Un Poder Judicial que carece de legitimidad tiene una escasa posibilidad de llevar a cabo sus deberes constitucionales y morales, sin importar las leyes que se promulguen al respecto.
Normalmente tenemos un sentido de mayor cercanía frente al Poder Ejecutivo o Legislativo, ya que uno es el que nos brinda satisfactores como servicios públicos y el otro establece las normas que debe respetar tanto el Estado como los particulares.
No obstante, a pesar de que mi criterio pueda partir de mi formación como abogado, considero que el Poder Judicial es el más importante de todos, toda vez que será el responsable de determinar si los actos desplegados por el Ejecutivo o Legislativo se encuentran apegados al marco legal, o incluso si se apegan o no a un sentido de justicia. Montesquieu, padre de la teoría de la división de poderes llegó a decir que “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
Entonces, recordemos que todo acto del Estado o particulares es sujeto a posterior revisión del sistema judicial, por lo que éste tendrá la enorme responsabilidad de salvaguardar en última instancia el orden social, democrático y constitucional. De acuerdo a “World Justice Project”, México se encuentra en el penoso lugar 117 de 126 evaluados a nivel mundial por lo que hace a la ausencia de corrupción; en cuanto a la impartición de justicia civil nos encontramos en el espacio 113 y, por último, en justicia penal estamos en el 115.
Es prioritario y urgente transitar hacia un Poder Judicial más transparente y cercano a la sociedad civil, donde se garantice la existencia de suficientes contrapesos y escrutinio popular. Si bien existe una gran diferencia entre el fuero común y el federal, Jalisco es una de las entidades con mayores señalamientos por casos de corrupción y opacidad jurisdiccional. Para combatir esta situación, como lo han planteado conjuntamente ANADE (presidido por Karen Camarena), la BMA (presidido por Guillermo Gatt) y el INCAM (presidido por Domingo Ruiz), es necesaria una estrategia integral que va desde una mayor supervisión del sistema de turnos en la oficialía de partes y designación de peritos por los jueces, la adopción de un modelo de justicia abierta, fomento al arbitraje como opción para solucionar conflictos civiles, órganos de control autónomos, mejores condiciones laborales para auxiliares, secretarios y demás funcionarios, así como el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
Sin embargo, el primer paso debe ser una política pública que impulse el establecimiento de procesos, mecanismos y requisitos homogéneos en todas las entidades federativas para la designación de los operadores judiciales, es decir, los jueces y magistrados. Debemos recordar que actualmente existen cuatro mecanismos para la selección de magistrados. En 18 entidades el Gobernador formula propuestas y son designados por los Congresos; en 4 estados el Gobernador realiza directamente los nombramientos de los magistrados, los cuales sólo son ratificados por la legislatura; en 9 el Consejo de la Judicatura o Supremo Tribunal intervienen en la designación de magistrados, los cuales designa el Congreso; mientras que en 1 estado únicamente interviene la legislatura. Esto se convirtió en un caldo de cultivo para los repartos de cuotas entre grupos de poder político, los cuales posteriormente lucran con las sentencias dictadas por sus “designados”.
En ese sentido, a fin de eliminar la discrecionalidad, corrupción y cuotas, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, desde 2018, aprobó una recomendación a los congresos locales para la elección de jueces y magistrados, en la que exhorta que la designación de este tipo de funcionarios se realice a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegie la independencia, aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte en la tesis del Pleno P. XV/2006. Lamentablemente Jalisco ha sido una de las entidades que la envió a la “congeladora” desde el 20 de febrero de 2018, turnándola a la “Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción”. Actualmente se discuten en el Congreso jalisciense una iniciativa del grupo parlamentario del PRI y una de Salvador Caro que pretenden una reforma constitucional por lo que hace a la designación de magistrados.
La primera propone que todas las convocatorias sean abiertas y que, previo a la designación por parte del legislativo, se realicen exámenes de oposición, así como se emita una opinión por parte del Comité de Participación Social (CPS). En cambio, la propuesta del diputado pretende que el Gobernador sea quien emita las convocatorias y presente una terna al Congreso. Ninguna de éstas se apega a la necesidad de fortalecer la carrera judicial y la recomendación del SNA, aunque destaco la intención de la primera, pues propone acciones afirmativas para garantizar la equidad de género al interior de la judicatura, así como se legitimaría las designaciones al existir intervención del CPS. Existe otra iniciativa del PRD que propone una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, si bien no es ideal por lo que hace a técnica legislativa, tiene un contenido noble que no puede soslayarse en este debate, a saber, un proceso robusto para la evaluación de aspirantes a magistrados.
https://www.milenio.com/