estaban reducidas a un exiguo grupo de notables en condiciones
28 La cobertura del cargo de juez de alzadas fue un problema permanente ya que
debía ser letrado y no recibía remuneración. En 1826 se decidió que el juez de alzadas
debía ser letrado, nombrado por el gobernador y con un sueldo anual; todavía en los
treinta Heredia volvería a insistir en lo mismo.
29 Los “casos de corte” eran competencia originaria de las audiencias, se trataba
de pleitos en que eran parte los cabildos, los alcaldes ordinarios, corregidores, ofi ciales
reales y los procesos por delitos gravísimos como la falsifi cación de moneda. TAU
ANZOÁTEGUI y MARTIRÉ, Manual... cit.
30 La Sala de Representantes declara cargas públicas los empleos de la provincia,
bajo pena de expatriación, 23 de marzo de 1824.
378 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
de ejercer estas funciones. Claro que la resistencia a ocupar cargos
está asociada también al temor que ocasiona una época de continuos
cambios de gobierno, de violencia y represalias31.
En la comparación con otros casos provinciales estudiados, como
los de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, es notable lo rudimentario
de la organización judicial tucumana. Llama la atención la falta de organización
en distritos salvo los antiguos partidos coloniales –aunque
hay que considerar las diferencias en cuanto a espacios territoriales y
población con estas provincias–, la ausencia de un ordenamiento equivalente,
por ejemplo, al Reglamento de policía de 182832 de Mendoza
o las múltiples reglamentaciones sobre jueces de paz de Córdoba33. Sin
embargo, Sanjurjo muestra cómo en Mendoza frente al moderno Reglamento
de Policía de 1888, el Reglamento de Estancias de 1834 volvió a
31 La documentación abunda en ejemplos de renuncias y excusas para no aceptar
cargos. Entre ellos citamos uno particularmente signifi cativo por la ambigua relación
entre representación y justicia que revela: en 1829 hay una presentación al gobernador
de Don Pedro Antonio Zavalía pidiendo la revocación del nombramiento de juez de
primera nominación hecho en su hijo Salustiano por ser menor de edad (tiene 21 años).
El padre argumenta que en el Reglamento de 1817 se establece la edad de 25 años
para el goce de los derechos ciudadanos y que ejerce aún la patria potestad sobre él.
El gobernador López le contesta que tiene atribuciones “para llamar a estos destinos
a los que tengan edad de 20 años” y no considera que este en contradicción con el
reglamento provisorio. Que un juez pudiera tener menos edad que un ciudadano activo
es una evidencia contundente del insufi ciente número de letrados disponibles para las
funciones de justicia. Sección Administrativa, vol. XXXV, fols. 352-354.
32 SANJURJO, La organización... cit. El Reglamento de Policía mendocino de 1828,
de fuerte tono racionalista e infl uencia napoleónica, establecía un sistema jerarquizado
de funcionarios distribuidos sobre la base de la división del espacio en departamentos
y de éstos en cuarteles. Al frente de cada departamento se colocaba a un comisario,
subordinado al jefe de policía y de cada cuartel a un decurión subordinado al comisario
de su departamento. El reglamento contribuía a fortalecer el poder ejecutivo de
los gobernadores, traspasando además las viejas atribuciones del cabildo al jefe de
policía. Intentaba separar la esfera de la justicia y la policía que habían estado unidas
en los jueces capitulares, de la misma manera que lo había intentado Rivadavia en
Buenos Aires.
33 SILVIA ROMANO, “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces
de la campaña cordobesa en las primeras décadas del siglo XIX y la construcción del
estado provincial autónomo”, en F. HERRERO (comp.) Revolución. Política e ideas en
el Río de la Plata durante la década de 1810, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas,
2004. ALEJANDRO AGÜERO, ob. cit.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 379
reunir en forma acumulativa las tradicionales cuatro causas previstas
en la época colonial en la fi gura del subdelegado.
Si comparamos con el caso de Buenos Aires también asombra la
contraposición con la modernidad de la “feliz experiencia” de Rivadavia.
Pero aún en este caso, los intentos de separar los ámbitos de
la baja justicia y la policía y los denodados esfuerzos por ordenar la
campaña chocarán con la supervivencia de las atribuciones coloniales
de los alcaldes tanto en la mentalidad de los funcionarios como de los
gobernados. Este fracaso será capitalizado por Rosas que convertirá a
los jueces de paz en “uno de los engranajes del régimen de unanimidad”
34, proceso éste que Alberdi señala como una consecuencia directa
de la desaparición del cabildo.
Es en la baja administración de justicia en donde la confusión de
atribuciones es más patente, a pesar de las intenciones ilustradas de
algunos gobiernos, o gracias al “pantano” institucional generado por la
contradicción entre la necesidad de gobernabilidad y las pretensiones
de reforma.
Parece que por todos los caminos, ilustrados y modernos, o más
bien simples, se llegó a un mismo resultado. La rudimentaria vía tucumana,
más cercana a las prácticas coloniales, derivó también en el
gobierno de Heredia en un gobierno de los jueces subordinado al gobernador.
No obstante las diferencias notables en los niveles de modernización
de los distintos ordenamientos provinciales, la tendencia parece
haber sido la concentración de poder en los ejecutivos provinciales y
la supervivencia de la confusión de funciones de baja justicia y policía
en los jueces de campaña35.
¿Cómo medir el espesor de ese barniz de absolutismo legal que las
nuevas reglamentaciones revolucionarias habían aplicado? ¿Fue el raquitismo
institucional de las provincias lo que difi cultó su penetración
o fue su extrañeza respecto de la cultura jurídica dominante?
34 MARCELA TERNAVASIO, “Entre el cabildo colonial y el municipio moderno: los
juzgados de paz de campaña en el estado de Buenos Aires”, en M. BELLINGERI (coord.),
Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y
administración en Iberoamérica, Torino, Universitá degli Studi di Torino, Italia, Otto
ed., 2000, pp. 295-336.
35 Véanse los citados trabajos de TERNAVASIO y SANJURJO.
380 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
4. Los gobernadores y la justicia
Muchos parecen ser los caminos por los que se fortaleció el papel
del Gobernador en Tucumán, en primer lugar su existencia misma
como autoridad local una vez que se separó de la capital salteña, la
guerra permanente desde la revolución y la desaparición del Cabildo y
de instancias superiores de autoridad territorial.
El poder ejecutivo del gobernador se basaba principalmente en el
control y apoyo de las principales fuerzas militares de la provincia y
la alianza efectiva o virtual de alguna provincia limítrofe o de Buenos
Aires, según las épocas. Por lo general, fueron gobiernos débiles en la
paz y fuertes en la guerra, lo que explica su fortalecimiento hacia fi nes
de la década del 20, en que nuevos mecanismos legales como la concesión
de facultades extraordinarias por parte de la legislatura provincial,
y un presupuesto militar creciente, coadyuvaron a un mayor poder de
los gobernadores. Sin embargo, ese fortalecimiento del poder ejecutivo
en épocas de guerra fue una herencia para los años treinta, en los que
encontramos un gobernador consolidado gracias a la alianza con el
poder de Rosas y una mayor gobernabilidad del espacio provincial.
¿Cuál es el marco legal en que se desarrolla este proceso? Cristina
Seghesso ha utilizado, para el periodo comprendido entre 1820 y 1854
en Mendoza, el concepto de “constitución cuasifl exible”, por el mecanismo
de reforma de la estructura política que respondía a la legislación
común y porque alternativamente se sigue o a la constitución del 19 o
al reglamento del 1736. En el caso tucumano se siguen distintas reglamentaciones
de origen “nacional” y se complementan y adaptan con
instrumentos legales de origen local. Los continuos golpes de fuerza
que provocan frecuentes cambios de la cabeza del poder ejecutivo hacen
también variar las fuentes legales; por ejemplo, en el caso de las
atribuciones del gobernador, éstas serán regidas generalmente por el
Reglamento de 1817, pero en ocasiones se vuelve a la Ordenanza de
Intendentes.
36 SEGHESSO DE LÓPEZ ARAGÓN, Historia constitucional de Mendoza, Mendoza,
1997. Citado en SANJURJO, “Los Poderes...” cit., Seghesso adapta la expresión “régimen
de normas fundamentales fl exibles” de Pérez Guilhou.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 381
La norma más regularmente vigente parece haber sido el Reglamento
del 17, aunque se otorgaron facultades extraordinarias en
diversas oportunidades. Después del fusilamiento de Aráoz y en el
gobierno de López, aunque siguen vigentes las atribuciones del 17,
la Sala le otorga facultades extraordinarias y se aplica la Ordenanza
de Intendentes para las atribuciones del asesor. El reglamento del 17
reemplazaba al teniente asesor por un secretario letrado. El asesor de
la Ordenanza tenía funciones judiciales; es probable que el sentido de
esta rectifi cación haya sido conservar funciones judiciales en la esfera
del gobernador. La Sala vuelve a otorgar facultades extraordinarias en
1827, año en que se suspenden los fueros y hay ley marcial. Durante
la invasión de Quiroga, a fi nes de 1827, se establece la Ordenanza de
Intendentes para las atribuciones del gobernador. La Sala permanece
disuelta desde la invasión de Quiroga en julio hasta diciembre. Cuando
se vuelve a reunir, establece que el Poder Ejecutivo (ejercido en ese momento
por José Venancio Laguna, el gobernador puesto por Quiroga)
queda relevado de su sujeción al reglamento del 17, que “podrá aceptar
de éste los artículos que estén en consonancia al estado actual de la
provincia y convengan al mejor orden, tranquilidad y prosperidad de
ella” y que “el Código de Intendentes en todo lo que no se oponga a la
Independencia en general del País y a la seguridad individual de sus
habitantes, es la constitución civil provisoria de la Provincia y por la
que se regirá el Poder ejecutivo hasta tanto la Honorable representación
provea lo que convenga” . Una vez retiradas las tropas, restablecida la
Sala, elegido nuevo gobernador Silva tras la renuncia de Laguna, se
vuelve al Reglamento del 17.
La Sala de Representantes establece normas, cambios y adaptaciones
a las reglamentaciones disponibles. La diferencia más importante
entre las atribuciones que la Ordenanza de Intendentes daba a los gobernadores
y el Reglamento del 17, estaba en la autonomía del poder
judicial y en el control sobre los cabildos. El Reglamento eximía al
gobernador de toda participación en causas civiles o criminales, mientras
que el gobernador intendente borbónico tenía múltiples funciones
judiciales.
No obstante el gobernador provincial tucumano tuvo distintas funciones
judiciales a lo largo de estos años. Gracias a este ecléctico uso de
382 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
viejos y nuevos ordenamientos, y acicateadas las instituciones por las
urgencias de la guerra, la esfera de poder del gobernador va creciendo.
Lo que en la década del veinte era extraordinario pasa a ser lo regular
y a constituir un ordenamiento formal en la del treinta.
Retomemos algunos datos de las atribuciones judiciales que el
gobernador ha ido teniendo en estos años. Integraba el Tribunal Superior
de la provincia de 1823 que era un tribunal de apelación; el asesor
letrado del gobierno tenía funciones judiciales que eran herencia de
las que tenía este funcionario según la Ordenanza de Intendentes. El
gobernador actuaba en primera instancia en casos de hacienda y desde
luego era la cabeza de todos los asuntos militares. En 1826 se decidió
que el Juez de Alzadas sería nombrado por el gobernador37. También
en este año, en forma extraordinaria, se lo autoriza a nombrar jueces
por un año. En los borradores de gobierno de 1829 puede verse que los
comisarios y jueces le presentan acusaciones que el gobernador deriva
al juez del crimen con aconsejamientos.
Estas atribuciones extraordinarias y temporales comienzan a
crecer y a extenderse a otros ámbitos hacia fi nes de la década, cuando
varios años de guerra ininterrumpida han convertido la emergencia en
situación cotidiana. En febrero de 1829 la Sala autoriza al gobernador
a realizar las reformas que considerare necesarias en la administración
pública. Con este “cheque en blanco” de la legislatura, el gobernador
se muestra liberal con un decreto de garantías individuales38. En junio
de ese año, el gobierno dirige a los jueces en lo civil y criminal un
37 Veamos aquí una vez más un ejemplo de cómo atribuciones que los ordenamientos
constitucionales establecían para el gobierno central como la de nombrar
jueces de alzada en las provincias en el caso del Reglamento de 17, revierten en facultades
de los gobernadores en las provincias autónomas.
38 Sección Administrativa, vol. XXXV, fol. 58. En el periodo estudiado hay dos
decretos del gobernador sobre garantías individuales. En agosto de 1824 hay unas
disposiciones sobre seguridad individual que establecen que “toda persona que tenga
arraigo o buena opinión queda exceptuada de la prisión mientras no se pruebe la
complicidad” y que “no se destinara al servicio de obras públicas a personas alguna
mientras no sea por decreto de autoridad competente… y también establecía que
“los vagos y jugadores podrán se r destinados a obras públicas desde el instante que
se pruebe el delito”. El de 1829 durante el gobierno de Xavier López establecía que
ningún individuo podía ser destinado a la cárcel publica sin una orden escrita de autoridad
competente, ni podrán ser arrestados salvo en caso de crimen in fraganti.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 383
decreto con un nuevo orden a seguir en la administración de justicia39.
Las medidas del gobernador mostraban las difi cultades de la organización
de la justicia y los múltiples obstáculos que las tendencias de
transformación de los primeros años de la década habían encontrado
en su camino. Se ordenaba un tribunal de apelación que conocería el
último recurso en todas las negociaciones contenciosas tanto civiles
como criminales, se suprimía el empleo de asesor de los juzgados y se
exoneraba a los jueces del deber de despachar con asesor fuera de los
casos en que las partes lo solicitasen. Se anunciaba la convocatoria a los
jueces para conformar un tribunal de primera instancia40. En diciembre
de 1829 Xavier López vuelve de la campaña militar a la gobernación
y nombra al cuerpo de jueces y a los alcaldes de la hermandad para el
año siguiente.
Si bien los reglamentos de justicia establecían que el cuerpo de
jueces sería nombrado por la sala de representantes y que a su vez este
cuerpo designaría a los alcaldes territoriales, las circunstancias de excepción
pasaron a convertirse en norma y el gobernador intervino cada
vez más en el nombramiento de los jueces.
La concentración de funciones en el ejecutivo provincial se hace
patente durante el gobierno de Alejandro Heredia, pero no se trata de
un nuevo elemento. Se ha visto que en los años en que la guerra se
vuelve cotidiana las atribuciones del gobernador crecen. Las facultades
extraordinarias de las que gozó Heredia durante buena parte de
39 Sección Administrativa, vol. XXXV, fol. 123.
40 Un par de meses después del decreto del gobernador Paz, el Supremo Tribunal
de Justicia se dirige al gobernador pidiendo la devolución de un expediente judicial
que ha llegado a sus manos por el recurso “inadecuado e impropio con los principios
legales “que ha iniciado un tal Ximénez. El tribunal alega que “estando divididos los
poderes representativos con total independencia de unos a otros” y cita el reglamento
del 2 de junio dado por el gobernador, “no habiéndose reservado jurisdicción alguna
para conocer con imperio de magistrado en los negocios contenciosos “no se entiende
por que participaría el gobernador de dicha causa. El gobernador no hace lugar a la
queja interpuesta y lo devuelve al tribunal. En el mismo año el tribunal le consulta al
gobernador acerca de la competencia en los confl ictos en torno a tierras de la capital
que se suscitan por los trabajos del agrimensor general de la provincia y el gobernador
contesta que entran en competencia de los juzgados. Sección Administrativa, vol.
XXXV, fs. 238-241 y 286.
384 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
su gobierno habían sido ensayadas en momentos de crisis en los años
anteriores.
5. Justicia lega y justicia letrada, justicia rural y justicia urbana
Diversos estudios sobre la administración de justicia en el largo
periodo de transición que transcurre entre 1810 y 1860, revelan la coexistencia
de los ordenamientos judiciales coloniales con los nuevos
ensayos constitucionales, de la justicia lega con la letrada, la continuidad
de una sociedad estamental, jerárquica, fuertemente infl uida por
la religión, pero que al mismo tiempo va mostrando ciertos cambios en
los modos de concebir las diferencias entre los individuos41.
Una de las preguntas que me he planteado es si podría entenderse
esta coexistencia a través de la contraposición de una justicia urbana
con una justicia rural. Para ello he hecho una primera exploración de
los expedientes judiciales de las décadas del veinte y el treinta, teniendo
presente, como horizonte de comparación, estudios hechos para Buenos
Aires, Mendoza y Córdoba.
La Sección Judicial del Crimen del Archivo Histórico de Tucumán
contiene aproximadamente 150 expedientes para el periodo que va entre
1820 y 1840, lo que arroja un promedio de 7,5 expedientes por año.
Dentro de esta exigua documentación, una tercera parte corresponde
a causas elevadas por los jueces de campaña. Se trata en la mayoría de
los casos de pendencias y simples robos de ganado que llegan a los tribunales
ordinarios de la ciudad, generando procesos judiciales, los que
parecen excesivos para los asuntos que los originan. Da la impresión,
en una primera exploración no exhaustiva de las fuentes, que los jueces
pedáneos tienden a elevar las causas a la justicia ordinaria, al menos
en la década del veinte.
41 Hay una importante producción historiográfi ca sobre estos temas que sería
difícil refl ejar en este espacio. Además de los autores citados en nota 21, véanse, como
referencia, aunque no agotan la producción para todos los espacios provinciales, dos
compilaciones que se publicaron en 2007. RAÚL O. FRADKIN (comp.), El poder y la
vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del estado en el Buenos Aires rural,
Prometeo, 2007. JUAN MANUEL PALACIO y MAGDALENA CANDIOTI (comps.), Justicia,
política y derechos en America Latina, Prometeo libros, 2007.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 385
Alejandro Agüero sostiene, para Córdoba, la tesis de una consolidación
de la justicia doméstica alimentada por una independencia de
los jueces territoriales que estaría sustentada legalmente por el esquema
de jueces pedáneos subordinados a jueces de alzada territoriales
por partido, establecidos por el Reglamento para la administración de
justicia en la campaña dictado en marzo de 182342. En el caso cordobés
notamos una minuciosa reglamentación de la justicia en la campaña
que otorga amplias atribuciones a los jueces. El Reglamento reviste a
los jueces territoriales de los instrumentos necesarios para el control
y la represión de los sectores subalternos, fundando una cuasi independencia
de estos jueces respecto de la justicia urbana en los asuntos
relacionados con el sistema productivo predominante en la campaña,
en especial el ganado y la seguridad de los caminos. Si comparamos
con la justicia territorial de los años veinte en Tucumán, es nítido el
contraste con esta provincia, en donde una rudimentaria reglamentación
para la justicia en la campaña y una pobrísima burocracia judicial
parecen indicar una mayor articulación ciudad-campo quizás dada por
la estructura espacial más compacta y pequeña de la provincia de Tucumán43.
Mientras en Córdoba hay alrededor de un centenar de jueces
pedáneos para una población en el periodo de entre 75.000 y 100.000
habitantes, en Tucumán sólo hay seis alcaldes pedáneos para una población
de entre 25.0000 y 30.000. Tengamos en cuenta que, pese a las
diferencias de población, Tucumán es la provincia con mayor densidad
demográfi ca del espacio rioplatense en el siglo XIX44. Los alcaldes partidarios
de Tucumán, por la extensión de su jurisdicción, serían en todo
caso comparables a los Jueces de Alzada por partido establecidos por el
42 Los jueces territoriales de Córdoba han sido trabajados por una prolífi ca historiografía
desde los trabajos de ROBERTO PEÑA, “Los jueces pedáneos de la provincia
de Córdoba”, en Revista de Historia del Derecho núm. 2, 1974. Tomamos aquí como
referencia los más recientes de SILVIA ROMANO y ALEJANDRO AGÜERO.
43 Un estudio cuantitativo más exhaustivo como el realizado para la provincia de
Buenos Aires para los procedimientos civiles podría dar datos acerca de los alcances
de la justicia letrada en la campaña. NIDIA N. ROBLES, “La justicia civil en la campaña
bonaerense: una aproximación cuantitativa (1825-1834), en Prohistoria 5, 2001. Barral,
Fradkin, Luna, Peicoff y Robles en FRADKIN, El poder... cit..
44 ROBERTO PUCCI, “La población y el auge azucarero en Tucumán”, en Breves
Contribuciones del Instituto de Estudios Geográfi cos Núm. 7, pp. 74-76, Tucumán,
Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 1992.
386 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Reglamento de Córdoba de 1823, y en ese caso es aún más signifi cativa
la diferencia entre las atribuciones de los jueces de ambas provincias.
En Tucumán los jueces territoriales seguían teniendo en la década
del 20 las mismas atribuciones judiciales que antes de 1810. Iniciaban
los sumarios tomando testimonio a los testigos, registrando una primera
confesión del reo y luego elevaban la causa a la justicia ordinaria.
Es de imaginarse que buena parte de los delitos cometidos en la campaña
se resolvieran, como dice Agüero, de forma doméstica, con una
intervención directa de las fuerzas del juez. Y no hay que olvidar que
muchas veces los jueces territoriales unían a sus atribuciones judiciales
las de ser comandantes de campaña, lo que les daba un enorme poder
de coerción.
En la justicia cordobesa las atribuciones de los jueces están explícitamente
reglamentadas, mientras que en el caso tucumano se trata de
instrucciones más preocupadas por insistir en el papel delegado de los
jueces respecto de la justicia ordinaria que de dotarlos de un poder efi -
ciente; aunque veremos que esto cambiará a partir de la década del 30.
Ya en la época colonial se notaba una preocupación de la elite capitular
por poner límites a los jueces territoriales quizás para evitar que éstos
se constituyeran en individuos poderosos y amenazantes para la propia
elite; era claro que la justicia que administraban los jueces pedáneos
era una justica hacia abajo y no hacia los pares.
Mientras en Córdoba el reglamento de justicia de la campaña de
1823 permitía al juez pedáneo, constituido con dos vecinos en tribunal,
la aplicación de hasta 200 azotes a un reo sorprendido infraganti, los
jueces territoriales de Tucumán sólo podían detener al acusado y formar
la cabeza del proceso.
Ya en los años treinta, con el gobierno de Alejandro Heredia, la
justicia rural adquiere características que la asemejan a la cordobesa.
A diferencia de lo que observábamos para los años veinte, en 1834, en
los fundamentos de un proyecto de ley para fundir los dos juzgados,
criminal y civil en uno solo, se argumentaba que son “muy pocas y
raras las causas sometidas a esta jurisdicción por cuanto los primeros
hechos se examinan por la policía que por su naturaleza no merecen
un proceso formal”45.
45 Archivo de la Legislatura de Tucumán, año 1834. Caja 1. Legajo general 22.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 387
Durante el gobierno de Heredia, las reglamentaciones acerca de
la administración de justicia y policía en la campaña son mucho más
minuciosas y se originan en el propio Gobernador. Las atribuciones
de los jueces son más amplias; la acción de la policía, los comandantes
militares y los jueces, se erige en un poderoso brazo del estado
provincial y de los propietarios del campo. Este proceso de cambio en
la reglamentación de las atribuciones de los jueces va de la mano del
paulatino traspaso del nombramiento del cuerpo judicial de la sala de
representantes al gobernador.
Se establece que los salteadores de caminos y saqueadores de casas
fuesen fusilados “por medio de un proceso breve y sumario sin otro
requisito que el de su confesión y la deposición de dos o tres testigos”46.
El obsesivo reglamentarismo de Heredia cubre la campaña con una red
de agentes policiales, de justicia, militares y utiliza también a los curas
y los hacendados para vigilar y castigar. Se establece la obligación
de elevar minutas precisas de la acción judicial, informes y padrones
sobre todos los ámbitos de la vida social y económica. Se reglamentan
todas las actividades de las personas, incluso el uso del tiempo libre,
control del juego y el consumo de alcohol, y otros aspectos de la vida
cotidiana que revelan una administración preocupada por sujetar a la
población a los agentes policiales, judiciales y militares y, a su vez, a
éstos al gobierno.
Al mismo tiempo, y contrastando con esta justicia doméstica, la
justicia urbana se moderniza. Se prohíbe que los juzgados ordinarios
reciban ningún escrito sin fi rma de abogado. Se reglamenta el juzgado
de alzada con sueldo y condición de ser letrado. Se diseñan dos justicias
para dos ámbitos: en la ciudad, la justicia que se ha de aplicar entre los
notables; en el campo, la justicia que los notables ejercerán sobre los
sectores subalternos y que no goza de los benefi cios de las ideas del
nuevo siglo.
Volviendo al caso de Mendoza, al que nos referimos más arriba,
Inés Sanjurjo muestra cómo el reglamento de Estancias de 1834, a contrapelo
del empeño de la reglamentación de 1828 por separar justicia y
46 MANUEL LIZONDO BORDA, Documentos argentinos. Gobierno de Alejandro
Heredia, Tucumán, 1939.
388 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
policía, inviste al subdelegado de amplias atribuciones judiciales, similares
a las de los jueces de alzada de Córdoba y a las que las prácticas
de Heredia instaurarían en Tucumán. Se percibe así un amplio espectro
de situaciones provinciales, de Buenos Aires a Mendoza y de Córdoba a
Tucumán, en las que “las autoridades de aplicación”, según la expresión
de Halperín, se afi anzan en la campaña y en donde la baja justicia y la
policía desdibuja sus fronteras.
¿Qué explica las diferencias entre las atribuciones de los jueces en
un momento y otro? ¿Sería posible pensar que los años veinte experimentan
las secuelas de una ilusión constitucionalista que se ha observado
para otros ámbitos de la vida política en toda América Latina?
¿Serán los años treinta la expresión de un escepticismo pragmático
que olvida los ideales revolucionarios de libertad e igualdad civil y se
concentra en ordenar un estado que consolida a una elite en el poder
político y económico? ¿O la continuidad de las prácticas de justicia
respecto de la colonia es el resultado de la imposibilidad del gobierno
de hacerse cargo de una reforma en medio de las continuas crisis que,
de algún modo, se apaciguan en los treinta? La hipótesis más plausible
parece ser el fortalecimiento del poder del gobernador frente a la Sala
de representantes y la paulatina captación de los resortes del poder
judicial en la campaña por parte del ejecutivo provincial.
Aunque es necesaria una exploración cuantitativa más exacta de los
expedientes judiciales disponibles, una primera estimación muestra que
más de una tercera parte de los expedientes provienen de sumarios efectuados
por los alcaldes partidarios y elevados a la justicia ordinaria.
Si seguimos de cerca la praxis de la justicia y su organización
territorial en las primeras décadas pos revolucionarias, es posible
plantear la hipótesis de un primer ciclo de entusiasmo revolucionario
que intenta acercar la práctica de la justicia a los requerimientos de
los nuevos ordenamientos constitucionales. Ya en la década del treinta
encontramos unos jueces que han evolucionado desde su papel de
árbitros entre particulares, en continuidad con el pasado colonial, a
unos jueces-agentes del estado que unen además a su función judicial
generalmente atribuciones militares. Mientras el estado se fortalece
teniendo como eje el poder del gobernador que se ha consolidado en
los años de continuas guerras, y con la desaparición de instancias suLA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 389
periores de gobierno, los jueces pasan a ser sus agentes pero, al mismo
tiempo, aumenta su poder como representantes de los intereses de los
propietarios de la campaña, desdoblándose la justicia en una justicia
urbana para las elites y una justicia rural para los pobres.
Algunas de estas cuestiones pueden observarse en dos expedientes
judiciales que hemos seleccionado como ejemplos. En un caso, la justicia
lega, rural, se opone a la justicia letrada, urbana; en otro, un juez
rural obsesivamente meticuloso con el procedimiento, se apoya en la
justicia urbana.
En 1824 el alcalde del Bañado de Quilmes –un pequeño paraje
de los valles calchaquíes– acusa a Leandro Albornoz de desacato e
insultos a la justicia47. León Bravo es juez territorial de Quilmes, y al
mismo tiempo reviste la función de comandante, unión de funciones
ésta que se vuelve cada vez más común. Tras haber recibido la acusación
de un vecino que le reclama a Albornoz ser un “falso médico” y la
devolución de unos honorarios de doce pesos por no “haberse curado”,
el juez conmina a Albornoz a devolver el dinero y, ante la negativa de
éste, lo apresa y coloca en el cepo. Albornoz se fuga con ayuda de su
mujer y se refugia en la casa del suegro, donde es fi nalmente vuelto a
apresar tras ofrecer resistencia armada.
El Alcalde de Quilmes eleva el expediente como “desacato e insultos
a la justicia”. El insulto proferido por Albornoz al juez es de bernabeísta,
es decir, de seguidor de Bernabé Aráoz. El juicio comienza
en junio de 1824, apenas tres meses después que el gobernador Xavier
López ha hecho fusilar a Aráoz. El reo se defi ende diciendo que Bravo
no llevaba insignia de juez y que, como lo tenía catalogado como bernabeísta,
creyó que no podía ser juez en la actual administración.
Aunque la causa es iniciada por el juez por desacato, la defensa de
Juan Bautista Paz termina acusando al juez de abuso de autoridad, lo
que es avalado por el dictamen del asesor letrado que condena al alcalde
a pagar las costas. En base a este dictamen dicta sentencia el alcalde
de primer voto. El alcalde Bravo eleva la causa al juez de alzadas sobre
el tema de las costas y el juez de alzadas revoca la sentencia sobre el
asunto principal. El abogado defensor apela nuevamente ante el juez de
47 Sección Judicial del Crimen, caja 18, Exp. 14, 1824.
390 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
alzadas y luego presenta un recurso de súplica al gobernador quien pide
al juez de alzada que acompañe la sentencia con un dictamen de letrado.
El dictamen de Domingo García establece que “los sumarios en su
primer estado no son sufi cientes ni para condenar ni para absolver”48.
El defensor Paz exalta el derecho a la resistencia de su defendido
frente a los abusos del juez. Mientras el juez pone el acento en que la
justica debe ser respetada, Paz enarbola la bandera de los derechos
individuales y el fi n de la obediencia ciega propia de la dominación colonial.
Es posible leer en la defensa de un destacado abogado tucumano,
Juan Bautista Paz49, las nuevas ideas respecto de los derechos individuales
y el desprecio por la justicia lega. En su defensa, Paz refi ere las
faltas en el proceso por parte del juez Bravo, que no siguió los pasos del
sumario, y del juez de alzadas que recibió una apelación sobre un tema
puntual y revocó sobre el asunto principal. Además pone el acento en
la parcialidad del juez que “no ha podido disfrazar sus sentimientos” y
en la precariedad de las diligencias “actuadas a la distancia en países
lóbregos sin concurrencia de escribano y con todo el favor y auxilio de
un abogado…”.
Paz sostiene que Albornoz tenía derecho a defender los doce pesos
por haber cuidado a Saldaña, el vecino acusador, argumentando que
es costumbre en el campo que los curanderos reciban un honorario de
la misma manera que lo reciben los tinterillos en las ciudades “y lo
recibe el mismo que ha formado el sumario”… en alusión a la condición
lega del juez.
He ahí señor acalde el agraciado modo que tiene Bravo de respetar las
propiedades y seguridad individual del hombre y ¿quería Bravo que
este hombre constituido en máquina le obedezca ciegamente como lo
hace un esclavo con su amo? Oh! Sr. alcalde felizmente salimos de
48 Domingo García era un prestigioso abogado que se desempeñó como asesor
letrado de diferentes gobiernos.
49 Juan Bautista Paz era un miembro destacado de la elite y un activo participante
en el proceso político desde la revolución. Integró el Cabildo y fue elegido para representar
a la provincia en el Congreso de 16, aunque luego renunció. Había sido uno de
los hombres importantes de la “República de Tucumán “de Aráoz. Fue luego ministro
de Lamadrid y representante en el congreso del 24 e integró el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia en 1829, siendo gobernador Xavier López.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 391
esos tiempos en que por ser unos libres debían ser otros esclavos. Por
nuestras sabias instituciones patrias se obedece a la autoridad entre
tanto tiene razón en lo que manda y en los casos de desviarse de ella ya
no es autoridad legítima porque ha degenerado en déspota, tirano y ha
recibido de lleno la proscripción de la ley. No nos dejemos alucinar con
esa ruina vieja que establecieron los mandatarios del antiguo gobierno
para hacerse adorar, relativa a que desobedeciendo a la autoridad no
hay otro recurso que sufrir la pena.
Según Paz, es Bravo el delincuente y Albornoz no hizo más que
defender su derecho. Cita el artículo 15, capítulo 3, sección 4 del Reglamento
Provisorio “¿Cuál es el sumario o proceso que previamente
levantó Bravo para no sólo arrestar a Albornoz sino soplarlo al cepo
vilmente afrentado como el más facineroso?”. El artículo 15 establecía
que “Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba a lo menos semiplena
o indicios vehementes de crimen, que se harán constar en previo
proceso sumario”. Y por tanto debía aplicarse el artículo 23:
El Juez o comisionado que prenda o arreste a cualquier ciudadano (no
siendo en fragante delito) sin guardar el orden que prescribe el Artículo
15 de este Capítulo será removido; el que faltare a lo que se previene
para los embargos en los anteriores, será responsable al interesado de
los bienes, que justifi care faltarle.
No obstante la prolijidad de Paz en la cita del reglamento y su
exaltada defensa de los derechos individuales, las jerarquías de antiguo
régimen se escurren en su defensa:
También cometió Bravo crimen en la clase de prisión que destinó para
Albornoz. Éste era un vecino de aquel lugar, con mujer y otras atenciones.
No era de presumir que un ciudadano de condición honrada,
como Albornoz, fugase, por evadirse al pago de doce pesos cuyas
consideraciones confi rman el concepto de odio, y prevención en los
procedimientos.
El caso muestra la coexistencia de dos concepciones de la justicia y
de los derechos. Evidentemente Bravo es un juez lego de la zona de los
392 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
valles, acostumbrado a ejercer la justicia en su territorio sin mayores
controles por parte de otras autoridades, que además une a su función
judicial la función de comandante de milicia. El propio juez de alzadas,
Pedro Gregorio Cobo, es también lego, miembro de una familia de la
elite capitular, mientras Paz es un ilustrado. Los imaginarios en pugna
y los mutuos desprecio y desconfi anza se evidencian en el discurso.
Paz alude peyorativamente a la calidad de lego del juez territorial
cuando habla de unas “diligencias actuadas a la distancia en países lóbregos
sin concurrencia de escribano y con todo el favor y auxilio de un
abogado” a quien trata de “tinterillo” cuando compara su condición con
la de curandero. Insiste en la fi gura de “esos lugares sombríos donde
aún reinan con todo su vigor las arbitrariedades del antiguo gobierno”
y llama a ilustrar a “estos hombres con las relaciones recíprocas que
median entre gobernante y gobernado”… “y el único medio de ilustrarlos
es contener con el castigo ese bárbaro despotismo que ha dejado
profundas habitudes en las autoridades subalternas del campo”.
A su vez Bravo se refi ere despectivamente a la defensa de Paz que
“sale con su provisorio reglamento arguyendo que se declara en él que
las cárceles son para seguridad y no para castigo…” “¿y los grillos (que
es cepo andante) para qué se ponen y las cadenas a los reos criminosos
hasta el día? ¿Será eso contradecir lo mandado en el tal reglamento por
los jueces superiores?”. Se refi ere a la sentencia como “titeresca, escandalosa,
extraviada y pilatuna” (esto último es de suponer porque el juez
de primera instancia estampó su fi rma al pie del dictamen del letrado
“lavándose así las manos”). Una sentencia –dice Bravo– “que en lugar
de sentar la sentencia en hechos probados lo hace descaradamente en
las frivolerías y pamplinadas de la defensa”50.
Bravo cita la Recopilación de Indias y evidentemente las frivolerías
refi eren a la defensa de los derechos individuales esgrimida por
Paz. Nótense los giros discursivos con los que se refi ere al Reglamento
Provisorio.
En la súplica que Paz eleva al gobernador vuelve a poner el acento
en las libertades del hombre:
50 Las cursivas son mías.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 393
Las leyes del antiguo gobierno padecen en estas partes en contraste
con las decisiones patrias que nos gobiernan. Aquéllas se publicaron
en los aciagos tiempos que el hombre no tenía derechos, dignidad ni
nobleza porque el poder lo había sumido a lo hondo de la oscuridad.
Por consiguiente toda acción que indicase el deseo de reclamar por su
honor, ultrajado por las violencias de la misma autoridad de ese despotismo
subalterno que tan perniciosamente se exacerba en campos,
era un crimen”.
Y concluye: “esta distinción de tiempos, y de leyes, no es fácil la
conozca un juez que no posee los sufi cientes conocimientos de ciencias
legas”.
Si bien es clara la animadversión entre jueces legos y letrados en
los discursos de ambos, no se percibe una identifi cación entre justicia
lega-justicia rural y justicia letrada-urbana. Aunque Paz asocia el abuso
del juez a la distancia, el aislamiento y la ignorancia, parte de la justicia
ordinaria –el propio Juez de Alzadas (cuyo nombramiento era atribución
del gobernador)– apoya al juez territorial.
También hay que considerar que las circunstancias políticas expliquen
la resolución del problema. El juez Bravo era considerado un
adepto del régimen de Bernabé Aráoz que acababa de ser derrotado.
No es fácil encontrar identifi caciones ideológicas. Aunque Aráoz es
el artífi ce, con Belgrano, del triunfo de Tucumán contra los realistas
este hecho no garantiza evidentemente que sus seguidores, o los jueces
puestos por él respetaran el “provisorio reglamento” dado por el
gobierno revolucionario.
Por otra parte, aunque en este caso el juez terminó pagando las
costas, es probable que cuando el abuso era cometido contra un individuo
que no era vecino, el atropello no llegara a la justicia o se resolviera
con la prisión del desacatado sin más proceso51.
Podría deducirse de esto que los casos llegaban a la justicia ordinaria
sólo cuando se trataba de vecinos o notables. Sin embargo, los
expedientes estudiados muestran una realidad muy distinta. El tipo de
51 En otro expediente por desacato a la autoridad en la ciudad en que el reo es
“público y notorio vago que jamás se contrahe a trabajar” el proceso se sustancia en
dos folios y termina con la cárcel, el trabajo en la obra pública y el conchabo.
394 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
delito que llega a la justicia ordinaria parece mostrar que los jueces
partidarios solían respetar la instrucción de sólo constituir cabeza de
proceso. Una serie de expedientes evidencian la elevación a la justicia
ordinaria de homicidios e incluso de casos por heridas resultantes de
peleas entre ebrios en días festivos; los protagonistas suelen ser labradores
que no reciben el trato de don ni saben fi rmar52.
No obstante, la forma no lo es todo. Aun cuando los procedimientos
llevados a cabo por los alcaldes partidarios fueran muy rigurosos,
las formalidades escondían mal las intenciones del juez. En todos los
expedientes vistos jamás hay contradicciones entre los testigos de un
hecho. Muchas veces la narración de los distintos testigos es idéntica.
Es muy probable que el juez los escribiera e hiciera fi rmar o simplemente
colocara el nombre de algunos individuos del vecindario. El
sumario quedaba establecido según las reglas del juez; la posibilidad
real de defensa del reo quedaba reducida a la instancia de la justicia
ordinaria en la ciudad donde probablemente el reo no tendría ningún
conocido como puede verse en la elección de los padrinos. Algunas garantías
que se introdujeron con la revolución, como el uso de padrinos
en las confesiones –cuya aplicación fue bastante irregular– no tenía
gran efi cacia ya que solía fungir como padrino, en la segunda confesión
que se tomaba una vez trasladado el reo a la ciudad, el alcalde de la
cárcel. Cuando el reo admitía no conocer a nadie que pudiera ofi ciar
de padrino, el propio juez le adjudicaba uno. Ya en 1838 aparece el
Defensor General de Pobres como padrino en los casos en que el reo
no pudiera nombrar a alguien53.
Encontramos un ejemplo de este meticuloso formalismo en un
expediente por abigeato que se origina en el poblado de San Joaquín de
Las Trancas. El alcalde del partido manda arrestar a un conocido ladrón
que según múltiples testimonios viene asolando los campos, casas y
52 Se han consultado los expedientes de sección judicial del crimen entre 1820
y 1839.
53 En el caso de Albornoz, es el alcalde de la cárcel el que fi gura como padrino
en la confesión. Judicial del Crimen, 1838, caja 18 exp. 37. Encontramos sólo un caso
en que el abogado defensor actúa como padrino pero se trata de una presentación de
un vecino ante la justicia ordinaria de la ciudad, caja 43 exp 46, 1829.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 395
caminos desde hace treinta años54. Como se refugia en el monte, sólo
hasta ahora lo han podido prender. Un soldado lo encuentra y, dado que
tiene orden de captura, lo detiene. El expediente recoge los testimonios
de personas que aluden a hechos delictivos recientes o de hace quince
o veinte años. El proceso contiene también una petición fi rmada por
catorce vecinos principales que piden el “último suplicio”.
De estos casos se desprende que, si bien las garantías que la revolución
había propuesto ofrecer a todos los individuos podían gozar
de ciertos instrumentos legales, el poder de la baja justicia seguía
siendo amplio en un mundo de analfabetos, de relaciones dominadas
por parámetros estamentales, jerárquicos y religiosos, de una sociedad
que es más o menos la misma que en el siglo XVIII. No obstante,
es notable también la intención de los gobiernos en la década del 20
de sostener estos principios al menos formalmente y refl ejarlos en el
discurso, en las reglamentaciones y en ciertas prácticas judiciales aun
en lugares alejados del mundo urbano e ilustrado. Esta intención, que
parece dar cuenta de la cercanía temporal de la revolución y la guerra,
de la necesidad de creer en un cambio provocado por la revolución y
de justifi car los enormes costos de la guerra, desaparece en los treinta
dando paso a un descarnado gobierno de los que han salido triunfantes
en las armas y de los propietarios, consolidando las herramientas de
un poder sobre los pobres del campo que no hará más que agrandarse
en todo el siglo XIX.
6. Consideraciones fi nales
El predominio de jueces legos en la primera instancia había sido
una de las características del antiguo régimen colonial, vinculado a una
concepción de la justicia ligada más a un orden moral que a la ley, a
una idea de justicia distributiva en donde el juez, como vecino y entre
iguales, interpretaba el derecho. Un derecho que provenía de múltiples
universos normativos, que se nutría tanto de la doctrina y las fuentes
legales como de la jurisprudencia, de la costumbre, del “común” y de
la equidad y que se caracterizaba por el casuismo.
54 Expediente por Abigeato. Sección Judicial del Crimen, caja 18 expediente 24,
11 de junio de 1825.
396 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Ni los primeros intentos de la corona por mantener a los jueces
alejados de la sociedad ni la burocratización de la época borbónica, que
había introducido de forma más generalizada la fi gura de los asesores
letrados, habían logrado acabar con el “imperio no letrado”, por utilizar
las palabras de Cutter, en las periferias del imperio.
La transformación de las provincias en regímenes autónomos en la
década del 20 tuvo importantes consecuencias para la administración
de justicia. Entre ellas, las difi cultades que se plantearon por la inexistencia
de un tribunal de apelación fuera de la provincia. La exigencia
de las funciones de representación y de la administración judicial a una
elite exigua y la escasez de letrados, no sólo obstaculizó la organización
de la administración de justicia en sus diversas instancias y limitó
las posibilidades de elección de tribunales y jueces para los ciudadanos,
sino que atentó contra la división de los poderes acumulando funciones
en las mismas personas. De hecho la pretensión de ir reemplazando
la justicia lega por la letrada no pudo sostenerse. Las difi cultades en
torno al cargo de Juez de Alzadas y las marchas y retrocesos respecto
de la obligación de emitir sentencia con dictamen de letrado son una
muestra de ello.
Tanto en los ordenamientos de tipo constitucional como en los
insumos jurídicos se solapan la vieja legislación con los ordenamientos
creados por la revolución. La Ordenanza de Intendentes aparece
sobre todo en momentos de crisis cuando se busca reforzar el poder del
ejecutivo con atribuciones judiciales, lo que ocurre por ejemplo cada
vez que Quiroga invade la provincia. Sin embargo, es notable la fuerza
constitucional del Reglamento Provisorio de 1817 en esta década.
La prohibición de interpretar la ley no parece haber hecho mella en
las atribuciones tradicionales de los jueces, siendo evidente que también
en este tema “el poder de la costumbre” fue crucial55.
Quizás el camino que tomaron las judicaturas territoriales es el
que ilumina Luca Mannori para la periferia de los estados de antiguo
régimen, en donde los jueces-administradores son agentes responsables
55 “Las costumbres se forman y consolidan mejor en ámbitos estrechos”. Sobre
“la fuerza de la costumbre”, en la cultura jurídica colonial, TAU ANZOÁTEGUI, “El
poder...” cit.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EXPERIENCIA... 397
de la ejecución de las distintas políticas centrales56. En una época de luchas
facciosas, los miembros de la elite confi ables y en condiciones de
ejercer alguna función política eran escasos, de allí que la acumulación
de funciones militares, judiciales y administrativas, “poder de juzgar
y poder de mandar” siguen siendo inseparables. Lo que hicieron los
ejecutivos provinciales en los treinta es utilizar las viejas instituciones
judiciales de antiguo régimen para un nuevo poder, el de un estado
provincial que tiene ya sus propios objetivos. Los jueces territoriales
no son ya meros intermediarios sociales que componen entre partes y
que responden a un cabildo, él también refl ejo de una sociedad jerarquizada,
sino que unen a su papel de control social y de árbitro, el de
agentes de un gobierno.
¿Estamos ante una hibridación entre la permanencia de una administración
de justicia de antiguo régimen con jueces-árbitro y el
crecimiento del ámbito de poder estatal que juega a construir un estado
soberano dentro de sus breves fronteras? ¿O es acaso el nuevo aparato
estatal apenas un mediador entre intereses particulares? Para responder
este interrogante hace falta profundizar el estudio de la práctica de
justicia en la década del treinta.
Durante mucho tiempo la historiografía que se ocupaba de las
primeras décadas posindependientes ha estado entrampada en el mito
del estado moderno. La distorsionadora identifi cación entre estado
y estado moderno, vicio historiográfi co que numerosos autores han
señalado en los últimos años, ha tenido sus consecuencias en la interpretación
del periodo. Situando la construcción del estado moderno en
la segunda mitad del siglo a partir de la unión de las provincias en un
estado con su constitución liberal y su ordenamiento, se analizaban las
situaciones provinciales como fracasos marcados por la herencia del
antiguo régimen o el triunfo de la barbarie. Si el estado moderno era
todo racionalidad, división de poderes, secularización y triunfo del individuo,
el periodo inmediatamente anterior representaba la lucha entre
los estertores de una sociedad colonial, estamental, corporativa y una
utopía liberal, en donde cada batalla entre estos modelos era interpretada
como un paso en el camino hacia un estado moderno idealizado.
56 LUCA MANNORI, “Justicia y administración entre antiguo y nuevo régimen”, en
Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM) núm. 15, 2006.
398 REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO
Hoy es posible afi rmar con Luca Mannori que en toda sociedad
compleja y policéntrica el poder público es ante todo mediación. Estas
décadas deben ser estudiadas en su especifi cidad intentando desentrañar
las formas en que estas nuevas comunidades políticas resolvieron
sus problemas básicos de recursos, de confl ictos y de gestión del poder,
sin colocar en el punto de llegada un estado idealizado ni en el punto
de partida un caos primigenio.
Archivos adjuntos
-
la-administracion-de-justicia-y-la-experiencia-de-las-autonomias-provinciales-en-el-rio-de-la-plata-el-caso-de-tucuman
pdf | 191.03 KB | 150 accesos
Comentarios